El ataque al derecho al aborto en EEUU. Dossier

Jill Filipovic

Erwin Chemerinsky

05/12/2021

Acabar con “Roe versus Wade” forma parte de una larga campaña para hacer retroceder a la propia democracia

Jill Filipovic

La democracia estadounidense se encuentran en un punto de ruptura, y un Tribunal Supremo dispuesto a destripar o anular Roe versus Wade [la decisión judicial que permitió el aborto en los EE.UU. en 1973] es la última señal de alarma. Una minoría radical está acumulando cada vez más poder y amenaza con socavar la igualdad de derechos ante la ley, las libertades humanas básicas y la propia democracia.

El miércoles, el tribunal supremo escuchó los argumentos en un caso que desafía la prohibición de Misisipi de abortar después de quince semanas de embarazo, incluso en el caso de personas que han sufrido violación e incesto. De acuerdo con el prolongado marco legal de Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey, dos de los casos del Tribunal Supremo que configuran el derecho al aborto en los Estados Unidos, los estados no pueden prohibir el aborto antes del punto de viabilidad fetal, cuando el feto puede sobrevivir fuera del cuerpo de la mujer (los estados pueden poner restricciones al aborto antes de ese punto, siempre que esas restricciones no supongan una "carga indebida" para las mujeres que quieran abortar). La ley de Mississippi viola ese prolongado precedente del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el tribunal accedió a escucharlo de todos modos, lo que supuso la primera mala señal: ¿por qué escuchar un caso que claramente se opone a lo que el tribunal ya ha dictaminado? Los argumentos orales del miércoles sólo contribuyeron a la sensación de fatalidad, ya que la mayoría de los jueces parecían listos y dispuestos a anular Roe.

No sucedió esto por accidente. El dominio de la derecha en los tribunales ha constituido un proyecto a largo plazo que se ha conseguido por medios tortuosos. Los republicanos impidieron que Barack Obama nombrara a docenas de jueces para los tribunales federales, dejando esos puestos libres para que libres para que los ocupase Donald Trump. El presidente ha llenado los tribunales de reaccionarios conservadores, muchos de los cuales eran tan poco cualificados que no consiguieron el respaldo básico de la Asociación Americana de Abogados (ABA – American Bar Association). En vez de nombrar a candidatos cualificados, en lugar de chiflados de derechas, la administración Trump eliminó sencillamente a la ABA del proceso de investigación judicial.

El más indignante de estos bloqueos republicanos se produjo cuando Obama intentó nombrar a Merrick Garland para el puesto del tribunal supremo que dejó vacante Antonin Scalia. La derecha puso el grito en el cielo: era incorrecto cambiar el equilibrio del tribunal, declararon, y era año de elecciones y, por lo tanto, era injusto permitirle a Obama un nombramiento para el Tribunal Supremo; los votantes deberían decidir el próximo presidente para elegir un juez del Tribunal Supremo.

La mayoría de los votantes quería que Hillary Clinton tuviera ese papel. Pero nuestras reglas antidemocráticas y arcaicas del colegio electoral dieron la victoria a Donald Trump: la segunda vez en menos de dos décadas en que quien logra la mayoría de los votos pierde la Casa Blanca.

Trump, que se presentó con la promesa de nombrar a jueces antiabortistas que revocaran el caso Roe versus Wade, se propuso hacer precisamente eso. Nombró a Neil Gorsuch para el puesto que debería haber sido de Garland. Luego nombró a Brett Kavanaugh, a pesar de que el juez se enfrenta a acusaciones creíbles de agresión sexual. Por último, y lo más insultante de todo, Trump y sus aliados republicanos en el Senado apresuraron el nombramiento de Amy Coney Barrett, explícitamente antiabortista, para el puesto que dejó vacante un emblema feminista como Ruth Bader Ginsburg, en su último año de mandato, y a pesar de la supuesta norma que dice que el presidente deja que los votantes decidan antes de efectuar una designación.

Los votantes de Trump -minoría entre los norteamericanos, tanto en 2016 como en 2020- están a punto de conseguir lo que quieren: unos Estados Unidos en los que las mujeres y las niñas se ven obligadas a quedarse embarazadas, a dar a luz y a ser madres; una Norteamérica en la que las mujeres son ciudadanas de segunda clase, sin derecho a controlar el propio cuerpo en el que viven, obligadas a arriesgar sus vidas en nombre de la misoginia "provida".

