Venezuela: Constituyente combativa y combatida

Humberto Márquez

06/08/2017

Sin la participación de la oposición en los comicios, los 545 asambleístas electos se identifican con el oficialismo y es así que la asamblea constituyente ya es otra pieza en la aguda confrontación y polarización política en el país petrolero. Lo es desde que Maduro la anunció el pasado 1 de mayo, bajo una lluvia de críticas dentro y fuera del país, pero con respaldo de la mayor parte de las instituciones del Estado, incluida la Fuerza Armada, y del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), creado por el fallecido líder Hugo Chávez.

La polémica que arropó el llamado a constituyente abarcó la legalidad de la convocatoria, de la composición y reglas de elección diseñadas por el gobierno, su pertinencia y utilidad, sus poderes y atribuciones y, finalmente, el acto mismo de votación y sus resultados.

Números

En la elección de la constituyente participaron 8.089.320 electores, informó el arbitral Consejo Nacional Electoral (Cne). El padrón electoral es de 19.496.000 mayores de 18 años, por lo que la participación fue de 41 por ciento. La abstención de 59 por ciento es la segunda más alta en la decena de consultas efectuadas en el siglo XXI. Dos semanas atrás, el 16 de julio, la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (Mud) organizó una consulta propia, sin el aval del Cne, pidiendo rechazar la constituyente, y sostuvo que participaron 7,6 millones de electores, de los cuales unos 700 mil están en el exterior. La votación más alta registrada en la historia electoral de Venezuela la alcanzó Chávez al ser reelegido presidente en 2012 con 8.191.132 votos, 55 por ciento, frente a 6,6 millones (44 por ciento) de su rival Henrique Capriles. Muerto Chávez, Maduro ganó en 2013 con 7.587.579 votos (50,6 por ciento) frente a 7.363.960 de Capriles (49 por ciento). En la elección parlamentaria de diciembre de 2015 la Mud recogió 7.726.066 votos y el Psuv y sus aliados 5.622.844.

Jorge Rodríguez, ex presidente del Cne y jefe de la estrategia oficialista, sostuvo que en la elección para la constituyente pudieron participar más de 10 millones de electores, si no se lo hubiesen impedido protestas que bloquearon calles y carreteras, destruyeron máquinas de votación y generaron violencia, incluso con cuatro municipios (de los 335 que tiene el país) en los Andes del suroeste que quedaron completamente imposibilitados de elegir.

La jornada del 30 de julio fue particularmente violenta, sobre todo en los Andes. Perecieron 15 personas en hechos relacionados con las protestas, y decenas resultaron heridas. Entre las víctimas hubo efectivos militares y policiales.

Acusaciones

La Mud, que tilda la elección del domingo de “fraude constituyente”, sostuvo que, una hora antes del cierre de los comicios, habían sufragado 2.486.000 personas, 12 por ciento del padrón. Capriles dijo a su vez que no votaron más de 3 millones. El miércoles la agencia de noticias Reuters dijo haber consultado datos del Cne según los cuales hora y media antes del cierre habían votado 3,7 millones de personas. El mismo día, Smartmatic, la firma que desde 2003 provee todo el software del Cne, aseguró que los resultados fueron abultados en al menos un millón de votos. “Sabemos, sin ninguna duda, que la participación de la reciente elección para una asamblea constituyente fue manipulada”, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Antonio Mugica. Contrastando con estas afirmaciones, una misión del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) en Venezuela afirmó en un informe que tenía “la certeza que el sistema electoral venezolano (…) es confiable, transparente y seguro, y garantiza la inviolabilidad e invulnerabilidad del sufragio”.

