Andrew Elrod
06/03/2022
Durante las décadas posteriores a la Guerra Civil, Andrew Carnegie consiguió secuestrar la industria del acero estadounidense gracias a una política de presión a la baja sobre los precios.
Fue tal el nivel de eficiencia que consiguió Carneige[1] reduciendo costes, rompiendo cárteles y conduciendo la competencia a la quiebra durante las recesiones de los años ochenta y noventa del siglo XIX, que conllevó su adquisición por parte de J.P. Morgan a fin proteger la rentabilidad de sus holdings y estabilizar la salud de la industria nacional. La combinación sin precedentes generada en 1901 con la incorporación de U.S. Steel por parte de Morgan, controlaba dos tercios de la capacidad siderúrgica del país. Durante las seis décadas posteriores, la compañía estableció el precio del acero en el mercado estadounidense, estabilizando los precios bajándolos durante las recesiones y subiéndolos en época de expansión económica. Bajo el efecto del denominado “precio paragüas”, la otra docena de empresas propietarias de fábricas de acero en los EE.UU. siguieron siendo rentables y consiguieron una sólida expasión. En toda la industria, la capacidad de lingotes se expandió de 21,5 millones a 71,6 millones de toneladas entre la creación de la empresa en 1901 y la víspera de la Segunda Guerra Mundial.
Desde que Alfred Marshall popularizó por primera vez un esbozo gráfico del cruce de la oferta y la demanda en 1890, una corriente del pensamiento económico angloamericano ha focalizado su atención en las perturbaciones causadas por la histórica práctica de controlar los precios. Sus teorías son harto conocidas: establezca un precio máximo demasiado bajo y la cantidad demandada superará la ofrecida; imponga un precio mínimo demasiado alto y los productores acumularán por encima de lo que los consumidores están dispuestos a consumir a semejantes precios. Debido a que las preferencias de los consumidores son siempre cambiantes, cualquier mínimo o máximo establecido provocará “distorsiones”. Ponga coto a los precios y toda la sociedad empezará a convulsionarse.
Marshall, Carnegie y Morgan fueron contemporáneos. Pero es evidente que existe una brecha entre las teorías del economista y las prácticas del sector industrial. En su momento más arquetípico, el capitalismo estadounidense se definió no por las leyes de la oferta y la demanda, sino por las concentraciones de poder dentro del mercado.
Antes de la macroeconomía
Antes del auge de la macroeconomía que acompañó la IIª Guerra Mundial, la determinación y fijación de los precios era un tema clave para el pensamiento económico. En un mundo en el que las fluctuaciones tempestuosas del ciclo económico trajeron consigo una especulación desenfrenada, quiebras generalizadas y una creciente militancia laboral, la relación entre precio y costo era una cuestión crucial. Según la teoría neoclásica, los precios competitivos generarían ingresos para las empresas que cubrieran sus costos y una ganancia mínima para permanecer en el negocio. Las empresas son precio-aceptantes y no tienen capacidad para fijarlos. Y la competencia existente controlaría la acumulación de beneficios por encima de la ganancia mínima, es decir, rentas: cuando las ganancias aumentaran de forma considerable por encima de los costes, ingresarían al mercado nuevos productores con precios más bajos, atraídos por dichas ganancias, y se llevarían a los clientes. En realidad, las teorías sobre los movimientos de precios y costos se encuentran en la raíz de algunos de los primeros estudios empíricos del fenómeno totalizante del ciclo económico.
A pesar de dicha ortodoxia marshalliana, la intervención pública en la fijación de precios estuvo presente en el corazón del mundo de los negocios durante el período que abarca entre la Belle Epoque y la Gran Depresión. Para muchos progresistas “business-friendly”, como Herbert Hoover o Gerard Swope, presidente de General Electric, los cárteles autorizados por el gobierno se habían convertido en una inevitable tendencia histórica. Incluso el Congreso reconoció esta tendencia. Tanto la Ley Capper-Volstead de 1922 como la Ley de Comercialización Agrícola de 1927, por ejemplo, proporcionaron financiamiento federal para las cooperativas de comercialización de agricultores y las eximieron de enjuiciamiento antimonopolio, lo que les permitió coludir para aumentar los precios de venta y detener las quiebras agrícolas.
