Una política especial para inmigrantes cubanos

A principios de abril del 2015, el presidente Obama se reunió con el presidente Raúl Castro en la Cumbre de las Americas. Este fue el primer encuentro entre los líderes de ambos países en más de 50 años. La reunión ha sido la expresión más visible de la reanudación de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, anunciada por Washington y La Habana en diciembre del 2014.

El acercamiento ha reenfocado la atención en la política norteamericana que por casi cinco décadas ha permitido a los cubanos emigrar a los Estados Unidos sin límite alguno, un “privilegio” que el gobierno estadounidense no ha extendido a los ciudadanos de ningún otro país.

El número de cubanos inmigrando legalmente a los Estados Unidos había aumentado significativamente antes del acuerdo de diciembre. De hecho, la más grande ola de inmigración desde la Revolución cubana de 1959 tuvo lugar no durante los 60 y 70, sino durante las dos décadas de 1994 al 2013, cuando el empeoramiento de la situación ecónomica en la Isla provocó una emigración masiva, con 563 mil 470 cubanos legalmente admitidos en los Estados Unidos.

La migración hacia EE.UU. probablemente aumente aún mas como resultado de la reanudación de relaciones diplomáticas aunada a la liberalización de la política migratoria del gobierno cubano en el 2012, lo que pone entre tela el destino de la política de inmigración norteamericana con respecto a Cuba, política que fue establecida bajo condiciones muy diferentes de las ahora existentes.

El Origen de la Politica Inmigratoria de los Estados Unidos hacia Cuba

Una de las muchas medidas adoptadas por el gobierno norteamericano a principio de los 60 para derrocar al gobierno revolucionario en Cuba fue abrir sus puertas a todos los cubanos que querían inmigrar a los Estados Unidos. Además del impacto propagandístico que tuvo dicha política, golpeó seriamente la economía cubana, aunque no anticipó que la emigración que había promovido también funcionaría como una gran valvula de escape para el descontento popular por mucho tiempo, aún después de que los cubanos mas acomodados abandonaran la Isla.

Para 1966, seis años después del comienzo de la gran emigración de Cuba, alrededor de 300 mil personas (de una población de aproximadamente 6 millones de cubanos en 1960) ya habían sido admitidas en los Estados Unidos, aunque con visa temporal de “refugiado” que no les permitía aspirar a la ciudadanía. Pero la situación legal de los cubanos tuvo que modificarse cuando se hizo obvio que el gobierno cubano no sería derrocado.

Este fue el contexto en el que la Ley de Ajuste Cubano (CAA por sus siglas en inglés) fue aprobada por el Congreso norteamericano y refrendada por el presidente Lyndon Johnson el 2 de noviembre de 1966. Bajo esta ley, los inmigrantes cubanos, junto con sus parientes ya presentes con ellos en los Estados Unidos pueden solicitar y obtener la designación de “parole,” que después de un año los hace elegibles para obtener la residencia permanente. Cinco años después de haber adquirido la residencia permanente, los cubanos pueden obtener la ciudadanía norteamericana al igual que cualquier otro residente permanente.

Sin embargo, a diferencia de la la ley Helms-Burton de 1996 que codificó como ley el bloqueo económico contra Cuba y que por lo tanto requiere que el Congreso apruebe otra ley para ser enmendada o abolida, la CAA deja la decisión de conceder la residencia al Procurador General (Attorney General) “bajo su discreción y conforme a las reglas que él decida establecer.”

Fue así como desde un principio la CAA tuvo la flexibilidad para permitir la restricción y la eliminación total de sus estipulaciones principales. Sin embargo, dado que cualquier acción de este tipo por parte de un procurador general puede tener altos costos políticos, el presidente puede forzar al poder legislativo a compartir estos costos, al incluir cambios a la CAA dentro de un paquete más amplio de reformas de inmigración como vehículo ideal para esconder cualquier modificación o la abrogación de la CAA.

Pero la probabilidad de que cualquier reforma inmigratoria general, por muy modesta que sea, vaya a ser aprobada en un futuro cercano por un Congreso controlado por repúblicanos es mínima, lo que aumenta la posibilidad de una legislación solamente enfocada en el caso cubano.

