Todo lo que necesita saber antes de que Italia se convierta en "la República TTIP" en el referéndum constitucional

Giorgio Cremaschi

11/08/2016

Hace unos días, George Soros dio a Renzi en el Corriere della Sera un buen consejo sobre como ganar el referéndum constitucional. De esta manera, el más famoso de los piratas modernos que son los especuladores financieros internacionales confirmaba lo que muchos saben: las finanzas y la banca, el 1% de los super-ricos que hoy detentan el poder, tienen un interés directo en la victoria de la contrarreforma de nuestra Constitución. Y que para ganar, todos ellos están dispuestos a utilizar lo que haga falta, a pesar de que después de meses de campaña a favor del SÍ en las redes, todavía no sabemos cuando se votará.

El pronunciamiento de Soros, posterior al de la patronal Confindustria, de altos directivos de multinacionales, de banqueros italianos y europeos, nos lleva directamente a la dimensión social del choque sobre la contrarreforma constitucional. Es decir, al hecho de que, contrariamente a las afirmaciones de sus redactores, la contrarreforma de Renzi tiene el fin último de sabotear la primera parte de la Constitución de 1948.

La ley Boschi sistematiza los procesos de reducción de los poderes y de los derechos populares y laborales, la centralización del poder, que comenzó en los años 80 del siglo pasado con Bettino Craxi. No por casualidad es en estos años cuando se empieza a hablar de gobernabilidad y proceso de toma de decisiones. Ahora se pone en marcha el proyecto de una "gran reforma" que supere el sistema constitucional surgido de la derrota del fascismo y refuerce el poder de decisión del gobierno y del primer ministro.

Craxi acompañó su plan con el recorte por decreto ley de la escala móvil de salarios. Sirva para aclarar el sesgo social y económico del nuevo “decisionismo”.

En el mundo de la globalización de los mercados y de la especulación financiera dominante se requeriría un nuevo tipo de gobierno, más parecido a la administración de una gran empresa que al gobierno democrático de la sociedad.

Simultáneamente al desmantelamiento de esas “trampas y trampillas”, para usar la definición de Guido Carli, que ponían freno al poder empresarial y del mercado, en los años 80 comenzó la plena afirmación del poder de las finanzas en el presupuesto del gobierno. En 1982 se decidió la separación de Hacienda del Banco de Italia, por lo que desde ese momento el gobierno tendría que pedir prestado para sus necesidades a los bancos y las finanzas internacionales a precios del mercado, en lugar de recurrir al Banco de Italia como en décadas anteriores de crecimiento. Así, en los años 80 se crearon todas las bases de las políticas neoliberales en contra de los derechos laborales y sociales, que luego se desarrollaron en los treinta años siguientes.

Ahora Renzi recupera y lleva a su conclusión todos los proyectos de reforma autoritaria de la democracia nacidos hace más de treinta años y, al mismo tiempo, asume la afirmación de las políticas económicas y sociales liberales. Su proyecto no supone un cambio, sino la aplicación a nivel institucional de las políticas que durante treinta años han buscado reducir los derechos de los trabajadores.

Roberto Benigni y otros, sin embargo, sostienen que puede aceptarse la Ley Boschi porque se refiere a la organización del poder y no a su finalidad, que todavía seguiría estando definida en la primera parte de la Constitución, que no se cambiaría. La mejor Constitución del mundo se mantendrá, dicen, pero será más eficiente.

Pero ¿cómo se puede argumentar que la reforma completa y de golpe de 47 artículos de la Constitución no la alteran? Si en un coche se conserva parte de la carrocería y se cambian el motor y la caja de cambios tendré otro coche, aunque por fuera se parezca, si no se cae a pedazos.

