No hay pobres en el Reino de España

Lluís Torrens

22/02/2021

La implementación del Ingreso Mínimo Vital ha sido un fracaso anticipado, como lo fue el de la Renta Garantizada de Ciudadanía, al llegar a quien lo necesita. Este es un problema estructural de las rentas condicionadas, diseñadas para evitar ayudar a falsos pobres dejan fuera a miles de personas realmente vulnerables. En plena emergencia social sólo una renta básica universal e incondicional será eficaz para darle la vuelta al desastre.

Hace un año con Jordi Arcarons y Daniel Raventós escribíamos un artículo sobre el escepticismo que teníamos que el nuevo equipo del Ministro Escrivá fuera consciente del problema real de la pobreza en el Reino.

Poníamos en duda que los cálculos que habían hecho cuando estaban en la AIREF para implementar una renta mínima o ingreso mínimo vital fueran realistas, ya que estimaban que con 5500 millones de euros anuales se podía atacar la pobreza de manera decisiva, una cifra mucho más baja que cualquier estimación hecha con las estadísticas oficiales por los especialistas. Nos preguntábamos en el título si es que el ministro y su equipo dudaban que hubiera pobres en el Reino, o al menos tantos como recogían las estadísticas.

Y llegó la pandemia y la crisis económica más grave de los últimos 80 años y el ministerio en un encomiable esfuerzo de rapidez decretó una nueva ley, la del Ingreso Mínimo Vital, que entró en vigor el pasado mes de junio. Y fue mucho peor que cualquiera de las expectativas.

Fue un deja vu de la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía 3 años antes, cuando también escribimos después de la aprobación de la ley un artículo crítico anticipando los problemas que luego se mostraron con toda crudeza. De hecho el decreto del IMV copiaba artículos de la ley de la RGC que ya habían sido abolidos por su ineficacia (o eficacia en frenar la concesión de la renta a quien lo necesitaba).

No es que seamos brujos ni llevemos la mala suerte, pero es que hace ya varios años que se analizan los defectos estructurales de las rentas mínimas condicionadas y de la burocracia que desconfía en los pobres encargada de tramitarlas. Ninguna reforma de las rentas mínimas autonómicas de los últimos años se ha acercado a sus objetivos. Todo se basa en que ni un solo falso pobre llegue a cobrar indebidamente la ayuda aunque para ello miles de pobres reales no accedan.

Hacemos un breve resumen de lo que ha pasado con el IMV. La ley se anuncia como una medida histórica que llegaría a 850.000 familias pobres, con 2,3 millones de personas (la mitad de las personas en pobreza severa según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, y la cuarta parte de las que estaban por debajo de la pobreza moderada) con un coste módico anual de 3.000 millones de euros. En el mes de diciembre, después de más de un millón de solicitudes, se habían concedido 160.000, -de las que 73.000 se concedieron el primer mes de oficio a familias que cobraban la prestación por hijo- menos de un 20% de la previsión (cifra a la que hay que descontar las que ya cobraban una renta mínima autonómica), o sea menos de la cuarta parte de las familias en pobreza severa antes de la pandemia, y menos del 10% de las personas en pobreza moderada. Aún no se dispone de datos por comunidades autónomas, pero parece bastante seguro que en Catalunya este porcentaje es aún más bajo. De hecho con la crisis del Covid Oxfam-Intermón estima que el número de personas en pobreza severa se ha incrementado en 800.000 personas, con IMV y todo.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos acaba de presentar una lista de enmiendas a la ley (que todavía está en fase de tramitación en el Congreso para su aprobación definitiva) donde denuncia que sólo un 12% de las solicitudes se conceden y calculan que a este ritmo se deberían presentar 6 millones de solicitudes y cuatro años para llegar a los 850.000 ayudas.

El documento de UP propone agilizar y simplificar las solicitudes y, además de la veintena de modificaciones que ya ha experimentado o pactado en la negociación de los presupuestos modificar la ley, proponen una nueva batería de 12 cambios. Obviamente las propuestas son bienintencionadas pero vuelven a focalizarse en cambiar las condiciones para acceder, no en eliminar los condicionantes. Y continúa obligándote a volverte pobre para acceder, pues el criterio de no tener casi nada ahorrado no se toca.

Ya han pasado 8 meses y la ley no funciona y vuelvo a predecir que no llegará a sus objetivos (que ya eran escasos en ambición). Creo que ha llegado el momento de hacer un cambio radical en el enfoque y pasar a una estrategia de vacunación: a quien la pida que se la den, una renta básica universal. Esto no quiere decir que sea dinero gratis para quien no lo necesita. Todos deberán declarar los ingresos que tengan, públicos y privados, en la próxima declaración de renta (ahora ya en 2022). Y si los ingresos superan el umbral de la renta básica, deberán pagar los impuestos que correspondan. Es fácil, se ha aplicado a otros lugares, y eliminaría el inmenso sufrimiento de millones de personas.

Sólo así saldremos del atolladero con un mínimo de dignidad y esperanza. Y si no, como escribíamos hace un año, no sabemos cómo acabará la legislatura, pero sí creemos que si no cambian radicalmente las cosas, la siguiente crisis la gestionará Vox.

Economista, miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación Revo Prosperidad Sostenible. Es coautor de "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).
Fuente:
https://catalunyaplural.cat/es/no-hay-pobres-el-reino-de-espana/