Tres amenazas a la democracia

Antoni Domènech

18/07/2005

En uno de los libros que hizo furor a mediados de los años ochenta, Loosing Ground, de 1984, el ideólogo reaganista C. Murray afirmaba con premonitoria avilantez lo que ahora muchos publicistas parecen pensar más o menos rutinariamente: “Los estímulos visibles que una sociedad puede realistamente ofrecer a un joven pobre con un nivel medio de capacidad y de laboriosidad son sobre todo estímulos de penalización y desaliento: ‘Si no aprendes, te echamos’; ‘Si delinques, te metemos entre rejas’; ‘Si no trabajas, te aseguramos que tu existencia va a ser tan penosa, que cualquier trabajo te ve a resultar preferible’. Prometer más, es fraude”.1

En los veinte años transcurridos desde entonces, las políticas dimanantes de las austeras promesas de este modo de ver la vida social no han defraudado: el volumen de la población reclusa norteamericana ha crecido espectacularmente (uno de cada 60.000 norteamericanos está en la cárcel, diez veces más que en Europa, en donde, sin embargo, también ha crecido también la población entre rejas); un mercado laboral más y más “flexible” y desregulado, más y más “libre” de estorbos sindicales (la tasa de sindicalización se ha desplomado, siendo hoy, de promedio, menos de la mitad que hace veinte años en los países de la OCDE), ha hecho mucho más fácil “echar” a los trabajadores que “no aprenden”; el salario real medio ha descendido visiblemente en Estados Unidos (cerca de un 20%, de promedio, desde mediados de los setenta hasta ahora, y más todavía entre las mujeres –cualquiera que sea su calificación-, y entre los varones poco o medianamente calificados). Y la vida de los que no consiguen algún trabajo, ya sea inestable, precario o temporal, es todavía más penosa que el de los millones (tal vez un tercio de la población norteamericana actual) que, aun trabajando duramente, siguen viviendo por debajo de la línea de pobreza, los working poors. (Un estrato de trabajadores que creció espectacularmente desde las drásticas medidas de workfare –presión gubernamental a los parados para que acepten cualquier cosa, en cualesquiera condiciones-, tomadas por la Administración Clinton a partir de 1996, y para cuya designación la actual sociología del trabajo ha tenido que recuperar una categoría que no se usaba desde el siglo XIX: underclass, subclase o clase inferior).

Murray no dejaba claro en su bestseller de 1984 si sus promesas “realistas”, en el caso de cumplirse, iban a disminuir o no el número de “jóvenes pobres” a los que iban destinadas. Claro es, en cambio, que, cumplidas a satisfacción esas promesas, ese número no ha disminuido, sino que ha aumentado, y también espectacularmente. (¡Está visto que vivimos en una época espectacular!). Pero, hay más promesas “realistas” de este tipo para el futuro. En 1997, los 500 ejecutivos más importantes –es decir, mejor remunerados-, del mundo se reunieron en el Fairmont Hotel de San Francisco. Allí se acuñó por vez primera –hasta donde yo sé- el nombre de la sociedad hacia la que, según esa esclarecida elite transnacional, nos encaminamos a corto plazo: la “sociedad de los cuatro quintos”, o la “sociedad 20/80”. Una sociedad, esto es, compuesta por un 20% de individuos imprescindibles para el funcionamiento de la maquinaria económica globalizada, y por lo tanto, verosímilmente, dotados de trabajos estables y más o menos bien remunerados, y un 80% restante ocupado, cuando lo esté, en trabajos precarios, inseguros, temporales, informales o irrelevantes, y siempre, azacaneados.

La primera vez, que yo recuerde, que se usó una metáfora de este tipo, en término de números quebrados, fue en los años ochenta. La usó Peter Glotz para describir los dilemas a los que se enfrentaba la socialdemocracia alemana, puesta ya a la defensiva ante el alud neoliberal y remundializador de la economía que se le venía encima. Glotz habló de la sociedad de los tres tercios: un tercio de ricos, un tercio de clases medias más o menos seguras, y un tercio de población, finalmente, que estaba más o menos a la buena de dios. El dilema de la socialdemocracia era, entonces, que la disputa electoral con la derecha liberal y democristiana se libraba entre los dos primeros tercios de la opulenta sociedad alemana de entonces; de modo que la socialdemocracia parecía condenada a abandonar a su suerte al tercio desheredado de la población restante.