“Pies Secos – Pies Mojados”

La severa crisis económica en Cuba, provocada por la caída del bloque soviético, que llegó a su punto más crítico entre 1992 y 1994, causó problemas muy serios de desnutrición, entre ellos, una epidemia de neuropatía con 50 mil casos reportados que particularmente afectó la visión de las víctimas de la epidemia.

Después de los motines callejeros en el Malecón de La Habana en agosto de 1994 provocados por esta crisis, Fidel Castro permitió la salida libre de Cuba a todos los que querían marcharse. Así lo hicieron miles de personas, frecuentemente en balsas en las que arriesgaron y muchos perdieron la vida. Esta emigración masiva llevó a los guardacostas norteamericanos a detener a 30.879 cubanos en el estrecho de la Florida desde agosto a septiembre de 1994.

La crisis de los balseros fue la causa principal de los acuerdos migratorios entre los Estados Unidos y Cuba en septiembre del 1994 y mayo del 1995. Estos acuerdos, refrendados anualmente entre ambas naciones desde entonces, continuaron la política norteamericana anterior de puertas abiertas, aunque los Estados Unidos acordaron, también, aceptar a 20 mil inmigrantes cubanos cada año, que serían procesados por la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Y en lo que se convirtió en la política de “pies secos – pies mojados” los Estados Unidos también aceptaron retornar a la Isla a los cubanos detenidos por la Guardia Costera norteamericana en el estrecho de la Florida – lo que ha sucedido en miles de casos – y permitir a aquellos cubanos que se las arreglaron para llegar a tierra firme en los Estados Unidos acogerse a los derechos otorgados por la ley CAA.

Estos acuerdos proporcionaron una vía migratoria más segura y calmaron un poco el ansia de los cubanos por emigrar a los Estados Unidos. Pero no lograron satisfacer el deseo de todos los que querían emigrar, como lo demonstró el número creciente de cubanos, más allá de los 20 mil acordados, que solicitaron emigrar a los EE.UU. Inicialmente, para repartir los permisos, los Estados Unidos establecieron una lotería, más tarde abolida por el gobierno cubano, conocida en la Isla como “el bombo.” En la primera lotería, que tuvo lugar en noviembre del 1994, participaron 189.000 solicitantes; para la segunda lotería habían aumentado a 435.000 y en el verano de 1998, a 541.000.

Un “enclave bifurcado”

Principalmente como resultado de los acuerdos de 1994-1995, más de 600.000 cubanos han entrado legalmente a los EE.UU. Estos inmigrantes – más los que vinieron antes, como los 125.000 que salieron del puerto de Mariel en la primavera de 1980 – proceden mayormente de clases más modestas que aquellos que los que les precedieron en los 60 y 70.

Son estos inmigrantes posteriores a los 80 los que se han convertido en la clara mayoría de la población cubano-americana en los EE.UU., a medida que los cubanos más adinerados que llegaron antes, especialmente en los 60, se han ido muriendo, y sus descendientes no son tantos como los inmigrantes más recientes.

El sociólogo cubano-americano Alex Portes describe a la comunidad cubano-americana actual como un “enclave bifurcado.” De un lado se encuentran los que vinieron en los 60 y 70 con sus hijos pudientes, quienes para los conservadores de las ciencias sociales constituyen la “minoría modelo” que los inmigrantes latino americanos debieran emular. Del otro lado están los que vinieron a partir de los 80, a los que no les ha ido tan bien y quienes de hecho tienen un perfil socio-ecónomico similar a otros grupos de inmigrantes latinoamericanos.

En contraste con los exilados antiguos y sus descendientes, muchos de los inmigrantes recientes visitan la Isla frecuentemente – más de 300.000 al año – e, independientemente de su actitud respecto al gobierno cubano, están más preocupados por el bienestar de sus parientes en Cuba que con la política del exilio cubano. Van a Cuba no solo para visitar a sus parientes, sino también para llevarles dinero, obsequios, y para pagarles la estancia en hoteles turísticos como los de la playa de Varadero (estancia que les fue vedada mientras Fidel Castro estuvo en el poder).

Por lo tanto, no es sorprendente que las encuestas de opinion pública muestre a la mayoría de cubano-americanos residentes en la Florida a favor de una política de normalización en las relaciones de ambos países. A pesar de que las dos terceras partes de los cubanos que llegaron de los 90 no son ciudadanos, y los cubanos conservadores adinerados tienen gran poder sobre los medios de comunicación y el sistema político local. Los tres representantes de origen cubano de la Florida son todos Republicanos de derecha firmemente, comprometidos con el bloqueo económico contra Cuba.

