Gustavo Buster
28/06/2026
La intervención de Pedro Sánchez el 24 de junio en el Congreso cerró el interregno abierto tras la imputación de Zapatero el pasado 19 de mayo. El tsunami judicial sobre el que cabalga la derecha extrema de PP-Vox en su estrategia de acoso y derribo del segundo gobierno progresista se encontró con la hoja de ruta del fin de la legislatura. Una hoja de ruta diseñada por el presidente del gobierno, parapetado en su prerrogativa constitucional: debate de presupuestos en otoño de 2026, elecciones generales en 2027, probablemente en marzo tras la no aprobación del presupuesto y dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
No deja de ser una paradoja que la última barrera defensiva de las izquierdas progresistas sea el intrincado procedimiento que diferencia a la moción de censura de la moción de confianza. El Gobierno Rajoy cayó en una moción de censura tras la publicación de la primera sentencia sobre el caso Gürtel, que declaraba al PP “banda criminal” con una Caja B. Pedro Sánchez obtuvo 180 votos el 1 de junio de 2018 frente a los 169 del PP y Ciudadanos. Rajoy, tras el debate inicial abandonó el Congreso y se refugió en una conocida cervecería cercana. Jose Luis Ábalos fue el encargado de defender la propuesta del PSOE.
La barrera de las prerrogativas frente al tsunami judicial
¿Cómo es posible que con estos antecedentes, sabiendo la cicatriz que dejó en la derecha la moción de censura -junto a los atentados del 11 M que acabaron por sus mentiras con el gobierno Aznar- Ábalos y Santos Cerdán, ambos secretarios de organización sucesivos del PSOE, pudieran establecer su propia trama corrupta con Koldo, aprovechando el Covid y las mascarillas?
Para el PP se trata del reverso de la situación planteada en 2018. Sus acusaciones mimetizan los cargos de condena en su contra. Feijóo lo ha definido en una frase: lo prioritario es acabar con la banda criminal al frente del gobierno, aunque para ello sea necesario una alianza con Vox.
Pero a diferencia de Sánchez en 2018, Feijóo no cuenta con los 176 votos necesarios para ganar la moción de censura. Junts ha votado a favor de una moción del PP, junto con Vox, pidiendo moción de confianza o convocatoria de elecciones. La victoria ajustada de la misma es un placebo para la indignación de las derechas extremas: son ambas prerrogativas constitucionales de Sánchez. Lo que queda tras el 24 de junio al acabar las sesiones ordinarias del Congreso antes del verano, a pesar del tsunami judicial contra el PSOE, es que Feijóo no puede presentar la moción de censura no porque no quiera, sino porque no puede. Y ello erosiona su propia imagen y le condena a los chantajes de Vox, como han hecho patente los cuatro acuerdos de gobiernos autonómicos que ha tenido que aceptar en base a la xenófoba “prioridad nacional”.
No es lo mismo hacer frente a la ofensiva reaccionaria política y judicial desde el gobierno que en la oposición. Y Sánchez lo ha vuelto a resumir en una consigna: “ni resistir, ni desistir”. La estrategia frente al acoso judicial, los estímulos a la “cooperación judicial” modelo Aldama, las filtraciones de agendas de Zapatero, la búsqueda de financiación ilegal del PSOE se confunde ya con la acción de gobierno y la preparación de las elecciones generales, municipales y autonómicas, en medio de una retirada que Sánchez aspira que sea ordenada y en la que mantenga cierta capacidad de iniciativa.
Ya nadie pretende más y quizás sea mucho, como hicieron patente las intervenciones de los socios parlamentarios del gobierno el 24 de junio. De nuevo, Bildu demostró tener el mejor análisis de la situación y las expectativas. Rufián refleja la desesperación general de las izquierdas ante el marasmo judicial del fin de la legislatura, pero no tiene otra propuesta que la convocatoria de elecciones para reagrupar fuerzas en la derrota. Podemos cree que puede convocar un milagro y Sumar no tiene, con cinco ministros en el gobierno, un portavoz que sea creible, empezando por Sánchez.
Las encuestas marcan una ventaja consolidada del PP sobre el PSOE de alrededor del 5 puntos, que ya haría de por sí imposible un tercer gobierno progresista. Pero además el espacio que ha articulado en esta legislatura Sumar se sitúa en el 5,7% y Podemos en el 3,5%, cuando juntos obtuvieron el 12,3% en 2023. Vox sigue al alza, ya en el 17,5%, y junto al PP suponen ya el 51% de la intención de voto.