Difícil registro 

El poder electoral y el Ministerio de Defensa declararon “zona de seguridad” la comprendida dentro de un perímetro de 500 metros alrededor de cada centro de voto, con prohibición expresa de acercarse para la prensa, salvo autorizaciones precisas en cada caso. Tampoco pudieron hacerlo habituales firmas encuestadoras y de boca de urna, lo que podría explicar la disparidad de sus estimaciones sobre la participación. Recorridos de periodistas, activistas políticos y de Ong, y de ciudadanos que lograron imágenes de locales de voto mostraron una escasa participación, aunque también una afluencia semejante a la de otros procesos en algunos grandes centros. También hubo aglomeraciones de votantes en centros que el Cne dispuso para que sufragasen electores de áreas donde no pudieron instalarse centros debido a la resistencia opositora. Este corresponsal vio cerrados varios tradicionales centros de voto en la región capital, otros abiertos pero sin apenas votantes a distintas horas, y algunos con una afluencia parecida a la de otros procesos, en bastiones del oficialismo al oeste de Caracas. Reportes de colegas desde el interior del país dieron cuenta de una afluencia mucho más baja que en otros procesos, aunque también imágenes de esfuerzos de electores por sufragar, como una fila de votantes cruzando a pie un río para evadir barricadas. El Cne habilitó en todo el país sólo poco más de la mitad de las 45 mil mesas que empleó para la elección parlamentaria de 2015, según datos del propio Cne.

En el centro y oeste de Caracas unos electores de la tercera edad dijeron a Brecha que votaron porque si llegaban al poder los opositores, podían perder la pensión de vejez, que en Venezuela es entregada por el Estado. Algunos que lo hacían “como un seguro para tener Clap”, siglas de los progubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción, estampadas en las bolsas con alimentos a precios subsidiados que se distribuyen en barriadas pobres. Otros dijeron que “estamos cansados de la agitación”, “queremos que se acabe la violencia” o “a ver si mejora la economía”. También algunas frases como “apoyamos el proceso que inició el presidente Chávez”.

Batalla por la legitimidad

La guerra de cifras se explica porque refiere a la legitimidad de la asamblea constituyente, que al reordenar la política y las instituciones del país actuaría por ejemplo sobre la Asamblea Nacional, el parlamento elegido en 2015 por unos 13,5 millones de votantes. Y también porque según sus defensores es un mandato inequívoco para profundizar el proceso de revolución bolivariana que inició Chávez en 1999, mientras que según sus detractores representa la culminación de un fraude anticonstitucional. El oficialismo sostiene que las cifras son auditables, mientras que la oposición argumentó que los controles fueron pulverizados cuando se permitió a los electores sufragar fuera de sus centros de voto (porque en el momento de ir a votar no se podría verificar que la misma persona no hubiese votado ya en otro lugar), no se marcó un dedo con tinta indeleble y de las 110 fases de control previo y auditoría usuales en elecciones en Venezuela se habrían realizado sólo 40. Las reglas que estableció el gobierno para la elección de la constituyente no permitían que se presentaran partidos a la elección. Aunque sí hubo identificación biométrica, ésta no activaba las máquinas de votación, lo hacían los funcionarios electorales y como la oposición no presentó candidatos, no pudo acreditar testigos en las mesas de votación para controlar que no se votara por personas que no acudieron a las urnas.

Se agrega la evaluación política. Para el oficialismo, la población respaldó en masa los llamados de Maduro a la paz y a sostener el legado de Chávez, a contener la oposición que se le hace desde el parlamento y la Fiscalía General, y a continuar programas como la entrega de cientos de miles de viviendas a familias pobres, millones de pensiones y el programa alimentario Clap. Para la oposición no es creíble que Maduro obtenga tantos votos como Chávez en su mejor momento político y de bonanza económica. La inflación, sin cifras oficiales, la ubican firmas privadas entre 500 y 700 anual, se ha acentuado la carestía y escasez de alimentos en los mercados, el déficit de medicinas, deterioro de servicios, incluidos transporte y suministro de gas para cocinar, mientras crece el éxodo de jóvenes al extranjero. Los precios del petróleo crudo, verdadero “salario nacional” de Venezuela, han caído desde niveles de 100 dólares el barril en 2012-2013 a unos 40 dólares en 2016-2017. Se multiplica la impresión de dinero inorgánico con impacto en inflación y devaluación, en este país dependiente de las importaciones incluso para los alimentos Clap.

Lo internacional 

Entidades del sistema internacional, como la Oea, la Unión de Naciones Suramericanas (con apoyo del Vaticano) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, fracasaron en sus intentos de sentar a los contendientes venezolanos a una mesa de diálogo antes de que se convocase en mayo la asamblea constituyente.

