UE-Polonia: retóricas jurídicas y realidades políticas

Mike MacNair

06/08/2017

Un 'estado de derecho' que protege los derechos de propiedad sobre todos los demás solo puede derivar en una demagogia autoritaria.

El sábado 29 de julio la Comisión Europea inició el procedimiento legal contra Polonia en relación con aquellas partes de su “reforma judicial” que han sido aprobadas como ley (1). El 24 de julio, el presidente polaco , Andrzej Duda, había vetado dos de las leyes, cuyo objetivo era el cese de los sectores más veteranos de la judicatura (menos los que el gobierno había decidido mantener), para dar mayor control al gobierno con el nombramiento de nuevos cargos judicial  (2).

El procedimiento de la Comisión se refiere a las leyes que afecta a las escalas inferiores del poder judicial y sus objeciones son de dos tipos. La primera es que la legislación discrimina explícitamente entre hombres y mujeres en cuanto a la edad de jubilación: las mujeres deben jubilarse a los 60, los hombres a los 65. Esta es una violación evidente de la ley contra la discriminación de la UE.

La segunda es que la legislación socava la independencia del poder judicial. Esto, dice la Comisión, es contrario al artículo 19 (1) del Tratado de la Unión Europea ( “los estados miembros proporcionarán recursos suficientes para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”), y al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (“Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Toda persona tiene la posibilidad de hacerse aconsejar, defender y representar ...”).

Es así, la Comisión alega, porque al ministro de justicia se le da poder para mantener a los jueces en el cargo después de las fechas de jubilación prescritas, pero sujeto a criterios muy vagos y no para un período definido de tiempo. Por lo tanto, estos jueces ejercerían su cargo, por utilizar la antigua formula inglesa, Durante bene placito regis : el tiempo que le place al rey (en este caso, al ministro). Además, la ley le da al ministro la facultad de nombrar y remover a los presidentes de los tribunales locales, que tendrán responsabilidades de gestión en relación con sus colegas más jóvenes.

El comunicado de prensa de la Comisión Europea explica el proceso en estos términos:

“El estado de derecho es uno de los valores comunes en los que se fundamenta la Unión Europea. Está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La Comisión Europea, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo, es responsable en virtud de los tratados de garantizar el respeto del estado de derecho como un valor fundamental de nuestra Unión …"

El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que:

“La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Y bla, bla, bla también ...

Costas de los tribunales

Coincidiendo casualmente, el Tribunal Supremo del Reino Unido el 26 de julio dictó sentencia en la causa R (UNISON) v Lord Canciller (3). El tribunal dictaminó que el régimen de las costas de los tribunales laborales decidido por la Orden del Tribunal Laboral y de Apelación nº 2013 4 era ilegal por el hecho de que interfería de manera no justificada el acceso a la justicia; y ello es esencialmente, según el tribunal, una violación de un principio del derecho común inglés, aunque también sea una violación de la legislación de la UE y discriminatorio contra las mujeres y otros grupos protegidos.

Lord Reed, que fue el principal redactor de la resolución, señala:

“Ante este tribunal se ha reconocido que el derecho de acceso a la justicia no es una idea recientemente importada desde el continente de Europa, sino que hace mucho tiempo que esta profundamente arraigada en nuestro derecho constitucional. Por lo tanto, el caso ha sido discutido principalmente sobre la base del derecho común de acceso a la justicia, a pesar de que se han presentado argumentos también sobre la base de la legislación de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos ... (párrafo 64).
El derecho constitucional de acceso a la justicia es inherente al Estado de Derecho. La importancia del estado de derecho no siempre se entiende ... (párrafo 66).

En el corazón del concepto del estado de derecho está la idea de que la sociedad se rige por la ley. Los Parlamento existen principalmente con el fin de hacer leyes para la sociedad en este país. Existen procedimientos democráticos principalmente con el fin de garantizar que el Parlamento que hace esas leyes incluye a parlamentarios que son elegidos por el pueblo de este país y son responsables ante él. Existen tribunales con el fin de asegurar que las leyes hechas por el Parlamento, y la ley común creada por los propios tribunales, se aplican y se hacen cumplir. Ese papel implica garantizar que el poder ejecutivo del gobierno lleva a cabo sus funciones de conformidad con la ley.

