Gustavo Buster
22/03/2026
La extensión de los bombardeos a las instalaciones energéticas del Golfo Pérsico, iniciada por la aviación israelí en la tercera semana del conflicto, ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz por parte iraní. La subida del precio del petróleo de los 60 dólares barril a los 120 en menos de una semana ha provocado un choque expansivo de los efectos de la guerra que amenaza con provocar, en medio de la estanflación, una recesión internacional, que por otra parte ya anunciaban las debilidades de una recuperación de la crisis del Covid y del coste de la vida que ha aumentado significativamente las desigualdades de ingresos y la acumulación de la deuda privada.
Sin embargo, la angustia y la inseguridad provocadas por las tensiones geopolíticas desencadenadas por la segunda administración Trump, a pesar de que se han superpuesto al profundo pesimismo acumulado desde la epidemia de Covid, han tardado en hacerse patentes en Bruselas y en Madrid. En la UE, porque los debates sobre cómo lidiar con los continuos cambios de posición y las inconsistencias de Trump, en especial a partir de su abandono de Ucrania, han tenido un efecto centrífugo dependiente de las prioridades de los propios intereses nacionales de seguridad y/o el mantenimiento de la competitividad del modelo europeo en el mercado mundial. La vergonzosa sumisión de los Rutte, Von der Leyen y Kallas ha acabado por desnortar a una Comisión que ya no sabe cómo definir la “autonomía estratégica” y que traslada la responsabilidad al Consejo y la inter-gubernamentalidad, es decir al equilibrio de poderes interno y al mal menor. Las conclusiones del Consejo europeo extraordinario del 19 de marzo son el mejor ejemplo de ello.
Una Unión Europea desnortada, una legislatura empantanada
Pero si en Bruselas la niebla de la guerra ha pretendido ocultar el estancamiento y la falta de orientación del proyecto de construcción europeo de sus clases dominantes, en el reino de España ha permitido mantener un cierto espejismo valleinclanesco, con sus propios personajes cutres y esperpénticos. La gota malaya del ciclo electoral autonómico diseñado por Feijóo, que debería desembocar tras las elecciones andaluzas en el asalto final contra el gobierno PSOE-Sumar, ha puesto de manifiesto una vez más la erosión continua del empate estratégico de los bloques de izquierda y derecha a favor de este último, pero a favor de la extrema derecha de Abascal, que se ha negado a llegar a acuerdos de gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León hasta que no termine el ciclo y se incluya también en el paquete los términos de un gobierno de coalición reaccionario.
La respuesta de Pedro Sánchez ha sido conectar la situación internacional con la europea y la española, crear su propia polarización con el “No a la guerra” y situar en el centro del debate la situación excepcional de crecimiento de la economía española, dando un tercer aliento, limitado y temporal, al “escudo social” mientras se pueda alegar la excepcionalidad de la situación en un giro comunitario ya iniciado hacia la austeridad y la economía de guerra.
Los propios equilibrios internos en el PSOE entre “bipartidistas” (separar al PP de Vox, acercándose a Feijóo) y “sanchistas” (una coalición de centro-izquierda que respete el equilibrismo de intereses sociales) se hacen patentes también en la negociación prioritaria del Real-Decreto con Junts y PNV, que excluía todos los aspectos relacionados con la política de vivienda, convertida en el Rubicón de la legislatura. Cuando se pretendió imponer el hecho consumado como un capítulo más del mal menor, en medio de la crisis de reestructuración de la izquierda transformadora, ocurrió lo inesperado y el plante de los ministros de Sumar en el Consejo de Ministros, encabezados por Yolanda Díaz.