Tras declarar que la convocatoria constituyente agravaría el cuadro de crisis política en Venezuela, varios gobiernos optaron por medidas unilaterales, concertadas o no con otros países. Declaraciones, congelación de haberes y prohibición comercial para altos funcionarios (como hizo Estados Unidos), retiro de embajadores y anuncios de preocupación o de condena por la realización de la constituyente. Bolivia, Cuba, Nicaragua y Rusia respaldaron la constituyente, Brasil, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Uruguay muestran preocupación, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y un nutrido grupo de naciones europeas condenaron el proceso y anunciaron que no reconocen esa asamblea constituyente. Perú ha convocado a una reunión de gobiernos americanos sobre el tema Venezuela para el 7 de agosto.

La mayoría de las críticas del exterior se centraron en el “carácter corporativista” de la elección, pues los nuevos asambleístas fueron electos sobre una base territorial (364 asambleístas), con un representante por municipio, lo que implicó una sobrerrepresentación de zonas poco pobladas donde el oficialismo es fuerte, y sobre la base de listas de grupos sociales escogidos en la convocatoria (181): trabajadores, pensionados, campesinos, estudiantes, consejos comunales, empresarios, personas con discapacidad e indígenas.

¿Quiénes son? 

Prácticamente toda la plana mayor del oficialismo que no está en funciones de gobierno o a la cabeza de otros poderes nacionales y regionales quedó entre los “constituyentistas”, como se les llama en Venezuela. Aunque se prohibió a los partidos políticos presentar candidatos, pues se convocó como una elección “ciudadana y comunal” con postulaciones de personas o grupos, las figuras prominentes son todas del Psuv.

En primer lugar, cuatro que han sido vicepresidentes de la República, con Chávez o Maduro: Diosdado Cabello, capitán retirado del ejército que se acompaña con mandos militares en su programa de tevé Con el mazo dando, es el “número dos” del Psuv; el sociólogo Elías Jaua, el abogado Isaías Rodríguez y el docente Aristóbulo Istúriz, éstos últimos inicialmente formados en la socialdemocracia.

Está la esposa del presidente, Cilia Flores, ex parlamentaria, quien rehúsa ser llamada “primera dama” y en los actos partidistas y de gobierno se la presenta como “primera combatiente”. También el izquierdista militante Adán Chávez, hermano del fallecido Hugo.

Ex guerrilleros en los años sesenta, como Julio Escalona o Fernando Soto, compartirán con militares que acompañaron a Chávez en su rebelión de 1992, y con jefes sectoriales o regionales del Psuv, ex funcionarios, ex parlamentarios e incluso varios que fueron “constituyentistas” en 1999, cuando Chávez impulsó una carta magna que, paradójicamente, ahora sus seguidores van a modificar y los oponentes quieren mantener.

¿Qué harán? 

La Constitución de 1999 asigna a una asamblea constituyente la tarea de redactar una nueva ley fundamental. La elegida el 30 de julio no tiene fecha límite para funcionar y cumplir el cometido de escribir el nuevo texto. Por eso, mientras tanto, se propone dictar normas y disposiciones con valor de leyes no objetables (según reiteradas declaraciones del gobierno y de personajes que hoy integran la constituyente, como Cilia Flores o Diosdado Cabello que habló de “actos constituyentes”) por ninguno de los poderes constituidos, que en Venezuela son cinco: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral o Ciudadano, integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Maduro y otros líderes proponen que la asamblea constituyente aborde con carácter de urgencia, es decir, en cuestión de días o a lo sumo semanas, varios temas.

Entre ellos está en la agenda “voltear patas arriba” (en palabras de Cabello) la Fiscalía General, cuya titular, Luisa Ortega, se opuso a la constituyente y ha denunciado una “ruptura del orden constitucional” por parte del gobierno y el Tribunal Supremo. “Acabar con la inmunidad parlamentaria (de los diputados a la Asamblea Nacional elegida en 2015) que genera impunidad” y, de hecho, remplazar al parlamento. Establecer una comisión de la verdad que examine los delitos cometidos por activistas políticos en los últimos años y prestar apoyo al presidente en labores frente a la crisis económica y el creciente aislamiento internacional.

Periodista, enviado especial de la revista uruguaya Brecha a Caracas.
Fuente:
http://brecha.com.uy/, 4 de agosto 2017