Gustavo Buster
06/06/2026
A pesar de la tendencia a la erosión de la correlación de fuerzas, la imputación del expresidente Zapatero el 19 de mayo ha abierto un interregno coyuntural que durará hasta su comparecencia judicial el 17-18 de junio y la intervención prevista del presidente del gobierno Pedro Sánchez el 24 de junio. La confluencia de causas judiciales que afectan al Partido Popular (Kitchen, Montoro..) y al PSOE (Plus ultra, Ábalos-Koldo-Cerdán, el hermano y la mujer de Sánchez, ahora Leire Díaz-Cerdán…) se han convertido en una avalancha informativa para crear un ambiente de opinión pública de que “todo es corrupción”. Y se reformulan dos opciones, que no alternativas, políticas para la gestión del régimen del 78, con el trasfondo de un creciente malestar y movilización social por la degradación de los servicios públicos gestionados por las autonomías.
La propuesta de Feijoo: un “cirujano anti-corrupción” que convoque elecciones
La primera de ellas es la propuesta por Feijoo a Junts y PNV, tras las declaraciones de estos partidos sobre la conveniencia de elecciones anticipadas. Si hay “184 diputados que quieren elecciones”, Feijoo se ofrece a presentar una moción de censura, siempre que haya garantías de ganarla, para formar un gobierno en solitario del PP, “limpiar las instituciones de corrupción” y, posteriormente, convocar elecciones.
La fórmula implica toda una serie de condicionantes. En primer lugar, la amenaza de “limpiar las instituciones” desde un ejecutivo del PP. Esto lo propone sin rubor Feijoo, cuyas fotos en un yate con el narco gallego Marcial Dorado en 1995 no han tenido otra explicación que “aún no era narco porque no había sido enjuiciado…”. No se trata de impulsar desde la fiscalía anticorrupción procesos judiciales, sino de una purga anunciada, con consecuencias judiciales posteriores. Feijoo, frente al caudillismo neofranquista de Abascal, echa mano del “cirujano de hierro” primoriverista, con un mandato surgido de una moción de censura con votos de Junts y PNV. Pero aunque continuase contando con el apoyo de jueces e instituciones judiciales, en la actual composición de fuerzas parlamentarias seguiría dependiendo de Vox y de Junts para la ratificación de sus reales-decretos.
La reacción de Junts tardó unos días en llegar, coincidiendo con la presentación de la propuesta de Feijoo ante el Cercle d’Economia en Barcelona el 2 de junio. Mientras los empresarios insistieron en una negociación Gobierno-PP para la refinanciación autonómica, en especial la catalana, que el PP ha rechazado de plano, para Feijoo la prioridad era “echar a Sánchez” , porque no había ido “a pedir o otorgar favores”. El secretario general de Junts, Jordi Turull le respondió que Feijoo podía entrevistarse cuando quisiera en Waterloo con Puigdemont para proponer su moción de censura. “Hablemos de cosas serias”, fue lo único que se le ocurrió a Feijoo, desdiciendo sus prioridades.
El rechazo del PNV, tras las declaraciones de Aitor Esteban el 24 de mayo pidiendo elecciones en 2026, fue aún más explícito. Organizó una rueda de prensa con su socio de gobierno en Euskadi, el PSE, para reiterar la estabilidad del gobierno vasco y, de paso, del gobierno central, evitando abrir flancos no ya al PP, sino a Bildu. Casi en paralelo se cerraba el pacto PP-Vox en Castilla-León sobre la base de la “prioridad nacional” de Abascal. Feijoo se encontraba en el mismo callejón sin salida, prisionero de Vox, que desde el inicio de la legislatura, cuando había declarado que “no gobernaba porque no quería” depender de los votos de Junts y el PNV. Y ello a pesar de la erosión del gobierno progresista.
Sánchez promete, una vez más, presentar presupuestos
El aplazamiento de la declaración judicial de Zapatero del 2 al 17-18 de junio y la cascada de filtraciones del sumario de Leire Díaz, implicando a Cerdán entre otros, ha paralizado al aparato del PSOE ante la ofensiva judicial y mediática de la derecha extrema. La única explicación que ha encontrado es que se trata de una conspiración inspirada desde la Administración Trump -que tiene acceso a los archivos venezolanos y puede manipularlos a su antojo- para reforzar la campaña de acoso y derribo del PP y Vox.
