Gerardo Pisarello
Eloi Badia
18/12/2016
La llegada de nuevos gobiernos a diversos ayuntamientos de Cataluña y del Estado está generando un interesante debate sobre la remunicipalización de servicios hasta ahora externalizados. En realidad, hace tiempo que esta propuesta está cogiendo fuerza en diferentes ciudades europeas y del mundo. Y lo está haciendo por una razón sencilla: el descrédito de muchas experiencias privatizadoras llevadas a cabo en las últimas décadas.
Durante los años 80 del siglo pasado, la defensa de las privatizaciones de servicios se convirtió en una suerte de dogma indiscutible en diferentes rincones del planeta. Desde el Chile de Pinochet hasta el Reino Unido de Thatcher, las privatizaciones se presentaron como la única alternativa posible a una gestión pública burocrática e ineficiente. También la Unión Europea las promocionó con determinación, como garantía de mayor competencia y de otros beneficios como el abaratamiento de las tarifas.
Cuatro décadas más tarde, no hay evidencia empírica que permita hacer un balance positivo. Por el contrario: lejos de asegurar un mercado más plural, muchas privatizaciones dieron pie a férreos monopolios u oligopolios que han cerrado el paso a pequeñas y medianas empresas. A pesar de los cuantiosos gastos invertidos en publicidad, la desinversión privada fue frecuente, al tiempo que los beneficios y salarios de los miembros de los nuevos consejos de administración crecieron de manera significativa.
En el plano discursivo, las privatizaciones debían llevar una gestión más transparente. En la práctica, muchos de los partenariados público-privados establecidos para gestionar servicios básicos, acabaron en sonados casos de corrupción. En España, la Comisión de los Mercados y la Competencia fijó en 48.000 millones de euros el coste de la corrupción en procesos de externalización de servicios durante 2015. Muy a menudo, esta situación contrasta con el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios contratados o subcontratados, así como con el aumento desorbitado de sus tarifas.
Las ciudades tampoco han permanecido ajenas al fracaso de muchos procesos de externalizaciones. En Barcelona, con la gestión de los servicios en manos de grandes operadores privados, las tarifas de la energía han pasado a ser las segundas más caras de Europa. Las del agua o de los servicios funerarios, por su parte, se han convertido en las más altas de España.
En este marco, no sorprende que la recuperación de la gestión pública haya pasado a ser, en muchas ciudades de todo el mundo, una estrategia clave para mejorar y para abaratar algunos servicios. En Paris, la remunicipalización del agua ha supuesto una disminución de un 8% en el precio de las tarifas. Y lo mismo ha ocurrido en el Reino Unido, Alemania o Canadá, en ámbitos como los servicios sanitarios, la electricidad o la recogida de basura. Esto explica también que una ciudad como Múnich se haya planteado como objetivo la creación de un servicio público de energías 100% renovables para 2025.
Evidentemente, no se trata de demonizar el sector privado. Tampoco de volver al pasado o de cambiar un dogmatismo por otro. Cada sector es diferente. Y las formas de gestión capaces de garantizar servicios más accesibles, transparentes y participativos, son diversas. La gestión pública directa, por ejemplo, puede desempeñar un papel decisivo en ámbitos como el agua, la energía, los servicios funerarios o el control de datos estratégicas. En otros campos, en cambio, tiene sentido explorar nuevas formas de colaboración público-privadas o público-comunitarias, con mejores mecanismos de control democrático y seguimiento. O simplemente se deberían aprovechar experiencias exitosas de gestión compartida entre la administración y el tercer sector, como ya ocurre en Barcelona con algunos servicios sociales.
Nada de esto es sencillo. Muchas privatizaciones se blindaron jurídicamente de manera deliberada, por lo que su reversión es un camino sinuoso, lleno de baches. Asimismo, cuestiones centrales como la tutela de los trabajadores implicados se enfrentan a dificultades legales no siempre fáciles de superar.
Pero la dificultad no puede implicar resignación. Como muestran las tendencias internacionales más recientes, la defensa de lo común, de aquello que es todos, exige ser rebeldes. Pero rebeldes competentes. Esto significa batallar por conquistar marcos normativos más garantistas. Y significa, también, aprovechar los resquicios que ofrece la legislación vigente para mostrar que, a pesar de los obstáculos, siempre hay alternativas.