Lea Ypi
17/03/2024
Las personas nacen libres, pero andan por doquier encadenadas. Suena como la descripción del mundo en tiempos del Covid-19. Pero en una época de emergencia permanente, las palabras iniciales del Contrato Social (1762) de Jean-Jacques Rousseau nos recuerdan el frágil equilibrio que existe entre democracia, protección y obediencia al Estado.
Si el Estado ha emergido de la pandemia como una fuerza más prominente en nuestra vida pública, la idea de soberanía popular que sirve para legitimarlo -la noción de que somos autores en pie de igualdad de las leyes que debemos obedecer- nunca ha sido más débil. La idea del contrato social sustenta el concepto moderno de soberanía. Explica por qué los individuos, que en el estado de naturaleza nacen libres e iguales, sacrifican su libertad natural a la libertad civil de la que disfrutan en asociación con otros y que gobiernan las leyes. El contrato social explica además por qué, en situaciones de emergencia, el Estado tiene autoridad para restringir o suspender libertades fundamentales, como las de movimiento, asociación y participación electoral.
La mayor parte de estas libertades está garantizada por los documentos fundacionales y las constituciones de las democracias liberales. La mayoría, si no todas, se han visto suspendidas o limitadas como parte de la respuesta de emergencia a la pandemia. Esto se ha justificado invocando una amenaza de orden superior para nuestra vida en común, apelando al contrato social que, como ciudadanos, vincula nuestros destinos y nos hace responsables a los unos de los otros.
Estamos en guerra con un enemigo invisible, se ha dicho, y debemos aceptar sacrificar nuestra libertad individual por la protección de la vida de todos. Lo hacemos porque el Estado nos lo exige; ninguna otra persona o institución ejerce los mismos derechos sobre nosotros.
Hemos sido testigos de un retorno a la soberanía en la práctica, y a una afirmación de su importancia en la teoría. Pero la idea por la que compartimos los mismos riesgos que nos hacen parte de un contrato social parece ahora ilusoria. Por el contrario, la pandemia ha puesto de relieve la realidad de que la libertad de algunas personas es más valiosa; que algunas vidas se consideran más merecedoras de ser vividas.
Mientras millones de norteamericanos perdían su trabajo, la riqueza de los multimillonarios de EEUU crecía más de un 10%. En el Reino Unido, las personas negras tenían cuatro veces más probabilidades de morir de Covid-19 que las blancas. Las necesidades dictadas por el cuidado de los niños o los ancianos hacen que volver al trabajo sea más difícil para las mujeres que para los hombres. Durante el confinamiento, la diferencia en los resultados obtenidos por los niños que provienen de familias desfavorecidas ha retrocedido años. Las consecuencias psicológicas a largo plazo de la crisis, como la ansiedad y la depresión, afectarán más intensamente a las personas más pobres.
Las descripciones del estado de naturaleza imaginaban una condición sin leyes en la que los seres humanos ni siquiera podían dormir por miedo a ser asesinados, y algunos competían violentamente por el acceso a las necesidades básicas. Otros perseguían los honores y el reconocimiento de sus iguales para hacerse inmunes a las amenazas externas. El contrato social es necesario para acabar con lo que Thomas Hobbes llamó la "guerra de todos contra todos". Los individuos pierden parte de su libertad, pero ganan mayor seguridad al ser conscientes de que está gestionada por el Estado.
La sociedad liberal no está libre del miedo. Mientras damos por descontada nuestra deuda de obediencia a la autoridad política, existen enormes discrepancias en la protección que el Estado ofrece a sus súbditos. Se nos pide que hagamos los mismos sacrificios, pero el Estado no asume las mismas responsabilidades para con todos.
La emergencia sanitaria puede pasar. Pero la crisis económica, política y social que ha desencadenado no desaparecerá. Todas juntas constituyen una crisis del sistema: la ruptura del contrato social. La Organización Mundial del Comercio ha pronosticado el peor colapso del comercio en una generación, niveles de desempleo sin precedentes y una crisis económica histórica. La retórica de solidaridad y cooperación que proviene de los gobiernos nacionales y las instituciones transnacionales, como la Unión Europea, contradice una realidad brutal de profundas desigualdades sociales y económicas.
El ascenso de la extrema derecha se ve alimentado por un sistema que les exige cada vez más obediencia a todos mientras ofrece protección sólo a algunos. Tenemos que revisar los fundamentos de nuestro contrato social. Debemos plantearnos cuestiones fundamentales respecto al modelo sobre el que los Estados liberales han construido sus relaciones sociales: en el lugar de trabajo, en el hogar, en las instituciones educativas, en la política y en el sistema judicial. Se trata de una crisis de legitimidad liberal. No puede haber soluciones tecnocráticas sin un cambio radical de perspectiva. Las elecciones seguirán celebrándose y los partidos seguirán alternándose entre el gobierno y la oposición. Pero mientras repitan los errores del pasado, grandes sectores de la población seguirán privados de sus derechos.
La amenaza a nuestra condición civilizada no es sólo la crisis sanitaria, sino la emergencia permanente que se predice para nuestro futuro. La gestión de la pandemia ha dado lugar a una concentración de poder sin precedentes en manos de unos pocos: expertos científicos, agencias de control de datos, élites políticas y económicas. Seguirán apoyándose en la autoridad del Estado para exigir la obediencia de todos mientras sólo ofrecen una protección parcial.
Si no hacemos avanzar el contrato social en una dirección radicalmente igualitaria, la relación con el Estado que aquel permite se hará añicos. El Estado perderá su autoridad y la democracia representativa perderá su función como mecanismo que legitima esa autoridad. La política se convertirá en altavoz sólo de los más fuertes, de los que controlan los datos, el dinero, las armas, o una combinación de todo ello. El Estado es un organismo que tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero ninguna autoridad legítima.
Rousseau escribió que "el hombre nace libre, pero anda por doquier encadenado". El Contrato Social no pretendía explicar por qué fracasan los Estados, sino cómo se justifica su autoridad. Rousseau ofrecía una solución sencilla: la democracia. La democracia exige que el contrato social radique en la voluntad general, que elimine las desigualdades de riqueza y poder, y que transforme el Estado de un medio de dominación a uno de emancipación. En el siglo XXI, puede que no estemos más lejos de la idea de democracia de lo que lo estuvo Rousseau. Pero tampoco estamos tan cerca.