Sánchez ha tenido que salir a la palestra ante el peligro de desbordamiento mediático. Y lo ha hecho un día después que Feijoo en el mismo Cercle d’Economia. No solo ha desmentido que las actuaciones de Leire Díaz obedecieran a instrucciones suyas o del PSOE, sino que ha asegurado que, de saberlo, hubiera impedido “que se hiciera lo que me hicieron a mí en la oposición”, cuando la “policía patriótica” del Ministerio del Interior elaboró un dossier sobre el negocio de saunas de su suegro.
Más importante que el alegato moral, ha sido su ofrecimiento de un horizonte de fin de legislatura centrado en la negociación de unos presupuestos para 2027. Tanto sus aliados de izquierda como Junts y PNV saben que serán unos presupuestos decisivos para condicionar internamente el giro austeritario y militarista que quiere imponer la Comisión europea para el próximo marco financiero plurianual. El programa de todos los partidos en las elecciones de 2027 se apoyará en esa negociación, que Sánchez propone arbitrar frente al enroque presupuestario del PP y sus gobiernos autonómicos, que han comenzado a aplicar por su cuenta recortes sustanciales en el gasto social.
A pesar de los llamamientos a la revuelta interna y al adelanto de elecciones generales antes de las municipales y autonómicas el 23 de mayo de 2027, la oposición en el PSOE sigue limitada al presidente de Castilla-La Mancha, Page, a la propuesta sin cuerpo del exministro Jordi Sevilla y a una reciente reunión de unos 100 afiliados, sin repercusión en las federaciones.
El rescate de “Plus Ultra” y la economía zombi
La operación de rescate de la compañía aérea “Plus Ultra” con 53 millones es el núcleo de la causa contra Zapatero, al que se acusa de haber influido -como a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez-, en su concesión. Más allá de la red de lavado masivo de fondos (¿13.000 millones?) desviados de PDVSA para evasión del embargo de EEUU y pura corrupción investigada en España, EEUU, Suiza y Andorra, el caso de “Plus Ultra” parece obedecer a otro plano y prioridades. El caso fue ya archivado en 2023 por los tribunales, a petición de la fiscalía y la abogacía del estado, porque el procedimiento seguido, hasta su aprobación por el Consejo de ministros no presentó irregularidades.
La imputación de Zapatero por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, han coincidido con el informe del Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a la financiación y avales del ICO en 2020 para el rescate de empresas en medio de la crisis del Covid. El Tribunal señala que “si bien los avales fueron eficaces para la supervivencia, las empresas aumentaron su endeudamiento, con impactos limitados y puntuales en el empleo y la reactivación económica”. También sostiene que el ICO no ha gestionado adecuadamente las ayudas. Ha habido “debilidades en los sistemas de gestión, control, seguimiento de las operaciones y en los sistemas de información”.
El caso es que el 22% de las 388.424 empresas que solicitaron financiación y avales al ICO han quebrado o simplemente desaparecido sus propietarios. Es decir, 84.569 empresas han dejado un agujero neto de 6.800 millones a cargo del estado. La decisión de priorizar el mantenimiento del empleo a través de los ERTE y evitar el colapso empresarial en la crisis del Covid permitió -apoyado en los fondos Next Generation de la UE-, dar un giro anti-neoliberal y mantener las políticas sociales, pero también una proporción zombi de la economía. Esa fue la diferencia con los masivos recortes sociales y el rescate del Gobierno Rajoy de las Cajas de Ahorro y la banca, que dejo una deuda acumulada de 70.000 millones, a pesar de las promesas de que “no costaría a los españoles un euro”.
