Francisco Louça
19/06/2021
(Manifestación contra la precariedad juvenil en Lisboa)
La respuesta del Gobierno a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma del Código del Trabajo que impuso la duplicación del período de prueba, cuando ya existía un contrato de trabajo previo, revela dos problemas.
Hay una confusión política, a la que el Ministerio respondió devaluando la decisión, incluso alegando que, como otras normas han sobrevivido, se refuerza. Es un subterfugio: la realidad es que el Tribunal tumbó una parte de la ley. Además, la razón es evidente. La norma era absurda, establecía que alguien que ya había trabajado con un contrato podía considerarse que buscaba su primer trabajo, ahora con experiencia. Además, para hacer todo más difícil, la imposición de este disparate legal supuso una traición a la izquierda, con la que el Gobierno había negociado reformas en el Código, solo para descubrir que estaba pactando en paralelo con los empresarios otros cambios en la ley, incluida la duplicación del período de prueba. Esta circunstancia es la que explica tanto la insistencia de la izquierda en corregir la ley como la insistencia del Gobierno en mantener una norma que, aunque apenas se aplique, es un despliegue de poder social. Tanto es así que esta divergencia fue uno de los factores que llevaron al Gobierno, tras las últimas elecciones, a rechazar un acuerdo de legislatura con la izquierda. La ingeniería del período de prueba en el trabajo y la precariedad se convirtió en un asunto de honor para el Ejecutivo.
El segundo problema es peor. Según el informe publicado la semana pasada por la Fundación José Neves, los jóvenes con estudios superiores perdieron el 17% de su salario en la última década y ahora viven con un 19,4% de paro, el triple de la media nacional, con el 15% de estos graduados universitarios trabajando en empleos inferiores a sus cualificaciones. Para las mujeres, la brecha salarial se ha ampliado con su formación: la brecha salarial para los hombres será del 21%, pero del 32% para las mujeres con maestrías. Es un desastre generacional, consolidado por la precariedad: en un mundo laboral de contratos a prueba o trabajadores transformados en autónomos con el propósito de que la empresa contratante se ahorre la Seguridad Social, solo puede haber una carrera a la baja de la escala salarial y la devaluación del trabajo cualificado. Insistir en el abuso del período de prueba tendrá pocos efectos prácticos, pero tiene un enorme poder simbólico: demuestra que el Gobierno no abdica de la regla de la precariedad ni cuando están en juego las habichuelas. Nada mal, para quienes anunciaron que había llegado el momento de empezar a negociar con la izquierda una revisión del Código de Trabajo. De ser así, sobraba haber desatado al feroz animal de la terquedad precarizante cuando el Tribunal abrió una ventana de oportunidad para esta conversación.