Pero el ambiente en el sur de la Florida está cambiando en la dirección opuesta: Barack Obama obtuvo el 48 por ciento de los votos cubano-americanos (con proporciones mayores entre los más jóvenes) en las elecciones del 2012, una clara indicación de la tendencia política en ascenso entre los cubano-americanos del sur de la Florida de alejarse de la derecha.

La derecha cubano-americana

Desde hace tiempo, la derecha cubano-americana ha estado preocupada por el cambio en la composición social y política de la inmigración de la Isla a los Estados Unidos.

Los tres congresistas cubano-americanos de derecha – Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, y Carlos Curbelo – han criticado públicamente a los cientos de miles de cubano-americanos que viajan a Cuba para visitar y gastar su dinero con sus parientes en la Isla. En una entrevista con una estación de televisión de la Florida en el 2009, Díaz-Balart llegó al extremo de comparar a los cubano-americanos que viajaban a Cuba con los hombres de negocios que sin escrúpulo alguno hicieron tratos con los Nazis durante el Holocausto.

Y cuando el gobierno cubano liberalizó la emigración en el 2012 y extendió el período que los cubanos podían residir en el extranjero sin perder sus derechos ciudadanos en la Isla – permitiéndoles así a los cubanos obtener la residencia en los EE.UU y al mismo tiempo preservar sus derechos en Cuba – Díaz Balart se unió a Ros-Lehtinen, la más antigua de los congresistas cubano-americanos del sur de la Florida, para denunciar las reformas cubanas como una amenaza al CAA.

Ahora con la reanudación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, la derecha dura cubano-americana está demandando la abrogación, o por lo menos una enmienda mayor del CAA con mucha más insistencia que antes, dado que es muy claro que el CAA ya no sirve sus propósitos originales y tiende más a beneficiar que a dañar los intereses del gobierno cubano.

Es por eso que Ros-Lehtinen declaró que “uno no puede decir dos cosas simultáneamente: que Cuba es igual que cualquier otro país, y que voy a pedir asilo político con la garantía de la Ley de Ajuste Cubano. Algo tiene que cambiar, porque no es posible mantener dos conceptos, el de persecución y el de relaciones diplomáticas.” Ros-Lehtinen agregó que “será un milagro si la Ley de Ajuste Cubano sobrevive a este período de sesiones del Congreso, porque no se puede mantener relaciones con un gobierno y mantener un privilegio que no existe para ningún otro grupo,” aunque concedió que probablemente la ley “solo sería modificada.”

El CAA y los Castro

Desde que el CAA fue aprobado en 1966, el gobierno cubano ha denunciado la ley como una política asesina, y la ha culpado de la emigración de numerosos cubanos a la Florida, ignorando los factores internos que, sin duda alguna, han propiciado esa inmigración. Aunque es verdad que a consecuencia del CAA miles de balseros han arriesgado – y muchos han perdido – la vida, cruzando ilegalmente el golfo de México para llegar a pisar tierra en la Florida. Sin embargo, la gran mayoría emigra ahora a través de México, a donde llega en lanchas de motor mucho más seguras que las balsas de años pasados.

El gobierno cubano también pasa por alto el hecho de que la emigración facilitada por el CAA ha funcionado como una válvula de escape para el descontento interno que crece en la Isla por condiciones tales como la alta tasa de desempleo, empeorada por la decisión gubernamental de cesantear a medio millón de trabajadores (en una fuerza laboral de 5.2 millones de personas) que comenzó a implementar en el 2010.

Hay que agregar que cuando el gobierno cubano liberalizó las reglas de emigración en el 2012, lo hizo teniendo muy en cuenta el CAA: utilizó esta ley para que la emigración a EE.UU fuera más atractiva y así resolver algunos de los problemas de la economía cubana como el desempleo. Al mismo tiempo sigue negando a sus ciudadanos la libertad de movimiento ilimitada para entrar y salir de Cuba, aún después de haber liberalizado sus leyes de emigración. Sigue siendo uno de los pocos países que todavía limita los derechos ciudadanos de sus emigrantes.

