Venezuela: de los dichos a los hechos

Humberto Márquez

12/08/2017

La confrontación política venezolana ha entrado en una nueva fase, caracterizada porque las partes en conflicto asumen posiciones más fuertes y definidas, y del discurso han pasado a los hechos para acorralar al adversario, mientras en el entorno internacional los gobiernos se comprometen con decisiones y medidas: un grupo de países a favor y otro en contra del presidente Nicolás Maduro. Tras el amplio dossier publicado la semana pasada en Sin Permiso, reproducimos ahora la crónica política del corresponsal en Caracas de la revista uruguaya Brecha.

La Asamblea Nacional Constituyente (Anc) convocada por el presidente, Nicolás Maduro, se instaló y de inmediato traspuso la línea divisoria entre las advertencias y los hechos: se declaró por encima de todos los poderes existentes en Venezuela, asumió funciones y ocupó espacios del parlamento, removió a la fiscal general y creó una comisión de verdad, justicia y reconciliación para dirimir responsabilidades en la violencia que ha marcado la lucha política en el país petrolero.

Esas primeras medidas fueron adoptadas de modo relámpago, por unanimidad y sin debate, en las dos primeras sesiones de la Constituyente, instalada el 4 de agosto tras elegirse el 30 de julio. Sus 545 integrantes son partidarios del oficialismo, pues la oposición boicoteó la convocatoria y la elección.

En el plano internacional también se definieron posiciones. Cancilleres de 12 países americanos reunidos en Lima el pasado martes 8 produjeron una declaración de condena al gobierno de Maduro y a la Constituyente por la “ruptura del orden democrático”, y también pasaron de sólo hacer llamados a tomar medidas para aislar y presionar a Caracas.

Esos gobiernos son los de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los de Uruguay, Jamaica, Grenada, Guyana y Santa Lucía participaron en la cita limeña, pero no suscribieron el texto (véase nota en página 4). Estados Unidos y la Unión Europea apoyan la crítica, y en particular Washington prepara sanciones sobre Caracas, pues ya califica a su gobierno como “una dictadura”.

Por otro lado, el mismo día se reunió en Caracas el consejo político (cancilleres) de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), con representantes de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Haití, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Hubo rechazo a las sanciones estadounidenses sobre autoridades venezolanas y nueva exhortación al diálogo entre gobierno y oposición.

Mientras, en el país no hay reposo para la sucesión de acontecimientos: en la última semana se produjo un ataque de militares disidentes a un estratégico cuartel, con robo de armas, varios muertos, heridos y detenidos; emblemáticos políticos presos fueron devueltos de la cárcel militar a situación de arresto domiciliario; un general ex jefe del Ejército fue sacado de prisión y está “desaparecido”; la fiscal general fue destituida y en su lugar asumió el defensor del pueblo; se reagrupan los “chavistas no-maduristas”; la Sala Constitucional del Tribunal Supremo destituye, inhabilita y arresta a alcaldes opositores que no impiden las protestas callejeras en sus municipios; el alto mando de las fuerzas armadas ratifica su declaración como antiimperialista y su apoyo a Maduro y a la Constituyente; y la oposición, pese a declararse en desobediencia, recoge el guante lanzado por el poder electoral y acepta inscribir candidatos para las elección de gobernadores regionales el próximo diciembre.

Constituyente relámpago 

La asamblea convocada por el presidente Maduro se instaló en el Salón Elíptico, un espacio cargado de símbolos y obras de arte en el capitolio local, que también es sede de la Asamblea Nacional, el parlamento de mayoría opositora y en el que no participan desde enero los diputados del oficialismo. Su labor será reescribir la Constitución de 1999, impulsada por el fallecido líder Hugo Chávez, y a la vez dictar leyes y decretos para reestructurar la vida política, económica e institucional del país. Su primer rasgo distintivo ha sido la celeridad; dejó atrás la discusión numérica sobre la participación en las elecciones, votos nulos (estas cifras no han sido publicadas) o resultados de cada mesa o centro de sufragio, y se instaló cuatro días después de la elección.

La ex canciller Delcy Rodríguez fue elegida presidenta, y Aristóbulo Istúriz e Isaías Rodríguez, quienes fueron vicepresidentes de la Constituyente de 1999, repitieron en esos cargos. Un día después, sin discusión y con votación a mano alzada, la novel asamblea destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, opuesta a que se eligiese esa Constituyente, y la remplazó por el hasta ahora defensor del pueblo, Tarek Saab. En la siguiente sesión produjo un acuerdo en respaldo a las fuerzas armadas, uno de cuyos cuarteles sufrió un ataque armado, y se declaró superpoder al que deben someterse todos los poderes constituidos, es decir, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y el poder Moral o Ciudadano, que integran la fiscalía, la contraloría y la defensoría del pueblo. Delcy Rodríguez anunció que ya se aprobó un decreto para “garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos” y establecer que “todos los organismos del poder público quedan subordinados a las decisiones de la Asamblea Constituyente”. Recordó el penúltimo artículo de la Constitución de 1999 según el cual “el poder constituido no podrá impedir ni obstaculizar las decisiones que asuma el poder constituyente originario”.