La primera parte de la Constitución, es decir, los principios sobre el trabajo, la salud, sobre la relación público-privada, el medio ambiente, viene siendo atacada por las leyes aprobadas  por los distintos gobiernos. Que se pueda comprar un trabajador como un paquete de cigarrillos en un estanco, con vales, ¿tiene algo que ver con el concepto constitucional de trabajo? Y la destrucción del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores y todas las formas de precariedad previstas por la ley, ¿ no suponen expulsar del lugar de trabajo los derechos constitucionales? Vittorio pidió llevar la Constitución a las fábricas para hacerla efectiva realmente, pero hoy se la excluye de la relación laboral y se reduce el trabajo a una mercancía, haciéndola inútil y vaciándola de contenido. Y el decreto Sblocca Italia (desregularización municipal), la Buona Scuola, los recortes a la salud que impiden a millones de personas pobres tratarse, la reducción de las pensiones, las privatizaciones ¿es que no erosionan todos los principios de la primera parte de la Constitución? ¿Y la guerra, en flagrante violación del artículo 11?

Desde hace algún tiempo las políticas cotidianas de los gobiernos violan los principios de la primera parte de la Constitución, pero la contrarreforma de la segunda parte institucionaliza y hace permanente el desmantelamiento en la práctica de la primera parte.

La nuestra no es una constitución liberal que simplemente establezca las reglas para el acceso al poder político. Eso es lo que era el Estatuto Albertino, que permitió veinte años de dictadura fascista de acuerdo con sus reglas. La nuestra es una constitución democrática con una fuerte caracterización social, es una constitución social.

Quiero recordar que el artículo que mejor caracteriza el significado y propósito de nuestra Carta es el artículo 3.

Al comienzo de ese artículo se limita a establecer el principio de la igualdad formal: Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley, en la estela de las constituciones liberales y burguesas. Pero en el segundo párrafo cambia todo y leemos:

"Es deber de la República remover los obstáculos de orden económico o social que limitan la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impidan el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en los ámbitos político, el desarrollo económico y social del país".

Aquí, nuestra Constitución establece que sin igualdad social no puede existir igualdad formal. Marchionne, director del grupo FIAT, que gana 50 millones de euros al año, y un trabajador de Fiat, que gana 25.000 euros no son iguales. Uno tiene infinitamente más poder que el otro.

Por eso el derecho laboral no es igual que el mercantil, porque la venta de la fuerza de trabajo no tiene lugar entre contratantes con igual poder de negociación.

El derecho del trabajo parte del hecho de que el equilibrio de poder entre la empresa y el empleado debe reequilibrarse a favor de este último; y es precisamente esa la razón por la que las reformas liberales de los últimos treinta años han buscado desmantelar la legislación laboral y la han reemplazado por leyes mercantiles. Según la contrarreforma neoliberal del trabajo este debe ser tratado como cualquier otra mercancía y no debe ser apoyada por leyes y protecciones especiales, porque vulneran las leyes sagradas del mercado.

El artículo 3 reconoce la desigualdad social de las clases como límite absoluto de la democracia y confía a la República la tarea de "eliminar" - apreciemos el poder de esta palabra- las barreras económicas que impiden la igualdad. ¿Quiénes son los sujetos a los que la República tiene que ofrecer su protección especial, los ciudadanos desfavorecidos en general? No, son los trabajadores, porque evidentemente para nuestra Constitución el grado de libertad real del país se mide en primer lugar con la de los trabajadores. ¿Una Constitución clasista? No, democrática en la amplia connotación de esta palabra después de la derrota del fascismo.

También hay que destacar que la tarea de eliminar los obstáculos a la igualdad no se confían al gobierno ni a su jefe, sino a la República. Es decir, al gobierno, al parlamento, al poder judicial, al gobierno local, a todas las instituciones políticas que conforman la República, incluidas las organizaciones que la Constitución reconoce como fundamentales, los sindicatos, los partidos, las asociaciones libres. Todo esto es la República, que se dio la tarea de eliminar los obstáculos que impiden la igualdad real. La república diseñada y organizado por la contrarreforma de Renzi es por el contrario algo completamente diferente.

En primer lugar, en la constitución renziana hay un solo hombre al mando. El parlamento consiste de designados, el Senado de forma directa, y la Cámara de forma indirecta. Que es elegido por una ley electoral que da poder absoluto a la minoría mayoritaria, que puede decidir lo que quiere, o más bien lo que quiere su jefe, en contra de la mayoría del país, que no tiene otra opción para gobernar. Un golpe de estado permanente, resultado del golpe blando que resulta de la propia  ley de reforma. No hay que olvidar que un parlamento declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, con una mayoría que representa algo más del 20% del país real, quiere desmantelar una constitución votada en 1947 por más del 90% de una Asamblea elegida por el 90% de los ciudadanos.