El resto de nosotros tenemos que lidiar con estas opiniones religiosas minoritarias que se nos imponen.

Una fuerte mayoría de estadounidenses apoya el derecho al aborto y no quiere que se revoque Roe. Y, en cualquier caso, se supone que el Tribunal Supremo es un baluarte contra la tiranía, una institución que defiende y mantiene los derechos constitucionales, no una que cede esos derechos a los estados.

Este tribunal no es eso. Y eso se debe a la vergonzosa demolición derechista de la democracia norteamericana. Tres miembros de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo fueron, al fin y al cabo, nombrados por un presidente traidor que fomentó una tentativa de golpe de Estado contra los Estados Unidos, y que ha seguido socavando el proceso electoral afirmando que le robaron las últimas elecciones, que perdió limpiamente. Su partido ha caído en el culto a la personalidad, tan ligado a un tirano narcisista que ni siquiera se molestó en publicar un programa político en las últimas elecciones presidenciales. Y como el Partido Republicano sabe que perderá si tiene que jugar en igualdad de condiciones, sus miembros han ido socavando sistemáticamente el derecho al voto durante años.

La desaparición del derecho al aborto en EE.UU. es el resultado de años de organización antidemocrática para dificultar el voto de la gente, de la manipulación de los distritos, de rescindir poder a diversos cargos electos cuando los consiguen los demócratas, y de atestar la magistratura de jueces de derechas que permitan que todo esto ocurra.

Es aterrador. Y, por supuesto, forzar a las mujeres a la sumisión y a papeles tradicionales forma parte de este proceso: esa ha sido la estrategia en las naciones autoritarias a lo largo de la historia, y es un patrón que estamos viendo ahora, pues los mismos países que están reduciendo normas y  procesos democráticos andan también persiguiendo los derechos de las mujeres.

El hecho de que las mujeres estadounidenses se enfrenten a un Tribunal Supremo hostil y contemplen un futuro sin derecho al aborto -y potencialmente sin derecho constitucional a la anticoncepción- no es una cuestión de derecho o de "vida". Es señal de una democracia en declive.

Fuente: The Guardian, 3 de diciembre de 2021

 

El debate sobre el aborto en el Tribunal Supremo puede acabar rescindiendo el derecho fundamental a la libertad reproductiva

Erwin Chemerinsky

Sea cual fuere la decisión del Tribunal Supremo sobre el derecho al aborto en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson [Women’s Health Organization], recrudecerá seguramente la lucha política en torno el aborto. La cuestión en el caso de Dobbs, que se debatirá el miércoles [1 de diciembre], estriba en la constitucionalidad de una ley de Misisipi que prohibe los abortos después de la decimoquinta semana de embarazo.

Se trata del caso más importante sobre el aborto que se ha presentado ante el tribunal en casi tres décadas, desde que decidió sobre el caso Planned Parenthood versus Casey en 1992. En ese caso, para sorpresa de muchos, el tribunal, en una decisión de 5 a 4, declaró que reafirmaba el "argumento esencial" de Roe: "el reconocimiento del derecho de la mujer a elegir abortar antes de la viabilidad y a poder realizarlo sin interferencias indebidas por parte del Estado".

La viabilidad del feto, con la tecnología médica, se sitúa ahora en torno a las 24 semanas de embarazo. Si el tribunal confirma la ley de Mississippi, que prohíbe los abortos mucho antes de la viabilidad fuera del útero, borraría el marco fundamental del derecho constitucional presentado en las decisiones de Roe y de Casey.

Quienes creen que el fallo del tribunal conservador en el caso Dobbs, sea cual sea, hará menguar la lucha social y política sobre el aborto andan muy equivocados. Son tres los posibles enfoques que el tribunal podría adoptar, y cada uno de ellos intensificaría la lucha en torno al aborto en las legislaciones y las elecciones.

La decisión del tribunal de seguir el precedente y declarar inconstitucional la ley de Mississippi es el resultado menos probable. Cinco de los jueces -Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett- han criticado contundentemente la decisión sobre Roe en sus opiniones judiciales o en sus escritos no judiciales. El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., ha votado a favor prácticamente de todas las restricciones al aborto que han llegado al tribunal desde que se incorporó a él en 2005.

