Una carta de Hayek a Salazar y los neoliberales autoritarios, a propósito de la Unión Europea y el Estado Social

Francisco Louça

06/04/2014

Que el liberalismo es o puede ser poco liberal es un hecho bien conocido por los historiadores. Un sabroso episodio poco conocido en Portugal rebela esa ambigüedad esencial: uno de los gurú del neoliberalismo moderno Friedrich Hayek escribió, en 1962, una carta a Salazar, explicando el motivo del envío adjunto de su libro La Constitución de la Libertad, que lo debía ayudar en “su tarea de diseñar una Constitución que previere los abusos de la democracia”.

Incluso considerando el respeto que Hayek alcanzó más tarde, en particular después de haber recibido el Premio Nobel de Economía (en 1974, ex aequo con Gunnar Myrdal, por obvio efecto de equilibrio político), este episodio revela una actitud hacia la libertad y el Estado, incluyendo una dictadura, que es más expresiva que cualquier teoría o distinción honorífica.

Hayek volvió a este tema en una carta a The Times en 1978, observando que, en su opinión, ha habido “muchos casos de gobiernos autoritarios en los que la libertad personal está más segura de lo que está en muchas democracias. Nunca he oído nada al contrario sobre los primeros años de la gobierno del Dr. Salazar en Portugal y dudo que  haya hoy en cualquier democracia de la Europa oriental o en los continentes de África, América del Sur y Asia (con excepción de Israel, Singapur y Hong Kong) una libertad personal tan bien protegida de lo que era entonces en Portugal”. Estas relaciones de Hayek con varias dictaduras fueron estudiadas por autores como el economista Brad DeLong o el politólogo Cory Robin.

Esta raíz autoritaria del liberalismo, así como su influencia en el orden jurídico y político de la Unión Europea, es el tema de este artículo. En él trato brevemente de la relación entre la crisis estructural y las amenazas recientes contra el Estado Social y, en particular, de la forma como diversas corrientes del liberalismo moderno, incluido Hayek o los ordoliberales, abordaron la cuestión de la relación entre la democracia y el funcionamiento del Estado.

El liberalismo estatista y autoritario 

Como se verá, existe una tradición común a las varias cepas liberales, que presenta el Estado social como una frontera del riesgo de abuso de la democracia, que potencialmente promueve la degeneración de la relación social y sus valores fundamentales, al favorecer o crear el proteccionismo y la dependencia. Esta es la tradición común que se arraiga en el discurso de las derechas europeas contra los beneficios y  apoyos del Estado Social. La actual crisis del Estado Social  es por lo tanto el resultado de la tenaza establecida por su crisis de financiamiento y por su crisis de hegemonía social, frente a un ataque formidable que ha sufrido. La  comprensión de esta tenaza es esencial para para diseñar una respuesta convincente, movilizadora y estratégica a los mitos y mentiras del fracaso del Estado Social.

La paradoja de la tradición liberal de von Mises y Hayek es la yuxtaposición entre un laissez faire radical y un intervencionismo jurídico que postula la ley como la gestión despótica de las reglas del juego de la economía. Esta paradoja fue asumida como una corrección o, incluso, una contraposición al liberalismo clásico, como asimismo a la propia auto organización y orden espontáneo idealizada en un momento anterior por Hayek, que dio origen a un constructivismo social que alcanzó proporciones siempre excesivas. En este sentido, no existe una teoría más vulnerable a su propia agenda ideológica,  que la ideología del neoliberalismo hayekiano.

En las demostraciones de ese exceso, el episodio más conocido es la relación entre Hayek y Pinochet. Después de haber visitado Chile, cuando la dictadura estaba bien afirmada – y sus barbaridades demostradas y eran públicas y notorias - Hayek  expresó su adhesión al nuevo orden en una entrevista al principal diario del régimen, El Mercurio, el 19 de abril de 1981.  En ella declaraba sin ambigüedades que “la democracia necesita de una buena limpieza por un gobierno fuerte”. Su actitud dejó pocas dudas y sus palabras fueron cuidadosamente escogidas: “como comprenderá, es posible a un dictador gobernar de modo liberal. Y también es posible a una democracia gobernar con total falta de liberalismo. Personalmente, prefiero un dictador liberal a un gobierno democrático que carece de liberalismo”. La preferencia era indiscutiblemente clara.