Y hay que reconocer que, en sólo veinte años, pasar de la expectativa de un tercio a la de un 80% es todo un progreso. No es el único. A mediados de los ochenta, Glotz todavía podía hablar, como político, de políticas gubernamentales capaces de influir, en un sentido o en otro, en las políticas sociales y económicas de la nación. Y todavía podía hablar, como político, de la capacidad de unas u otras políticas sociales y económicas para atraerse a la mayoría del electorado. Es decir, todavía podía hablar de política, en el sentido tradicional de la palabra, y todavía podía hablar de democracia, en el sentido más trivial de gobierno político de la nación por parte de una mayoría.

En cambio –signo de los nuevos tiempos-, respecto de los 500 ejecutivos reunidos en San Francisco que con tan autocomplacida perspicacia discutieron sobre la venidera sociedad de los cuatro quintos, se puede observar: que no son políticos a los que se pueda pedir electoralmente responsabilidades; que no hablan de política (de mediación, más o menos popularmente careada, de conflictos de intereses); y que, por supuesto, no sólo no les preocupa la democracia, el gobierno de las mayorías, sino que precisamente fantasean con una especie de paraíso de necios, que excluye potencialmente al 80% de las poblaciones.

¿Fantasean? Si el grueso de las “promesas realistas” mercenarias de un matachín de la publicística como Murray -¡uno de tantos!- acabaron por cumplirse en poco tiempo, ¿por qué no habría que tomar en serio el ejercicio de prospectiva “realista” de las 500 personas con más poder real en el mundo, que no reciben mercedes como los “jilguerillos a sueldo”, que dice el subcomandante Marcos, sino que las distribuyen? Es verdad que esa elite transnacional no está completamente unida; es verdad que tiene sus disidentes. Gentes que como Georges Soros o como William Buffet piensan que las cosas están llegando demasiado lejos, peligrosamente lejos tal vez (¡quién sabe!). Pero incluso ellos no parecen muy confiados en la posibilidad de suavizar el curso de las cosas. Buffet ha dicho hace poco, criticando ante su junta de accionistas la escandalosa decisión de Bush junior de desgravar fiscalmente los dividendos de las acciones: “If class warfare is being waged in America, my class is clearly winning”2. Es decir, que, como mucho, el 20% de la población estaría ganando una guerra de clases contra, como poco, el 80% restante en los Estados Unidos. No se puede hablar más claro.

La superlativa atención, el mimo incluso, prestado por muchos medios de comunicación “liberales” –en sentido norteamericano-, o de centro-izquierda -según se prefiere en Europa- a personajes como Soros o el propio Buffet (digamos: a los minoritarios “disidentes” de la elite dominante transnacional) revela sin pretenderlo algo terrible, y es a saber: que esos medios y las gentes que están detrás de ellos, y los intelectuales que, a través de ellos, influyen o tratan de influir en la opinión pública, apenas tienen más fe de futuro que la derivada de un posible cambio en la relación de fuerzas interna de la elite transnacional. Dicho de otro modo: que han rendido toda esperanza en la política, y por descontado, en la política democrática, en la política controlada por escrutinio popular.

No les faltan razones “realistas”. Si el volumen de negocios de la mayor empresa transnacional del mundo dedicada a la venta al detalle -la Wal-Mart- es mayor que el PIB de un país como Austria, si de las 100 mayores organizaciones económicas del mundo, 51 ya son empresas privadas transnacionales, y sólo 49, naciones, eso ya da una primera idea aproximada de que esos enormes imperios particulares se han convertido en potencias capaces de desafiar con éxito la capacidad –y el derecho– soberanos de los Estados nacionales de determinar la utilidad pública en su propio territorio. (Los medios institucionales a través de los cuales lo hacen componen una lista bastante larga de organizaciones, harto menos conocida que muchos de sus miembros más prominentes –esas compañías transnacionales que se hacen famosas, entre otras cosas, por cofinanciar el forum Barcelona-2004 de las culturas–).3