El mandato de Herbert Hoover en Washington se caracterizó por su tolerancia al comportamiento de los cárteles, incluso alentó al Departamento de Comercio a recopilar y hacer circular los precios y costes de la industria para ayudar a coordinar el comportamiento comercial. Cuando Franklin Roosevelt ingresó en la Casa Blanca en la primavera de 1933, entre las primeras prioridades legislativas de su administración estaban la Ley de Ajuste Agrícola y la Ley de Recuperación Industrial Nacional: cada una colocó una autoridad central en Washington a cargo de la planificación de la oferta y los precios. (Cuando se completó en 1936, el nuevo Edificio Sur del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) en Washington era el edificio de oficinas más grande del mundo). Durante los dos primeros años del New Deal, decenas de miles de empresarios acudieron en masa a Washington desde todo el país para formar parte de más de 550 "autoridades de códigos", cárteles autorizados por el gobierno y establecidos por la Administración Nacional de Recuperación (NRA, por sus siglas en inglés) para fijar precios en forma de "códigos industriales".
Este control de precios tan exhaustivo resultó ser inviable bajo la constitución del siglo XVIII. Al igual que los Estados Generales del rey Borbón, la convención de Roosevelt de la burguesía de la nación para un experimento de "autogobierno industrial" bajo la NRA estalló rápidamente en un conflicto polarizador, no solo sobre los controles en sí mismos sino, lo que es más importante, sobre quién los determinaría. Las empresas grandes y pequeñas recurrieron a los tribunales federales en busca de alivio frente a los precios fijados por sus competidores más poderosos o mejor organizados, pero el conflicto más explosivo fue entre empleadores y trabajadores por el precio de la mano de obra: bajo la NRA, los empleados también podían elegir representantes de su propia elección para sentarse en las "autoridades del código de la industria" que ahora estaban planificando la producción. Solo en 1934, las huelgas generales por el reconocimiento sindical estallaron en disturbios policiales en las ciudades de San Francisco, Toledo y Minneapolis. El experimento en los cárteles industriales duró veintitrés meses, hasta que la Corte Suprema en mayo de 1935 declaró por casualidad que la NRA era inconstitucional en nombre de una fábrica avícola de tamaño medio en Brooklyn.
Sin embargo, la desaparición de la NRA no invirtió la tendencia a la planificación ni hizo desechar el control de precios como herramienta contra la inflación. El resultado para los New Dealers fue el recurso a la comisión reguladora para las "industrias enfermas" -el transporte por camión, el carbón bituminoso o la agricultura, aquellas en las que la competencia provocaba quiebras- en las que la fijación de precios sobre una base sectorial podía lograr lo que el historiador Ellis Hawley describe como "planificación parcial". La competencia, la negociación y la creación de nuevos negocios siguieron estando autorizadas por los nuevos poderes reguladores específicos de la industria del "Segundo New Deal" en aquellos sectores con numerosas empresas que anteriormente competían en precios, como la Comisión de Comercio Interestatal de la era populista, ampliada sobre la industria del transporte por carretera; la Junta de Aeronáutica Civil, para las aerolíneas; la Junta del Banco de Préstamos para Viviendas, para la financiación de la vivienda; el USDA, para la agricultura; y la Junta Nacional de Relaciones Laborales, para los salarios. Muchos de estas comisiones reguladoras siguieron funcionando hasta 1980, como legados perdurables del principio del New Deal de extender la regulación de los servicios públicos y el control de los precios a áreas de la vida económica consideradas demasiado vitales para dejarlas únicamente en manos de las fuerzas del mercado.
Sin embargo, el impulso central del proyecto del New Deal para proteger la agricultura y aumentar los ingresos de la clase trabajadora iba en contra de las esferas de poder corporativo monopolista, excluidas de los consejos reguladores de la industria. Se trata de las principales empresas manufactureras: U.S. Steel, General Motors, General Electric, las compañías Standard Oil. En 1935, el economista de la administración Gardiner Means, que trabajaba en el Departamento de Agricultura, había descubierto que los precios fluctuaban menos en estas industrias, tanto en magnitud como en frecuencia, en comparación con sectores menos concentrados como la agricultura, el carbón bituminoso y la manufactura ligera. "La diferencia esencial entre los dos tipos de precios", escribió Means, "es que uno representa una equiparación de la oferta y la demanda por el precio, mientras que el otro representa la equiparación de la producción y la demanda a un precio". La distinción analítica giraba en torno a si una industria estaba organizada de forma que pudiera controlar sus propios precios.