El episodio no es inocente. Como se vio,  ya diez años antes Hayek procuraba los favores de Salazar, en una  persistente cruzada mundial de diálogos con los dictadores sobre los peligros de la democracia. La búsqueda de un estado autoritario que garantizara la libre acción de los negocios se había convertido en un leitmotiv del neoliberalismo hayekiano. No había en estas relaciones alguna duda o error de cálculo. Por el contrario, era así como estaba concebida una unidad contra la democracia, considerada excesiva por naturaleza. El pretexto de la necesidad de derrotar a los revolucionarios chilenos (Allende!) empalidecía en presencia de un designio más vasto, el de dar lecciones al mundo sobre la viabilidad de la conjunción entre el mercado y el poder  autoritario que lo garantizara.  Esta cosmogonía era el quid del neoliberalismo, en su estirpe hayekiana, que ignoraba la cuestión democrática, instrumental ante todo.

Tal concepción era, sin embargo, ampliamente compartida más allá de los círculos austríacos. La Sociedad Mont Pelerin, cuya creación en 1947 ha sido tomada como la fundación del neoliberalismo moderno, se tiñó desde el inicio con el color de un autoritarismo estratégico, promotor de un Estado fuerte como condición para los mercados. Aquellos que entonces se reunieron en la tranquila villa Suiza y que habrían de definir la agenda para el neoliberalismo en las siguientes décadas, desde Hayek -  el primer presidente de la Sociedad -, hasta Popper, von Mises, Friedman, todos partícipes de la primera reunión de la sociedad, asumieron desde la primera hora su preocupación por el “riesgo de civilización” como la tarea de reconstruir un pensamiento liberal operacional para la posguerra. Como veremos, siguieron caminos diferentes, pero en ellos el Estado siempre tiene un papel determinante.

Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1938,  se reunió en París un grupo de intelectuales para un coloquio de homenaje al periodista y publicista Walter Lipmann, quienes establecieron un puente decisivo  entre liberales europeos y estadounidenses. Algunos autores, como Dardot y Laval, consideran a esta reunión como la verdadera fundación del liberalismo moderno, anticipándose a la creación de la Sociedad Mont Pelerin. Su organizador, Louis Rougier,  fue él mismo la representación de esta versión estatista del liberalismo: pétainista, aunque antinazi, era uno de los defensores del “dirigismo del Estado liberal”, e incluso de la acción económica de un “intervencionismo liberal” para estimular la demanda en una recesión (ibid.: 194). La razón de ser es esta visión del Estado, en contrapunto con la misma desconfianza en la democracia que llevaría a Hayek a cortejar a los dictadores disponibles, era la noción, que se convertiría en  la filigrana de Popper, como ya era la de  Lipmann, de un gobierno de las elites evitando los excesos y  vulnerabilidades del voto. Para los nuevos neoliberales, ese gobierno de las élites era necesario para iluminar los tiempos oscuros en que los mercados estaban en riesgo de zozobrar frente a la voluntad popular.

 Milton Friedman interpretó esta estrategia liberal a través de una definición  predominantemente negativa del papel del Estado, excluyéndolo de la intervención en la producción y provisión y bienes públicos. Es cierto que algunos miembros de sus equipos de Chicago – más directamente que los seguidores de Hayek – fueron a formar parte del gobierno de Pinochet y que él mismo los asesoró en ese trabajo; sin embargo su enfoque del neoliberalismo fue construido más por oposición al keynesianismo que por  las implicancia en la lucha contra la izquierda política y, por lo tanto, se concentraba en la corrección del Estado capitalista moderno y no en el desmantelamiento de un hipotético Estado socialista. En una de sus últimas entrevistas, concedida a uno de sus fieles, Henri Lepage, en 2003, Friedman afirmaba “mi definición es la siguiente: es ´liberal´ una sociedad donde el gasto público, incluyendo todas las colectividades, no pasa del 10 al 15 por ciento del producto nacional”.

Para Friedman, el Estado no debería estar entonces a más la altura que alcanzó durante el apogeo de la época victoriana. La comparación es, en realidad, demostrativa: el Imperio británico de la reina Victoria tenía menos peso en la economía, aunque ciertamente con un sistema militar impresionante, una diplomacia de cañonera, un control monetario sofisticado y, sobre todo, una población sin derechos democráticos ni expectativas democráticas. Un gobierno de élites, sin duda.

