Omar H. Rahman
12/08/2026
Por primera vez en años, la política palestina está mostrando signos de vida. El 9 de julio, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, promulgó un decreto convocando elecciones para el Consejo Legislativo Palestino -el parlamento de la AP, que disolvió en 2018-, el próximo 28 de noviembre.
Junto con un compromiso menos explícito de celebrar elecciones presidenciales a principios de 2027, Abbas también se ha movido para reconstituir el adormecido Consejo Nacional Palestino (PNC), el parlamento de la Organización de Liberación de Palestina que representa a los palestinos tanto dentro como fuera de los territorios ocupados. El 4 de junio, Abbas emitió un decreto ratificando una nueva estructura de 350 escaños: 200 escaños para los territorios ocupados, que serán cubiertos por los elegidos de un Consejo Legislativo ampliado de 200 miembros, y otros 150 para la diáspora.
Estos anuncios siguen a otros acontecimientos políticos de principios de este año. En febrero se publicó una constitución provisional para el Estado de Palestina para su revisión pública, producto de un comité de redacción establecido por Abbas en agosto de 2025. Dos meses después, se celebraron elecciones municipales en todo Cisjordania y, en medio de las ruinas de Gaza, en Deir Al-Balah. Y en mayo, Fatah celebró su primera conferencia general en casi una década, eligiendo un nuevo Comité Central.
También vale la pena señalar, aunque no este directamente relacionado: Hamas eligió a Khalil Al-Hayya como jefe de su oficina política el 20 de julio, ocupando un puesto que había carecido de un dirigente permanente durante casi dos años.
Sin embargo, a pesar de la crisis sin precedentes a la que se enfrentan los palestinos, ninguno de los decretos de Abbas es producto de un esfuerzo orgánico para revivir una política moribunda o enfrentarse a la agresión israelí. Son principalmente una respuesta a la presión externa desenfocada para la "reforma de la AP", destinada a revivir la desaparecida solución de los dos estados: la presión sobre una institución que está financieramente anémica y busca un asiento en la mesa donde ya no tiene.
En respuesta a la crisis provocada por el 7 de octubre, varios estados, liderados por Arabia Saudí y Noruega, han tratado de revivir el proceso de paz diplomática centrado en la estadidad palestina, incluso otorgando el reconocimiento formal. Abbas se ha aferrado a esta iniciativa, conocida como la Alianza Global para la Implementación de la Solución de los Dos Estados, como un salvavidas político y económico. La aceptación de Abbas de la iniciativa ha incluido un compromiso, por cínico que sea, con la reforma institucional y las elecciones.
Sin embargo, independientemente de las motivaciones detrás de ellas, la perspectiva de las elecciones presenta una oportunidad que los palestinos no deberían desperdiciar. El genocidio en Gaza y la aceleración de la limpieza étnica en Cisjordania han hecho poco para generar el cambio que la política palestina necesita con urgencia, y la población permanece paralizada por el miedo, el agotamiento y la falta de dirección. Las elecciones son limitadas en su alcance, pero siguen siendo la oportunidad más sencilla para romper el control de un liderazgo corrupto y complaciente sobre las instituciones palestinas.
Durante años, Abbas y su círculo íntimo han obstruido con éxito la reconciliación entre facciones, la revitalización institucional y un giro en la estrategia de liberación nacional. Está más claro que nunca que solo si deslojan a estos obstruccionistas del poder podrán los palestinos iniciar un verdadero resurgimiento político.
Elecciones por relevancia
Desde el 7 de octubre de 2023, la AP se ha vuelto más marginal que nunca: ya sorprendentemente impopular entre los palestinos, la institución se ha enfrentado a un asalto político y económico por parte del gobierno israelí contento de ver su desmoronamiento, mientras que la administración Trump la excluía de su iniciativa dirigida por la Junta de Paz en Gaza, el principal teatro de atención y actividad internacional. Por lo tanto, el liderazgo de la AP está desesperado por tener alguna relevancia y abierto a la democratización como un camino de regreso al favor internacional.
No es diferente de lo que ocurrió a principios de 2021, cuando Fatah, en coordinación con Hamas, acordó celebrar elecciones en parte para ganar el apoyo de la administración estadounidense entrante con el presidente Joe Biden. Sin embargo, Washington demostró ser ambivalente, más preocupado por mantener a Hamas fuera de la AP que por su revitalización democrática. Abbas finalmente canceló las elecciones solo 23 días antes de la votación.