Nada es sagrado
La eventual aceptación de la receta keynesiana de gasto público en la posguerra ha tendido a eclipsar las intervenciones políticas más aventureras de la época de la Gran Depresión. Nuestra comprensión de tales intervenciones tiene enormes implicaciones para el equilibrio entre el poder público y la autonomía privada, así como para la relación entre la democracia, el capitalismo y el gobierno representativo. Como dijo el presidente Roosevelt al Congreso en 1936, "la empresa privada está dejando de ser libre empresa y se está convirtiendo en un cúmulo de colectivismos privados; enmascarándose como un sistema de libre empresa según el modelo americano, se está convirtiendo de hecho en un sistema de cártel encubierto según el modelo europeo".
Tales problemas eran insolubles bajo la Constitución de los Estados Unidos. Obligar a bajar los precios de las manufacturas para aumentar las ventas, la producción y el empleo estaba a la orden del día. Pero, ¿cómo hacerlo? Por un lado estaban los defensores de la persecución antimonopolio, que argumentaban que una política de antimopolista activa a través de los tribunales podría devolver la flexibilidad a los precios que se habían vuelto rígidos debido a la concentración de la propiedad. Sin embargo, incluso industrias como la del cemento, con cinco o seis grandes productores nacionales, mostraban un comportamiento de precios cartelizado. El "liderazgo de precios" de las empresas más eficientes era inexistente en innumerables mercados. ¿Cuántas empresas por industria necesitarían los tribunales para considerar efectiva la competencia de precios?
Por otra parte, los grupos que no podían negociar con los centros de poder de las empresas -sindicatos, cooperativas de compra, cadenas de minoristas y varios grupos de pequeños actores exentos de las leyes antimonopolio- se organizaron cada vez más para fijar sus propios ingresos, al igual que los directivos de las empresas.
Durante gran parte del resto del siglo XX, los historiadores describieron esta fase del New Deal tardío como un estancamiento rápidamente superado y olvidado por las invasiones alemanas de Polonia y Francia. Alan Brinkley ha descrito el cambio hacia la expansión del gasto público, y la legitimidad en Washington que aportó al pensamiento keynesiano, como el "fin de la reforma", mientras que múltiples generaciones de historiadores han descrito el periodo que siguió, los últimos años de la década de 1940 y la década de 1950, como el punto álgido de un "consenso liberal" o "keynesiano". Sin embargo, el cambio hacia el gasto público exacerbó, en lugar de aliviar, el problema de relacionar los precios con los costes. En contra de las diferentes corrientes políticas antimonopolio y por la negociación colectiva, en la segunda administración de Franklin Roosevelt, los precios y los costes empezaron a subir, a menudo mucho antes de que la producción alcanzara su máxima capacidad, cuando las plantas y los recursos inactivos se extendían por toda la nación.
Los incipientes programas de "ayuda" de emergencia y de obras públicas ya habían señalado esta posibilidad -la subida de precios-. Durante la recesión de 1937-38, el senador de Montana James Murray intervino en el Congreso para denunciar el hecho de que las empresas habían respondido a los contratos del gobierno y a la mayor demanda de los consumidores de 1933-36 aumentando los precios en lugar de incrementar la producción y el empleo. "El Gobierno estaba gastando enormes sumas de dinero con el fin de volver a poner a la gente a trabajar y estimular la industria. Las industrias deberían haber reconocido la situación como algo inusual y anormal y deberían haberse conformado con precios más bajos y haber cooperado con el Gobierno para poner a los hombres a trabajar." Como explicó Murray, "[E]l camino real hacia la prosperidad en este país es que las corporaciones permitan el aumento de los salarios sin subir los precios, y entonces, y entonces, devolveremos la prosperidad al país. Tenemos que repartir el poder adquisitivo...". El senador repitió este mismo discurso de manera repetida a lo largo de su carrera, instando a una mayor planificación de la posguerra en 1944 sobre la base de que, mientras "el Gobierno estaba gastando miles de millones de dólares para lograr el crecimiento del empleo, las empresas aumentaban sus precios y socavaban el esfuerzo del gasto del Gobierno".