Pero aunque el tribunal anule la ley de Misisipi, las asambleas legislativas buscarán seguramente otras formas de restringir los abortos. Entre 2011 y 2021, las asambleas legislativas de los estados adoptaron 573 restricciones al aborto. En los primeros seis meses de este año, se promulgaron en los estados 90 leyes que restringen el acceso al aborto, más que en cualquier año desde que se decidió Roe en 1973. Estas leyes adoptan gran variedad de formas, como la ley de Tejas que prohíbe los abortos después de la sexta semana de embarazo y autoriza las demandas civiles contra los médicos que realizan abortos o los que ayudan o instigan el procedimiento. Este año, ocho estados han aprobado leyes para limitar los abortos inducidos médicamente, prohibiendo, por ejemplo, las prescripciones por telemedicina y exigiendo que los medicamentos se tomen en persona en la consulta del médico.

Creo que el resultado más probable será que el tribunal confirme la ley de Misisipi sin declarar explícitamente que está revocando Roe, aunque sea ése exactamente el efecto. Una vez que el tribunal declare que un estado puede prohibir los abortos antes de la viabilidad, habrá derribado el argumento central de Roe, sin dejar nada que impida a los estados prohibir todos los abortos.

Esto animará a los estados con gobiernos conservadores –y hay 23 estados que tienen tanto una asamblea legislativa controlada por los republicanos como un gobernador republicano- a adoptar leyes que prohíban los abortos antes incluso de la prohibición de quince semanas de Misisipi. Este año, por ejemplo, cuatro estados (Idaho, Oklahoma, Carolina del Sur y Tejas) adoptaron la prohibición del aborto a las seis semanas de embarazo, con excepciones muy limitadas. Tanto Arkansas como Oklahoma promulgaron leyes que prohiben el aborto prohíben el aborto en cualquier momento del embarazo, salvo cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro.

La última posibilidad consiste en revocar explícitamente Roe y poner fin a la protección constitucional del aborto. La cuestión del derecho al aborto quedaría entonces en manos de cada estado, lo que probablemente la convertiría en tema de gran importancia en innumerables elecciones estatales y locales. Los tribunales estatales podrían posiblemente proteger el derecho al aborto en las constituciones de los estados, lo que muy probablemente garantizaría que las futuras elecciones judiciales, que existen en 39 estados, se centrasen en el aborto.

El aborto se convertirá más que nunca en asunto de las elecciones nacionales. Los partidarios del derecho al aborto presionarán con fuerza para conseguir una ley federal que proteja el derecho al aborto de todas las mujeres de los Estados Unidos. Pero los opositores al derecho al aborto se batirán con vehemencia para que el Congreso apruebe una ley que prohíba todos los abortos en el país.

Algunos podrían argumentar que el derecho al aborto debería dejarse en manos del proceso político. Pero la protección de los derechos fundamentales no debe dejarse en manos de las asambleas legislativas. A lo largo de casi un siglo, el Tribunal Supremo ha sostenido que la "libertad" personal está salvaguardada por la Constitución, lo que condujo con el tiempo al derecho constitucional a la intimidad y a la autonomía reproductiva.

En última instancia, la cuestión central relativa al aborto es quién debe decidir si una mujer puede interrumpir su embarazo. Desde hace casi 50 años, ha sido derecho de la mujer decidir antes de la viabilidad. Mantener la ley de Misisipi asignaría esa decisión a los gobiernos y le quitaría el derecho fundamental a la libertad reproductiva.

Fuente: Los Angeles Times, 30 de noviembre de 2021

abogada, periodista y activista feminista y de derechos humanos, es colaboradora de medios como The Huffington Post, Cosmopolitan, The New York Times, The Washington Post, Elle, Time y The Guardian. En 2017 publicó The H-Spot: The Feminist Pursuit of Happiness. Su último libro es “OK Boomer, Let’s Talk: How My Generation Got Left Behind”.
prestigioso jurista conocido por sus estudios del Derecho constitucional norteamericano y del procedimiento civil federal, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, presidente de la Asociación de Escuelas de Derecho de los EE.UU. y miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias, además de colaborador de diarios como Los Angeles Times o The Sacramento Bee. Su libro más reciente es "Presumed Guilty: How the Supreme Court Empowered the Police and Subverted Civil Rights".
Fuente:
Varias
Traducción:
Lucas Antón

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