Para que los tribunales puedan cumplir su misión, la gente debe tener en principio un acceso sin trabas a ellos. Sin este acceso, las leyes son susceptibles de convertirse en letra muerta, el trabajo realizado por el parlamento puede ser privado de toda eficacia, y la elección democrática de los miembros del parlamento pueden convertirse en una farsa sin sentido. Es por eso que los tribunales no se limitan a proporcionar un servicio público como cualquier otro (párrafo 68)”.

La estructura de las nuevas tarifas judiciales ha reducido las causas presentadas ante los tribunales laborales en un 66% -70%, afectando especialmente a las reclamaciones más bajas. El poder discrecional del Lord Canciller de eximir los honorarios se ha utilizado mínimamente. Hay, pues, una clara negación de acceso a la justicia.

El nuevos sistema de tarifas, debe tenerse en cuenta, fue aprobado por la Coalición Conservadora-Liberaldemócrata, no por el gobierno conservador mayoritario de Cameron de 2015. Cualquiera a quién le queden ilusiones de una alianza 'anti-tory' que incluya a los liberaldemócratas debe tener en cuenta este brutal ataque contra los trabajadores peor pagados, cuyos empleadores han violado sus derechos legales. De acuerdo con The Guardian, Vince Cable “apoyó las tarifas cuando se introdujeron en 2013, diciendo que harían de Gran Bretaña un lugar más 'favorable para las empresas', y que los cambios 'ayudarían a garantizar que las personas que trabajan duro y hacen lo que tienen que hacer son recompensadas' ” (5).

Retórica

Ambos eventos se encuentran en los extremos de la retórica política actual. Para analizar la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido en primer lugar, la declaración del Ministro de Justicia Dominic Raab en respuesta al dictamen fue:

“Al fijar las tarifas del tribunal laboral, el gobierno tiene que considerar el acceso a la justicia, las costas del litigio, y cómo financiar a los tribunales.
El Tribunal Supremo ha reconocido que las tasas juegan un importante papel, pero dictaminó que no se ha conseguido un equilibrio adecuado en este caso.
Vamos a tomar medidas inmediatas para detener el cobro de tarifas en los tribunales laborales y poner en marcha mecanismos para reembolsar sus costas a aquellos que han pagado.También vamos a examinar más a fondo los detalles del dictamen” (6).

Es una declaración cuidadosamente ambigua. El Gobierno resta importancia a la retórica judicial. Acepta la derrota en el caso concreto, pero no va a adoptar inmediatamente una nueva legislación para revertir su decisión anterior - a diferencia de la Ley del NHS (Servicio Nacional de Salud) de 1980.

En su lugar, se “examinarán más a fondo los detalles del fallo” en un esfuerzo por encontrar alguna alternativa para alcanzar el mismo fin: es decir, para acabar con el problema que supone para los pequeños empleadores ser demandados para tratar de obligarlos a cumplir con las obligaciones legales relativas al pago de sus empleados, las deducciones ilegales de sus sueldos, los despidos por embarazo, y todo lo demás.

Los conservadores sin duda podrían (si tuvieran una mayoría) lograrlo, y Brexit ayudaría en este sentido. El punto central del fallo es que no pueden imponer unas tarifas tan altas proporcionalmente con lo reclamado que en la practica sean un obstáculo para acceder al sistema judicial. Pero podrían perfectamente abolir el propio tribunal laboral, obligando a los empleados a presentar sus demandas de menor cuantía ante los tribunales de condado, donde tasas ya son rutina. Esto no sería una negación del acceso a la justicia en los términos establecidos por la sentencia. O, igualmente, podrían acabar con los derechos legales en cuestión. En ningún caso se violarían los principios de las decisiones del Tribunal Supremo del Reino Unido.

Deshacerse del sistema de tribunales laborales o deshacerse de los derechos legales requeriría legislación primaria - un acto legal del Parlamento aprobado por ambas cámaras. De hecho, el gobierno podría simplemente volver a imponer la estructura de tasas mediante legislación primaria. La sentencia no dice en absoluto que el parlamento no puede denegar el acceso a la justicia. Sólo dice que si el Parlamento quiere negar el acceso a la justicia debe hacerlo con “palabras claras” en un acto del parlamento - no con palabras ambiguas o en una orden ministerial subordinada.