Este camino intelectual muestra al neoliberalismo posterior al Coloquio Lipmann y después de la creación de la Sociedad Mont Pelerin como una remisión del pasado en un nuevo formato más ambicioso: a diferencia del liberalismo fundador, el de la voz insurrecta de los derechos naturales, afirmando tanto la libertad religiosa y política en tanto libertad de los mercados, éste ahora propone una agenda para estabilizar las reglas de la dominación y los pilares del poder en la capital. Para el primero, el liberalismo, la libertad de intercambio y por lo tanto la propiedad privada debían constituir la nueva relación social, basada en el elogio de las virtudes del comercio y en los límites impuestos a la acción de los gobiernos; para el segundo, el neoliberalismo, el propio gobierno se debe configurar como una forma de mercado y como un poder de autoridad del mercado, para el mercado y por el mercado.

De esta manera, para la arrogante ideología neoliberal, el gobierno debería seguir, asegurar y perpetuar el principio universal de la mercantilización de las relaciones sociales y de la competencia como forma de remodelación de las subjetividades. El neoliberalismo pasó a ser una ontología, una devoción, una moral y una política y fue así como llegó hasta nuestros tiempos.

 
Ordoliberalismo: el ataque contra el Estado Social en la constitucionalidad europea

Un Estado reducido, pero fuerte; económico, pero autoritario; un gobierno de las élites contra los excesos de la democracia – este neoliberalismo fue la agenda de resistencia al crecimiento del “Estado Social”  de la posguerra  y de las políticas ambiguamente llamadas de “bienestar” o de “providencia”. 

El concepto de Estado  Social fue acuñado por Bismarck, empeñado en responder al ascenso de la representación popular de la socialdemocracia y del sindicalismo independiente en las empresas, con la estrategia entonces claramente anunciada de un apoyo a los pobres para evitar la revolución social.  El Estado Social de Bismarck fue concebido como una barrera contra la rebelión y creció por consiguiente en función a la tensión social a la que respondía.  Tras la Segunda Guerra Mundial, la lenta generalización del sufragio universal  fue a la par de la creación de recursos comunes, en particular de los Servicios Nacionales de Salud y en los esbozos modernos de la Seguridad Social, por lo menos en el pequeño lugar del planeta constituido por los países vencedores y  con un sistema productivo y financiero más poderoso.

La marginalidad de los hombres de la Sociedad Mont Pelerín durante las décadas de la reconstrucción de posguerra, fue evidente. Remaban contra la corriente y no había ninguna razón especial para tomarlos en serio. Ni en el plano de la influencia intelectual – exceptuando la decorativa participación de Lipmann o de algunos otros en la conceptualización de la “guerra fría” y en el macartismo – ni en el plano del pensamiento económico, y mucho menos todavía entre los dirigentes políticos, los neoliberales contaban  entonces nada más que con un grupo extravagante y residual. Fue necesaria la conjugación del agotamiento de la onda larga de crecimiento de la posguerra, por vía de la crisis monetaria del patrón-dólar en 1971 y de la recesión generalizada de 1973-1974, con la crisis de la estabilidad política de la guerra fría, perturbada por la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, como por la Revolución de los Claveles, para que las soluciones keynesianas comenzaran a desmoronarse y se abriese el campo para que intelectuales marginales como Friedman y Hayek salieran a la palestra.

Sin embargo, si bien este proceso es bien conocido, es menos discutido y analizado otro que, a partir de las mismas raíces ideológicas, tuvo mayores consecuencias en Europa: la emergencia de un neoliberalismo autoritario en Alemania, que ha dejado una huella imborrable en la fundación y construcción de la Unión Europea, y sin la cual este proceso queda como indescifrable. Ese neoliberalismo tuvo como base la Escuela de Friburgo y tomó el nombre esclarecedor de ordoliberalismo, aparentemente sugerido en 1950 por Moeller, fundador de la revista académica Ordo.

El ordoliberalismo fue formulado por juristas y otros académicos en la posguerra,  a partir de una tradición de oposición de derecha al nazismo, habiendo sido desarrollado por personalidades como Wilhelm Ropke, Alexander von Rustow, Walter Eucken, Franz Bohm, Hans Grossman-Doerth y Alfred Müller-Armack.  Intentó diferenciarse del liberalismo clásico, explicando el papel del Estado en la formación del poder económico privado y de ahí la importancia que otorgó a la definición de un orden jurídico protector de los mercados.

Dardot y Laval demuestran cómo la creación por el ordoliberalismo del término “economía social de mercado”, en 1946, fue la expresión acertada de esta ideología y  de esta política, afirmándose siempre claramente contra la concepción bismarckiana del Estado y de la providencia social. En contraposición, los  ordoliberales procuraron afirmar la primacía de la concurrencia mercantil como visión de la sociedad y de la política de la sociedad. Müller-Armack, el creador de este término, lo interpretaba como un rechazo de la economía liberal: la economía social de mercado era definida como una política para la sociedad, como el Estado que organiza la economía, una orden, el orden del mercado porque no podría existir mercado sin orden.