Sorpresa en el fuerte 

La madrugada del domingo 6 un grupo de individuos traspasó bajo engaño un puesto de policía del Fuerte Paramacay, asiento de una brigada blindada del Ejército en Valencia, urbe industrial 100 quilómetros al oeste de Caracas. Los asaltantes llegaron hasta el parque de armas y se entabló un combate a tiros con los defensores del arsenal, oído por habitantes de la zona, con el resultado de dos atacantes muertos, varios heridos, así como algunos efectivos leales, y ocho detenidos, entre ellos un oficial desertor.

El Ministerio de Defensa reconoció que un grupo logró huir con algunas armas, sin confirmar ni desmentir a medios locales que dieron cuenta del robo de 93 fusiles AK-103 de fabricación rusa, cuatro lanzagranadas y algunas pistolas y municiones. El gobierno informa que los cuerpos de seguridad están abocados a buscar las armas y a los asaltantes. Un teniente del Ejército, José Gutiérrez, está entre los detenidos.

El episodio dio pie a 24 horas de versiones contradictorias, especulaciones y rumores. Circuló un video en el que un capitán retirado de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, se atribuyó la acción como preámbulo de alzamientos en varias unidades militares, las que no se produjeron. En Valencia algunos civiles salieron a manifestar apoyo a los supuestos militares rebeldes, y al dispersarlos fuerzas antimotines se registró un muerto.

Dos días después, la Asamblea Constituyente invitó al alto mando militar para apoyarlo frente al ataque en Paramacay. Allí el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, sostuvo que “gente de la partidocracia de la cuarta república (antes de la llegada de Chávez al poder en 1999) quisiera seguir viendo a generales cuidando sus fincas o grandes empresas. No se ha entendido que son las fuerzas armadas para garantizar la independencia nacional, y de allí su carácter antiimperialista”.

Presos van y vienen 

Mientras se persigue a los asaltantes, el general retirado Raúl Baduel, quien fue comandante del Ejército y ministro de la Defensa de Chávez antes de romper con el líder en 2007, fue sacado de su celda en una prisión militar cerca de Caracas y llevado con rumbo desconocido, según sus familiares. Baduel, quien purgó siete años de cárcel por desvío de fondos cuando fue ministro, fue inculpado el pasado marzo de traición a la patria e instigación a la rebelión. Se ignora si puede haber alguna relación entre su repentino traslado y los hechos de Paramacay.

Los dos presos civiles más emblemáticos, Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas, y Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, estaban bajo arresto domiciliario, el cual aprovecharon para grabar videos animando la protesta política. Fueron llevados por dos días a la cárcel y, en otra madrugada, de nuevo devueltos a sus domicilios.

Entretanto, la Sala Constitucional del Supremo, actuando como tribunal penal, ha destituido, inhabilitado para ejercer cargos y ordenado prisión de 15 meses para alcaldes opositores que han tolerado en sus municipios las protestas callejeras con cierres de vías. Los opositores ganaron 70 de los 335 municipios del país hace cuatro años. Trece de ellos han sido castigados por el Supremo y distintas autoridades han tomado medidas contra otros 30. Algunos huyeron al exterior, otros quizá permanecen en la clandestinidad y varios están tras las rejas.

Recogiendo el guante

Al convocar la Constituyente en mayo, el poder electoral anunció elecciones para gobernadores de los 23 estados del país el próximo 10 de diciembre. Los mandatarios regionales, 20 oficialistas y tres opositores, tienen el período cuatrienal vencido desde finales de 2015. Con el viento de la opinión pública a favor, según las encuestas conocidas, la oposición debería ganar la mayoría de las gobernaciones, sobre todo las de los estados más urbanizados y poblados.

La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (Mud), que desconfía del poder electoral y clama porque se cambie su directiva, quedó atrapada en una discusión acerca de si debía participar en la elección de gobernadores a pesar de denunciar desde hace años ventajismo y fraude por parte del Ejecutivo y el propio Consejo Nacional Electoral (Cne).

El socialdemócrata Henry Ramos Allup, jefe del partido Acción Democrática, y Henrique Capriles, ex abanderado presidencial y líder del partido Primero Justicia (centro), cortaron el debate anunciando que presentarían candidatos, y tras ellos la mayoría de las restantes organizaciones decidieron aceptar el desafío de presentarse a los comicios. Posiblemente dos o tres grupos pequeños se mantendrán al margen.