En el actual clima político sería poco probable que tal acto fuese aprobado. Deshacerse de algunos de los derechos legales requeriría además terminar el proceso de Brexit, ya que algunos de estos derechos son ley en la UE. De hecho, la retórica judicial sobre el estado de derecho y el acceso a la justicia es audaz en este caso, precisamente debido al clima político. Si las elecciones generales de junio se hubieran traducido en un aumento de la mayoría Tory, una decisión judicial como la actual habría provocado una violenta hostilidad de la prensa, al igual que la decisión sobre la activación del artículo 50. Y, al igual que esa decisiones y la Ley sobre la Unión Europea (Notificación de la retirada) de 2017, y al igual que la Ley del NHS de 1980, el gobierno podría haber superado el problema con una ley muy breve aprobada rápidamente por el parlamento. El diferente clima político actual permite que la intervención judicial tenga consecuencias graves.

El procedimiento de la Comisión Europea contra Polonia es la otra cara de la moneda. La situación política implica que esta intervención legal es poco probable que sea eficaz. El comunicado de prensa de la Comisión incluye un diagrama de los procedimientos posibles cuando hay una “amenaza para el estado de derecho” en un estado miembro, y, además, el texto del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que prevé sanciones. Los puntos importantes son:

“2. El Consejo Europeo, por unanimidad, a propuesta de un tercio de los estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá determinar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un estado miembro de los valores a los que se refiere el artículo 2, tras invitar al estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones.
3. Cuando se haya efectuado el dictamen contemplado en el apartado 2, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá decidir que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados en el estado miembro en cuestión, incluidos los derechos de voto del representante del gobierno de ese estado miembro en el Consejo”.

El Consejo Europeo solo puede suspender el derecho de voto por unanimidad, así como con el consentimiento del Parlamento Europeo y a propuesta de un tercio de los estados miembros. Hungría, de hecho, ya ha anunciado que vetará cualquier propuesta de este tipo.

Los propios ataques de Hungría a la independencia judicial y otros centros de poder que rivalizan con el gobierno del partido Fidesz se han saldado en los últimos años con meras quejas informales (7). Agata Gostynska-Jakubowska, del Centro para la Reforma Europea sugirió en febrero que la retórica más dura de la Comisión sobre Polonia, en comparación con Hungría, se debe al hecho de que Fidesz en Hungría ha permanecido miembro del Partido Popular Europeo, de centro-derecha, y permite que este grupo tenga mayoría en el Parlamento Europeo, mientras que el Partido Ley y Justicia de Polonia se unió a los conservadores (bajo David Cameron) y otros partidos en una escisión de extrema derecha del PPE, teniendo menos capacidad de presión en el Parlamento europeo que Fidesz (8).

Sin embargo, The Economist comenta que:

“Con Hungría decidida a proteger a Polonia en el Consejo Europeo, las sanciones son poco probables. Alemania y otros estados-miembros dudan en presionar sobre el tema, por temor a desencadenar una reacción nacionalista. Por lo que corresponde a los polacos a defender el estado de derecho” (9).

En otras palabras, aunque el Partido Ley y Justicia polaco pueda estar violando las leyes de la Unión Europea, nada puede hacerse al respecto, aparte de la retórica política de la Comisión - expresada en forma de procedimientos legales, pero sin ninguna expectativa real de sanciones, y la resistencia política en la propia Polonia contra dichas violaciones.

Polonia

Ha habido, de hecho, grandes manifestaciones en Polonia. Pero, como escribió Andrzej Zorawski en su carta de la semana pasada en Weekly Worker, la izquierda en Polonia es sumamente débil, y lo único que la oposición liberal puede ofrecer es manifestarse una y otra vez ... El presidente Andrzej Duda ha vetado dos de las leyes, pero parece que su oposición no se debe tanto a una cuestión de principio como al innegable y transparente carácter de la purga judicial - y del nuevo sistema de nombramientos judiciales, que dan a la fiscalía el derecho de seleccionar a los jueces. Por lo que es probable que apoye la nueva versión de las leyes.