“Robo de cerebros” médicos  

En el 2006, el gobierno de Bush, siguiendo la lógica política del CAA, estableció el “Cuban Medical Professional Parole Program (CMPP)” que le permite al personal médico cubano destacado en otros países por órdenes del gobierno, ingresar directamente a los Estados Unidos desde dicho país.

El número de personal médico cubano así admitido en los EE.UU. bajo el CMPP ha crecido significativamente. Llegó a su punto más alto cuando en el 2014, mil 278 personas – el tres por ciento del total destacado en el extranjero – entraron a los EE.UU. El gobierno cubano ha denunciado este programa como un ejemplo del “robo de cerebros” perpetrado por los Estados Unidos entre otros países desarrollados.

Sin duda alguna, la política del gobierno cubano de enviar personal médico al extranjero ha hecho contribuciones muy positivas, particularmente en casos tan dramáticos como la epidemia de ébola en el Africa Occidental. Pero la exportación de servicios médicos cubanos también se ha convertido en un gran negocio para el gobierno cubano, con una entrada anual de aproximadamente 8.200 millones de dólares. El programa ha sido particularmente importante en Venezuela, donde los servicios médicos cubanos se intercambian por gran cantidad de petróleo, un recurso vital para la economía cubana.

En última instancia, son más que nada las políticas del gobierno cubano las que son responsables del grado de éxito que el gobierno norteamericano ha tenido en estimular la “deserción” del personal médico cubano. Para comenzar, mientras que muchos países requieren que los médicos compensen al estado por haber recibido una educación médica gratuita a través de un servicio social de duración limitada, en Cuba este servicio social prácticamente no tiene límites.

Hoy en día, como resultado de un aumento de salario concedido a principios del 2014, los médicos ganan $60 mensuales y las enfermeras $40. Pero aún con este aumento, los médicos ganan mucho menos que los cuentapropistas como taxistas, obreros calificados en el sector de la Construcción, y dueños de pequeños restaurantes familiares (paladares), que constituyen de 20 a 25 porciento de la fuerza laboral, y quienes tienen mucha menos educación y entrenamiento.

Es cierto que los médicos cubanos que trabajan en el extranjero, típicamente bajo contratos de corta duración, obtienen ingresos significativamente más altos. En Venezuela, por ejemplo, obtienen un bono adicional de 3 mil Bolívares mensuales ($477.71). Pero como cualquier otro profesional, no son los “actores racionales” de la fantasía neoliberal, que abstractamente tratan de maximizar el rendimiento de su capital humano mudándose a donde sea necesario para lograr esas metas. Los factores que afectan su motivación son muchos y más complejos, como su autonomía profesional, sus expectativas con respecto a las mejoras profesionales y materiales que pueden obtener en la Isla, y sus ideales de cómo servir a su país.

La cuestión cardinal es si ellos consideran que Cuba les brinda la oportunidad de mejorar su situación material y profesional correspondiente a su educación y entrenamiento – aunque no puedan alcanzar los niveles materiales y profesionales de las grandes metrópolis. Si los médicos cubanos sintieran que las cosas van a mejorar en su país, estarían mucho menos interesados en abandonarlo.

Pero como en tantas otras cuestiones, el estado unipartidista ha tratado de resolver los problemas de “deserción” médica y “robo de cerebros” a través de medidas burócraticas y policíacas. Así por ejemplo, el Ministerio de Salud cubano recientemente ordenó que los familiares de los médicos cubanos destacados en Brasil debían retornar a la Isla antes del primero de febrero de 2015, so pena de perder sus trabajos. El gobierno cubano lanzó este ultimátum a pesar de una nueva ley brasileña que facilita la estancia de los parientes del personal médico cubano mientras estos últimos estén rindiendo servicios médicos en dicho país.

Hacia una política de fronteras abiertas

Independientemente de los beneficios – y de los costos pagados con las vidas de los ahogados en el golfo de México – que el CAA ha significado para los cubanos, el destino del CAA está en las manos del gobierno norteamericano.

En los Estados Unidos el CAA ha sido criticado a lo largo del espectro político. Aparte de la derecha dura cubana, hay una parte de la derecha norteamericana que también quiere abolir el CAA, aunque como parte de un proyecto más amplio para detener la inmigración en general – sobre todo de la América Latina – para proteger la así llamada homogeneidad cultural y racial de los EE.UU., y más que nada para preservar la mayoría electoral de los blancos.