El problema era el siguiente: antes de que la producción se ajustara a la capacidad productiva, las empresas empezaron a subir los precios, e incluso cuando la producción se ajustaba a la capacidad productiva, no había ninguna garantía de que los precios más altos provocaran inversiones en la expansión de la producción. En la memoria de la ciudadanía se había grabado que las empresas estadounidenses llevaron a la nación a la victoria en tiempos de guerra, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea los principales productores, como US Steel, se resistieron a ampliar su producción. Así lo hicieron con el argumento de que el nivel de demanda requerido para la rentabilidad comercial era una base poco razonable para la planificación de la industria privada. Durante 1940 y 1941, los precios subieron muy por encima de los costes, ya que los directivos, tras los años de vacas flacas de la Depresión, aprovecharon el periodo de movilización para recuperar los beneficios perdidos. Después de la guerra, a pesar de los 14 millones de nuevas toneladas de lingotes de acero producidos para el gobierno (alrededor del 14% del total), la industria siderúrgica continuó con su política de precios altos, argumentando que los mercados nunca podrían absorber el volumen de producción necesario para una estrategia de precios bajos y alta produción.
¿Qué pasa con los casos en los que la capacidad ya estaba limitada? A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, muchos economistas comprendieron que era poco probable que la composición del gasto necesario para alcanzar el pleno empleo se ajustara a la capacidad industrial disponible. El propio Keynes escribió en 1943: "Es probable que el estímulo a la inversión conduzca, si no se controla, a un volumen de inversión superior al nivel de ahorro indicado en ausencia de racionamiento y otros controles". En un periodo de guerra industrial total, la necesidad de una rápida expansión de la producción y del empleo implicaba un cambio dramático en la composición de la demanda, que se alejaba del consumo civil. En las industrias en las que la demanda superaba el funcionamiento a plena capacidad productiva, amenazando con la escasez, el control de precios en tiempos de guerra como instrumento utilizado para limitar el crecimiento de la demanda civil pasó a ser el racionamiento gubernamental. El economista de Harvard John D. Black, uno de los autores de la Ley de Ajuste Agrícola (AAA) y asesor del USDA, explicó durante la guerra que "no hay nada sagrado en los precios determinados por la oferta y la demanda en cualquier momento".
La experiencia de la guerra enseñó que ese control público de los precios también podía servir para fines civiles durante las épocas de paz. Y la experiencia de la aceleración de la inflación en 1933-36, 1939-42, y después de la guerra en 1946-50, enseñó que el gasto público, para ser eficaz, podría requerir tales controles. La opinión del senador Murray respecto al New Deal continuaron siendo la piedra angular del Partido Demócrata durante la época de Truman. Basándose en esta experiencia, Richard Gilbert, economista de Harvard y asesor de la campaña de reelección del presidente Truman en 1948, escribió que "si limitamos la intervención del gobierno a la política fiscal, debemos enfrentarnos a las desagradables alternativas del empleo parcial, por un lado, y de la continua y quizás violenta inestabilidad económica, por otro. Alguna forma de control de precios y salarios, para complementar la política fiscal, se sugiere naturalmente..."
Lawrence Klein, uno de los fundadores de la econometría moderna, escribió en 1949 que, dado que los poderes sobre la política fiscal en los Estados Unidos se otorgaban únicamente al Congreso:
“[Era] inevitable que las técnicas de debate del Congreso sean demasiado lentas y engorrosas para proporcionar la flexibilidad necesaria para la política fiscal en un programa de pleno empleo. Una alternativa sería mantener un esqueleto de la O.P.A. [Oficina de Administración de Precios] siempre listo para intervenir cuando el nivel de precios muestre tendencias inflacionistas..... Debemos tener una agencia de planificación siempre lista con una larga lista de obras públicas socialmente útiles para prevenir cualquier brote deflacionista que pueda surgir; de manera similar, debemos tener una junta de control de precios siempre preparada con directivas y funcionarios que ejecuten las decisiones pertinentes para eliminar cualquier brecha inflacionista que pueda surgir.”
Si las empresas tuvieran cierta discrecionalidad sobre sus precios, podrían optar por satisfacer una demanda creciente con precios más altos además de -o incluso en lugar de- una mayor producción e inversiones en la expansión de la capacidad productiva. La tendencia de los intelectuales del Fair Deal era desactivar este poder empresarial para proteger los ingresos de los propietarios. Cuando las autoridades públicas consideraron que el incremento de la oferta era indispensable para las prioridades nacionales, los sectores bajo la influencia de la inversión gubernamental en plantas y equipos se expandieron. El resultado fue lo que muchos empezaron a describir a finales de los años 40 como la "economía políticamente gestionada".
