Colombia: masacre, pero derrota del gobierno. Dossier

El ensañamiento del Estado colombiano con la protesta social: masacrados

Daniela Arias Baquero

Aunque la población logró el retiro de una impopular reforma tributaria, persisten demandas que siguen sin ser escuchadas. Una de las más urgentes es el reclamo contra la violencia policial, que viene dejando cientos de heridos y 37 jóvenes asesinados por manifestarse.

El silencio no puede apaciguar el dolor que se siente cuando se escucha a la madre de Santiago Murillo llorar. «¡Mi hijo, mi único hijo!», dice en un grito que no halla consuelo. «A mí me mataron hoy, que me maten, porque me voy con mi hijo, me voy con mi hijo. Era mi único hijo, me matan hoy, me pegan un tiro también. ¿Dónde está? ¿Dónde está?», dice con voz desgarradora.

Santiago, de 19 años, era un joven de Ibagué, Tolima, al oeste del país, que murió tras recibir un disparo en el pecho por un agente policial durante las protestas que se suceden en estos momentos en Colombia. Al día siguiente, su madre fue acompañada por una multitud, a dos cuadras de su casa, donde su hijo fue asesinado. Por casos como este se protesta en Colombia. Otros jóvenes, como Sebastián, tampoco olvidan. En sus manos sostiene un cartel que dice: «En pie de lucha por nuestros muertos, ni un minuto más de silencio». Ellos no callan ni sucumben ante la represión del gobierno. Según la ONG Temblores, que se encarga de registrar los casos de violencia policial en Colombia, desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo, hubo 37 personas asesinadas, 26 víctimas de agresión en sus ojos, 234 víctimas de violencia física, 11 víctimas de violencia sexual, 98 casos de disparos con arma de fuego y 934 detenciones arbitrarias por parte del Estado.

Sebastián, como el resto de los manifestantes, expone su vida al tercer pico de contagios por coronavirus en el país y a la militarización de las ciudades: el presidente Iván Duque determinó, el 1 de mayo, el despliegue de las Fuerzas Armadas bajo la figura de «asistencia militar» para asegurar el «orden público», lo que ha incrementado la violencia estatal contra los ciudadanos.

En otro de los carteles, un joven de unos 23 años dice: «¡Nos robaron hasta el miedo!». Por eso, entre bombos y banderas de colores amarrillo, azul y rojo, distintos sectores de la población, liderados por una nueva generación de movimientos sociales, se unieron al paro nacional comenzado el 28 de abril. Son miles de personas las que hoy expresan en la calle el descontento generalizado por el exceso de fuerza y por la represión contra la protesta social.

Descontento social y miseria

En la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, Sebastián sale a manifestarse junto con miles de personas que sufren el desempleo, un problema que en marzo, el último mes del que se tienen cifras oficiales, afectaba, al menos, al 14,2 por ciento del total de la población. Entre los jóvenes, la situación es peor: ya antes de la pandemia la desocupación entre ellos era de un 22,5 por ciento. Mientras la marcha avanza, los vendedores informales, una ocupación que emplea a decenas de miles de personas en la capital colombiana, caminan extenuados buscando hacer algo de dinero para llevar a sus familias. Otro grupo de manifestantes que viene protestando por la avenida Séptima es testigo de los rostros desconsolados de personas tendidas en los andenes junto a sus maletas: familias enteras desplazadas por la violencia sufrida en otras partes del país.

A la miseria y a los desplazamientos forzados habituales en el país, la pandemia vino a agregar un desplome del PBI del 6,8 por ciento, el cierre entre enero y octubre del año pasado de más de 500.000 pequeñas empresas y el aumento del desempleo. Veintiún millones de colombianos (un 42,5 por ciento de la población) vive hoy en la pobreza, de acuerdo a las cifras oficiales. Ante una situación tan crítica como esta, la respuesta del presidente Duque y el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla fue proponer una reforma tributaria a la que llamaron Ley Solidaria Sostenible. La reforma buscaba recaudar cerca de 23 billones de pesos (unos 6.000 millones de dólares) de los bolsillos de los colombianos, a través de un impuesto adicional a la renta y la imposición del IVA a productos de la canasta familiar y de consumo básico, como los servicios de agua, luz, gas, servicios funerarios, Internet, entre otros sobre los que aún no pesaba ese tributo. La reforma también imponía un impuesto solidario para salarios altos. En total, el 73 por ciento del dinero iba a ser recaudado de personas físicas y el peso recaería, sobre todo, en las clases medias y entre los pobres del país.

