Albert Corominas
Vera Sacristán
13/04/2008"En el plan estratégico de la CEOE [Confederación Española de Organizaciones Empresariales] para la economía española 2008-2001 nos hemos propuesto consolidar una participación empresarial activa en el conjunto de los sistemas y políticas de educación y formación, en todos sus niveles, liderada por una acción coordinada de las organizaciones empresariales.
Esto implica también promover la colaboración empresarial en la definición de objetivos y en la evaluación de resultados, y también en la participación de los órganos de gobierno de las universidades."
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE: "Universidad y empresa". Dossier Econòmic de Catalunya, 29/03 a 04/04/2008, p. 6
En un artículo anterior ("¿Una campaña pro mercantilización de la universidad pública?", Sin Permiso, 30/03/2008) alertábamos sobre la campaña en curso, indicábamos quiénes eran sus agentes y describíamos sus contenidos (el sistema no funciona, la actividad académica debe orientarse para satisfacer las necesidades de las empresas, sobran estudiantes, que deberían pagar todo el coste; finalmente, hay que liquidar el sistema de autogobierno colegiado). En éste, queremos analizar por qué esta campaña tiene lugar precisamente ahora y cuáles son sus objetivos.
¿POR QUÉ AHORA?
Persistencia en los objetivos
Mercantilizar o privatizar, según el caso, los servicios públicos y reducir el papel del estado y los impuestos directos son objetivos permanentes del neoliberalismo. Pero hace pocos meses que el parlamento español ha aprobado, tras escaso debate público, una modificación significativa de la legislación universitaria, por lo que resultan poco probables, a corto y medio plazo, nuevos cambios.
No importa. Como han puesto de manifiesto, por ejemplo, George Lakoff y Susan George, los agentes del conservadurismo son pacientes y capaces de trabajar persistentemente, a veces durante décadas, para alcanzar sus objetivos estratégicos. Uno de ellos consiste en controlar el sistema universitario, que tiene roles muy importantes y moviliza una cantidad considerable de recursos.
Europa como coartada
El elemento coyuntural que aparentemente ha servido como deflagrador de la campaña es la implantación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior, lo que también se conoce como proceso de Bolonia). Estos meses, en España, todo el mundo habla del EEES, aunque poca gente lo ha visto y casi nadie sepa qué es. Aprovechando este río revuelto, se atribuyen al EEES (a veces a Europa o a la Unión Europea) las más variadas exigencias: desde delirios pedagógicos, cuyo sólo enunciado causaría rubor en Oxford o en el MIT, hasta aumentos espectaculares de los precios públicos.
Una universidad moderna, pero vulnerable
Por otra parte, la universidad pública española es, como muchas otras, una institución vulnerable. A pesar de que no admite comparación con la que teníamos hace treinta años y de que en esta etapa ha sido un factor muy relevante de progreso social, cultural y económico, ha diversificado y renovado la docencia, ha incorporado decididamente la investigación, ha mejorado las plantillas y las instalaciones y ha ampliado el servicio público de la formación superior a más personas de sectores sociales más diversos. Pero presenta diversos flancos débiles como consecuencia de algunos vicios heredados del franquismo, de otros de aparición más reciente y, finalmente, de los desajustes lógicos en una institución que ha cambiado substancialmente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, desde la reinstauración de la democracia.
No es éste el lugar para analizar exhaustivamente los puntos débiles de la universidad pública española, pero conviene mencionar algunos de los que vienen más a propósito en relación con la campaña. Los agrupamos en dos bloques, a saber, la ineficiencia en el uso de los recursos y el equilibrio entre autonomía y rendición de cuentas. Por supuesto, lo que sigue se refiere al conjunto de las universidades, y en cada una encontraríamos diferencias, que pueden llegar a ser muy significativas.