La economía políticamente gestionada y sus enemigos
En la medida en que el régimen del New Deal era indudablemente distinto del socialismo alineado con la Unión Soviética que entonces florecía en todo el planeta, el control de los precios era fundamental para el proyecto. A finales de la década de 1950, por ejemplo, el Congreso de EE.UU. celebró numerosas audiencias, dirigidas por los senadores Estes Kefauver de Tennessee, Wright Patman de Texas y Paul Douglas de Illinois, entre otros, para demostrar que los beneficios y los precios de la industria pesada -como el acero, el petróleo y el automóvil- y de los productos farmacéuticos aumentaban independientemente de las dos recesiones generales del periodo (1957-58 y 1959-61).
Pero demostrar que algunos precios subían en la recesión era muy diferente a redactar una ley y definir la jurisdicción reguladora de los nuevos poderes de control de precios. Durante el gobierno de Eisenhower, los políticos alineados con los trabajadores en el Congreso sugirieron juntas voluntarias de "asesoramiento sobre precios", en las que se exigiría a las industrias reguladas que notificaran previamente las subidas de precios, pero en la atmósfera de la Guerra Fría creada por el macartismo y los nuevos insurgentes occidentales del Partido Republicano, ni siquiera se pudieron encontrar las mayorías para constituir ese proyecto formas de vigilancia industrial “voluntaria”.
Una vez que las empresas dejaron de estar controladas exclusivamente por los directivos nombrados por los accionistas, ¿quién iba a decir lo que el gobierno podría lograr? A lo largo de los últimos años de la década de 1940 y hasta la década de 1960 -período en el que los controles de precios se utilizaron más ampliamente en los sectores industriales del Atlántico Norte- los propagandistas anticomunistas y los pensadores económicos empezaron a argumentar que el cumplimiento de cualquier conjunto particular de objetivos de precios requeriría un conjunto elaborado e inexorablemente creciente de reglas sobre la oferta y la demanda. "El control de los precios", escribió Joseph Schumpeter en 1946, "a menos que se pretenda imponer la rendición de la empresa privada, es irracional e dañino para la pronta expansión de la producción". El senador de Ohio, Robert Taft -el candidato antiintervencionista de las pequeñas empresas para la nominación del Partido Republicano en 1952- escribió al presidente Eisenhower en enero de 1953 para quejarse: "En los últimos años la gente ha llegado a pensar que el control de los precios forma parte del funcionamiento ordinario de una economía libre, y esa creencia es muy peligrosa para la continuidad de la libertad". Milton Friedman destiló el argumento de finales de los 50 y principios de los 60. "Si no se permite que los bienes y los trabajadores sean racionados por los precios, debe haber algún otro medio para hacerlo", explicó en Capitalismo y Libertad en 1962. "¿Pueden los esquemas de racionamiento alternativos ser privados? [...] Los controles de precios, ya sean legales o voluntarios, si se aplican de forma efectiva, acabarían llevando a la destrucción del sistema de libre empresa y a su sustitución por un sistema controlado centralmente." Fue el esfuerzo por controlar la oferta que acecha al proyecto de estabilización de precios lo que produjo el tabú de finales del siglo XX y principios del XXI contra el control abiertamente político de los mercados.
En lugar de una nueva agencia federal independiente, parte de las responsabilidades habituales de la Casa Blanca entre las administraciones de Eisenhower y Carter incluían la "persuasión" informal -como Sansón, ejerciendo el poder de la Oficina para matar a los filisteos e influir en los participantes del mercado- contra los anuncios de precios desmesurados, generalmente los que acompañan a las negociaciones salariales de los sindicatos. En enero y febrero de 1957, por ejemplo, el presidente Eisenhower llegó a amenazar públicamente con imponer controles salariales y de precios si las empresas y los sindicatos no se contenían.
Entronar a la Fed
A pesar de la protesta ideológica durante la Guerra Fría, nunca nos libramos de la necesidad de la planificación económica. A pesar de todo, el público estadounidense sigue considerando al gobierno responsable del futuro. Para el ciudadano de a pie, el organismo encargado de dicha planificación es, sin duda, la Reserva Federal, que se ha ganado para sí no sólo el poder de vetar expansiones macroeconómicas, sino los poderes de emergencia para rescatar a los mercados financieros mediante la compra selectiva de activos para evitar la caída de los precios de los activos financieros. Hay una profunda razón histórica para que la atención popular se centre en el Tesoro y la Reserva Federal en el actual debate sobre cómo responder a la inflación: durante el último periodo de inflación sostenida, fue la política del banco central la que tomó la iniciativa decisiva final en 1979, en la lucha política por el control público de los precios. Este es el contexto implícito de la reciente controversia intelectual sobre cómo controlar la inflación: el hecho de que las nuevas herramientas debilitarían el monopolio del banco central sobre la planificación económica.