Ahora bien; no sólo esos imperios privados desafían hoy con éxito creciente el derecho y el poder de los Estados-nación, incluso el de los grandes y poderosos,4 para determinar la utilidad pública sobre su propio territorio, sino que, además, son ellos mismos más y más incontrolables desde abajo por la sociedad civil, por la ciudadanía, y desde luego, por sus propios trabajadores. En su eficaz balance de los años noventa, Joseph Stigliz ha dejado dicho: “El mantra conservador sostiene que, cuanto más pequeño el gobierno y cuanto más bajos los impuestos, tanto mejor; el dinero gastado por el gobierno sería, por mucho, un despilfarro, mientras que el gastado por el sector privado, bien gastado estaría. Los acontecimientos de los noventa deberían haber acabado con este tipo de pretensiones: pues el sector privado despilfarró dinero en formas y ritmos que ni siquiera en sueños podría haber imaginado el grueso de los funcionarios estatales. Los ejecutivos de las corporaciones manejan sus imperios de maneras completamente incontroladas, rivalizando con el menos democrático de los gobiernos”.5

Sin embargo, no sólo los grandes imperios privados han adquirido con la “globalización” una capacidad inaudita de desafiar con éxito el derecho de los Estados-nación a determinar la utilidad pública sobre su propio territorio; no sólo los grandes imperios privados están hoy autocráticamente manejados por sus dirigentes de formas completamente incontrolables por sus trabajadores, por sus pequeños accionistas y por el conjunto de la ciudadanía, sino que, además, su crecientemente promiscua relación con los procesos políticos electorales (en forma de financiación de campañas electorales, de control cuasimonopólico de los medios de comunicación de masas, etc.) vacía más y más de contenido democrático esos procesos, y contribuye decisivamente a que el poder político se aleje hasta de un asomo de control y escrutinio por parte de la ciudadanía.

Las democracias, pues, están hoy triple y gravemente amenazadas. Primero, por la aparición de imperios privados transnacionales capaces de desafiar con éxito el monopolio, característicamente moderno, de los Estados a la hora de determinar la utilidad pública. Segundo, por el hecho de que esos imperios privados transnacionales son a su vez gobernados autocráticamente, de un modo incontrolable por sus trabajadores, por el grueso de sus pequeños accionistas y por el conjunto de la ciudadanía. Y por último, tercero, por el hecho de que esos imperios privados transnacionales son hoy un estorbo cada vez más decisivo para que, en los procesos políticos democráticos, los electores puedan controlar a sus gobernantes.

La primera amenaza se refiere, derechamente, al núcleo de lo que se ha entendido por política desde los comienzos de la Era Moderna, a la noción misma de un Estado con apariencia de neutralidad, sobrepuesto a las luchas faccionales de la vida social. Pues el Estado moderno se forjó tras un proceso multisecular de expropiación forzosa de los poderes privados feudales y tardofeudales. Al final de ese proceso, la concentración de poder potencialmente violenta en una esfera “pública” llegó a ser tan exitosa, que acabó monopolizando la capacidad para exigir legítimamente obediencia sobre un territorio dado. La tolerancia y la neutralidad modernas tienen también su origen en ese largo proceso de expropiación de los poderes privados y de constitución de un poder público, que reclama para sí con éxito el monopolio en la determinación del bien público: al menos en Europa y en Iberoamérica, el logro de la tolerancia vino de la mano de la expropiación de las riquezas inmuebles de las iglesias y de la destrucción de la inveterada capacidad de éstas, como potencias feudales privadas -y señaladamente, de la católica-, para desafiar con éxito al Estado.

La tercera amenaza (la creciente dificultad experimentada por los ciudadanos para controlar a los gobiernos) se refiere a otro aspecto no menos crucial y esencial del proceso político de la modernidad. Pues aunque la política propiamente moderna no discutió el carácter tendencialmente monopólico del poder público, sí combatió la forma en que éste era ejercido por parte de príncipes y monarcas absolutistas. Los combatientes se llamaron a sí mismos “republicanos”, y los programas del republicanismo moderno (de Marsilio de Padua y Maquiavelo a Locke, Rousseau, Tom Payne, Kant y Robespierre), se presentaron sin apenas excepciones como una especie de palingénesis de la libertad republicana de los antiguos (particularmente de Roma y Esparta, y también, algunos –la extrema izquierda—, de Atenas). En la influyente versión de Locke, el monarca no era sino un agente fiduciario -un trustee- de la ciudadanía, y como tal, podía ser depuesto a voluntad de la ciudadanía, si traicionaba su confianza. En la ulterior y más radicalizada versión de Rousseau, el pueblo mismo (el conjunto de ciudadanos) es el soberano, y todos sus representantes no son sino agentes fiduciarios del mismo, deponibles o revocables sin más que la voluntad del pueblo soberano. En el republicanismo moderno (y en las dos cristalizaciones institucionales del mismo históricamente más cumplidas: las revoluciones americana y francesa), se aceptó, pues, el carácter monopólico del poder público, y se rechazó a la vez de un modo radical la incareabilidad popular de ese poder, tan característica de las monarquías y principados absolutistas modernos: auctoritas, non veritas, facit legem (Hobbes).

