Daniel Escribano
23/10/2025
Daniel Escribano se doctoró en Sociología con la tesis El conflicte lingüístic a Catalunya, el País Valencià i les illes Balears durant la Segona República (Palma: Lleonard Muntaner Editor / Obra Cultural Balear, 2020). En dicho trabajo, el autor defendía la tesis de que el movimiento político que impugnaba la diglosia sólo adquirió el carácter de movimiento de masas en el Principado. “Ni en el País Valenciano ni en las islas existió un movimiento regionalista fuerte, avalado por el grueso de las elites económicas territoriales. […] Sólo cuando, con el advenimiento de la Segunda República, la autonomía catalana se convirtió en una realidad se emprendieron iniciativas autonomistas en el País Valenciano y en las islas.”
En los últimos años Daniel Escribano, (Palma, 1978), se ha adentrado en el estudio de la represión política en el Estado español. En el libro Judicis polítics sota la democràcia militant espanyola (Palma: Documenta Balear, 2025) repasa cuatro causas penales, dos por hechos realizados en el ejercicio del derecho a la participación política y dos por el ejercicio de la libertad de expresión. La entrevista para Punt Avui la realizó Pere Bosch i Cuenca.
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En el prólogo de Judicis polítics sota la democràcia militant espanyola, el abogado Benet Salellas destaca que el libro es “un viaje judicial para desentrañar a este Leviatán, reconociendo en él la injusticia de este poder caduco y conocido”. El autor nos propone este “viaje” a través de cuatro estaciones, cuatro casos que ejemplifican sendos “delitos”: la condena al parlamentario Miguel Castells como paradigma del delito de opinión; la condena al rapero Valtònyc, paradigma del delito de creación artística; la condena a los activistas contra los recortes en Cataluña, ejemplo del delito de manifestación, y, finalmente, la causa general contra el independentismo catalán. Este último ocupo doscientas de las 376 páginas del volumen y su título incluye una frase lapidaria que espetó el magistrado Manuel Marchena durante el juicio a los líderes del procés: “Yerra usted en la estrategia defensiva”.
La principal tesis del libro es la pervivencia de la justicia política. ¿De dónde proviene el problema? ¿De la incapacidad para superar el franquismo?
No exactamente. El concepto clave es democracia militante, acuñado por el constitucionalista alemán Karl Löwenstein, refugiado en EE UU tras el ascenso del nazismo. En dos artículos de 1937 en la American Political Science Review ensalza lo que denomina democracia militante o autoritaria, una transformación en algunos sistemas políticos europeos del período de entreguerras que, en la lucha contra el fascismo y el comunismo, aprobaron preceptos penales y sanciones administrativas y gubernativas, entre las que Löwenstein menciona las contenidas en la ley española de la defensa de la República de 1932, que restringen derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación políticas en defensa de las instituciones del Estado. El constitucionalista Otto Kirchheimer señala que el delito político por antonomasia es el de injurias o calumnias. Y, aplicadas a las instituciones del Estado, existen numerosos preceptos, algunos de los cuales aparecen en el libro. Son, fundamentalmente, las injurias o calumnias al rey o miembros de la familia real, a miembros del Gobierno o de las fuerzas de seguridad del Estado.
Y, en el caso del Estado español, ¿cuándo empezó todo esto?
Todos estos preceptos se remontan a los orígenes del Estado liberal. El primer Código penal e incluso normas anteriores del régimen liberal ya restringían la libertad de expresión y establecían medidas sancionadoras por injurias a la “sagrada é inviolable persona del Rey” (Decreto LXIX, de 12 de febrero de 1822). En realidad, una de las últimas condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (Asunto Fragoso Dacosta c. España, de 8 de junio de 2023) por vulneración del derecho a la libertad de expresión tenía como origen una multa impuesta a un trabajador al servicio de la Administración militar por “ultrajes a España o a sus símbolos” (art. 543 CP); en este caso, por abuchear y gritar, en un contexto de huelga, “aquí tedes o silencio da puta bandeira” durante la ceremonia de izamiento de la bandera. Este precepto se introdujo en 1906 tras las presiones militares por un chiste sobre el Ejército español publicado en la revista ¡Cu-Cut! Este tipo de preceptos no solo no se han derogado, sino que se han expandido.
El libro se centra en cuatro causas. ¿Por qué estas cuatro?