Está situación fue el detonante de un descontento social que venía acumulándose desde mucho antes, agravado en los años de gobierno de Duque. Se hizo sentir en las protestas masivas de 2019 (véanse «Noviembre caliente», «Cómo se cuece el sancocho» y «Lo que permanecía en silencio», Brecha, 29-XI-19 y 6-XII-19), en las que la población reclamaba la falta de cumplimiento del acuerdo de paz con la guerrilla y contra el modelo económico clientelista que favorece la privatización de la vida y la inequidad en el país.

El 28 de abril, Sebastián y miles de ciudadanos salieron a manifestarse contra la nueva reforma tributaria. Después de largas jornadas de reclamo, el pueblo colombiano logró, el lunes, la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla y el retiro del proyecto del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ante la represión y las graves violaciones a los derechos humanos por la fuerza pública y por actores infiltrados durante las protestas –así como por la permanencia de un proyecto oficial de reforma de la salud ampliamente resistido por trabajadores y empresarios del sector–, el Comité Nacional de Paro decidió la continuación de las protestas.

Fomentar la violencia

Alejandro Rodríguez Pavón, coordinador de la plataforma digital GRITA, a través de la cual se pretende grabar y denunciar todos los casos de violencia policial y asesorar legalmente a las víctimas, señala a Brecha que «en Colombia ha venido creciendo progresivamente la movilización social, pero también lo ha hecho la represión por el gobierno». «Hoy no solo vemos a la Policía y el ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios] en las calles, sino también a las fuerzas militares. Parece ser normal que un policía active su arma de fuego contra manifestantes. Es realmente grave», agregó.

El 30 de abril, el expresidente Álvaro Uribe Vélez provocó polémica con un tuit en el que apoyaba «el derecho de los soldados y policías de utilizar armas para defender su integridad contra la acción criminal del terrorismo vandálico». Rodríguez asegura que «estos discursos han acentuado la violencia» y que no es el presidente Duque quien realmente está al mando, sino que está «obedeciendo órdenes». De hecho, Duque pertenece al Centro Democrático, partido liderado por Uribe, quien es investigado por la Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo (véase «La mala hora del parapresidente», Brecha, 7-VIII-20).

Para Rodríguez, la decisión del gobierno de desplegar a los militares para reprimir las protestas solo empeora la inseguridad en las ciudades, que ya estaban golpeadas por la pandemia y el desempleo. En referencia a los hechos de violencia ocurridos en los últimos días, afirma: «Las mismas alcaldías locales no se habían preparado para estas catástrofes anunciadas, realmente han permitido que este tipo de actos ocurran, ya sea por orden o por omisión. A esto se le suma la existencia de grupos criminales y de población civil armada en áreas periféricas de ciudades como Cali y Bogotá».

Criminalización de la pobreza y la protesta

La sucursal del cielo, como se la conoce a Cali, quedó confinada en una noche de terror que se prolongó desde el martes 4 hasta la madrugada del miércoles 5. En barrios marginales, como Siloé, los habitantes aseguran que la Policía «tomó el sitio de trinchera» y disparó con ametralladoras a la población, lo que resultó en cinco jóvenes muertos y unos 33 heridos.

El estallido que hoy vive Colombia, además de ser provocado por la represión y la violencia del Estado, es también generado por la criminalización de la pobreza y de la protesta social en esta parte de las ciudades. «Los barrios donde es más grave la situación son los de clases bajas, donde hay gente joven y pobre. Las personas más asesinadas son ellos», expresa Rodríguez. Asimismo, durante las jornadas de protestas en Cali y otras ciudades la población ha reportado cortes de energía y de Internet. «Nos preocupa esto porque va en contra del derecho a la libertad de expresión; la ciudadanía tiene el derecho a usar las redes sociales como mecanismo de denuncia y lo que vemos es que están siendo censurados, no sabemos si por el Ejército o por quién», agrega el coordinador de GRITA. Diversas personas y movimientos sociales también han denunciado la presencia en las calles de policías sin su número de identificación y de policías que se visten de civil, así como de civiles que se visten de policías para causar confusión en las protestas.