El poder autoritario que proviene de los 47 nuevos artículos de incorporación renziana destruyen la autonomía de todas las instituciones de la República, el parlamento, el poder judicial, los órganos de gobierno local. Los alcaldes se convierten en funcionarios del gobierno, dadas las restricciones nacionales y europeas que les constriñen en el nuevo artículo 119. Los sindicatos, con la complicidad de CGIL-CISL-UIL, quedan sometidos al sistema de poderes. Que a su vez deben obedecer las órdenes y las decisiones superiores, dictadas por la Unión Europea.

En resumen, la contrarreforma de la Constitución es una mesa de tres patas. La central, sobre la que estamos llamados a expresarnos en el referéndum, organiza el sistema de poderes alrededor del primer ministro. Otra pata es una ley electoral fraudulenta que determina quién será ese primer ministro.

La tercera pata es el nuevo artículo 81, que impone al primer ministro una autoridad superior: la del pacto fiscal europeo, un presupuesto equilibrado por mandato constitucional. Una república autoritaria con soberanía limitada: esto es lo que está sobre la mesa de la contrarreforma constitucional.

Más allá de la eliminación de las barreras que limitan la libertad y la participación de los trabajadores, la nueva república se da otro mandato: eliminar los obstáculos a la libre empresa.

En nombre del mercado y la austeridad europea, el líder supremo tiene que asegurar que la república es cada vez más atractiva para las inversiones de las empresas financieras y las multinacionales, que tienen que ser atraídas, como dice la propaganda liberal dominante. Es la república del TTIP, el tratado internacional que quiere reconocer el derecho de extraterritorialidad judicial para las multinacionales, principalmente en relación con los derechos laborales y la protección de la salud y el medio ambiente.

Las fuentes de inspiración de esta Constitución de mercado son claramente detectables en los centros de poder financiero europeo y multinacional. Basta volver a leer la carta de 5 de agosto de 2011, dirigida al Gobierno italiano por Draghi y Trichet, del Banco Central Europeo. Ese texto define un programa preciso de gobierno y de reforma constitucional, llevada a cabo a continuación por los ejecutivos que ha dirigido desde entonces Italia.

Y es necesario recordar el documento de 28 de mayo 2013, elaborado por la Banca Morgan, una de las grandes instituciones de la especulación financiera global. Ese banco escribió en su informe que las reformas liberales en los países periféricos de Europa -Italia, España, Grecia, Portugal-,  no han podido llevarse a cabo plenamente debido a los obstáculos existentes en sus constituciones nacionales. Esas constituciones, como recuerda el banco, son hijas de la derrota del fascismo y de la influencia en su redacción de las fuerzas de la izquierda socialista y comunista.

Por esta razón histórica, las constituciones antifascistas protegen el trabajo, dan demasiado poder a la oposición, así como a las regiones y los municipios, reconocen el papel de los sindicatos y, en última instancia, dan poder de veto a cualquiera que salga a las calles para defender sus intereses. Las reformas liberales de la economía y de la sociedad nunca podrán desplegarse con toda su eficacia sin cambiar las constituciones, concluye finalmente el banco.

No puede haber ninguna duda de que la Ley Boschi corresponde meticulosamente con las directrices de reforma constitucional reclamadas por la Banca Morgan, y que su aplicación podría acabar con la sustancia misma de la Constitución antifascista.

Debemos votar NO a la contrarreforma, para que Italia sigua siendo una república democrática fundada en el trabajo y no en los bancos.

(Bologna,1948) es sindicalista. Ha sido presidente del Comité Central de la Fiom, sindicato del metal de la Cgil, de 2010 a 2012.
Fuente:
http://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/7745-giorgio-cremaschi-referendum-costituzionale.html
Traducción:
G. Buster

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