Antes de Paul Volcker, pocos responsables políticos favorables al trabajo consideraban que el banco central era la herramienta adecuada para la planificación económica a corto plazo. Pero en el contexto del auge de la guerra de Vietnam y de los controles salariales y de precios de Nixon, el tabú de los empresarios contra el gasto público y el control de precios empezó a perder su filo ideológico. En primer lugar, las medidas informales del Partido Demócrata en un entorno de pleno empleo no consiguieron mantener el nivel de precios estable: la variación anual del nivel de precios pasó de menos del 2% en 1962-65 al 3% en 1966 y al 4% en 1968. Cuando Nixon entró en la presidencia en 1969, renunció públicamente a cualquier esfuerzo para influir en los precios, formal o informalmente, prometiendo en cambio seguir una política "gradualista" de contracción fiscal-monetaria y laissez faire. El resultado fue la exacerbación de los aumentos de precios y salarios, que aceleraron la variación anual del nivel de precios a más del 5% durante la mayor parte de 1969-71, confirmando la creencia generalizada de que la política de tipos de interés podía hacer poco por la estabilización del alto nivel de empleo a corto plazo.
Después de que el Congreso, controlado por los demócratas, aprobara dos veces la legislación que autorizaba las órdenes presidenciales para controlar los salarios y los precios, Nixon impuso finalmente los controles en agosto de 1971. Durante los dos años siguientes, la inflación se redujo considerablemente. Pero tres errores de planificación minaron el programa de controles y contribuyeron a desacreditarlo más tarde, durante las recesiones de 1974 y 1979, cuando los precios volvieron a no bajar y cuando el recurso a la política monetaria adquirió un atractivo bipartidista. El primer problema de planificación se produjo en el suministro de productos agrícolas para los años 1972 y 1973, cuando Estados Unidos firmó acuerdos comerciales con la Unión Soviética y China. En lugar de permitir que el USDA siguiera la recomendación de la Comisión de Precios de ampliar la plantación de terreno para mantener bajos los precios agrícolas, el director del Consejo del Coste de la Vida, Donald Rumsfeld, y el secretario de Agricultura, Earl Butz, instaron a subir los precios agrícolas para asegurar los votos republicanos en el Medio Oeste durante las elecciones de 1972. El segundo problema de planificación era cómo manejar a los trabajadores sindicalizados, que estaban tan divididos y desorganizados internamente que no había ninguna perspectiva de cooperación efectiva en la estabilización de los salarios. El tercer problema de planificación fue el anuncio en enero de 1973, apenas unos meses después de las elecciones, de que los controles se reducirían inmediatamente y se convertirían en un sistema voluntario de autocontrol de las empresas.
Como ni la contracción fiscal-monetaria gradual ni el control de precios continuado podían estabilizar la economía en 1973-74, la alternativa era inducir una profunda recesión. Esto se dejó en manos de la Reserva Federal, que persiguió la contracción monetaria primero con Arthur Burns en 1974 y luego, de forma célebre, con Paul Volcker en 1979. La contracción monetaria fue acompañada de otras dos intervenciones en la fijación de precios. La liberalización del comercio, debatida a lo largo de 1969-74, se logró finalmente en la legislación de vía rápida firmada por el presidente Ford en 1975. La "desregulación" tuvo un avance similar, con el argumento de que debilitaría lo que el asesor de Carter, Alfred Kahn, denominó "el poder del mercado por la inflación". ¿Por qué garantizar la estabilidad en los antiguos mercados regulados del New Deal cuando el empleo y los beneficios en el sector industrial estaban cayendo? En 1979 y 1980, el Congreso debilitó o desmanteló la regulación de los precios, las subvenciones y la entrada de nuevas empresas en el mercado de las aerolíneas, el gas natural, el transporte por carretera y la banca hipotecaria. En el contexto de la subida masiva de los tipos de interés de Paul Volcker, la nueva competencia de precios y la postura de la administración Reagan contra los trabajadores organizados contribuyeron a poner fin a la lucha por los ingresos sacando a los trabajadores de la escena.