Por un lado, porque son los casos que conozco mejor o tenía mayor documentación a mi alcance. Pero, sobre todo, porque los cuatro tienen una relevancia especial. El primer caso es el del abogado y senador Miguel Castells, acusado de injurias al Gobierno por un artículo de opinión. Este caso supuso una de las primeras condenas a España del TEDH por vulneración del derecho a la libertad de expresión, con el agravante de que el artículo incriminado versaba sobre cuestiones políticas, como destaca el tribunal en la Sentencia, materia en que los límites a la libertad de expresión deben aplicarse más restrictivamente (Asunto Castells c. España, de 23 de abril de 1992). También es muy relevante el caso del rapero Josep Miquel Arenas, Valtònyc, porque, por un lado, la condena de la Audiencia Nacional (AN) española empujó al artista al exilio, y, por el otro, porque las pretensiones de la AN de presentar como un supuesto delito de “terrorismo” el contenido de algunas canciones del rapero, con el objetivo de activar el mecanismo de entrega automática de la Decisión Marco del Consejo Europeo de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, fueron desbaratadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, Asunto C-717/18, de 3 de marzo de 2020), que, tras una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelaciones de Gante a petición de la defensa de Arenas, constató que el cumplimiento del requisito para activar el procedimiento de entrega automática de que la pena mínima prevista para ese delito sea de tres años de cárcel solo se cumplía tras la reforma de 2015 del Código penal, posterior al momento de los hechos enjuiciados, lo que vulneraba el principio general del derecho de irretroactividad de las normas penales desfavorables. En este procedimiento de entrega, el modelo español de democracia militante recibió un segundo golpe de enjundia. El delito de injurias o calumnias al rey u otros miembros de la familia real española por el que también fue condenado Arenas no figura en la lista de 32 delitos de entrega automática, de modo que era necesario que los hechos también estuvieran tipificados como delito en la legislación belga para que la entrega por ese “delito” prosperara. La Fiscalía belga, en segunda instancia, alegó como delito equivalente las “ofensas al rey”, tipificadas en una ley especial de 1847. Tras el planteamiento de una cuestión prejudicial por parte del Tribunal de Apelaciones de Gante, a petición de la defensa, el Tribunal Constitucional belga declaró que dicha ley era incompatible con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los artículos 19 de la Constitución belga y décimo del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH). Ello determinó la denegación de la entrega por este “delito”, al tiempo que evidenció aún más la singularidad de la legislación española en materia de libertad de expresión respecto a autoridades.
El grueso del libro, en torno a doscientas páginas, lo dedicas al juicio del procés y lo encabezas con una frase célebre del magistrado Marchena, un ataque directo al derecho a la defensa…
Es una causa general, formada por un sinfín de causas. La principal es la de los miembros del Gobierno catalán, la presidenta del Parlament y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. En el libro también trato las del resto de miembros de la Mesa del Parlament y la de la cúpula de los Mossos d’Esquadra. Es relevante que, en estas causas, la mayor parte de los acusados habían sido autoridades. Los hechos incriminados son decisiones parlamentarias, normas gubernativas para desarrollarlas y movilizaciones. Me resulta de especial interés el nexo existente entre este capítulo del libro y el inmediatamente anterior, la causa contra veinte activistas que se concentraron ante el Parlament en protesta por los recortes en materias sociales previstos en el Proyecto de presupuestos de la Generalitat de 2011. En esta causa, la AN absolvió a los encausados, pero tanto el Gobierno de la Generalitat como el Parlament, que ejercían la acusación particular, interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). Y en la sentencia resolutoria de este recurso se estableció la tesis según la cual el número de personas que ejercen el derecho a la protesta, aunque no cometan actos violentos, puede crear un “clima coactivo” susceptible de ser considerado delictivo, en este caso constitutivo del delito “contra las instituciones del Estado” del artículo 498 del Código Penal. Esta misma tesis se aplicaría también en la causa principal del procés, ahora para integrar un supuesto delito de “sedición”. La ironía es que el ponente de la Sentencia revocatoria de la absolución de los activistas de Aturem el Parlament era el que después ejercería de presidente del tribunal de la causa principal del procés: Manuel Marchena.
El libro concluye con un capítulo sobre represión lingüística en el ámbito judicial. ¿Existe aversión al plurilingüismo en la justicia española?
