Protesta masiva contra la privatización de la enseñanza en Cataluña

Rosa Cañadell

17/02/2008

Había que verlo: un gobierno autonómico nominalmente de izquierda, el catalán, que se atraía las iras, excepcionalmente unánimes, de todo el espectro sindical. Había que verlo: intelectuales mediáticos y tertulianos habituales, todos a una, excepcionalmente y por una vez, a favor del gobierno tripartito y de su estólido consejero de educación (Ernest Maragall), y en contra del sufrido profesorado de la enseñanza primaria y secundaria. Sí, había que verlo: todos a una, los que tienen voz y cuentan en los grandes medios de comunicación, públicos y privados, culpando unánimemente del fracasado sistema de enseñanza precisamente a los sufridos funcionarios públicos que, arrostrando los que más las consecuencias de la degradación del sistema y de la manifiesta insuficiencia de sus recursos, son precisamente quienes vienen sosteniéndolo precariamente y como pueden, muchos con encomiable entrega y vocación de servicio público. La necia y  perniciosa ideología de origen thatcheriano, según la cual cualquier funcionario público es a priori sospechoso de holgazanería y bellaquería por el mero hecho de serlo, ha penetrado hasta los tuétanos, no sólo de la veleidosa intelectualidad  gacetillera prête à penser; también de los funcionarios y aparatckiki varios de los partidos sedicentemente de izquierda. La veterana sindicalista Rosa Cañadell narra para SinPermiso la lucha de lo(a)s maestro(a)s y profesore(a)s catalane(a)s y de los sindicatos por la instrucción pública de calidad y aun por la dignidad misma de la entera función pública. SP.

El pasado 14 de febrero, el 80 % del profesorado de infantil, primaria y secundaria de Cataluña dejó las aulas vacías, en una huelga convocada por los cinco sindicatos de la enseñanza pública (USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, UGT Y CGT) , y tomó las calles EN DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA Y CONTRA LAS BASES DE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN DE CATALUÑA. A pesar de que durante las tres semanas anteriores a la protesta, el profesorado y los sindicatos fueron objeto de todo tipo de descalificaciones y tergiversaciones por parte de intelectuales, comentaristas, tertulianos y algunos medios de comunicación, la huelga tuvo éxito y más de 100.000 personas, entre docentes, estudiantes y padre/madres, tomaron las calles de Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida y Tortosa, en una de las manifestaciones más multitudinarias que han habido en los últimos tiempos.

El consejero de Educación de Cataluña, el señor Ernest Maragall, presentó las bases para una nueva Ley de Educación coincidiendo con la difusión de diferentes estudios (PISA, Fundación Bofill) en los que se afirmaba que los resultados escolares de nuestro alumnado estaban por debajo de la media europea. El fracaso escolar ha sido el eje de una campaña orquestada por el consejero Maragall con el objetivo de justificar su propuesta de ley, responsabilizando de los malos resultados del alumnado al profesorado y a la misma organización de los centros públicos.

Es obvio que es necesario mejorar nuestro nivel educativo, pero, desgraciadamente, las bases que ha presentado la Consejería de Educación catalana no aportan soluciones reales a los problemas que hoy existen en las aulas. Más bien todo lo contrario. De hecho, la LEC es una ley que no parte de ningún análisis pedagógico, que no ha efectuado ningún diagnóstico de las necesidades reales y que no propone medida alguna para mejorar. La ley habla nada más que de gestión y privatización, proponiendo un modelo escuela-empresa y una organización jerárquica de los centros educativos, abriendo vías para la gestión privada de las escuelas públicos y priorizando la oferta de los centros concertados.

Las propuestas de la nueva Ley de Educación tampoco han sido discutidas ni consensuadas con el profesorado. Ni tan siquiera son originales. Conceptos como "autonomía de centros", "direcciones profesionalizadas", "gestión privada de los centros públicos", "evaluación", "municipalización", son fórmulas que surgen de las directrices del Banco Mundial, de la UE y de la OMC, con el objetivo de poner la educación bajo las leyes del mercado, mercantilizándola, con la finalidad de favorecer las empresas privadas. Este es un modelo que ya se ha aplicado en algunos países (Gran Bretaña, Bélgica, EEUU). Su aplicación no sólo no ha mejorado la educación sino que ha creado una mayor desigualdad.