A las graves violaciones de derechos humanos, se suma en Cali una cultura del narcotráfico que en los últimos años se ha intensificado, así como una migración desbordada de quienes han huido de la guerra en el suroccidente del país. Esto ha acentuado la división entre diferentes sectores sociales y la estigmatización de la protesta como «vandalismo». Es el caso de Ciudad Jardín, un barrio de estrato alto de Cali en el que «sus habitantes salieron en varias camionetas blindadas, un signo del paramilitarismo, criminalizando a los manifestantes y diciéndoles, con arma en mano, que debían cuidar sus barrios y que, si los veían por el suyo, tomarían justicia por mano propia», dice Rodríguez.

Un Estado indolente

Sebastián recuerda como si fuera ayer el 25 de noviembre de 2019, cuando vio morir a pocos metros de distancia a Dilan Cruz, otro joven asesinado por el ESMAD. «Iba con una banda de 100 o de 200 personas. Una cuadra más adelante, nos encontramos con otro grupo de la marcha, que lo iba comandando un amigo con una bandera gigante. Nos abrazamos. Empezamos a cantar: “¡Amigo mirón, únase al montón!”. Cuando salimos a la esquina de la Diecinueve con la Quinta, una amiga se desmayó y, en ese momento, vimos cuando mataron a Dilan», relata con tristeza en su mirada. Acto seguido señala el Capitolio, donde se encuentra el ESMAD junto con las fuerzas militares y la Policía. Dice, con rabia, «ellos lo mataron, le dispararon con una bola compactada de aluminio y le quedó incrustada en la cabeza. Yo lo vi. Luego hicimos un altar con piedras en homenaje a Dilan y contra el abuso policial».

Y es que, además de los discursos del gobierno que legitiman el uso de la fuerza contra «los vándalos» para justificar el abuso de poder y los crímenes de Estado cometidos contra la ciudadanía, ha aumentado la impunidad en los casos de violencia policial. Un ejemplo doloroso: luego de que todo el país vio los videos en que un agente del ESMAD le dispara a Dilan, la Fiscalía decidió que el caso debía continuar en la justicia penal militar y no en la justicia ordinaria. Finalmente, la investigación de la Fiscalía dictaminó que el culpable era el muerto, por «ingresar de manera repentina en el ángulo de visión previamente establecido por el tirador». Además, para justificar su muerte, el informe del Ministerio Público presenta un perfil cuasi criminal del joven.

Víctor Barrera, politólogo e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, dice a Brecha que «existe un efecto acumulativo de alta impunidad en los casos de violencia sistemática por agentes del Estado». «Los procesos que han terminado en un fallo contra la Policía son casi nulos y, por ende, nunca se identifica a los culpables», añade. Esta situación de excepcionalidad ante la Justicia y el excesivo poder que tienen las agencias de seguridad del Estado colombiano hacen que sea difícil emprender una reforma estructural de esas fuerzas, como la que demandan los jóvenes que hoy se manifiestan. «En Colombia, hay un problema de diseño institucional muy grande, resultado de tener una Policía –que es un cuerpo civil en armas– a la que se evalúa por su desempeño como fuerza militar», explica Barrera.

Las moléculas y los derechos

Por otro lado, el investigador asegura que la saña actual contra las protestas es una reacción ante la caída de la popularidad del uribismo, «que está viendo amenazada su continuidad para las próximas elecciones de 2022». En enero de 2018, según la consultora Datexco, Uribe cosechaba una imagen favorable en el 45 por ciento de la población y enfrentaba una desaprobación del 49 por ciento. Para enero de 2021, sin embargo, su popularidad había caído al 27 por ciento y el rechazo a su figura llegaba al 66 por ciento, a diferencia de lo ocurrido con el principal candidato de la izquierda, el senador Gustavo Petro, que ha visto su popularidad mantenerse estable por encima del 40 por ciento. Según Barrera, el oficialismo «trata de sumir a la población en una espiral de violencia debido a las dificultades que tiene para mantener su influencia a través de procedimientos democráticos: por eso toma decisiones inspiradas en modelos punitivos y de fuerza».