La Administración de justicia es un poder centralizado; en el Reino de España no existe federalismo judicial; el Tribunal Superior de Justicia “de” Cataluña, en rigor, es una Tribunal en Cataluña, un órgano meramente desconcentrado, no descentralizado. En la cuestión lingüística, un hecho fundamental es que la norma procesal fundamental, la Ley de enjuiciamiento criminal, es de 1882, una época en que los idiomas peninsulares distintos al castellano carecían de reconocimiento oficial alguno. Y la norma no se ha actualizado para adecuarla a los regímenes de doble o triple oficialidad lingüística existentes en algunas comunidades autónomas. Los acusados y testigos que quieran declarar en algún idioma peninsular distinto del castellano lo deben hacer asistidos de intérprete. Además, la ley prevé una serie de cláusulas excepcionales ―algo más restringidas por una Directiva europea de 2010, que, no obstante, se hizo pensando en los extranjeros comunitarios y que, además, no se ha traspuesto íntegramente― que no garantizan una interpretación fiel. Cuando la Audiencia Provincial de Bizkaia planteó, en una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 231 de la Ley orgánica del poder judicial (que establece el uso del castellano por parte del personal de la Administración de justicia), argumentó que este sistema vulnera el principio de inmediación como parte del derecho al debido proceso, el principio de igualdad y el de doble oficialidad y que supone tratar como extranjeros a los hablantes de idiomas peninsulares distintas al castellano, el Tribunal Constitucional (TC) negó la mayor y ni siquiera admitió a trámite la cuestión. Por lo demás, la correlación de fuerzas actual en las altas instancias de la judicatura es abrumadoramente favorable a la derecha. De modo que no hay mucho más que añadir.
Algunos de los casos que analizas han llegado a la justicia europea. ¿Es una prueba del algodón de la calidad de la justicia española?
Relativamente, porque ha habido muchas demandas contra España que el TEDH no ha admitido a trámite, a raíz de una reforma de la Ley orgánica del TC (Ley orgánica 6/2007, de 24 de mayo). Hasta entonces para la admisión a trámite de un recurso de amparo era suficiente con que el recurrente, tras agotar la vía judicial, alegara vulneración de algún derecho fundamental. Pero esta reforma introdujo un requisito adicional: que la vulneración alegada tuviera “especial trascendencia constitucional”. Con ello se da la situación absurda de que se puedan inadmitir recursos de amparo no por inexistencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, sino porque estas no revistan, al juicio del TC, suficiente “trascendencia constitucional”, lo que supone una conculcación flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido tanto en la Constitución española (art. 24.1) como en el CEDH (art. 13). Sin embargo, tras esta reforma han sido numerosos los casos en que el TEDH ha inadmitido demandas (como en el caso de Josep M. Arenas) porque el TC había inadmitido el recurso de amparo, identificando abusivamente inadmisión por parte del TC con no agotamiento de la jurisdicción interna. Con ello, el TC puede bloquear de facto el acceso a la jurisdicción europea mediante una simple inadmisión a trámite, con el agravante que esta decisión se dicta por providencia, que es una resolución no argumentada. A mi juicio, la mejor respuesta es el exilio, por cuanto permite confrontar a la Administración de justicia española con la de otros Estados y evidenciar que lo que aquella considera “graves delitos” en estos no constituye delito alguno.
En el prólogo, Benet Salellas afirma que los cuatro casos nos recuerdan las luchas y las resistencias al embate judicial. ¿Es un mensaje de esperanza, de que existe la posibilidad de ganar?
Hay un tema interesante que es el de la estrategia defensiva en un juicio político. No he entrado en la famosa dicotomía entre estrategia de connivencia y estrategia de ruptura. En cualquier caso, esta última sólo funciona si existe una movilización social potente y sostenida. Es decir, enfrentarse al tribunal sin apoyo social no es garantía de nada. Con todo, en el caso del juicio del procés, en que ni siquiera hubo estrategia conjunta entre las defensas de los acusados, se perdió un elemento de confrontación simbólica muy potente como es la dimensión lingüística del conflicto: el tribunal y las acusaciones hablando una lengua y los acusados declarando en otra… Finalmente, la renuncia de los acusados a ejercer sus derechos lingüísticos no les reportó beneficio alguno; la sentencia fue igualmente condenatoria y severa, ya que estaba motivada políticamente.
(Esta es una traducción del propio autor ampliada de la entrevista que publicó El Punt Avui el 27 de septiembre de 2025: https://t.co/LgDsV0L8Fk).