El hecho de que la ciudadanía busque en la Reserva Federal garantías sobre el futuro es evidente para la prensa financiera. También es evidente por su importancia en la recopilación de estadísticas económicas. La Reserva Federal es el único organismo responsable hoy en día de recopilar estadísticas sobre la utilización de la capacidad productiva por parte de la industria, una métrica fundamental para estimar los costes unitarios y determinar si un determinado incremento de precios es el resultado de un aumento de los márgenes de beneficio o de un aumento constante de los costes. Los anteriores organismos de la Casa Blanca encargados de supervisar las relaciones entre costes y precios -el Consejo de Estabilidad de Salarios y Precios, el Consejo del Coste de la Vida, el Consejo de Asesores Económicos, la Oficina de Estabilización de Precios, la Oficina de Administración de Precios- se convirtieron en objeto de una persecución macartista o se acomodaron a un mundo en el que se consideraba irresponsable que un organismo público llevara a cabo este tipo de análisis microeconómico, con el argumento de que el único uso potencial de estos datos era el control público de los precios. El origen de la única fuente de datos públicos de ingresos y costes por industria que podría utilizarse como alternativa para calcular los costes unitarios revela esta historia. Los informes financieros trimestrales de la Comisión Federal de Comercio (FTC) tienen su origen en los formularios exigidos por la Oficina de Administración de Precios (OPA) de la época de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Congreso liquidó la OPA, la agencia desmantelada entregó su programa de informes trimestrales a la FTC, donde ha permanecido desde entonces.
El tabú de la era post Nixon
A pesar del tabú post-Nixon, la fijación de precios sigue caracterizando la economía de Estados Unidos. La consecuencia de la planificación de los bancos centrales ha sido una falta de precisión en la política económica. La Reserva Federal sólo es capaz de financiar el crecimiento en el sentido más general, y sus poderes de planificación hoy en día son inadecuados para el tipo de expansión sectorial planificada que se requiere para el crecimiento de la industria de la energía renovable, o para disciplinar a las organizaciones monopolistas en la atención médica, la educación superior o la vivienda.
Por ejemplo, la atención médica y la medicina. Cuando el gobierno amplía la demanda de servicios hospitalarios, el resultado es el aumento de los precios en lugar de un más generalizado acceso a la sanidad. En dólares corrientes, según el Centro de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS), el gasto sanitario nacional per cápita en EE.UU. ha aumentado de 355 dólares en 1970 a 10.739 dólares en 2019, es decir, cerca del tres mil por ciento. Los mayores aumentos de precios se han producido en los medicamentos recetados, la atención hospitalaria y las residencias de ancianos, que han aumentado un 525%, un 317% y un 300%, respectivamente, desde 1980 [2]. Haciendo explícita la incapacidad de la política de la Fed para planificar eficazmente en estos mercados, todas las administraciones, desde Reagan hasta Obama, han intentado intervenir de algún modo en la fijación de precios, sin llegar a controlar la oferta. Reagan aumentó la competencia hospitalaria y fomentó la consolidación que ahora caracteriza a los mercados sanitarios urbanos. Obama respondió al aumento del poder del mercado hospitalario regulando las primas y los gastos de las aseguradoras, intentando controlar la fuente última de ingresos.
Es poco probable que el poder del mercado privado en la medicina siga escapando al control. HR3, el proyecto de ley de reforma de los precios de los medicamentos aprobado por la Cámara de Representantes en 2019, actualmente incluido en el proyecto de ley de gasto social "Build Back Better", impone controles de precios sobre la industria farmacéutica. La mayoría de los periodistas se centran en el Título I del proyecto de ley, que elimina la prohibición de la Parte D de Medicare de la administración de George W. Bush de negociar los precios con las empresas farmacéuticas. Pero independientemente de esta autoridad del Título I, los fabricantes farmacéuticos estadounidenses tendrían límites de precios con la HR3. El Título III del proyecto de ley impone un techo a los precios de los 125 medicamentos adquiridos en las Partes B y D de Medicare, que no deben aumentar por encima del índice de precios al consumo.
