Salud mental y derechos humanos: por una Renta Básica como nuevo derecho de ciudadanía

Sergi Raventós

27/11/2020

Todas somos capaces en unas cosas e incapaces en otras. Lo que tiene que hacer la sociedad es garantizar la igualdad de oportunidades haciendo universalmente accesibles los derechos, las prestaciones, los bienes y los servicios para todas las personas, independientemente de cuáles sean sus condiciones.

 

Si algo es evidente es que vivimos tiempos de pandemia en los que buena parte de la población está pendiente y preocupada por el covid19. Otra buena parte, está concentrada en poder seguir manteniendo el empleo y después están quienes luchan a diario por conseguir un empleo tras haberlo perdido durante la pandemia o antes, y quienes bastante tienen con intentar sobrevivir en un sistema de ayudas condicionadas que nunca llegan.

Es muy posible que —en esta lucha por la existencia material diaria— la mayoría no haya nunca oído hablar de un Tratado de derechos humanos para las personas con discapacidad llamado la Convención de Nueva York. Quienes seguro lo conocen, son esos alrededor de 3,8 millones de hombres y mujeres que tienen alguna discapacidad reconocida: casi un 9% de la población según datos del INE de 2007 (pendiente de actualizar), pues dicho tratado es muy importante para buena parte de las actividades de su vida.

Veamos algunas de sus aportaciones y el por qué de su relevancia: la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad que aprobó la ONU en 2006 la han ratificado 177 Estados. El reino de España lo hizo en 2008. Es el primer Tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, y en filosofía y teoría de los derechos humanos se reconoce que hay un antes y un después de esta Convención.

Una de las grandes aportaciones de la Convención de Nueva York es que nos pone frente a un espejo para mostrarnos que todas, sin excepción, somos personas con discapacidad porque no somos ni super-hombres ni super-mujeres y porque a lo largo de nuestra vida nos tendremos que enfrentar a ciertas discapacidades, algunas temporales y otras permanentes.

La Convención nos dice que hemos construido un mundo del que estamos excluidas casi todas las personas y lo que debemos hacer es valorar la diversidad de capacidades como algo que enriquece a nuestras sociedades; si somos diversas entonces tenemos que construir modelos sociales y políticos que no sólo protejan esa diversidad, sino que la potencien, que la valoren, que le den iguales oportunidades a todo el mundo para que cada cual, dentro de sus capacidades y de su libertad, pueda desarrollar el plan de vida que desee y escoja. Todas somos capaces en unas cosas e incapaces en otras. Lo que tiene que hacer la sociedad es garantizar la igualdad de oportunidades haciendo universalmente accesibles los derechos, las prestaciones, los bienes y los servicios para todas las personas independientemente de cuáles sean sus condiciones e independientemente de su situación socioeconómica.

La Convención y la salud mental

Aunque la Convención se ha esforzado en apostar por el enfoque social y de la diversidad a la hora de comprender la discapacidad o las diferentes capacidades que tenemos las personas, este enfoque no parece haber llegado a la salud mental. De acuerdo con la Convención, el término salud mental debería ser desterrado de nuestro vocabulario y ser sustituido por el de diversidad mental o discapacidad psico-social y así acabar con un término que tiene connotaciones sanitarias y que remite a un problema o enfermedad  de la que la persona ha de ser curada o rehabilitada.

Así pues, si somos diversos en nuestras capacidades físicas o intelectuales, lo somos también en nuestra psique y en cómo somos capaces de procesar los hechos de la vida, enfrentarnos a los problemas cotidianos, a la misma existencia. Todas las personas somos diversas y el malestar psíquico es algo que nos afecta a todas, todas pasamos por momentos altos y bajos a lo largo de nuestra existencia.

Lo que tenemos que reflexionar es si la respuesta que estamos dando a esta cuestión respeta los derechos de las personas, es conforme a lo que dice la Convención acerca del enfoque social de la discapacidad y si no hay intereses económicos que priman y sacrifican a las personas vulnerando su derecho a la vida, a la salud y al desarrollo libre de su personalidad.

Sabemos que en el reino de España los fármacos más consumidos son antidepresivos, ansiolíticos y benzodiacepinas. Cuando una persona tiene un malestar psíquico no recibe el tratamiento que debiera, la terapia adecuada en la mayor parte de los casos. Por otra parte, la existencia de psicólogos en nuestro sistema de salud pública es ridícula: según el Consejo General de Psicología en el año 2016 había 4,3 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes frente a los 18 que tiene la media de la U.E.