La forma como la política alemana se fue formando alrededor de esta ideología es una historia fascinante y triste de derrotas y renuncias, que va más allá del alcance de este artículo. Basta registrar, porque es relevante para lo que sigue, que la socialdemocracia alemana comenzó por denunciar el concepto de “economía social de mercado”, para después someterse a él, convirtiéndolo en el dogma oficial de Alemania y del consenso de sus élites. Michel Foucault fue uno de los pocos que anticipó el efecto devastador de esta renuncia y de la hegemonía que ella propiciaba y que la combatió con la argucia e intensidad de su filosofía. En cualquier caso,  a lo largo del medio siglo siguiente  y hasta la actualidad, la idea de una economía social de mercado fue aceptada generalmente como una ortodoxia conveniente en Alemania y fue asumiendo por ello un papel clave en la formación  institucional de la CEE  y después en la Unión Europea.

El ordoliberalismo en la UE se expresó estratégicamente en la definición del Tratado de Roma y luego en todos los documentos para-constitucionales, los sucesivos tratados europeos: el objetivo de las Comunidades y después de la Unión, llegó a ser definido como el establecimiento de una competencia “verdadera y no falsificada” y no la otra, lo que dio lugar a una intensa jurisprudencia normativa. El Estado, las relaciones supra-Estado y la ley supranacional tutelaban y protegían el mercado según lo previsto. El orden es la tarea, como  los ordoliberales lo enunciaban.

La constitucionalización del  orden liberal procedió de esta manera, como el ordoliberalismo pretendía, como el primer garante de la construcción europea: el artículo 92 del Tratado de Roma definía que las ayudas del Estado son incompatibles con el mercado común, salvo excepciones, y desde entonces se procedió a un lento calvario de destrucción a través de la liberalización de los servicios públicos, ahora definidos como “servicios de interés general” y por lo tanto mercantilizados. De esta forma, la energía, el transporte, las telecomunicaciones, los servicios postales, la radiodifusión, los servicios de crédito, la salud, la escuela, y hasta la seguridad social, que era la última salvaguardia bismarckiana, todos los servicios sociales del Estado pasan a ser objetos del mercado.
Asimismo, la definición de la estabilidad de precios como el principio regulador del sistema monetario es heredera del ordoliberalismo. El artículo 29 del Tratado de Lisboa, al definir las competencias de la Unión, fija como objetivo del sistema de los bancos centrales  la estabilidad de los precios, quitando así a los Estados o a la propia Unión la utilización de la política monetaria o restringiéndola severamente. De esta manera, el gobierno de las élites protege el mercado porque  impone el poder de la ley para que los mercados financieros dicten las reglas del juego. El Estado fuerte y la estabilidad de los mercados son dos caras de una misma moneda para ordoliberalismo, que es la doctrina de la Unión Europea.

En este contexto, el modelo de la sociedad y de su gobierno es la empresa. Las ideologías más simplistas, como las doctrinas del “emprendedor”, del éxito individual, de la motivación de la flexibilidad, nacieron todas de este modelo empresarial. Él sustituyó al Estado Social, afirmándose como más autoritario y menos social y más Estado aunque menos democracia.

Los ordoliberales, cuyos principales profetas evitaron cortejar abiertamente las dictaduras de su tiempo, al contrario de Hayek, se concentraron en lo esencial: rehacer la economía para los mercados y usar la ley de las leyes, en este caso la constitucionalidad informal y jurisprudencial de la Unión Europea, para continuar sus intentos.  Siendo informal, ese poder constitucional de excepción es aún más imperativo. Basado en la subversión de la división de poderes y en una reserva de autoridad ejecutiva y legislativa para el gobierno de los gobiernos. El poder del gobierno alemán en la Unión, por tanto, es mayor que el poder que tiene en su propio país, sin contrabalances institucionales importantes. La Unión Europea se ha convertido en la historia del éxito del autoritarismo del Estado aunque sin Estado, el prodigio neoliberal de la ley del mercado.

Francisco Louça es un economista portugués de reputación académica internacional y, hasta hace muy poco, el principal dirigente del Bloco de Esquerda.

Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos Abel Suárez

Fuente:
Esquerda.net / Inflexão, 29 de marzo de 2014