Joseba Permach
Ainhoa Ozaeta
21/03/2026
El mismo día que miles de trabajadores y trabajadoras vascas reivindicaban un SMI de 1.500 euros para Euskal Herria, el secretario general de CCOO España hacía unas declaraciones que entendemos necesario rebatir. En primer lugar, dijo textualmente que «en Euskadi apenas hay población afectada por el SMI», lo que claramente es un gran despropósito y demuestra lo lejos que está Madrid para tomar decisiones con criterio y conocimiento, también en el caso que nos ocupa. En el marco de una investigación que hemos realizado conjuntamente con la Fundación Ipar Hegoa, hemos podido determinar que en Hego Euskal Herria hay, como mínimo, 240.000 personas que cobran menos de 1.500 euros brutos. ¿De verdad que le parece poco que una de cada cinco personas esté en esa situación? ¿Y si le advertimos que casi una de cada tres mujeres está en esa situación, cambiaría de opinión? ¿Y si le explicamos que la mitad de esas personas son migrantes, tampoco le parece importante? Escuchar de un líder sindical semejante afirmación es desolador.
Siguiendo con sus declaraciones, mencionó también que «lo razonable es que un SMI para todo el país vaya acompañado de salarios diversos en función de esas realidades socioeconómicas, pero eso ya lo procura la estructura de convenios colectivos». Luego el instrumento para adecuar los sueldos a la realidad socioeconómica es la negociación colectiva. ¿De verdad? Unai Sordo sabe, o debería saber, que las bolsas de precariedad se dan precisamente en aquellos sectores laborales donde la sindicalización, la protesta y la negociación colectiva es más difícil para los intereses de la clase trabajadora. Por ello, el SMI es un colchón social necesario que posibilita que aquellos sectores en condiciones más precarias no dependan de una relación de fuerzas que puede serles claramente desfavorable. Es un instrumento necesario para garantizar que todas las personas trabajadoras superen el umbral de la pobreza y puedan vivir dignamente, claro está, siempre que se respeten los criterios referenciados históricamente por la OIT o por la Carta Social Europea. No solo eso, la última directiva de la UE al respecto dice textualmente que, tanto para la fijación como para la actualización del SMI, se debe tener en cuenta el poder adquisitivo de los salarios, su cuantía general y su distribución, el crecimiento de los mismos, así como los niveles de productividad. ¿De verdad el señor Sordo cree que se pueden obviar las grandes diferencias que hay entre las medias estatales y las de Euskal Herria en todas esas dimensiones y seguir decidiendo en Madrid un SMI que pone a más 240.000 personas a las puertas de la pobreza? Incomprensible.
Y vamos con la tercera y, también, decepcionante afirmación. En su opinión, la «territorialización no es lo más adecuado». ¿Nos puede explicar por qué cree que no hay que adecuar los SMI a las condiciones de los territorios? ¿No dice la Carta Social Europea que el SMI tendría que estar próximo al 60% del salario medio? ¿Si en diferentes territorios hay diferentes estructuras económicas y salariales, no debe ser también el SMI diferente para garantizar el mismo poder adquisitivo? ¿Por qué acepta la territorialización de los convenios, pero no del SMI? ¿No se da cuenta de que su postura unionista en lo territorial perjudica precisamente a los sectores más desfavorecidos en la negociación colectiva? Claro que se da cuenta, pero, de la misma manera que se han opuesto históricamente a la ruptura de la caja única (pensiones), también lo hacen ahora con el único objetivo de mantener la unidad indivisible de la nación española. ¿Quién prioriza ahora lo identitario y territorial a lo social y laboral? ¿Quién está defendiendo, en la práctica, que haya 240.000 personas por debajo del SMI que su estructura territorial recomienda y sus necesidades básicas demandan, por no querer reconocer a Euskal Herria el derecho a un SMI propio?
Más allá de debates que superan este artículo sobre el derecho que tiene Euskal Herria a decidir su futuro (también socioeconómicamente) queremos recordar que la propia directiva europea no cierra la puerta a la posibilidad de que exista más de un SMI en cada Estado. Por ejemplo, en Alemania es posible acordar en la negociación colectiva un sueldo mínimo y, posteriormente, el Estado lo sanciona por ley. Es verdad que en este caso se refiere a sectores y no territorios, pero también es cierto que a nivel mundial existen diferentes países como EEUU, Canada o Australia que, por sus grandes diferencias internas, hace tiempo que decidieron tener SMI diferentes a nivel territorial. No solo eso, en los últimos años van en aumento los casos de SMI propios para el caso de ciudades concretas. Por ponerlo en números, en 2010 solo había tres ciudades en el mundo con SMI propio, en 2021 ya eran 42 y es que, por ejemplo, los problemas de la carestía de vivienda en algunas poblaciones (¡como en Euskal Herria!) exigían medidas valientes, en este caso, de territorialización a un nivel muy concreto. No hacerlo es cerrar los ojos a una realidad que, poco a poco, empobrece a miles de personas.
Las personas vivimos y trabajamos en territorios con estructuras económicas y relaciones laborales muy diferentes. El objetivo del sindicalismo debiera ser adaptar la legalidad a esas condiciones en favor de la clase trabajadora, no defenderla en detrimento de las clases populares.
La negociación colectiva o acuerdo interprofesional también puede ser un espacio para acordar un SMI propio para Euskal Herria. Pero para ello, hay que sentar en la mesa a los empresarios. El señor Sordo ha perdido una magnífica oportunidad para reclamar precisamente eso a los empresarios. Ha preferido alzar la voz contra la reclamación de miles de personas que salieron a la calle a reivindicar un SMI propio. Una pena, pero muy clarificador en lo que respecta a la diferencia que, también en lo sindical, tiene nuestro país.