En ese contexto se dio en febrero la visita de Alexis López, un supuesto investigador científico chileno que visitó Colombia para educar a las fuerzas militares en el manejo de la protesta social. En varias conferencias en la Universidad Militar Nueva Granada, López, que se define como «entomólogo con estudios de periodismo, electrónica, informática y lenguas clásicas», expuso lo que, según él, es el nuevo modelo conspirativo de la izquierda latinoamericana para tomar el poder y acabar con la democracia: la «revolución molecular disipada», una expresión tomada del filósofo francés Gilles Deleuze. López se hizo conocido a principios de siglo en su país natal por fundar el abiertamente neonazi y pinochetista Movimiento Patria Nueva Sociedad, con el que supo organizar conferencias internacionales con otros militantes de formaciones nacionalsocialistas. A este respecto, un nuevo tuit de Uribe causó polémica en las redes el domingo 3, cuando hizo cuatro recomendaciones para enfrentar las protestas, como si se trataran de un crimen y no de un derecho legítimo; entre ellas, «reconocer que el terrorismo es más grande de lo imaginado» y «resistir la revolución molecular disipada».

Hasta el momento, Duque ha sido claro en su respaldo al uso de la fuerza «en contra de los vándalos». En su última intervención, dijo que «ha diseñado una estrategia contra el vandalismo a nivel nacional» y que paga una recompensa de hasta 10 millones de pesos (2.600 dólares) por encontrar a quienes hagan desmanes. Este martes, la consejera de Derechos Humanos del presidente, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró a la revista Semana que «los derechos humanos solo existen si todos los ciudadanos observamos los deberes que tenemos para ser parte de la sociedad».

Pese a que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y otras instancias internacionales han condenado la violencia ejercida por las fuerzas estatales, la represión sigue vigente y tiene en zozobra a los colombianos. El subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, dijo recientemente que el despliegue de las fuerzas militares en las ciudades es «un riesgo terrible», pues este cuerpo está acostumbrado a combatir a sangre y fuego contra grupos armados como la guerrilla y el narcotráfico. Pero, ante la violencia estatal, la protesta sigue siendo la elección de muchos jóvenes que, como Sebastián, creen en la posibilidad de un cambio. Él, como tantos otros, forma parte de una generación que quiere la paz en Colombia. No es un vándalo ni un vago, es un estudiante con sueños, que conoce sus derechos y quiere que su futuro esté enmarcado por la empatía y no por la violencia.

Brecha, 7 de mayo 2021

"No es suficiente con parar la reforma tributaria": Entrevista

Bety Ruth Lozano

Desde Cali, el epicentro de la revuelta y del ensañamiento represivo, Lozano describe lo que está pasando y reclama la atención de la comunidad internacional. La entrevistó Verónica gago.

Desde el 28 de abril, Colombia está en paro y el paro no para, como dice el hashtag que se viralizó para dar cuenta de un proceso que desbordó incluso a las organizaciones convocantes que lo imaginaban de un día. Empezó como medida de fuerza contra la reforma tributaria y una reforma de salud impulsadas por el mandatario ultra neoliberal Iván Duque, justo en un momento devastador de la crisis pandémica, pero se desparramó como convocatoria masiva en ciudades grandes y pequeñas, funcionando como catalizador de un descontento más profundo.

Aquí se publica parte de la conversación urgente convocada desde el colectivo NiUnaMenos con la docente universitaria y militante afro-feminista Bety Ruth Lozano quien, junto con dos compañeras, Gloria y Cristina, del sindicato de maestros, reportan desde la ciudad de Cali, el epicentro de la revuelta y también del ensañamiento represivo que incluye muertos, desaparecidos, violaciones y cientos de heridos. De hecho, mientras esta entrevista sucedía, una cumbre en Miami reunía al propio Duque con el ex presidente Macri y con el chileno Sebastián Piñera, entre otros, para hablar de una democracia en peligro mientras se gobierna a fuerza de bala. Es urgente parar la masacre en Colombia dicen las organizaciones sindicales, feministas, indígenas, campesinas, lgbtqi, afro y de las barriadas populares que, en estado de alerta y sin abandonar las calles, reclaman su condena internacional. Las imágenes que circulan desde hace días son de una guerra literal: helicópteros disparando desde el cielo, calles iluminadas por las ráfagas de metrallas, gases lacrimógenos y tanques ocupando las rutas. Aun así, la indignación no se detiene.

-¿Cómo escaló la protesta que empezó el 28 de abril?

