Alberto d'Argenzio
10/12/2006
La sentencia de ayer abre, así, una nueva página en la doctrina de la justicia universal, una justicia que a menudo choca con el derecho internacional, desde siempre basado en hechos consumados más que en principios... El balón está ahora en manos del gobierno de Zapatero, llamado a emitir las oportunas órdenes de captura internacional. Una buena oportunidad, pero nada fácil
España procesa a tres soldados norteamericanos. En el 2003 un carro Abraham abrió fuego contra el hotel Palestina, en Bagdad, matando a un cámera español y a un colega suyo. Y ahora Madrid abre un proceso nunca visto.
Se puede hacer algo, se puede indagar sobre el homicidio de José Couso, el cámera de Tele5 asesinado el 8 de abril de 2003 en Bagdad cuando las tropas norteamericanas entraban en la capital iraquí y un blindado disparó a una ventana del Hotel Palestina, ocupado por los periodistas. Lo decidió ayer el Tribunal Supremo, la más alta instancia jurídica española (dejando de lado el Tribunal Constitucional), que debatía el recurso presentado por la familia Couso. Los parientes de David pedían la reapertura del caso después de que en marzo de este año la Audiencia Nacional, el ministerio público local, se declarara incompetente para instruir el proceso. Ayer el Tribunal Supremo, por unanimidad, revocó la decisión y reabrió el juego: la justicia española es competente en el homicidio de Couso. Y lo es gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2005 que determinó la competencia española en los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos fuera del territorio español. La sentencia de ayer abre, así, una nueva página en la doctrina de la justicia universal, una justicia que a menudo choca con el derecho internacional, desde siempre basado en hechos consumados más que en principios.
El Tribunal todavía no ha presentado el acto oficial de la decisión, esperado para la semana próxima, pero la noticia, filtrada por la prensa, ya ha sembrado la felicidad en la familia del cámara y entre sus amigos, que acudieron ayer a la sede madrileña del Supremo. ¡Viva la justicia de este país! grita Javier Couso, hermano de David, para la que los responsables, oficiales o suboficiales del ejército de los Estados Unidos, son presuntos criminales de guerra. Es increíble. La decisión abre un panorama nuevo precisa al teléfono Pilar Hermoso, abogada de la familia; ahora la Audiencia Nacional deberá reabrir la instrucción y volver a presentar el pedido de emisión de las órdenes de captura internacional (para los tres militares norteamericanos implicados en el homicidio, Ndr). Después, el ministro de Justicia deberá presentar la solicitud a las autoridades de los Estados Unidos. Habrá presiones políticas, veremos cómo se mueven las piezas, pero una cosa es clara: la justicia española es competente y el proceso debe ir adelante, como se debió haber hecho desde hace tiempo.
Hasta aquí todo bien, pero la prosecución del caso se presenta bastante más incierta. Los Estados Unidos no arrestan ni envían al exterior a sus militares aun cuando sean juzgados culpables, simplemente porque Washington los considera por encima de cualquier jurisdicción extranjera. Además, en España no existe el proceso en rebeldía contumaz, por lo que un juicio en ausencia ni siquiera se puede realizar. Sabemos que es un camino muy difícil comenta Javier Couso, pero lo importante es que la decisión está, que nuestra justicia existe y que ahora le exigiremos a los EEUU, con dignidad, la verdad sobre lo sucedido aquel 8 de abril.
Aquel 8 de abril de 2003 el sargento Thomas Gibson de la compañía A del Regimiento de blindados número 64 de la Tercera División de infantería acorazada del ejército de EEUU disparaba un proyectil desde su tanque Abraham, directo hacia el hotel Palestina, exactamente hacia el piso en el que Couso con el colega ucraniano de la Reuter Taras Protsiuk filmaba los carros armados norteamericanos. Ambos murieron, otros periodistas y técnicos de la agencia británica quedaron heridos. Gibson, en el micrófono de Tele 5, afirmó: no he disparado inmediatamente. He llamado a mis jefes y les dije lo que había visto (el reflejo de una lente en el balcón del hotel, Ndr). Diez minutos después me llamaron y me ordenaron disparar. Eso hice. Fue su superior inmediato, el capitán Philip Wolford, quien autorizó el disparo, como afirma en una entrevista a Le Nouvel Observateur. Sin embargo, quien tomó la decisión fue el teniente coronel Philip De Camp: Lamento decirlo, pero soy yo el tipo que ha matado a los periodistas, se lee en Los Angeles Times del 11 de abril de 2003. En su defensa, el coronel dice no haber tenido opción, porque sus unidades estaban bajo fuego iraquí. El balón está ahora en manos del gobierno de Zapatero, llamado a emitir las órdenes de captura internacional. Una buena oportunidad, pero nada fácil.
Alberto dArgenzio es una periodista italiano que escribe regularmente en el cotidiano comunista Il Manifesto
Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo González-Bertomeu
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