Sin autoridad para realizar controles discrecionales sobre productos básicos como el acero, la madera y la energía, es probable que el uso de la política fiscal para conseguir empleo conlleve la perspectiva de que los precios suban al menos gradualmente. La industria siderúrgica actual es un ejemplo de ello. Durante décadas, las empresas estadounidenses han defendido el aumento de los precios como una protección fundamental en un mercado en el que, hoy en día, la mitad de la capacidad mundial se encuentra en plantas chinas de menor coste [3]. Para proteger los beneficios de las empresas siderúrgicas estadounidenses, el presidente Trump utilizó la autoridad de la Ley de Expansión Comercial de 1962 para imponer aranceles del 25 por ciento sobre el metal. Recientemente, bajo el mandato del presidente Biden, China ratificó ell alza del precio del acero a nivel mundial al anunciar su propio programa de recortes de producción bajo la rúbrica de la reducción de las emisiones de carbono. De los 560 dólares por tonelada en 2019 y 2020, los precios del acero se dispararon hasta cerca de los 2.000 dólares por tonelada este pasado otoño. El precio mundial se ha triplicado, y muchos librecambistas estadounidenses instan ahora a la derogación de los aranceles al acero que impuso Trump y que la administración Biden ha mantenido. A pesar de estos precios tan especulativos, la utilización de la capacidad productiva en Estados Unidos se mantiene en torno al 80%, la que parece ser la preferida de los directivos de la industria. La expansión de la capacidad en la industria tardó años y sólo se aceleró tras el anuncio de China de recortar la producción. El acero caro, al parecer, beneficia tanto al programa de reequilibrio laboral de los EE.UU. de Biden como al programa de reequilibrio del carbono de la RPC de Xi.
Este aumento de los precios de un producto básico para los equipos de capital y los edificios influye sin duda en la estructura de los costes de toda la economía. Está claro, tanto en los agregados económicos como en las encuestas específicas de la industria, que los productores de todas las industrias están aprovechando la oportunidad del estímulo de ayuda de emergencia de Trump y Biden, y la perspectiva de un gasto de desarrollo sostenido tanto en infraestructura física como en política social, para aumentar los márgenes de beneficio. "No parece que las empresas se vean obligadas por los costes a subir los precios", escribe Dean Baker. "En cambio, parece que están aprovechando una escasez presumiblemente pasajera para aumentar sus márgenes de beneficio". La preguntadel momento -y la que plantea la historia de los controles de precios- no debe ser si hay que fijar un techo a los precios o cuándo, sino si nuestro conjunto de herramientas políticas limita nuestras capacidades y por qué.
Como parte del Producto Interior Bruto, los beneficios de las corporaciones corregidos por inventarios y depreciación fueron del 12,6% en el tercer trimestre de 2021, por encima del 11,1% en 2019 y del 10,9% en 2016. Según los informes financieros trimestrales de la FTC, los ingresos de explotación de las corporaciones estadounidenses de hierro, acero y ferroaleaciones fueron de 10.100 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, frente a una media trimestral de 1.200 millones de dólares en 2019 y de 849 millones de dólares en 2016. Para las corporaciones estadounidenses de productos de madera, las mismas cifras fueron de 9.400 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, de 1.700 millones en 2019 y de 1.700 millones en 2016; para las corporaciones mayoristas estadounidenses fueron de 38.200 millones de dólares (segundo trimestre), 18.000 millones y 16.300 millones. Algunos podrían alegar que estos beneficios se deben únicamente al aumento de los volúmenes, pero el aumento de los precios demuestra claramente lo contrario. Otros podrían argumentar que tales beneficios son necesarios para inducir la entrada y ampliar la capacidad en estas industrias, pero los mismos datos de la FTC muestran pocas desviaciones en la tendencia de crecimiento de las fábricas y equipos de capital en estos sectores comparables a la explosión de sus ingresos. No parece que los empresarios de estos mercados esperen que el nivel actual de demanda persista lo suficiente como para validar cualquier expansión dramática de la capacidad. Pero si no es así, ¿qué significa el actual aumento de precios?
[1] De origen escocés, empezó su carrera como radiotelegrafista, pero fue con el acero donde amasó gran parte de su fortuna. En la década de 1870, fundó la Carnegie Steel Company, un paso que consolidó su nombre como uno de los grandes capitanes de la industria.
[2] En un índice de 100 para 2013, los índices de precios para estas categorías aumentaron desde un nivel de 16, 24 y 25, respectivamente, en 1980.
[3] "El exceso de capacidad siderúrgica mundial y la sobreproducción en China amenazan con desencadenar nuevas oleadas de importaciones, poniendo en riesgo empleos bien remunerados e inversiones", advirtió el Instituto Americano del Hierro y el Acero, el grupo de investigación y presión de las empresas siderúrgicas estadounidenses”