Esta vez, sin embargo, podría ser diferente. Los estados que impulsan la actual agenda de reformas están exigiendo explícitamente elecciones. Navegar esa presión sin ceder el poder, en lugar de buscar el interés bien nacional más amplio, parece ser la principal motivación de Abbas. La diezma militar y política de Hamas solo facilita las maniobras.
Aún así, parte de esa presión externa ha producido mejoras notables en el marco electoral. Junto con la expansión del Consejo Legislativo, el decreto de 4 de junio de Abbas redujo la edad mínima de los candidatos de los 28 años, una de las más altas del mundo, a los 23, al tiempo que redujo el umbral electoral para obtener un escaño parlamentario al uno por ciento.
Pero incluso cuando Abbas ha ampliado las vías formales para la participación, se ha movido para reducir quién puede realmente usarlas para desafiar a su partido. Meses antes, enmendó la ley electoral municipal para exigir a todos los candidatos que firmen una declaración de lealtad al programa político de la OLP, incluidos sus compromisos de la era de Oslo de reconocer a Israel y renunciar a la resistencia armada. Cinco facciones, cuatro de ellas miembros de la OLP, rechazaron el requisito de plano. Hamas, que no participó en las elecciones municipales de abril, no podía cumplir con ninguna de las estipulaciones.
Y solo unas semanas después de ratificar la nueva estructura del CNP, Abbas ya parece estar retrocediendo en una de sus reformas más significativas. Según The New Arab, el plan es restaurar el Consejo Legislativo con 132 escaños y convertir la diferencia de 68 escaños en un bloque no elegido sino designado por "consenso", muy probablemente lo que significa nombrados por el propio Abbas. Eso le daría un control directo de casi el 20 por ciento de la composición del CNP. Es precisamente este tipo de maquinaciones las que socavan una de las ganancias potenciales más claras de este proceso electoral: una representación política más democrática dentro de la OLP.
Abbas, de 90 años, también ha ido construyendo sistemáticamente un plan de sucesión en torno a su mano derecha, Hussein Al-Sheikh. Designado por primera vez en al Comité Ejecutivo de la OLP y nombrado su Secretario General en 2022, Al-Sheikh obtuvo dos cargos recién creados en abril de 2025: vicepresidente del Estado de Palestina y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la OLP. Más tarde, en octubre de 2025, Abbas decretó que Al-Sheikh serviría como presidente interino durante un plazo de 90 días en caso de que Abbas muriera o quedara incapacitado, una disposición sin apoyo en la constitución palestina provisional conocida como la Ley Fundamental.
Después de la conferencia general de Fatah el pasado mes de mayo, Al-Sheikh también fue elegido líder adjunto del movimiento, redondeando su perspectiva de dirigir prácticamente todas las instituciones relevantes de poder político palestinas. En la conferencia, Abbas orquestó la elección de su hijo Yasser al Comité Central, situando a otro lugarteniente leal al frente del barco y dando a la familia una percha útil para proteger sus intereses comerciales.
Aún así, a pesar de toda esta cuidadosa ingeniería electoral, unas elecciones reales conllevan riesgos que Abbas puede no ser capaz de controlar. Si la campaña se desarrolla de verdad este otoño, el proceso podría escapar del control de Fatah, al igual que lo hizo en el ciclo electoral de 2021 antes de que Abbas tirara del enchufe ante la gran participación política ciudadana: casi 1.400 candidatos y 29 nuevas listas de partidos compitiendo por 132 escaños. Aún más amenazante para Abbas, dirigentes importantes de Fatah han roto filas para formar listas rivales.
La agenda de reforma externa
Detrás de todo esto, la presión externa que empuja a Abbas hacia las urnas es en sí misma de dudoso valor y motivación. Muchos de los estados involucrados en la Alianza Global para la Implementación de la Solución de los Dos Estados pueden ser serios en sus objetivos declarados. Pero hay una larga historia de compromiso internacional performativo que deja intacto el status quo, desplazando la carga de la acción hacia el lado más débil, el palestino, que no tiene más remedio que cumplir. Incluso en su mejor momento, la agenda de reforma más amplia de la AP está equivocada, ya que no enfrenta el principal obstáculo para el acuerdo político que pretende buscar: la intransigencia israelí.
Esto recuerda el período a menudo pasado por alto de 2009-2011 en el que Salam Fayyad, entonces primer ministro de Abbas, trató de construir instituciones complejas y eficaces de un estado palestino desde cero, además de reformas de libre mercado y una mayor coordinación de seguridad con Israel, apostando a que esto finalmente sería recompensado con la independencia. Ese proyecto se derrumbó por la misma razón por la que es probable que el actual fracase: nunca fue igualado por una presión proporcional sobre Israel para permitir que realmente surgiera un estado palestino.