La situación de las izquierdas
El Comité Federal del PSOE, reunido el 27 de junio, ha hecho un claro llamamiento a la preparación electoral en todos los ámbitos, tras escuchar un resumen de la hoja de ruta de Sánchez y el respaldo solidario al aparato de la sede de Ferraz, a Zapatero y a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Después de un año de la última reunión, la disidencia del presidente de Castilla La Mancha Page, pidiendo elecciones anticipadas, ha sonado a un entreguismo hueco al PP. En definitiva, la legislatura tendría su final normativo en julio de 2027, Sánchez convocará elecciones para marzo y a estas alturas lo que quiere PP-Vox es un colapso en desbandada del gobierno progresista que haga más difícil la resistencia social y política posterior a su giro neoliberal y militarista, en el marco del que también prepara la Comisión europea. Lo importante del Comité federal del PSOE ha sido la aceptación casi unánime de la hoja de ruta hacia el post-sanchismo. Y como ha hecho patente el partido en Madrid, la multiplicación de iniciativas individuales cara a las primarias para configurar las listas municipales y autonómicas. Este será el verdadero punto de inflexión cara a un Congreso posterior del PSOE que conforme una nueva dirección post-sanchista.
Al “espacio” a la izquierda del PSOE le sigue caracterizando su vacío de modelo de coalición, de programa y más aún de liderazgo tras el paso al lado de Yolanda Diaz después de las elecciones europeas y los escasos resultados del dirigente de IU, Antonio Maillo, en las elecciones andaluzas, desbordado por Adelante Andalucía, por mucho que la consolidación electoral de esta última sea aun incierta. Las cuatro organizaciones principales del “espacio” se encuentran en crisis interna, con el único horizonte de cómo pelear su cuota en la lista conjunta de las generales, al tiempo que mantienen su pretendida hegemonía a nivel municipal y autonómico. La propuesta de Rufián, portavoz parlamentario de ERC, de apoyar la enésima reconstitución de las izquierdas agrupadas en Sumar y Podemos en las izquierdas soberanistas vasca y catalana, ha encontrado el escepticismo más completo de estas. No están dispuestas a apostar su propia consolidación y avance en Catalunya y Euskal Herria al reagrupamiento en medio del reflujo de una izquierda en el resto del estado que parece asumir ya la derrota, aunque no saque las consecuencias de los que supondrá en términos de reacción y represión un gobierno PP-Vox, que es el principal argumento de Rufián para ofrecer su liderazgo en una misión imposible. Es más, la falta de una alternativa política reducirá el margen negociador de los movimientos sociales -como la educación en Valencia y Cataluña, la sanidad en Madrid, las luchas salariales y contra los despidos en el metal- frente a unos gobiernos autonómicos dispuestos a demostrar su autoridad mediante la represión antes de las elecciones.
El contexto
El contexto internacional, con el cuestionamiento abierto de los acuerdos de cese el fuego en Irán y el Líbano, han creado la primera gran brecha en la credibilidad de la política imperialista unilateral de Trump. La próxima Cumbre de la OTAN en Ankara el 7 de julio será muy probablemente un escenario de confrontación interna entre las exigencias de Trump-Rutte de un nuevo impulso hacia la militarización del 5% del PIB y los socios europeos que reclaman “autonomía estratégica” (a pesar del colapso del Eurofigther) o cumplir los compromisos con un 2% del PIB sin financiar a su costa el reavituallamiento de los arsenales de EEUU tras la guerra de Irán. Sanchez puede hacer de su confrontación con Trump, a pesar del aumento en un 70% del gasto de defensa hasta el 2% del PIB en dos años, un pilar de movilización de las izquierdas, que han convocado a escala europea una contracumbre de protesta.
Sin embargo, en América Latina la “doctrina Donroe” sigue avanzando implacable. Tras Venezuela, las negociaciones con Cuba han desembocado en unas reformas con escaso margen de recorrido sin que se levante el bloqueo. Las izquierdas han perdido por poco, pero con consecuencias mucho mayores las elecciones en Perú y Colombia. La Cumbre Iberoamericana de Madrid se anuncia ya como una repetición disminuida del Encuentro Progresista de Barcelona, limitada a la asistencia de Lula y Claudia Sheinbaum.
Si los mercados tienen algo que decir, es para apoyarse en las cifras de crecimiento y modernización productiva macroeconómica y superar los 19.000 puntos en la bolsa de Madrid. Las ampliaciones de capital y colocaciones de nuevas acciones ha pasado de 2.309 millones de euros en 2025 a 9.605 millones en lo que va de 2026, aunque una buena parte se debe a la salida de Naturgy de fondos controlados por BlackRock, el pago de dividendos de Iberdrola y otras operaciones de Merlin y ACS. Todo apunta a un ejercicio récord cuando a fin de año se sumen las operaciones del sector bancario, en una burbuja desconectada de la situación política interna.