Por su parte, los críticos de izquierda del CAA sostienen con razón que la aprobación inicial del CAA, no obstante las pretensiones humanitarias de Washington, fue motivada principalmente por la competencia imperialista entre Moscú y Washington, y más específicamente por los esfuerzos de Estados Unidos por derrocar por la fuerza al gobierno cubano para mantener su hegemonía imperial en el hemisferio occidental.

Aún así, esta es una cuestión que no debe ser confundida con el derecho que los cubanos deben tener – como todos los ciudadanos de cualquier país – para abandonar la Isla por la razón que sea, incluyendo su oposición al gobierno. En muchas ocasiones, el mismo Fidel Castro proclamó que la revolución era un proyecto voluntario y que los que no la apoyaban tenían la libertad de marcharse. Pero durante la mayor parte de los 47 años que Fidel Castro estuvo en el poder fue muy difícil emigrar, salvo por aperturas relativamente breves cuando muchísimos cubanos abandonaron la Isla. Y, como mencioné anteriormente, aún las nuevas reglas aprobadas bajo Raúl Castro liberalizando la emigración no le conceden a los cubanos el derecho incondicional de emigrar.

La gente, especialmente en los países económicamente subdesarrollados, deberían poder moverse libremente a través de las fronteras en busca de una vida mejor. La emigración libre no es una mera utopía. La Unión Europea permite el libre movimiento de los ciudadanos de los países que la integran a través de sus fronteras internas (aunque esto, por supuesto, no ha evitado la crisis de refugiados en Europa, un resultado de las guerras y el frecuente desplazamiento y desempleo producido por la economía del imperialismo occidental en el Sur Global.)

Hace menos de cien años, los mismos Estados Unidos permitieron la inmigración ilimitada (con la excepción de sus políticas de exclusión de asiáticos.) A finales del siglo 19 y principios del siglo 20, los trabajadores tabaqueros cubanos viajaban frecuentemente entre La Habana en Cuba, y Cayo Hueso y Tampa en la Florida, lo que apenas era un día de viaje en barco de vapor, en lo que de muchas maneras funcionaba como un mercado de trabajo unificado.

Desde esta perspectiva, el argumento más poderoso que se pudiera hacer contra el CAA es que discrimina a favor de los cubanos a expensas de los otros pueblos del Caribe y América Latina. Sin embargo, la realidad es que los privilegios migratorios que los cubanos reciben por el CAA representan un tipo de favoritismo sui generis, en el sentido de que no es un juego de suma cero, donde lo que unos pierden otros lo ganan.

Los beneficios que los cubanos reciben a causa de esta ley no van a acabar beneficiando a otros inmigrantes caribeños y latinoamericanos en la ausencia del CAA, y la abrogación del CAA no hará absolutamente nada por aumentar la posibilidad de obtener derechos de residencia o amnistía para cualquier otro grupo de trabajadores indocumentados, ni aumentará de manera alguna la cantidad de inmigrantes a los que se le permita entrar de otros países. De hecho, dada la nueva hostilidad hacia el CAA por parte de los miembros del congreso pertenecientes a la derecha cubano-americana, es muy posible que el CAA sea abrogado, o desprovisto de sus aspectos más importantes, sin que el Congreso norteamericano tome ningún paso hacia una reforma integral de las leyes de inmigración.

Es por eso que deberíamos asegurar que el CAA se mantenga en vigencia. En vez de instar a que se abrogue o se debilite dicha ley, los progresistas deberían, como punto de partida hacia un movimiento por una política de fronteras abiertas, presionar para extender los privilegios y beneficios de esta ley a otros inmigrantes.

Un buen lugar para comenzar sería Haití – país vecino de Cuba y uno de los más pobres del hemisferio occidental. A pesar de la pobreza abrumadora que reina ahí, los haitianos que llegan a los Estados Unidos, no reciben los beneficios concedidos a los cubanos emigrados. Por razones políticas, económicas y humanitarias, los haitianos – junto con muchos otros – merecen el mismo trato que los cubanos.

Samuel Farber nació y se crió en Cuba. Su último libro es Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment (Haymarket Books)