Ineficiencia en el uso de los recursos
Aunque las universidades, dados los recursos de que disponen, consiguen resultados aceptables, su eficiencia deja mucho que desear. En lo que respecta al profesorado, su selección ha carecido durante mucho tiempo de las garantías suficientes, y la institución ejerce un control muy escaso sobre sus tareas, lo que da lugar a bolsas más o menos importantes de incumplimiento o incluso de incompatibilidad. Las dimensiones de las plantillas del personal de administración y servicios han experimentado crecimientos cuantitativos y cualitativos notables, pero su estructura y el diseño de los procesos que les corresponden no han evolucionado de acuerdo con las exigencias derivadas de la ampliación y renovación de las funciones de las universidades. Por otra parte, las universidades, con la complicidad o el impulso de las administraciones locales y autonómicas, han llevado a cabo un proceso de proliferación de centros y títulos, inspirado, en el fondo, en la teoría de que deben adaptarse a las denominadas necesidades del mercado de trabajo (al diversificarse estas necesidades deberían hacerlo también los títulos) y acercarse al territorio. El resultado de este proceso, simultáneo en el tiempo a la reducción del número de estudiantes asociada al descenso de la natalidad de los años ochentas, ha sido la dispersión de la demanda y, por consiguiente, una muy mala relación entre el coste y los resultados.
Autonomía y rendición de cuentas
Es arduo conseguir un equilibrio entre la amplia autonomía de que gozan las universidades españolas, fundada en la Constitución de 1978, y la rendición de cuentas. Al respecto, la legislación atribuye un papel esencial a los consejos sociales de las universidades. Estos organismos están formados, junto a una representación minoritaria de la propia universidad, por miembros designados por los gobiernos y los parlamentos autonómicos y entidades tales como organizaciones empresariales, colegios profesionales y sindicatos. Les incumbe, por una parte, la importantísima función de autorizar presupuestos y plantillas y, por otra, la de articular la relación de cada universidad con la sociedad en que se inserta. Esta última la han ejercido muy insatisfactoriamente, ya que, como reflejo de tendencias de fondo en la sociedad y en el ámbito político han ido adoptando composiciones y estilos que, para abreviar, podríamos denominar business oriented; es decir, no han promovido la relación de la universidad con el conjunto de la sociedad, sino con una parte de la misma. En cuanto a la autorización y control de presupuestos y plantillas, los consejos sociales mayoritariamente se han decantado por no entrar a fondo en estas cuestiones; ello explica, en parte y sin perjuicio de una discusión más extensa, la existencia de déficit presupuestario persistente en algunas universidades y de desajustes en las plantillas.
¿QUÉ PRETENDE LA CAMPAÑA?
Una síntesis espléndida de lo que se pretende con la campaña puede encontrarse en el documento Una Universidad al servicio de la sociedad [Círculo de Empresarios, 2008]: pasar la universidad del estado del bienestar al mercado. Este objetivo global se descompone, principalmente, en los tres siguientes:
1) Adaptación a las necesidades inmediatas de las empresas
Adaptar enseñanza e investigación, en aras de la empleabilidad, a necesidades inmediatas de las empresas, con menosprecio de la cultura y de una visión a medio y largo plazo.
Este objetivo no está asumido unánimemente por los portavoces de las organizaciones empresariales. Por ejemplo en el documento Les funcions i el govern de les universitats públiques (Cercle d'Economia, 1999) se dice que "la formación básica o inicial de los primeros ciclos `...] ha de ser más generalista y no prematuramente especializada" y que "ha de cobrar importancia la idea de la formación continua a lo largo de la vida de cada persona, más que la adecuación a puestos de trabajo, el perfil de los cuales se modificada cada vez más aceleradamente. Universidades, empresas y administraciones han de concebir la formación superior más allá de los títulos de entrada en el mercado de trabajo y con una visión a largo plazo". El sistema educativo no puede formar personas para las necesidades específicas de todas las empresas; si lo intenta, puede resultar, a corto plazo, un ahorro para algunas y, a medio y largo, para las personas, la pérdida, precisamente, de empleabilidad y para la economía de un país, la pérdida de productividad y competitividad.
Además, por supuesto, ningún país puede permitirse la pérdida de la dimensión cultural de la universidad, que incluye la formación en ámbitos del conocimiento en que las empresas no tienen interés alguno. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sospecha la filosofía de algunas organizaciones cortas de miras.
2) Restricción del acceso a la universidad
Restringir el acceso a la universidad mediante un incremento substancial de los precios públicos y una campaña de antimarketing polifacética (la universidad es una fábrica de mileuristas, el esfuerzo necesario para obtener un título no se ve compensado con retribuciones congruentes, hay demasiada gente sobreeducada y, por consiguiente, frustrada y arrepentida). Las propuestas de aumento de precios suelen ir acompañadas de declaraciones a favor de una mejora de las becas, a las que, a veces, se considera substituibles por créditos bancarios. Se matarían así varios pájaros de un tiro: reducción del peso del sector público y del acceso a la universidad, aumento de la competitividad de las universidades privadas y potenciación de una substanciosa línea de negocio bancario.