El paro empezó por un día pero se continuó y la represión fue muy fuerte el 29 y el 30 de abril y ya el primero de mayo, en el día del trabajo, hubo una marcha histórica, que se calcula más de un millón de personas solo en Cali. De hecho, los organizadores del paro llaman a una movilización virtual y la gente no hace caso y sale a la calle y se moviliza, y hay múltiples puntos de bloqueo por toda la ciudad y también en Bogotá y Medellín, escalando muy rápido a nivel nacional. La convocatoria no es solo contra la reforma tributaria que pone más impuestos sobre la gente más humilde y la clase media, es también contra la reforma la salud en marcha en el Congreso, junto a un conjunto de políticas públicas precarizadoras de la vida. Hay dos ejes articuladores del movimiento de estos días. El primero es la intercomunicación instantánea que tienen los jóvenes. Los de otra generación estamos en la tercera línea y somos sobre todo mujeres llevando el agua y los medicamentos. El otro elemento es que los jóvenes son quienes han vivido de manera directa las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia: el encierro, el desempleo de sus padres, el desempleo de ellos, hacer protestas para poder ir a la universidad, situaciones de salud mental por el stress, el encierro y la pobreza. Esto retoma lo que se vivió en 2019 cuando, al igual que en Chile, en Perú y en Ecuador, la población y los movimientos sociales venían despertando de las consecuencias del modelo neoliberal de pauperización y de exterminio pero que se ahonda ahora con el virus. Como decía una de las consignas: no nos importa hasta perder la vida porque ya nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo.

-Una de las denuncias que se repite es que se corta internet en las zonas de protesta para evitar la transmisión que documenta en tiempo real la represión estatal.

Sí, las movilizaciones lograron tener una resonancia mundial instantánea, gracias a todos estos medios de comunicación alternativos y a las redes. Los medios privados son pro gobierno y para ellos no está pasando nada, o hablan de vandalismo, de actos terroristas, pero no mencionan la represión y la vulneración de derechos humanos que se ha hecho incluso contra defensores de derechos humanos y contra funcionarios públicos de la defensoría del pueblo. Se habla de 31 personas asesinadas pero hay muchos muertos que no aparecen. Hay más de noventa personas desaparecidas, se sabe que fueron asesinadas y sus cuerpos no aparecen. Son varias las mujeres que han denunciado violencia sexual por parte de la policía y cientos de heridos. Esas cifras tienen un subregistro porque sabemos pues que son muchos más y la fiscalía se niega también a recoger todas las denuncias.

-¿Cómo se explica la fuerza de la protesta, casi un levantamiento ya?

La coyuntura de la pandemia hizo visible toda la precarización. Todo el trabajo informal viene siendo como un colchón de la crisis pero se ha hecho muy difícil de sostener. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, no pueden salir a trabajar y se ha reducido demasiado el empleo. Hay una precarización de la vida muy tremenda a lo que se suma toda la corrupción del gobierno.

-Por eso a pesar del anuncio que se frenaba la reforma tributaria, la gente sigue movilizada. Además de que las denuncias de asesinatos a líderes y lideresas sociales se han incrementado brutalmente este año.

A eso me iba a referir. Son demasiadas cosas. Se dice que el paro se plantea para parar la reforma tributaria, y así lo plantea la Mesa Nacional de Paro. Pero la gente que sale a las calles sabe que no es suficiente con parar la reforma tributaria, que hay una cantidad enorme de asesinatos de líderes y lideresas sociales, a pesar de que se firmara un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que ahora es un movimiento político. La guerra continúa especialmente en las zonas rurales, donde el asesinato de lideresas indígenas y afrodescendientes es enorme. Además hay una cantidad de feminicidios en el país que ha aumentado brutalmente durante el año pasado y este año. A esto se suman los 6402, que es como se conoce el número de los “falsos positivos” durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe: los jóvenes que fueron secuestrados de sus casas o llevados con engaños, asesinados y luego vestidos de guerrilleros para la foto. Es decir, Uribe le mintió al país diciendo que estaba ganando la guerra con las FARC mostrando un número de guerrilleros asesinados, cuando en realidad eran jóvenes de sectores populares que habían sido engañados bajo el pretexto de un trabajo, de que les iban a pagar por un partido de fútbol, o que los iban a llevar a recoger café a las zonas rurales, y nunca más volvieron a aparecer. Toda esta falsedad ha salido a la luz y la gente la conoce. Además, este gobierno es de los que peor ha manejado esta situación de pandemia en el continente. Todo ese descontento está aflorando en estos días de paro y se está pidiendo realmente cambios fundamentales.