Hoy en día, la ausencia de tal presión es más evidente que nunca. A pesar de la gravedad de los crímenes israelíes desde el 7 de octubre, no ha habido ninguna medida internacional significativa para detener el genocidio u obligar a Israel a poner fin a su gobierno ilegal de ocupación y apartheid, como lo exigen las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. En septiembre de 2025, la Comisión Europea propuso suspender las preferencias comerciales en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Israel; la medida nunca se ha adoptado, bloqueada por las divisiones entre los Estados miembros después de que más de 350 antiguos funcionarios europeos exigieran medidas en abril de 2026. La única respuesta promulgada por la UE han sido las sanciones impuestas en mayo a cuatro organizaciones de colonos israelíes, una fracción de la presión que propuso ejercer ocho meses antes. Mientras tanto, los estados árabes que normalizaron las relaciones con Israel no se han movido para cortar esos lazos.
Lo que conecta estos fracasos es una falta de voluntad más amplia, entre la mayoría de los gobiernos europeos, los estados árabes y Washington por igual, para avanzar realmente en la solución de los dos estados, asumiendo que tal solución sigue siendo posible de alguna forma. Exigir la reforma de una AP cautiva y en quiebra no cuesta nada. Desafiar la intransigencia israelí si cuesta. Esa disparidad es la verdadera historia que está detrás de la agenda de reformas, y ayuda a explicar por qué muchos palestinos no la ven creíble.
No está claro hasta dónde empujarán estas partes externas a Abbas a seguir adelante con las elecciones si comienza a sentir que su control sobre el poder realmente se erosiona. En 2021, Abbas argumentó la negativa de Israel a permitir que los palestinos en Jerusalén Este votasen para cancelar las elecciones, otorgando efectivamente a Israel un veto sobre la democracia palestina. Hay muy pocas razones para esperar que el actual gobierno de Israel permita el voto palestino en la ciudad esta vez.
El calendario podría proporcionar a Abbas la misma ruta de escape. Si bien las propias elecciones de Israel están programadas para un mes antes de las palestinas, se tarda un promedio de 50 días en formar una coalición israelí, probablemente dejando en funciones al actual gobierno para frustrar la votación de Jerusalén; Abbas podría así, aparentemente invocar el pretexto de Jerusalén de nuevo, si la Alianza Global le libera de su compromiso o simplemente elige desafiarla.
Aún más importante, las elecciones no pueden responder a la cuestión más profunda de si la propia AP sigue siendo relevante, una cuestión que debería ser parte de un balance más amplio y muy necesario sobre la estrategia de liberación nacional palestina. ¿Dónde se encuentra realmente el movimiento nacional palestino hoy en día y hacia dónde se dirige? ¿Debería la AP siquiera tener un lugar en su futuro? ¿Y qué significa celebrar elecciones en medio de un genocidio y una limpieza étnica en curso, con Gaza destruida y grandes franjas de Cisjordania siendo vaciadas y anexadas en tiempo real?
Sin embargo, el profundo entrelazamiento de la AP y la OLP implica que las elecciones a la primera se relacionan directamente con cualquier intento de reconstituir el movimiento nacional palestino en general. En lugar de dos años y medio de asombrosa inactividad, es difícil ver de que otra forma podría comenzar un cambio político significativo. La OLP no dar una respuesta al genocidio; el CNP no se reunió ni una sola vez durante el ataque israelí; y el liderazgo palestino demostró ser incapaz de montar una respuesta diplomática unificada, incluso cuando casi desapareció de las discusiones sobre el orden político de posguerra. Ni las comunidades palestinas bajo el dominio israelí ni las de la diáspora han logrado hasta ahora desafiar desde abajo la estructura de poder dominante.
El cambio orgánico no se ha materializado, por lo que las oportunidades deben aprovecharse cuando se presentan, incluso las que se originan en circunstancias dudosas.
Unas elecciones, por muy cínica que sea su convocatoria, es el único mecanismo interno disponible para los palestinos que podría traer un cambio significativo: si realmente tienen lugar, lo cual es ciertamente dudoso, Abbas se vería obligado a exponer su control sobre las instituciones palestinas a una protesta real, o al menos abrir un espacio para que se cuestione ese control. La tarea ahora es presionar a las potencias externas que exigen elecciones para que garanticen que realmente sucedan y que, cuando ocurran, se les permita a los palestinos ejercer efectivamente sus derechos.