Tenemos derecho a exigir al Gobierno que explique qué vamos a pagar y quiénes son los culpables

Josep Fontana

22/07/2012

El discurso en que el señor Rajoy ha anunciado su nuevo plan de recargos y recortes parece la carta de un suicidio anunciado a dos o tres años vista. Porque no puede pretender que le creamos cuando afirma que estas medidas van a conseguir un aumento del empleo, cuando todas están encaminadas a obtener dinero para que el Estado pague sus deudas -no las nuestras, sino las de la banca- a costa de reducir el consumo de los españoles (cuesta poco imaginar la alegría de las próximas compras de Navidad y Reyes, con los precios en aumento y los funcionarios sin paga extra).

Teniendo en cuenta que es opinión unánime de los economistas medianamente sensatos que la reactivación del consumo es una condición necesaria para la recuperación del empleo, está claro que las medidas adoptadas, en viernes y 13, por el Consejo de Ministros conducen al aumento de un paro que resulta ya difícilmente soportable. La coincidencia entre el discurso de Rajoy y la manifestación de los mineros, a poca distancia del Congreso, pone de relieve la naturaleza del problema: porque ni un solo euro del préstamo bancario se dedicará a crear un puesto de trabajo, ni para los mineros, ni para nadie. Estos recursos están destinados solo a sanear la banca. Pero, ¿por qué hemos de sanear la banca?

Estamos viviendo en medio del estupor que produce en el mundo entero el descubrimiento del que tal vez sea el mayor fraude financiero de la historia: la manipulación del líbor (London Inter-bank Offered Rate), el indicador que, en palabras de The Economist, «determina en todo el mundo el tipo de interés que los particulares y las empresas pagan por los préstamos o reciben por sus ahorros», lo que no solo afecta a las transacciones entre bancos, sino a nuestras hipotecas, al precio a que pagamos los plazos del coche o las tarjetas de crédito. Porque no debemos hacernos ilusiones de que este es un asunto exótico, que solo se refiere a Barclays y a Gran Bretaña, sino que afecta a bancos norteamericanos como JPMorgan Chase, alemanes como Deutsche Bank, suizos como UBS, y todos ellos, como Barclays, entran en la formación de «nuestro euríbor».

Lo cual significa que, si se van a saldar las deudas de la banca con nuestros sacrificios, merecemos cuando menos que el Gobierno que nos ha metido en este enjuague explique qué es lo que vamos a pagar: en qué consiste, por ejemplo, esa inmensa cloaca llamada Bankia, de la que solo conocemos aspectos parciales y casi anecdóticos (por ejemplo, los 1.000 millones que Martinsa-Fadesa obtuvo de Caja Madrid, y que han desaparecido misteriosamente; los muchos millones de deudas de un constructor megalómano que se empeñó en comprarse una empresa hidroeléctrica…). Necesitamos saber qué se hizo de este dinero y tenemos el derecho de exigir que se establezca un registro puntual de los responsables de estos atracos: de los que prestaron un dinero que no era suyo, sino de los ahorradores que se lo habían confiado, y de los que lo tomaron y no responden ahora de él.

Tenemos derecho a exigir que se nos informe, porque está claro que este préstamo de la troika se va a pagar con los recortes en nuestros salarios, con el aumento en nuestros impuestos y con lo que pagaremos de más en cada compra que hagamos… Incluso con lo que los jubilados van a tener que aportar por los medicamentos que necesitan, aunque en este caso la señora ministra ya les dijo que para qué querían tantas pastillas, si las hierbas medicinales sirven igual, y son más sanas. Se le olvidó recordarles que nuestros tatarabuelos usaban también oraciones específicas para curar cada mal; tal vez lo reserva para el próximo recorte, cuando ya no tengan ni para acudir al herbolario.

Con motivo del asunto del líbor, Stiglitz ha dicho que «lo primero es meter a unos cuantos banqueros en la cárcel». A mi me parece que en nuestro caso deberían acompañarles también muchos de los que se beneficiaron de unos apaños tal vez más turbios aun. En EEUU se ha generalizado condenar con la cárcel a quienes son incapaces de pagar incluso pequeñas multas, como las de tráfico. La American Civil Liberties Union (ACLU) ha publicado un estudio en el que llega a la conclusión de que «en esta época de disminución de los presupuestos, los gobiernos, tanto de los estados como locales, emplean agresivamente la amenaza y la práctica del encarcelamiento para exprimir ingresos de los más pobres de los acusados que aparecen por sus tribunales». Yo le propongo al señor Rajoy que implante una versión mejorada de este sistema: encarcelar a los que deben más de 100 millones para «exprimirles» a proporción de sus culpas.

Las protestas han comenzado ya, y no cabe duda de que van a seguir, a medida que se vayan dejando sentir los efectos de esta brutal agresión a nuestro nivel de vida. Pero está claro que esto no basta. Me parece que ha llegado el momento de empezar a pedir cuentas.

Josep Fontana,  miembro del Consejo Editorial de SinPermiso, es catedrático emérito de Historia y  dirige el Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Maestro indiscutible de varias generaciones de historiadores y científicos sociales, investigador de prestigio internacional e introductor en el mundo editorial hispánico, entre muchas otras cosas, de la gran tradición historiográfica marxista británica contemporánea, Fontana fue una de las más emblemáticas figuras de la resistencia democrática al franquismo y es un historiador militante e incansablemente comprometido con la causa de la democracia y del socialismo. Su último libro, una soberbia historia polítiica mundial desde el fin de la II Guerra Mundial hasta nuestros días: Por el bien del Imperio (Pasado&Presente, Barcelona, 2011).

Fuente:
El Periódico de Catalunya, 15 julio 2012