El Consejo de Ministros como espacio en disputa
El pulso, 24 horas más tarde, había sido contado con todo detalle en los medios de comunicación. E incluso reinterpretado en sus efectos, tanto en el Real Decreto sobre medidas energéticas como en el relativo a la política de vivienda, por quién había sido el principal obstáculo al acuerdo final, el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El caso es que Pedro Sánchez tuvo que admitir que se situara en el centro del debate político sobre las consecuencias de la guerra de Irán y el “No a la guerra” el problema de la vivienda y abrir durante un mes un pulso específico con Junts y el PNV para la convalidación del Real-Decreto, subordinando al mantenimiento de la coalición de gobierno con Sumar la situación del gobierno del PSC en Cataluña y las relaciones con Junts y PNV. Eso, y no más, es para lo que da la actual correlación de fuerzas institucional. El resultado del pulso dependerá de la movilización social y de la presión de otros agentes políticos en todo el reino, pero en especial en Cataluña y el País Vasco.
Antes de entrar en el contenido de ambos Reales-Decretos, conviene un poco de contexto. Las predicciones sobre los efectos en la economía española de la guerra contra Irán se sitúan en una caída de dos décimas de un crecimiento del 2,7% del PIB para 2026 y cercano al 2% en 2027. Un aumento de la inflación de dos puntos, al 4-5%. Los beneficios de las empresas españolas en 2025 han sido los más altos de la historia, 71.118 millones de euros, pero concentrados en las grandes empresas del IBEX35, aunque el 51% de las pymes espera aumentar sus ventas. El mercado de trabajo, superados los 22 millones de contratos, sigue aumentando, aunque se ralentiza con un crecimiento económico apoyado en la demanda interna. Hay una caída del 21% de la inversión extranjera, pero construcción, bienes de equipo, tecnología e infraestructuras siguen atrayendo inversiones significativas privadas y públicas.
El R-D 7/2026
La larguísima exposición de motivos del R-D 7/2026 intenta establecer el carácter temporal e incierto de los efectos de la guerra en Oriente Medio en el marco de una política energética que ha ido avanzando, a trancas y barrancas (apagones y nucleares pendientes), hacia la transición de las energías renovables, cuyos efectos tras la “excepción ibérica” son un importante diferencial en los precios de la electricidad en comparación con Europa. Pero el eje del paquete de medidas es una reducción fiscal de 5.000 millones de euros en energía, cuyo efecto regresivo se intenta paliar reduciéndolo a los sectores afectados (los de mayor consumo energético), teniendo en cuenta la inelasticidad de la demanda y la vulnerabilidad social. El IVA caerá del 21% al 10%, reduciendo el precio del litro de gasolina en 30 céntimos.
Pero el mercado de hidrocarburos en España es prácticamente un oligopolio en el que tres empresas, Repsol, Cepsa-Moeve y BP, son propietarias de las 9 refinerías existentes (Repsol-Petronor produce el 58,25%) y del 70% de la distribución mayorista y el 49% de todas las gasolineras del país. Las gasolineras de “bajo coste” suponen el 30%, pero Repsol y Cepsa las han sometido a una dura competencia de precios a través de programas de fidelización. En este escenario, ¿cómo es posible asegurar que trasladan las rebajas fiscales a los puntos de distribución en las gasolineras?
Esta ha sido una de las preocupaciones esenciales de Pablo Bustinduy como Ministro de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo. Que es posible establecer una regulación y techo de los precios finales lo demuestra que el RD 7/2026 lo prevé en su disposición siete para los gases licuados envasados (butano) y se viene haciendo con carácter bimensual, limitando subidas y bajadas un 5%, en un mercado de comercialización dominado por Repsol, Naturgy, Iberdrola y Endesa. Que es necesario un reforzamiento del seguimiento y la inspección de precios al consumo por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y el Ministerio de Hacienda lo prevé también el RD 7/2026. Pero el mecanismo más eficaz, en los limites fiscales impuestos por la UE, es la combinación de los techos de precios al consumo y de nuevas tasas impositivas a los beneficios extraordinarios (como en 2023-2024) de unas empresas que vienen obteniendo desde 2022 plusvalías de más de 10.500 millones de euros, que superaron incluso en 2025 en un 11%.
