“La ley audiovisual bendice la concentración mediática”. Entrevista a Ramón Zallo

Ramón Zallo

23/12/2021

Ana Jorge realizó esta entrevista para Sin Permiso a Ramón Zallo, Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco, sobre el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.

 

Te preguntas sobre la debilidad de la democracia frente a la plutocracia de plataformas y operadores. ¿es esta ley a tu juicio producto de la inconsistencia y la ineptitud o simplemente una visión mercantilista de la comunicación que obvia los derechos de la ciudadanía implicados y el papel de lo regulado como garantía de la propia democracia, pues es, en gran parte, sobre la existencia de una esfera pública (en el sentido kantiano con aportes contemporáneos tan destacados como los de Habermas o Fraser) de lo que a la postre estamos hablando?

Si fuera solo un problema de visión mercantilista de la comunicación o de ineptitud de los gestores públicos el proceso sería corregible. Apuntas bien que el problema es más de lo que queda de esfera publica, que si hace tiempo ya era presa de los agentes dominantes en el mercado privado de la comunicación (a su vez vinculadas a las altas esferas económicas) y de las regulaciones públicas subordinadas a dicho mercado, ahora, en la era digital, se ha escalado varios peldaños más hacia su desaparición. Las plataformas audiovisuales, a escala casi universal, apuestan por la eliminación del debate público y la absorción de la nueva esfera pública que se había generado con los ciberhogares activos y sin intermediaciones mediática. La esfera pública ha pasado, por un lado, a ser gestionada por la economía de la atención y de la adicción desde preferencias conducidas por estímulos y, por otro, a ser crecientemente federalizada en torno a emociones y populismos retrógrados a costa de la racionalidad, la privacidad y de los valores.

Entendiendo que el borrador presentado es una oportunidad perdida pues se limita a una trasposición tardía, conservadora y mercantilista de una directiva europea. ¿cuáles son para ti los aspectos más lesivos de dicha ley, por acción u omisión?

Se bendice la concentración mediática vigente en radio, televisión –lineal y no lineal- y plataformas; el derecho a la participación no está y eso que es un mandato constitucional; el inadecuado –Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia- órgano regulador queda opacado por las funciones que se reserva el Gobierno; se apuesta por la ausencia de centralidad para los servicios públicos que, si en el caso de RTVE, sigue con un modelo financiero obsoleto e inestable, en el caso de los canales públicos autonómicos, no aparecen como partícipes del cambio digital ni de sus nuevas rentas; a la RTV comunitaria no se le permiten medios para sobrevivir más allá de la mendicidad; la regulación publicitaria, así como la de protección de menores son peores que la ley vigente; la “prominencia” (visibilidad) en los catálogos y presentación programaciones de obras europeas y de programas de servicios públicos o en lenguas minoritarias no se desarrolla como tampoco se desarrolla lo que conlleva la diversidad; las cuotas de pantalla y de financiación para obras europeas se queda en el escalón de mínimos por miedo a las plataformas; los servicios de intercambio de videos están mal regulados y escapan a múltiples obligaciones posibles; hay unas cuantas invasiones competenciales pero lo peor es que no se hace partícipes a las CCAA de derechos en torno a los cambios tecnológicos (reserva de dominio publico en el 4G y 5G) y a la auto-regulación audiovisual; en lo que respecta a lenguas minoritarias no hay compromisos porcentuales en cuotas de pantalla ni de financiaciones de plataformas, televisiones en abierto ni RTVE con lo que su desaparición de las pantallas continuará y se agravará más allá de los nichos donde se han refugiado.

 En este último aspecto lo lógico sería la reserva de un 40% para las lenguas cooficiales de los fondos resultantes en las significativas cuotas de pantalla y en financiaciones obligatorias “de la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas”, por la simple razón de que no señalar porcentajes implica que el 99% vaya al castellano cuando la realidad sociolingüística es que el 41% de la población del Estado español vive en territorios con lenguas minorizadas.

¿Ves posible un cambio, si no sustancial al menos importante, en el proceso de debate parlamentario de esta ley?

 Francamente solo el tema de las lenguas minoritarias se corregirá en muy ligera medida –un fondo de ayuda gubernamental a producción audiovisual y doblaje sin compromiso mayor de las plataformas- y por razones ajenas al debate sobre el proyecto de ley general del audiovisual. Es sabido que ERC condicionó su apoyo a la ley de presupuestos Generales a que se modifique el proyecto en ese aspecto. El resto de temas que marcan la diferencia entre un enfoque progresista, democrático y de diversidad no se tocarán salvo puntualmente. Entiendo que mi propuesta de más de 60 líneas de enmiendas -colgadas en Teledetodos para quienes quieran utilizarlas- se quedarán en el imaginario de algunos académicos sin que las fuerzas políticas más avanzadas se atrevan a echar mano de ellas. El motivo es que el PSOE ya ha levantado un muro, y que hurgar en ello, les podría llevar a las fuerzas de izquierda y soberanistas a una posición contraria a la ley, poniendo con ello en riesgo al propio gobierno con la consiguiente amenaza de unas elecciones adelantadas que podrían ganar el PP.

Como se ve no estamos hablando de la ley sino de la estabilidad gubernamental como freno a una nueva y temible oleada derechista. Si la ley General del Audiovisual de 2010 ya fue una ley confeccionada en su 2º y definitivo Borrador directamente con el aliento y pluma de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto) y que auspició la ministra Mª Teresa Fernández de la Vega, ahora esa función de rendir el sistema comunicativo al ámbito privado, pero en esta ocasión ante las plataformas digitales multinacionales la ha asumido Nadia Calvino, que no ha querido ir un ápice más allá de las exigencias de la Directiva Europea de 2018 que todo el mundo sabe que era de mínimos. El proyecto de un Hub audiovisual en Madrid -y con alguna ramificación en Barcelona- para toda Europa patrocinado por las plataformas de streaming ejerce de zanahoria para acotar la posición gubernamental.

 O sea, soy pesimista ante un debate con las cartas marcadas.
 

Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco
Fuente:
www.sinpermiso.info, 25 de diciembre 2021

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