Qué proponen las Bases de la Ley de Educación para Cataluña

La Ley abre la puerta para que entidades privadas puedan gestionar los centros públicos. Una situación que ocasionaría enorme daño para a las familias como a los trabajadores y trabajadoras de los centros públicos. Todos sabemos que cuando un servicio público se privatiza (tal como está pasando ya con las guarderías, la sanidad y otros servicios públicos) los resultados son siempre los mismos: un peor servicio para los usuarios y unas peores condiciones de trato (precarización) para sus trabajadores. Es imposible una gestión privada que no priorice el beneficio económico. Además de abrir esta nueva vía, la ley también hace una clara apuesta por los centros privados subvencionados con dinero público (que en Cataluña son ya un 40 %), estimulando la oferta que derivará más dinero público para centros gestionados por patronales privadas (en su mayor parte religiosas).

Se propone, por otra parte, una gestión autoritaria en los centros públicos. Se pretende reforzar la autoridad y funciones de las direcciones que podrán tomar decisiones en la gestión de los centros al margen del profesorado, de las AMPAS (las Asociaciones de madres, padres y tutores) y de los consejos escolares. Es evidente que una gestión en que las direcciones hagan funciones propias de la patronal, supondrá ir hacia un modelo de gestión autoritaria que eliminará la participación y dificultará el trabajo en equipo que es, precisamente, la mejor garantía del buen funcionamiento de un centro educativo. Caminar hacia este sistema exigirá cambios en la estructura actual de los centros públicos, cambios que acabarán definitivamente con su gestión democrática.

Bajo el paraguas de la "autonomía de los centros" se propone que cada escuela o instituto pueda establecer su propio currículo. Pero entonces la variedad de la oferta de los centros públicos aumentará y, como consecuencia, se consolidará la desigualdad entre ellos. La educación es un derecho para todos y no una mercancía que se puede comprar dependiendo del dinero que se tenga. La responsabilidad de la Administración Pública es asegurar que este derecho lo pueda disfrutar toda la ciudadanía, con independencia de su condición económica, social o de cualquier otro tipo. Nada más de esta manera la educación podrá cumplir una de sus funciones primordiales: la de contribuir a nivelar las diferencias sociales de origen y, en consecuencia, garantizar una verdadera igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Las bases de la Ley no dicen sobre aumentar la inversión pública en el ámbito de la educación (que en Cataluña es de las más bajas de toda la UE y del resto de comunidades del Estado español) y pretenden que los centros puedan buscar vías de autofinanciamiento, lo que puede dar pie también a más diferencias, ya que dependerá de las posibilidades que tenga cada centro para conseguir ese financiamiento privado. El barrio donde esté situado, los tipos de instalaciones que posea, las posibilidades de padres, madres y tutores de pagar cuotas extraordinarias, serán determinantes. Nosotras pensamos que es la Administración Pública la que ha de asegurar el financiamiento necesario para todos los centros públicos y, para hacerlo, es necesario aumentar los presupuestos destinados a educación y destinar más recursos, humanos y materiales, en aquellos centros que escolaricen al alumnado con más dificultades.

Se propone también una evaluación externa de los centros que permita establecer una puntuación y una escala en función de los resultados escolares. Una evaluación que serviría para dotar de más recursos a los centros que mejores resultados obtengan y no, en cambio, a los centros que tengan mayores necesidades.

Empero, esta ley no afecta sólo al profesorado sino que va más allá, es realmente una verdadera cuestión social, ciudadana: una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades y la inclusión social es condición necesaria para una sociedad democrática. Si el sistema público se desmantela y privatiza la sociedad en su totalidad se verá perjudicada.

La firme voluntad de la mayoría del profesorado de la educación pública denunció, con su protesta, la voluntad privatizadora de un gobierno compuesto por todos los partidos que se dicen de izquierdas, y manifestó su voluntad de continuar movilizándose en defensa de la educación pública, de calidad, para todos y todas.

Rosa Cañadell es Psicóloga. Profesora de Secundaria y portavoz del sindicato USTEC·STEs.

Fuente:
www.sinpermiso.info, 17 febrero 2008

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