La posición de Bustinduy se ha visto acompaña estos días por las explicaciones de analistas económicos como Raymond Torres (Funcas). La reducción de la presión fiscal a las energías (que suponen el 2% del PIB en su aportación actual) solo puede ser necesariamente temporal. La extensión de la guerra más allá de junio exigirá reforzar medidas estructurales, impuestos sobre beneficios extraordinarios y acelerar la transición hacia las renovables, reduciendo el componente de energías fósiles (32% en Europa, 25% en España). Pero implica también una movilización social contra la especulación de los precios finalistas de la energía, en las gasolineras y en las facturas de la electricidad, que aparece inicialmente en las explicaciones del RD 7/2026 pero que costará concretar via asociaciones de consumidores.
El R-D 8/2026
En cuanto al R-D 8/2026 sobre medidas en el alquiler, de nuevo, veamos el contexto. En 2026 tienen que renovarse 630.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia de Covid, que afectan a 1,6 millones de personas. Es el doble de contratos a renovar que en 2025 y en 2027 la cifra será de otros 600.000. El 25% de la población, 9 millones de personas viven de alquiler, 1 de cada 4, con especial incidencia de jóvenes, extranjeros, precarios y parados. El parque actual de viviendas de alquiler es de 3,5 millones. El acceso a la vivienda es el principal motivo de desigualdad y pobreza, con un fuerte tensionamiento de los precios. La inversión inmobiliaria superó los 7.300 millones en 2025, el gasto público ha aumentado un 50% para construir 15.000 nuevas viviendas y sacar al mercado otras 80.000 con un plan de choque. A pesar de eso, el déficit de vivienda se estima en unas 700.000 unidades, aunque España supero la construcción de medio millón de unidades en 2010, antes de la crisis financiera y el hundimiento del sector.
A diferencia del R-D 7/2026, la exposición de motivos del R-D 8/2026 solo tiene una página, tan evidente es la situación de emergencia social. Se han excluido los aspectos relacionados con los desahucios y la ocupación que en dos ocasiones han sido la justificación de Junts para votar en contra de este paquete de medidas del “escudo social”. En sus dos artículos se establece una prórroga extraordinaria de 2 años y un incremento de la renta que no podrá superar el 2%.
Ese 2%, objetivo inflacionario de los bancos centrales, se va a convertir, se consiga o no revalidar el R-D 8/2026 en el Congreso dentro de un mes, en la principal línea roja de la lucha de clases en el Reino de España.
“No a la guerra” y “Escudo social”
El escenario del fin de la legislatura ha quedado dibujado, mientras se levanta la niebla de la guerra en Bruselas y en Madrid. Ha quedado reducido, si se quiere, a dos consignas –“No a la guerra” y “Escudo social”- de cuyo éxito dependerá la posibilidad de derrotar a Trump, Netanyahu, Feijóo y Abascal en las próximas elecciones generales y reconstituir un tercer gobierno progresista.
Quedan muchas mediaciones por construir. Desde la ampliación de la movilización contra la guerra iniciadas el 14 y 21 de marzo, aglutinando todas las plataformas existentes en un verdadero frente unido, capaz de superar la manifestación de medio millón de personas contra la guerra de Irak de 2003. La movilización de las organizaciones de consumidores, agricultores, pescadores para luchar contra la especulación de los precios de la energía. La resistencia de los que viven de alquiler, de los sindicatos de inquilinos, asociaciones de vecinos y sindicatos obreros en defensa del derecho a la vivienda. Y su proyección política en la reestructuración del espacio electoral a la izquierda del PSOE, las izquierdas soberanistas y las izquierdas transformadoras plurinacionales con los que presionar a la izquierda al PSOE y garantizar un tercer gobierno progresista frente a las clases dominantes, el Partido Popular y Vox, convertidos en la quinta columna del trumpismo internacional.