La oposición espera presentar candidaturas unitarias en todos los estados, una táctica que le permitió ganar la mayoría del parlamento en 2015, con la tarjeta (colores y símbolos) de la Mud, como si la coalición fuese un solo partido. El Cne anunció que en siete de las 23 circunscripciones la coalición no podrá inscribir candidatos, porque en ellas pesan sobre la Mud medidas de suspensión de su cualidad electoral. Esas medidas provisionales fueron dictadas por tribunales locales que estudian denuncias de irregularidades cuando la Mud recogió el año pasado firmas para solicitar un referendo revocatorio del mandato presidencial, que no se produjo. Eso no significa que no pueda haber candidatos opositores en esos estados, sino que los de un partido deberán cobijarse bajo la bandera de otro.

El presidente Maduro ha saludado como positiva la decisión de los dirigentes opositores de acudir a las elecciones regionales. Una directora del Cne, Socorro Hernández, advirtió en una reciente entrevista que, de todas maneras, el proceso de elección de gobernadores de diciembre deberá atender las decisiones que adopte la Asamblea Nacional Constituyente.

Oposición a la izquierda 

Un foro en el que coincidieron la fiscal Ortega, líderes de oposición y del denominado “chavismo crítico” animó a grupos y figuras que siguieron al comandante-presidente fallecido en 2013 a conformar un frente democrático bolivariano. El propósito es “convocar a todos los sectores críticos del gobierno de Maduro y de la conducción política de la Mud para articular esfuerzos en defensa de la Constitución” de 1999, según dijo el politólogo Nicmer Evans, uno de sus animadores.

El nuevo frente ya integra a los grupos Movimiento por la Democracia y la Inclusión, de Evans; Movimiento Desafío de Todos, del general retirado Miguel Rodríguez, un cercano colaborador de Chávez; la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, que dirige el diputado Germán Ferrer, esposo de Ortega; y el bloque de chavistas críticos que ya tiene tres diputados en el parlamento y al cual se sumó Marcos Padovani, del grupo Redes, quien era suplente de un diputado que renunció a su curul para integrarse a la Constituyente.

También se mantienen en actitud crítica, frente a la Constituyente y las políticas económicas de Maduro, los ex ministros e intelectuales de la Plataforma por la Defensa de la Constitución, el grupo chavista Marea Socialista y el pequeño Partido Socialismo y Libertad, de orientación trotskista.

Presión internacional 

Además de denunciar una “ruptura del orden democrático” los 12 países –de los 17 que asistieron a la reunión en Lima– avisaron en su declaración que desconocerán a la Asamblea Constituyente y los actos que emanen de ella, en tanto dan “pleno respaldo y solidaridad a la Asamblea Nacional”, el parlamento elegido en 2015. Expresaron solidaridad con la fiscal Ortega y condenaron “la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente” en Venezuela. El duro texto anunció que seguirán más medidas diplomáticas y respaldó la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela del bloque en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático.

En Caracas, entretanto, el consejo político de Alba felicitó al pueblo venezolano por la jornada democrática del 30 de julio, aunque el texto de su declaración no mencionó expresamente el reconocimiento de la Constituyente y su supremacía. Insistió en que “sólo compete a los venezolanos superar sus dificultades, sin intromisión”, y centró su crítica en las sanciones financieras estadounidenses contra autoridades de Caracas, incluido Maduro.

Tanto los 12 cancilleres como Alba abogaron por una negociación o diálogo entre gobierno y oposición que busque salidas pacíficas. En Lima se insinuó la creación de un grupo de países amigos que ayude en esa búsqueda y en Caracas se recordó la oferta de la Comunidad del Caribe (Caricom) anglohablante de actuar como facilitador o mediador. Grenada, presidente de turno de la Caricom, se hizo representar en Caracas y en Lima.

Entretanto, llegan las sanciones. Un día antes de la reunión de Lima, Washington declaró, por boca de la portavoz del departamento de Estado, Heather Nauert, que “no reconoce la legitimidad de la Asamblea Constituyente” porque es “un producto ilegítimo de un proceso defectuoso diseñado por un dictador” para perpetuarse en el poder. A la cita limeña no se invitó a Estados Unidos porque el convocante, Perú, estimó que podría dificultar en vez de agilizar los acuerdos, pero Washington monitoreó la cita. Al día siguiente, otros ocho responsables oficialistas recibieron la sanción que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros estadounidense (Ofac, por sus siglas en inglés) ya había dispuesto para dos grupos de autoridades civiles y militares de Venezuela: congelación de cuentas y bienes en Estados Unidos, prohibición de realizar transacciones con firmas estadounidenses. Esta vez entre los sancionados quedaron Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo; Herman Escarrá, profesor de leyes y uno de los guías de la Constituyente; y Bladimir Lugo, el coronel que, estando a cargo de la unidad que custodia el capitolio, fue grabado cuando gritaba y empujaba al presidente del parlamento, el dirigente opositor Julio Borges. Todo un símbolo de cómo se van definiendo las posiciones fuera de las fronteras de Venezuela.

Periodista, es corresponsal en Caracas de la revista uruguaya Brecha.
Fuente:
http://brecha.com.uy/, 11 de agosto 2017