Y la segunda amenaza a la democracia, a diferencia de la primera y de la tercera, concierne a logros más nuevos de la vida política democrática contemporánea. Se refiere a los logros vinculados con las luchas del movimiento obrero socialista contemporáneo por controlar desde abajo los procesos de toma de decisiones empresariales, por democratizar, o cuando menos embridar, las autocráticas burocracias gran-empresariales, los grandes imperios privados que empezaron a emerger con fuerza en Europa y en los Estados Unidos del último tercio del siglo XIX. Con su lucha, el movimiento obrero socialista contemporáneo no sólo rindió un buen servicio a los propios intereses de la clase trabajadora industrial, sino que prestó -o eso se puede decir ahora con la perspectiva de un siglo- un servicio inestimable a la vida política democrática en general, contribuyendo a mitigar desde abajo, con su exigencia de ciudadanía y libertad republicana también en el puesto de trabajo, un despotismo privado que los gobiernos por sí solos, aun si hubieran tenido la voluntad, no habrían sido capaces de frenar.6

Así, pues, en resolución, de las tres amenazas consideradas, la primera se refiere al núcleo mismo de lo que en la modernidad consideramos política (la constitución, todo lo imperfecta que se quiera, de una esfera pública idealmente sobrepuesta a intereses faccionales particulares); la tercera, al núcleo de la aportación republicana a la vida política moderna (el control ciudadano, todo lo imperfecto que se quiera, de los poderes públicos); y la segunda, al núcleo de la aportación del movimiento obrero socialista a la democracia republicana contemporánea (el control desde abajo, todo lo imperfecto que se quiera, de los poderes tendencialmente despóticos de los grandes imperios privados empresariales).

Sólo teniendo presentes esos tres jaques actuales a la vida política democrática puede entenderse la tranquila confianza de los 500 ejecutivos del hotel Fairmont de San Francisco en el pronto advenimiento de la sociedad de los cuatro quintos, de una sociedad 20/80 que excluye al 80 % de la población, amenazándola con la prescindibilidad, y así, condenándola a la precariedad.

¿Tiene eso vuelta? El futuro social y político es intrínsecamente impredictible. Pero entre las ideas programáticas capaces de enfrentarse de un modo bastante natural a esas tres amenazas simultáneamente me parece que hay que contar de manera destacada a la propuesta de una renta básica universal de ciudadanía (RB).

Por lo pronto, nada es más opuesto al paraíso de necios de una sociedad 20/80 que el compromiso de asignar a todos los miembros de la sociedad, por el sólo hecho de serlo, un ingreso básico de ciudadanía, que asegure unas condiciones mínimas de existencia social (es decir, de autonomía material). Pocas cosas podrían contribuir tanto a revigorizar el sentido de la participación en la esfera pública, y a revigorizar esa misma esfera pública, como la lucha por un derecho que es exactamente isomórfico con el derecho de sufragio universal: si el derecho de sufragio es la distribución parigualitaria e incondicional de un mínimo de capacidad para codeterminar los destinos de una comunidad política, con completa independencia del talento, la instrucción, la riqueza, la aportación al producto social, el género, y la orientación sexual o religiosa; la Renta Básica es la distribución parigualitaria e incondicional de un mínimo de capacidad de existencia social, es decir, de incorporación material a la comunidad política, con completa independencia del talento, la instrucción, la riqueza, la aportación al producto social, el género, y la orientación sexual o religiosa.7

Pocas cosas podrían contribuir tanto a que el pueblo trabajador recuperara su voluntad de lucha por un control democrático desde debajo de los grandes imperios privados como una renta básica de ciudadanía que aumentara la libertad real, el número de alternativas y la independencia material de quienes ahora necesitan pedir cada día permiso a otros para poder subsistir.8

