Francisco Louça
02/05/2023
Como es sabido, el Gobierno procedió, afligido por las encuestas, a la mayor remodelación que puede concebir: recontrató al genio de la comunicación que en las últimas elecciones fabricó el miedo a un Gobierno PSD-Chega y le dió la mayoría absoluta. Ahora le piden que venga a remediar el mal provocado por la misma mayoría y ya hay dos resultados visibles de esa remodelación. El primero, y no lo devalúe, es que los gobernantes empezaron a hablar de pie al final del Consejo de Ministros, lo que muestra vigor para desmentir el supuesto cansancio. El segundo se acaba de anunciar, el aumento de las pensiones para hacer cumplir la ley, después de que tal objetivo haya sido declarado una amenaza para la República. Entre avances y retrocesos, entre promesas y mentiras, el Gobierno quiere volver a ganar la simpatía de esta gran parte del electorado al tiempo que genera inseguridad y demuestra no tener un rumbo seguro.
Esto viene de atrás
Como nadie se libra de la memoria, algunos medios de comunicación recordaron un episodio de la campaña electoral de 2015, cuando Passos Coelho prometió a Bruselas un recorte anual de 600 millones de euros en la Seguridad Social y el PS lo rechazó. El alboroto del Gobierno de la derecha fue evidente, no había ningún plan para cumplir tal objetivo, ni en la reducción del gasto ni en el aumento de los ingresos, era simplemente una convicción y la ministra de Finanzas explicó, con franqueza, que podría acabar provocando nuevos recortes de pensiones. No recordó el otro episodio, cuando Costa (primer ministro socialista) fue confrontado en la televisión por Catarina (portavoz del Bloco de Esquerda), que le mostró la página del programa económico del PS que se jactaba de obtener 1.660 millones de dólares a través de la congelación de las pensiones en la legislatura. Esta medida acabaría cayendo, el PS tuvo que aceptar la imposición del acuerdo de la “geringonça” (coalición parlamentaria de las izquierdas 2015-2021). Ahora bien, lo que ambos casos demostraron es que los dos gobernantes miraban la Seguridad Social como la forma de reducir el gasto real y que no sabían cómo debían hacerlo. Esto sólo empeoró.
La técnica de lanzar números absurdos sobre una discusión ha sido ejercida con voluptuosidad por varios Gobiernos, el actual no es una excepción. Cuando se propuso el fin de la doble penalización de las pensiones anticipadas, lo que ya se había prometido, se vino el mundo abajo, que si eran mil millones de euros y que si el futuro de la sostenibilidad se dilapidaría. Eran 90 millones de euros, lo que importaba, siempre que la gente lo creyera. Y la expresión más reciente de estos trucos fue, en septiembre pasado, cuando el Gobierno se enredó con el argumento de que si cumplía con la ley y aumentaba en 2023 las pensiones según la ley, las cuentas de la Seguridad Social serían aniquiladas. La simple idea de que la ley que establece la fórmula de cálculo para proteger el valor real de la pensión frente a la inflación tiene que ser violada por el hecho de que hay inflación, ya es lo suficientemente impactante: ¿es ley lo que le apetece al Gobierno o hay ley? Pero, más aún, era una mentira.
Gobernar como mentir
La ministra Mendes Godinho afinó el diapasón: cumplir con la ley “cuesta 13 años de vida al sistema”. Costa hizo creer y fue aún más amenazante: “transformar la inflación de este año en un impacto permanente en la Seguridad Social pondría en cuestión algo que es fudamental preservar, que es la sostenibilidad futura de la Seguridad Social". La explicación de este razonamiento desmerece a un hombre inteligente, pero es la política, y añadió: “Lo que justifica que en 2023 haya una regla específica para la actualización de las pensiones es que este año vivimos una inflación absolutamente extraordinaria, anómala y atípica”, anunciando que cambiaría la ley para que terminara este modo de cálculo del ajuste de las pensiones. Ahora bien, incluso si la inflación fuera un pico, y no lo es, como los precios no retrocedían, la pérdida del valor real de las pensiones es definitiva, por lo que la ley impone su recuperación, que ahora, después de las pérdidas en las encuestas y la intervención del gurú de la comunicación, se ha presentado como un favor al pueblo.
Para entonces justificar que las pensiones tuvieran que sufrir una nueva pérdida en 2024, la ministra envió al Parlamento un cálculo en septiembre. Demostraba la muerte del sistema y era falsa. Tres semanas después, tuvo que presentar la cuenta real con 2 mil millones de euros más: al fin y al cabo, los ingresos crecen más rápido que el gasto y el sistema de la Seguridad Social está protegido. El excedente previsto para 2023 era de 3,1 mil millones de euros y se superará.
Así, la cuenta del Fondo de Estabilidad, que en 2015 preveía entrar en déficit en la próxima década (en 2030 ya sólo tendría 10.747 millones de euros), ya anunciaba en 2022 una reserva de 27.983 millones de euros en 2040 (pág. 26 del Informe de Sostenibilidad de la Seguridad Social en el OE-2023). A pesar de estas cifras oficiales, la ministra y el primer ministro han estado aterrorizando a los futuros pensionistas con la idea de que no habrá dinero y, por tanto, habrá otro recorte.
Qué maravillosas son las encuestas
Luego vinieron las encuestas y lo que era la fatal pérdida de la Seguridad Social, delito de lesa-patria, se convirtió en la necesidad obvia de cumplir con la ley, por supuesto. Tiene alguna gracia que esto se presente como un acto de generosidad, pero para eso está el gurú que hace su trabajo y el instinto de supervivencia que añade el resto. Como los mayores de 65 años ya serán un tercio del electorado, y quizás el menos abstencionista, el Gobierno, perdido en los precios del supermercado, se compromete en esta operación con fuerza. Repuso las pensiones, pero si repuso la confianza después de la mentira, ya se verá.