Madrid: el caos, la bolsa y la vida

Una gran confusión domina el día a día de los habitantes de la Comunidad de Madrid. Sin solución de continuidad, entre el jueves y el viernes, una parte de la población se lanzó por segunda vez en seis meses a vaciar las estanterías de harina en los supermercados. Mientras, veía como, a diferencia de los momentos álgidos del estado de alarma, su empresa le recordaba la obligación de acudir a su puesto de trabajo extendiéndole un certificado para poder circular en un transporte público atestado. Por si fuera poco, a las diez de la noche del viernes 2 de octubre quién estaba confinado en su barrio dejó de estarlo; ahora la confinada era toda su ciudad a la vez que los parques públicos, cerrados hasta ese momento, se abrían de nuevo. La prohibición de reuniones de más de seis personas se mantenía.

El caos

La población sufre una situación sanitaria muy difícil que amenaza con serlo aún más. Madrid se halla a la cabeza de Europa en incidencia del virus, sus índices de contagio que no dejan de crecer y se encuentran muy lejos de estar controlados. Hay 49 áreas por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes. La ocupación hospitalaria por enfermos de Covid-19 de las UCI es ya superior al 50% de todas las existentes en la región y amenaza con su pronta saturación. Por último, el número total de personas fallecidas en septiembre de este año es un 30% superior a las que murieron el mismo mes del año anterior. En estas condiciones y al verse obligada a aplicar las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud por la mayoría de las CCAA, la presidenta del gobierno autonómico de coalición (PP-C’s) Isabel Díaz Ayuso (PP) afirmó que: “El gobierno de Sánchez trata de sumir a Madrid en el caos". Acto seguido cifró sus supuestos efectos en pérdidas semanales de 750 millones de euros y en la destrucción media de 18.000 empleos, a la par que ordenaba a sus servicios jurídicos presentar inmediato recurso ante los tribunales contra dicho acuerdo.

¿Qué decidió el Consejo Interterritorial para enfadar tanto a la presidenta madrileña y a los jefes de su partido en la sede de la calle Génova? Hace unas fechas en estas páginas (aquí) nos hacíamos eco de lo señalado por la mayoría de miembros de la comunidad científica y denunciábamos que los confinamientos selectivos y perimetrales que afectaban a una parte de los barrios populares de la ciudad de Madrid y del cinturón conurbano que la rodea iban a ser inútiles para frenar la pandemia además de mostrarse clasistas, aporafóbicos y xenófobos. Dichos confinamientos barriales han desaparecido y se han sustituido por el mayor cierre perimetral efectuado hasta hoy en el Estado. Un cierre que afecta los movimientos de 4,8 millones de sus aproximadamente 6,4 millones de habitantes cuando antes afectaba solo a 885.193 personas. Dicho cambio es todo lo que aporta el acuerdo del Consejo Interterritorial a la lucha contra la pandemia. O sea, casi nada. Cierto que diluye el efecto clasista de las medidas previas de la comunidad madrileña y añade cierta coherencia territorial, pero nada más. Al igual que antes de la “reunión anti-madrileña” que según Ayuso “provoca el caos”, la gente debe ir a trabajar en trasportes atestados, continúa sin médicos y técnicos suficientes en los centros de salud, sigue sin refuerzos en los centros de estudio, sin solución habitacional para los infectados con problema de aislamiento, sin resolver la complicación de los sin papeles o la enorme precariedad que fuerza a salir a la calle. Nada de eso se abordó en la “declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2”.

El acuerdo que se supone “doblega a Madrid” en realidad modifica muy poco y en nada sustancial las medidas madrileñas; solo las extiende territorialmente. Así que lejos de acabar con el caos, el pacto va a convivir con él y lo que es peor, suma al mismo al gobierno del reino que, a partir de ahora, será corresponsable directo de todo lo que ocurra, empezando por el despliegue de la policía que se ha llevado a cabo para controlar a la población.

El pomposo título del acuerdo representa la hoja de parra que tapa unas medidas que serán muy poco útiles y que podemos resumir en tres: mascarilla, hidro-alcohol y derechito a casa.