Y me parece que pocas cosas, si alguna, contribuirían tanto hoy a mitigar la capacidad de los imperios privados para desafiar con éxito a los poderes público democráticos como una renta básica de ciudadanía que al tiempo que exigiera un minimum de existencia social para todos, se batiera también por limitar a un maximum compatible con la vida política republicano-democrática normal el volumen de ingresos que le es dado recibir a un ciudadano. Una milenaria sabiduría política mediterránea, retroatraíble a Solón o a los hermanos Graco, enseña lo que famosamente repitió muchos siglos después el mejor Maquiavelo: que una vida política libre, republicana, es incompatible con la existencia de magnates. Que en veinte años los “Líderes empresariales”(CEOs) de las grandes compañías transnacionales hayan pasado de ganar, de promedio, 40 veces más que sus trabajadores a ganar más de 400 veces más no sólo es una ofensa a cualquier noción decente de justicia distributiva, sino que es un peligro mayor para la pervivencia de formas de vida política no ya democráticas, sino mínimamente libres.9

Notas

*Versión revisada de una ponencia presentada al Tenth Congress of the Basic Income European Network: “The Right to a Basic Income: Egalitarian Democracy”, Barcelona, 19-20 September 2004.

1 Citado por Marco Revelli, Die gesellschaftliche Linke. Jenseits der Zivilisation der Arbeit, Münster, Westfälisches Dampfboot, 1999, págs. 197-198.

2 “Si se está librando una guerra de clases en América, mi clase lleva claramente las de ganar”. CNN/Money, Nueva York (8 de marzo de 2004), Annual letter to Berkshire Hathaway shareholders.

3 He aquí algunos de esos medios institucionales:
(a) El Comité Asesor sobre Políticas Comerciales y Negociaciones para la Presidencia (de los Estados Unidos), del que son miembros destacados ejecutivos de corporaciones muy conocidas (ATT, IBM, Monsanto, Kodak, etc.).
(b) La Keidanren (Federación japonesa de Organizaciones Económicas).
(c) Los diversos Comités japoneses de política (el presidente del de política medioambiental es, significativamente, el Presidente de la empresa de automóviles Nissan).
(d) La poderosa UNICE (Union of Industrials and Employers of Europe) que agrupa a toda la patronal europea.
(e) La ERT (European Round Table), que reúne a empresarios y políticos europeos de alto nivel.
(f) En fin, y por acabar en algún sitio con esta sopa de letras poco conocidas, la ICC (International Chamber of Commerce), un grupo de presión transcontinental formidable, que agrupa a más de 7.000 empresas de 130 países, y que bombardea constantemente con sus intereses, desde su sede en París, a los gobiernos y a las organizaciones internacionales de derecho público.

4 En el gran debate que se está desarrollando actualmente en la República Federal Alemana sobre la necesidad de desmontar el Estado social (Sozialstaatabbau), de eliminar protecciones y amparos a los trabajadores que parecían irreversiblemente conquistadas desde 1949, a fin de que la economía alemana pueda ser “competitiva” internacionalmente, casi nadie se atreve a decir que las grandes empresas alemanas han prácticamente dejado de pagar impuestos desde hace más de 10 años: la BMW, el gigante automovilístico alemán, por ejemplo, que tiene la tasa de beneficios más alta de Europa, y que en 1988 todavía pagaba cerca de 270 millones de euros de impuestos, en 1992 ya sólo pagaba 15 millones, y en 1993, a pesar de haber aumentado sus beneficios y de haber mantenido los dividendos de sus acciones, hizo ya una declaración de impuestos negativa, por la que el fisco alemán le devolvió 16 millones de euros. Significativamente, con el gobierno “rojiverde” actual, las cosas no han cambiado al respecto.

5 Stigliz, Joseph, The roaring nineties, Londres, Allen Lane, 2003, pág.283.

6 Cfr. Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad: una revisión republicana de la tradición socialista, Barcelona, Crítica, 2004, especialmente los capítulos IV y V.

7 Para una introducción extremadamente didáctica a la propuesta de una renta universal de ciudadanía, cfr. Daniel Raventós, El derecho de existencia, Barcelona, Ariel, 1999.

8 Cfr. Antoni Domènech y Daniel Raventós, “La Renta Básica y las poblaciones trabajadoras del primer mundo”, en Le Monde Diplomatique (España), julio de 2004.

9 No es necesario ser un radical antisistema para darse cuenta de eso: nada menos que Alan Greenspan acaba de reconocerlo: “I think that the effective increase in the concentration of incomes here, which is implicit in this, is not desirable in a democratic society” , en Washington Post, 22 de Julio de 2004.

Fuente:
Revista Polis, 3, 2005