El artículo citado de The Economist nos dice que, a pesar de las protestas, las encuestas siguen mostrando que el Partido Ley y Justicia sigue gozando de una amplia mayoría. ¿Por qué?

Los partidarios del gobierno, y un académico en Inglaterra, sugieren que la operación gubernamental se aprovecha de los problemas reales del poder judicial polaco. Así, el embajador polaco en Jordania, designado por el gobierno del Partido Ley y Justicia, sostiene que, en el debate sobre lo que significa la 'independencia' judicial, la oposición se limita a expresar el interés corporativo de este sector del poder judicial, y comenta que “el Consejo Nacional de la Judicatura se convertirá en una institución verdaderamente independiente, libre de los intereses corporativos de poder judicial” (10).

Anna Matczak escribe: “Entre los problemas más frecuentes del sistema de justicia penal polaco, los encuestados señalaron el excesivo tiempo empleado para completar los procedimientos judiciales (48%), la complejidad de los procedimientos judiciales (33%), la corrupción judicial (30% ), la indulgencia de los tribunales (23%) ...” (11). Agrega que, mientras que “sólo el 37% de los encuestados estaban en contra de la idea de que los jueces fuesen seleccionados por el parlamento, el 33% apoyó el cambio y el 30% no tenía una opinión ”. En el sitio web de Deutsche Welle (equivalente alemán de la BBC) Astrid Prange sostiene que la reforma del sistema judicial expresa la influencia política de una versión de extrema derecha del catolicismo que es especialmente influyente en Polonia (12).

The Economist tiene una objeción más importante. Afirma que el anterior gobierno de la Plataforma Cívica, depuesto en las elecciones de 2015, “ha gobernado durante ocho años con gran éxito, pero subestimó la creciente brecha entre ricos y pobres, o lo que los polacos llaman la 'Polonia A' y la ‘Polonia B'. Esta última es más nacionalista, más populista y menos eurófila”. Los Liberales, incluyendo a tal efecto a socialdemócratas y ex eurocomunistas, son completamente incapaces de reconocer este punto elemental.

El 'estado de derecho' depende de un apoyo político masivo. Sin embargo, si se da prioridad radicalmente a los intereses de las clases poseedoras, el resultado será precisamente la pérdida del apoyo político del que depende. Los marxistas tienen la esperanza de que ese apoyo pueda ser redirigido hacia una democracia radical y emancipatoria - pero igualmente puede acabar desviándose hacia una demagogia autoritaria de tipo católica, islámica, Hindutva, Brexiteriana, Trumpetiana. Aliarse con un liberalismo que interpreta el 'estado de derecho' como la protección de los derechos de propiedad por encima de todos los demás es colaborar en la victoria de una demagogia autoritaria.

Notas:
1. ‘European Commission launches infringement against Poland over measures affecting the judiciary’ - EC press release, Brussels, July 29.
2. ‘Poland’s president vetoes two proposed laws limiting courts’ independence’ New York Times July 24.
3. [2017] UKSC 51.
4. SI 2013, No1893.
5. ‘Ministers vow to end employment tribunal fees after court defeat’ The Guardian July 26.
6. http://employmentlawblog.fieldfisher.com/2017/government-response-to-et-....
7. RD Kelemen, ‘The assault on Poland’s judiciary’ Foreign Affairs July 26.
8. http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/02/04/why-the-commission-is-treat....
9. www.economist.com/news/europe/21725575-governing-law-and-justice-party-s....
10. ‘Reform of the judiciary in Poland’ Jordan Times July 26.
11. http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/07/26/judicial-reforms-in-poland-....
12. www.dw.com/en/how-the-catholic-church-ties-in-to-polands-judicial-reform..., July 24.

es profesor de Historia del derecho en el St. Hugh`s College, Universidad de Oxford. Su último libro es Revolutionary Strategy (2008), que pronto verá una segunda edición.
Fuente:
http://weeklyworker.co.uk/worker/1166/rhetoric-and-political-realities/
Traducción:
G. Buster