Todo ello implicaría un retroceso social y cultural y la consolidación del modelo económico, basado en personal poco cualificado y mal pagado, que se ha ido configurando en España desde hace algunos años. Como se ha dicho [Ferran Mañé, director del departamento de Economía de la Universidad Rovira i Virgili, en La Vanguardia (Dinero), 06/04/2008, p. 28], "hay cierta saturación de titulados universitarios en el mercado de trabajo, lo cual no debe interpretarse como que tenemos demasiados candidatos bien formados, sino que también debemos cuestionarnos cuántos puestos de trabajo existen que requieran ese nivel formativo. La solución no es reducir el número de universitarios, sino crear más empleos cualificados". ¿Cómo se compadecen las habituales monsergas sobre la sociedad del conocimiento con las admoniciones relativas a la sobreducación?
Las propuestas de aumento de los precios suelen partir de una denuncia sobre la falta de equidad del sistema de financiación de las universidades públicas para llegar a conclusiones contrarias, en nuestra opinión, a las que se derivarían de esta premisa. Se dice que los precios públicos no son una barrera para el acceso a la universidad de las personas con pocos recursos económicos, y que la barrera real consiste en el hecho de no poder renunciar a los ingresos por trabajo que podrían obtenerse como alternativa al estudio. Estamos de acuerdo. Lo que hace falta, pues, son medidas para ayudar a superar la barrera real, es decir, establecer un sistema de becas-salario bien dotado que favorezca el acceso a la universidad de los sectores infrarrepresentados. En cambio, se pone por delante el aumento de los precios públicos, que se llega a cuantificar de forma harto precisa, para que sufraguen los costes totales, es decir, los de la docencia y también los de la investigación. ¿Es esto lo que favorecerá el acceso a la universidad de los sectores excluidos?
3) Gestión e intervención empresarial
Implantar una gestión de tipo empresarial en la universidad y aumentar la participación empresarial en los órganos de gobierno de las universidades, ya que el modelo de gestión de ésta es asambleario, burocrático y rígido.
Es falso que el sistema de gobierno de las universidades públicas españolas sea asambleario: los órganos personales y colegiados se configuran de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, en las que se precisan las funciones de unos y otros. Los claustros universitarios suelen celebrar una reunión cada año, mucho menos costosa que las juntas generales de accionistas de las grandes empresas, y los consejos de gobierno, como máximo una vez al mes. Rectoras y rectores, consejos de gobierno y consejos sociales tienen competencias importantes y bien definidas. Muchas universidades, la mayoría, han demostrado agilidad en la toma de decisiones y capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes.
Es decir, el diagnóstico, y por consiguiente la terapia, son erróneos e interesados. Todo ello no obstante, consideramos, desde premisas muy distintas, que el sistema actual de gobierno de las universidades no es satisfactorio y que requiere una reforma meditada, que parta de la clarificación de las relaciones entre autonomía, autogobierno y libertad de cátedra y de un análisis de las decisiones involucradas en el gobierno de la universidad (de programación universitaria qué enseñanzas hay que impartir, dónde y quién-, académicas, relativas al personal, económicas) para concluir quién (parlamento estatal o autonómico, gobierno español o autonómico, consejos sociales, universidades) debe tomarlas en cada caso.
UNIVERSIDADES Y SOCIEDAD DEBEN TOMAR LA INICIATIVA
El triunfo de la campaña mercantilizadora que hemos analizado supondría un significativo retroceso social, cultural y económico. Y éste es un peligro que no se debe subestimar. Las universidades públicas deberían encabezar un proceso de análisis crítico de su realidad, con alianzas internas y externas sólidas que incluyan todos los sectores favorables a una universidad pública de calidad al servicio de toda la sociedad. Un proceso que, en colaboración con la Administración, debería desembocar en propuestas para extender e intensificar el servicio público de la formación superior.
Albert Corominas es profesor de organización industrial y Vera Sacristán, profesora de matemática aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya. Pertenecen, asimismo, a la asociación UpiC (www.upc.edu/upic).