La bolsa

La Comunidad se halla sumida en un caos profundo que tiene que ver con un patrón neoliberal austeritario que se ahoga, incapaz de afrontar la pandemia y proteger a la población. Las expresiones más evidentes de ello son el fracaso de su modelo sanitario y social, económico (desigualdad) y político institucional (divisiones en el gobierno). Un modelo que tras la llamada colaboración público privada centra toda acción política en el beneficio y negocio de los más ricos.

En Madrid nada nace, se hace o se mueve si no es a través de un contrato privado. Poco importa si se trata de test sanitarios, material hospitalario o los propios hospitales. Lo primero y previo pasa siempre por que el contrato con la gran empresa de turno se formalice. Las medidas anti-Covid han seguido desde el primer día esa misma lógica. Hasta tal punto se encuentra subordinado todo a ese principio desde hace lustros que la Administración se ha quedado sin músculo y reducida a una simple oficina de contratación con la gran empresa, asentada sobre una montaña de viscosa y pegajosa de corrupción. Son hechos denunciados en múltiples ocasiones, en especial en estas mismas páginas, las dos últimas, (aquí) y (aquí), pero que no dejan de aparecer detrás de cada circunstancia que se relaciona con Madrid.

La última la pudimos comprobar esta semana en la Asamblea regional. Una cámara reducida por mor de PP, C’s y Vox a parlamento de opereta, que dio por aprobada, con la que está cayendo, en lectura única y sin cuórum legal suficiente la decimoséptima modificación de la ley del suelo. Ladrillo y especulación, suelo público puesto sin condiciones bajo control de las constructoras es la solución para esta triple derecha de la pandemia que aumenta nuestros muertos.

Una triple derecha, por otro lado, incapaz por sí misma de seguir manteniendo, sin ayuda del Estado, su política austeritaria extrema. Sus divisiones la paralizan y su cadena de dimisiones en el gobierno y altos cargos así lo atestiguan. “La penúltima”, el viernes 2 de octubre, la de Alberto Reyero consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid y miembro de C’s. Reyero mantendrá su acta de diputado, pero con su renuncia suma una nueva crisis al gobierno regional. Antes de él se fueron su jefe de gabinete (Carlos Reus), el máximo responsable de las residencias en Madrid (Óscar Álvarez) y el secretario general técnico de la Consejería (Miguel Ángel Jiménez). A ese contexto hay que añadir los indisimulados enfrentamientos del vicepresidente madrileño Ignacio Aguado (C’s) tras su preacuerdo con el Ministerio de Sanidad que luego desautorizó la presidenta y los consejeros del PP en el gabinete.

Las “soluciones creativas” que pide Ayuso para Madrid constituyen puro trumpismo político. Es decir, el sometimiento de la salud y la vida de las personas al negocio privado de unos pocos. Las autoridades madrileñas han optado entre la bolsa y la vida, han elegido lo primero e intentan con una gran cortina de humo contra el acuerdo del Consejo Interterritorial evitar que se conozca esa realidad. Un acuerdo, que es el ratón que parió la montaña, que pretende liar poco a poco al gobierno de Sánchez y así, hasta cierto punto, ligar la suerte de ambos gobiernos.

La vida

Contra quienes ponen la bolsa por delante de la vida y nos roban ambas a la mayoría de la población no rica es necesaria una contundente apuesta por los cuidados. Una apuesta asociada indisolublemente a lo público. Es decir, a reforzar los centros de asistencia primaria hoy cerrados y/o colapsados, y los centros educativos, a regularizar a los llamados sin papeles, a mejorar la dependencia y la protección de la ciudadanía. No hay otra. La pandemia y esta nueva normalidad de mascarilla y empobrecimiento exige de un nuevo contrato social en el que las personas estén en el centro. Una apuesta contra la desigualdad y por los derechos de los que el marco internacional se hace eco en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (agenda 2030).

Esa apuesta por la vida exige, si quiere ver la luz, que la izquierda social y política se una en la movilización y en el diálogo. Una unidad que solo será si se articula rompiendo con los efectos más graves de la austeridad neoliberal que Ayuso y los suyos mantienen contra viento y marea y que el acuerdo del Consejo Interterritorial, lamentablemente, no resuelve.