Todavía carecemos de un balance histórico de las consecuencias acumuladas de las tres mayores crisis del capitalismo desde la Gran recesión de 2007-2008. Ya en 1969, Althusser hizo una famosa paráfrasis: “Como decía Marx, hasta un niño sabe que si una formación social no reproduce las condiciones de la producción al mismo tiempo que produce, no podría sobrevivir ni siquiera un año” Pero el alcance de la crisis del Covid fue tal, que provocó una intervención masiva de los estados capitalistas para mantener el sistema a través de un “capitalismo político” que solo tenía precedentes en las políticas de economía de guerra (como las de Hjalmar Schacht en la Alemania nazi, y las de Keynes y Galbraith en Gran Bretaña y EEUU). Y el acceso a las ayudas financieras, los avales y el presupuesto se produjeron en un marco de “capitalismo de amiguetes” reforzado por la financiarización de la economía en un ciclo largo de caída de la tasa de beneficios. Lo que permitió un cierto arbitrismo interclasista y el mantenimiento del estado del bienestar fue la moratoria de las políticas de austeridad. Sin la recuperación de un ciclo largo de crecimiento gracias a un salto cualitativo en la productividad ligada a la transición verde y la inteligencia artificial, esta es la estructura material en la que se desarrollan los debates económicos y sociales, las políticas públicas, en el conflicto de clases.
El rescate de “Plus Ultra”, en el contexto amplio de las políticas de rescate frente a la crisis del Covid, aparece más que como un ejemplo o una excepción, como un caso más que vuelve a cuestionar los condicionantes sociales y legislativos del régimen del 78 en su conjunto. Y plantear una de las viejas preguntas de SP de hasta qué punto y en qué condiciones es gestionable por una coalición progresista.
Conclusiones provisionales, poco novedosas
Sin ir tan lejos, lo que este interregno ha vuelto a poner en primer plano es que la gestión de la administración central del estado no es políticamente posible en un enfrentamiento con las mayorías sociales y políticas de Euskadi y Catalunya. La Generalitat de Illa y la coalición del PSE con el PNV en el gobierno vasco son dos elementos esenciales que le permiten a Pedro Sánchez mantener su gobierno en Madrid. Y esa triangulación tiene sus propias contradicciones que determinan el margen de maniobra del gobierno progresista. Al mismo tiempo que impiden que el PP pueda encontrar una fórmula de gobierno de coalición menos dependiente de Vox sin aumentar su peso electoral, mínimo, en Catalunya y Euskadi. De ahí el protagonismo estos días del Cercle d’Economia, de Junts y del PNV.
Pedro Sánchez sigue, además, contando con la ventaja de su proyección internacional. La polarización con las políticas de la administración Trump le permiten mantener el apoyo de amplios sectores de la izquierda progresista, a pesar del aumento del gasto de defensa sin precedentes, y reencontrar complicidades en la UE con Merz y Macron y articular un sector, aunque pequeño, de gobiernos de centroizquierda. Apoyado en el crecimiento económico del 2,7% del PIB, una reducción significativa de la deuda y una modernización con aumentos de productividad en el sector exportador, Sánchez puede jugar un papel importante en la moderación del giro austeritario de la Comisión en el siguiente marco financiero plurianual. Feijoo simplemente no cuenta en este aspecto y divide a la clase dominante entre quienes esperan seguir beneficiándose del “capitalismo de estado” o quienes optan por subirse al carro del trumpismo en su enfrentamiento con la UE.
Al final, sin embargo, la delgada línea roja se juega en un terreno favorable para el PP, como es el poder judicial. Bien los casos acumulados acaban provocando el hastío que desmovilice a las distintas izquierdas en la idea de que “todos son corruptos” o llegan a articular una evidencia de financiación ilegal del PSOE que rompa la mayoría de apoyo a la coalición progresista. Pero lo más probable -por no decir el mal menor- es que continue la legislatura, dando espacio a la batalla judicial y a la articulación de movimientos sociales de resistencia contra los recortes del gasto social de las comunidades del PP. Pero se hacen más visibles preocupantes brotes de represión policial, que reflejan la lectura de la correlación de fuerzas por sectores de las llamadas fuerzas de seguridad del estado. En algunos casos, como en la UCO, con autonomización de sus procedimientos al amparo de jueces y conflictos en el seno de la Guardia Civil, la Policia Nacional y las policias autonómicas, que son indicios de involución democrática o continuación de dinámicas que han persistido desde el gobierno Rajoy.
Pero esta semana todo gira entorno a la visita del Papa, su posicionamiento en contra del trumpismo, la contradictoria movilización de narrativas a favor o en contra por las distintas fuerzas sociales y políticas y la pesada mochila del historial de abusos sexuales de una jerarquía y clero regidos por un marco jurídico pre-constitucional como es el Concordato de 1979. No podía ocurrir en un momento más propicio que este interregno.