Eldar Mamedov
28/09/2025
En un cambio significativo y largamente esperado, la Comisión Europea ha decidido finalmente recalibrar su relación con Israel. El paquete de medidas que propone —sancionar a los ministros extremistas israelíes y a los colonos violentos y suspender valiosas concesiones comerciales— supone el intento más substancial de la UE de imponer consecuencias a la conducta del Gobierno de Netanyahu en Gaza y Cisjordania.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que en su día se vio acusada de un marcado sesgo proisraelí, declara inequívocamente ahora que «deben cesar los horribles acontecimientos que tienen lugar a diario en Gaza». Su declaración de que la UE sigue siendo una «defensora inquebrantable de la solución de dos Estados», «socavada por las recientes acciones del gobierno israelí en materia de asentamientos», es una clara admisión de que Bruselas ya no puede ignorar la brecha entre sus principios declarados y sus acciones habilitadoras.
Estas medidas son importantes. Señalan un punto de ruptura con un gobierno israelí que ha desestimado, con creciente desprecio, las preocupaciones de sus socios europeos. Los aranceles propuestos, que restablecen los tipos de Nación Más Favorecida sobre 5800 millones de euros de exportaciones israelíes, no son meramente simbólicos, sino que constituyen una presión económica tangible destinada a llamar la atención de Jerusalén. Las sanciones selectivas contra los ministros responsables de la retórica y las políticas incendiarias añaden un necesario nivel de rendición de cuentas personal.
Sin embargo, a pesar de su importancia, este paquete adolece de defectos cruciales: llega terriblemente tarde, sigue siendo peligrosamente incompleto y, en gran medida, es una crisis provocada por la propia Europa.
En primer lugar, el retraso. Durante casi dos años, desde el ataque de Hamás contra Israel y la campaña militar israelí en Gaza, que provocó la muerte de más de 60.000 personas, el mundo ha sido testigo del devastador conflicto. La UE, «el mayor donante de ayuda humanitaria», se ha visto obligada a reaccionar ante una catástrofe que su propio comercio y apoyo político han contribuido a financiar. Esta respuesta, que solo ahora se materializa tras una inmensa presión pública y diplomática, parece menos una política proactiva y más un intento tardío de ponerse al día con la realidad, y con el coraje moral que ya han demostrado varios de sus Estados miembros.
En segundo lugar, y lo más llamativo, el paquete omite la medida más lógica y jurídicamente sólida: la prohibición total del comercio con los asentamientos ilegales de Israel en la Cisjordania ocupada. Se trata de un profundo fracaso de principios y políticas. Los asentamientos son universalmente reconocidos como ilegales por el derecho internacional. Son el motor mismo de la ocupación que, según Von der Leyen, está socavando la solución de dos Estados.
Mientras la Comisión vacila, lo que el director del Proyecto Europeo para Oriente Medio con sede en Bruselas, Martin Konecny, denomina “un efecto dominó” se está extendiendo a nivel nacional. El gobierno neerlandés acaba de anunciar que prohibirá las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes, convirtiéndose en el quinto Estado miembro de la UE en hacerlo, tras las recientes y decisivas medidas adoptadas por Irlanda, Eslovenia, Bélgica y España. Esta creciente coalición subraya tanto la imperiosa necesidad moral como la viabilidad política de una medida que la Comisión sigue evitando.
Además, no se trata solo de una elección política, sino de una obligación legal. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su histórica opinión del año pasado, dejó claro que todos los Estados están obligados a cesar el comercio y el apoyo que facilita el régimen ilegal de asentamientos de Israel. En virtud del Derecho de la UE, una prohibición a escala de la Unión podría —y debería— aplicarse por mayoría cualificada como medida comercial necesaria para defender los principios jurídicos fundamentales. El hecho de no hacerlo convierte a la UE en cómplice de la perpetuación del mismo sistema al que ahora dice oponerse.
En tercer lugar, todo el enfoque de la Comisión adolece de una laguna jurídica y moral incapacitante: las medidas que propone se enmarcan exclusivamente desde una perspectiva humanitaria, eludiendo deliberadamente las obligaciones jurídicas explícitas de la UE de prevenir el genocidio. Al centrarse únicamente en la suspensión de partes del Acuerdo de Asociación, la propuesta ignora la forma más directa de complicidad: el flujo continuo de armas de los Estados miembros a Israel.
Estas transferencias letales, que quedan fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo, son objeto de la histórica demanda de Nicaragua contra Alemania ante la CIJ, en la que se argumenta que suministrar armas a un Estado que podría estar cometiendo genocidio constituye una violación de la Convención sobre el Genocidio. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, sólo Alemania representaba el 30 % de las principales importaciones de armas de Israel en 2019-2023. Berlín siguió concediendo licencias para la exportación de armas tras el estallido de la guerra en 2023. El hecho de que la Comisión ni siquiera haya abordado, y mucho menos propuesto detener, este flujo de armas procedentes de los Estados miembros, al tiempo que invoca «acontecimientos horribles», revela una timidez estratégica que socava el propio Estado de derecho que dice defender.
Por último, este momento representa un fracaso catastrófico en la previsión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha conseguido alienar a la que posiblemente haya sido la Comisión Europea más proisraelí de la historia. Al acoger a socios extremistas en la coalición, acelerar la expansión de los asentamientos e ignorar las repetidas advertencias sobre Gaza, su Gobierno ha obligado a actuar a una clase dirigente europea que estaba desesperada por evitar este enfrentamiento.
La búsqueda miope de objetivos maximalistas ha provocado ahora una reacción tangible por parte del mayor socio comercial de Israel. La respuesta del Gobierno —una amenaza de represalias, en vez de introspección— lo demuestra. «Las medidas contra Israel recibirán la respuesta correspondiente, y esperamos no tener que tomarlas», declaró el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, revelando una postura que trata a la UE no como un socio, sino como un adversario. Esta retórica combativa hacia su principal socio comercial subraya cómo las políticas de Netanyahu han aislado a Israel, demostrando que incluso los aliados más firmes tienen sus límites.
Las medidas de la Comisión son un comienzo necesario, un primer paso para alinear la acción de la UE con su retórica. Pero el verdadero liderazgo requiere más. Hasta que Bruselas no encuentre el valor para poner fin de manera integral a su implicación económica y militar —prohibiendo rotundamente el comercio con los asentamientos y obligando a los Estados miembros a detener la venta de armas—, sus declaraciones seguirán sonando a decepcionantes. El tiempo de las medias tintas ha terminado. Si la UE desea ser vista como una «defensora inquebrantable» de algo más allá de su propia conveniencia, sus acciones deben finalmente estar a la altura de sus palabras y, lo que es más importante, de sus obligaciones legales.