Por lo que respecta al suicidio, es una realidad silenciada que aparece muy de vez en cuando en los medios de comunicación, a pesar de que es la principal causa de muerte violenta por encima de los accidentes de tráfico y hay de media 10 suicidios al día.Pero vamos a centrarnos en un aspecto que en la situación de pandemia en la que vivimos y con lo duro que es conseguir un empleo en estos momentos aún tiene más relevancia si cabe: el empleo para las personas con discapacidad y especialmente para las personas diagnosticadas de algún trastorno mental.

Empleo y salud mental

Un dato profundamente desconocido para mucha gente es que las personas diagnosticadas de algún trastorno mental severo son excluidas del mercado laboral: tres de cada cuatro personas con estos diagnósticos están desempleadas, siendo el colectivo social con las cifras más altas de desempleo.

Cuando se habla de inserción, seguimos pensando con un modelo empleocéntrico, donde la inserción social viene de la mano de tener un puesto de trabajo. Esto es algo que está tocando a su fin no sólo en el reino de España donde tenemos un desempleo estructural de los más altos de Europa, sino en todo el mundo debido a la progresiva automatización y a la progresiva sustitución de muchos empleos por nuevas tecnologías.

Tenemos que subrayar la importancia del trabajo frente a la del empleo y que el trabajo de cuidados (tan importante en la pandemia) que el mercado no valora, aporta en la mayor parte de los casos mucho mayor valor añadido a la sociedad en la que se realiza que muchos empleos que el mercado sí valora con elevados sueldos, pero que lo único que logran es enriquecer a una minoría para empobrecer a una mayoría.

Hay que decir que la Convención no se mete en estas cuestiones, pero apuesta por el empleo ordinario para todas las personas. Rechaza de plano que las personas con diversidades estén en los guetos del empleo segregado, esto es, en Centros especiales de empleo o enclaves laborales. El empleo segregado tiene sentido siempre que sea un espacio de transición y de capacitación para determinadas personas que les permita dar el salto al empleo ordinario. Sin embargo, gran parte del empleo de las personas con discapacidad se encuentra en el empleo segregado y no en el empleo ordinario. Esto tiene unas consecuencias muy claras y evidentes: menores salarios, empleos menos cualificados y reconocidos, ausencia de representación sindical y colectiva, menor desarrollo profesional, etc.

Sin poder entrar en profundidad en este tema, motivo de otro artículo, sólo decir que las personas con diversidad mental lo tienen todavía más complicado, porque en ocasiones no cuentan con un certificado de discapacidad y eso las excluye de poder conseguir un empleo en un centro especial de empleo.

Un certificado de discapacidad del que la Convención no dice nada al respecto y que sería conveniente que se revisase pues es estigmatizador, discriminatorio y en muchos casos está sujeto a la arbitrariedad de los médicos. Y no es un certificado cualquiera pues hay que recordar que puede permitir acceder a derechos, prestaciones y servicios, cuando estos no se han podido diseñar de forma universal.

La Renta Básica y la salud mental

Pero si algo se ha mostrado en esta pandemia, y así lo han entendido algunos movimientos sociales y también entidades de personas psiquiatrizadas, es que hay que avanzar hacia un nuevo derecho de ciudadanía universal que no esté sujeto a las inclemencias del mercado laboral, legislaciones caducas y que en muchas ocasiones no se cumplen y un sistema de protección social con importes miserables de pensiones no contributivas de 395 € mensuales que condenan a la pobreza y con unos requisitos estigmatizantes como disponer de un 65% de discapacidad para poder acceder.

Se requiere pues del derecho de ciudadanía de una protección social universal, esto es, una Renta Básica incondicional, más beneficioso para la salud comparada con las tradicionales políticas de protección social focalizadas y condicionadas para pobres, cómo ya sugería la prestigiosa revista British Medical Journal en 2016 y con un importe que esté por encima del umbral de la pobreza para reducir la inseguridad económica y la incertidumbre vital.

Tener garantizada una Renta Básica compatible con un empleo sería una forma de promover que muchas personas se aproximasen a un empleo sin miedo a perder la prestación o a tenerla que volver a tramitar después de finalizar o perder el empleo (temporal en la mayoría de casos). Un trámite que no es ágil como ya es bien sabido.

También facilitaría a mucha gente poder abandonar empleos basura y dejar de soportar condiciones laborales nocivas para su salud mental.

En definitiva: Hay buenas razones pues para defender una Renta Básica universal si valoramos los derechos humanos y la salud mental.

miembro de la Red Renta Básica
Fuente:
https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/salud-mental-derechos-humanos-por-una-renta-basica-como-nuevo-derecho-de-ciudadania

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