-Se dice que ya está listo un decreto para declarar el estado de “conmoción interior”. ¿Qué significaría esto?

Estamos pendientes de que se haga público y saber de qué fuente sale. Es una amenaza decir que el decreto está en la mesa del presidente y falta su firma. Lo que nos dicen es: se repliegan, levantan el paro o le sacamos el decreto y lo que pienso es que los jóvenes no creen ya en esas amenazas. La gente sigue firme en las calles y si hay un decreto de conmoción interior pues la violencia va a ser mucho más grave y generalizada. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ponga sus ojos sobre Colombia, para que exija al gobierno que saque el ejército de las calles y resuelva de forma pacífica el descontento de las mayorías. Además está operando el ESMAD, que es una policía antidisturbios, que ya les ha sacado los ojos a varias personas, que dispara a los generadores eléctricos para cortar la luz, porque es una policía entrenada para frenar la protesta. Lo que se solicita también es que el ESMAD sea disuelto. Además, hay una cantidad enorme de policías infiltrados.

-Es impresionante cómo se repiten los métodos de criminalización y de masacre de la protesta: tal como ha sucedido en Chile esto que cuentan de apuntar directamente a los ojos. Recientemente se ha visto la incorporación fuerte del movimiento indíegena...

Pareciera que ya no está en manos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), de FECODE (Federación Colombiana de Educadores) y de la Mesa de Paro Nacional la decisión de levantar el paro. Ha cobrado vida propia en todas las movilizaciones de lxs jóvenes por todo el país. Y además la Minga Indígena, que es la forma de movilización que tienen las organizaciones indígenas, especialmente del departamento del Cauca, se ha estado moviendo alrededor de los sitios de bloqueo. Son una fuerza simbólica de respaldo muy importante, muy respetada, reconocida y querida. Ellos solo están armados con sus bastones de mando y, sin embargo, son autoridades que hacen sentir a todo el mundo muy respaldado. Se han quedado en Cali por la situación especial que se vive y que se ha vivido en Siloé, que es este sitio de la vera que fue conformado al final de los años 50 por población desplazada por lo que se conoce en Colombia como la violencia con mayúscula que es esa guerra civil que generaron los partidos políticos liberal y conservador y que pusieron a matar al pueblo colombiano. Eso generó toda una reforma agraria que despojó a un gran campesinado de sus parcelas y lo llevó a esta ladera que es Siloé, donde hay muchas dinámicas juveniles, que es donde más duro ha golpeado la violencia militar.

-¿Por qué hubo un ensañamiento especial con Cali, al punto de que enviaron al coronel del ejército a controlar la situación?

Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa, pero hemos demostrado que también bailamos al ritmo de la protesta, ¿cierto? Al ritmo de la rebeldía, de la insurrección, de la dignidad también podemos bailar. Cali es una ciudad que tiene cerca de tres millones de habitantes, con la mayor población negra de todo el país. Se habla de que Cali es alrededor de un 40 % de población negra, que en los últimos años ha llegado desplazada por el conflicto a todos estos barrios marginales y que vive del trabajo informal en donde los jóvenes negros son objetivo de la policía, asesinados con cifras que no entran dentro de las estadísticas oficiales. Es una ciudad que recibe población desplazada de todos lados: indígena, del pacífico colombiano, del sur, del Putumayo, del Cauca. La concentración no fue en un solo sitio, sino que la gente decidió bloquear las entradas y salidas de la ciudad en puntos estratégicos. Y hay que recordar que Cali es la entrada al mar Pacífico, donde está el puerto más importante que tiene Colombia que es Buenaventura, por donde entra más del 60 por ciento de las mercancías. Estos bloqueos colocados de forma estratégica –pues causan un daño muy enorme en la economía no sólo local sino en la nacional–, hizo que lleguen los militares enviados no solo por el gobierno sino también, lo sabemos, por los empresarios y los agroindustriales. Porque tenemos que saber que Cali es el epicentro de la agroindustria del monocultivo de la caña de azúcar. Ellos, los cañeros, que son quienes manejan el poder en la ciudad, han pedido también al gobierno que vengan a desbloquear. Tenemos que seguir alertas porque lo que se viene puede ser peor de lo que ha pasado en estos días.

Página/12, 7 de mayo 2021