Mitali Nagrecha
12/05/2022
La pobreza es un fracaso del Estado. Pero en lugar de eliminarla, el Estado la castiga. Para evitar que la desigualdad de nuestra sociedad se convierta en desigualdad ante la ley, necesitamos un nuevo sistema penal.
Recientemente, el ministro federal de Justicia, Marco Buschmann (FDP), ha prometido una suavización del derecho penal. Dijo que quería examinar si el gobierno federal debería rebajar la categoría de ciertos delitos menores a faltas y si se podría reducir el número de encarcelamientos por esos casos menores. Las propuestas de Buschmann van dirigidas a los aproximadamente 550.000 casos de infracciones menores al año por las que se imponen multas. Los que no pagan estas multas son detenidos después de un cierto período de tiempo. En 2017, alrededor de 55.000 personas, la mayoría de ellas con bajos ingresos, se encontraban en prisión por este motivo, aproximadamente el doble que hace cuarenta años. Por ello, el ministerio de Justicia quiere ahora "examinar si también podemos aportar algo en el marco de la legislación federal" para reducir el número de estas llamadas penas sustitutivas privativas de libertad (Ersatzfreiheitstrafen). En particular, según Buschmann, infracciones como conducir sin carné y la posesión de marihuana deberían ser posiblemente rebajadas a infracciones administrativas.
Esto sería un buen primer paso, pero no resuelve el problema de fondo. Las penas sustitutivas privativas de libertad -es decir, encarcelar a personas que, según la decisión del tribunal, solo tendrían que haber pagado una multa- son siempre injustas. La reducción de la categoría de los delitos no es lo mismo que la legalización total de los mismos. Las infracciones frecuentes como conducir sin carné y la posesión de marihuana, a menudo acompañadas con perfiles raciales como ocurre en la actualidad, seguirían sometiéndose a la vigilancia policial. Además, las infracciones se seguirían castigando con fuertes multas e incluso con penas de prisión. Por tanto, una reforma de la justicia penal verdaderamente progresista tendría que ir mucho más allá.
Desigualdad ante la ley
Alemania gasta considerables recursos para mantener un sistema que impone una parte importante de sus penas por delitos que son síntomas de pobreza. Este enfoque de "ley y orden" se justifica habitualmente por la necesidad de hacer al individuo responsable de sus actos y preservar así el estado de Derecho.
Sin embargo, cuando se trata de los delitos de las empresas y sus directivos, este estado de Derecho alemán mira hacia otro lado. Basta pensar en los escándalos de los gases de escape en la industria del automóvil o en el gigantesco fraude de Wirecard. En este último caso, el estado permitió financiar - por la misma empresa que debía ser observada con lupa por esta "policía contable" - el presupuesto deliberadamente limitado para la investigación del Centro de Control Alemán para la Información Contable. Cuando el Financial Times presentó pruebas contundentes, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (BaFin) presentó una denuncia ante la fiscalía de Múnich contra los periodistas británicos autores del artículo.
Así que el escritor y periodista Ronen Steinke tiene razón cuando escribe que "no todo el mundo es igual ante la ley". Sin embargo, esta justicia de clase no es realmente nueva. Además, no solo se debe a la desigual aplicación o ejecución de la ley o al hecho de que los acusados ricos puedan comprar la mejor defensa. Más bien, nuestro estado de derecho está diseñado para reproducir un sistema económico que crea y presupone la desigualdad. Quien genera beneficios es visto como un sostén de la sociedad; quien es pobre está bajo sospecha general.
Racismo estructural en la justicia
Lo que el estado criminaliza es una decisión política que refleja las relaciones sociales de poder. En una sociedad marcada por la desigualdad masiva, no debería sorprender a nadie que los tribunales impongan hoy una parte significativa de sus sentencias por delitos originados por la pobreza. Los hurtos y la conducción sin carné representan en conjunto alrededor del 20% de las infracciones anuales. De este modo la gente es castigada por no poder permitirse el transporte público, los artículos domésticos o la comida.
Pero también se puede criminalizar a las personas por recibir prestaciones sociales. Desde las reformas neoliberales de Hartz durante la década de 2000, las oficinas de empleo recortan regularmente las ya bajas prestaciones mediante "sanciones". Las prestaciones se dan por vencidas si se falta a las citas o no se acepta un trabajo ofrecido. Las sanciones de la oficina de empleo pueden incluso dar lugar a una persecución penal: En 2017, 49.769 casos fueron remitidos a la fiscalía por sospecha de fraude en la percepción de prestaciones públicas. Sin embargo, las investigaciones demuestran que las oficinas de empleo suelen tener pocas o ninguna prueba de comportamiento incorrecto intencionado.
También se criminaliza a los beneficiarios y beneficiarias si trabajan para complementar las bajas prestaciones de la asistencia social. En caso de infracción, se amenaza a los afectados con elevadas multas o procedimientos administrativos. Y pueden ser perseguidos penalmente por fraude si las oficinas de empleo se enteran de los ingresos extra, incluso si la persona en realidad no tenía intención de ocultar su actividad. Aunque la nueva coalición gubernamental del semáforo reconoce la necesidad de facilitar a los ciudadanos que ganen un dinero suplementario, la criminalización continúa.
Además, también es muy cuestionable el tratamiento de estos delitos -conducción sin carné, hurto ocasional y fraude en las prestaciones- como formas de robo. Harald Thomé, director de la asociación de ayuda Tacheles, lo tiene claro: "El problema de la delincuencia con [el subsidio] Hartz IV es que la gente tiene muy poco dinero. Y si tienen poco dinero, tienen que mirar cómo conseguirlo". Por ello, algunas personas ven en el robo ocasional una salida a su miseria, otras utilizan el transporte público sin billete válido y otras obtienen ingresos no declarados. Cuando el estado criminaliza los delitos de pobreza, tiene un efecto de mantenimiento del sistema parecido a su sistemática mirada hacia otro lado en casos como el de Wirecard. El castigo de los delitos de pobreza echa la culpa al individuo: el estado centra su indignación en el individuo y su comportamiento, en lugar de hacerlo en las injusticias económicas subyacentes y su fracaso para vencerlas.
Pero sancionar con Hartz IV no es el único ámbito del derecho en el que el estado castiga, aunque otras medidas de política social no solo serían más justas sino también más eficaces. Por ejemplo, la posesión de drogas (30.947 casos en 2020) no suele ser perjudicial para la comunidad, y en los casos en los que una respuesta estatal sería necesaria y útil, el castigo es incluso contraproducente. La práctica del castigo también está marcada por el racismo estructural. A través de términos como "delincuencia de clan", los grupos racializados y migrantes son criminalizados y clasificados como sospechosos. Los perfiles raciales, que consecuentemente se extienden, les llevan a ser vigilados más estrechamente por las fuerzas del orden.
Ciertas zonas urbanas con altos niveles de migración se clasifican como "puntos de criminalidad grave" o "lugares cargados de delincuencia", lo que a su vez conduce a un aumento de la presencia y las competencias policiales. Dado que las personas de raza y de origen inmigrante son detenidas y controladas con una frecuencia superior a la media, también son multadas con una frecuencia superior a la media por infracciones poco graves: Más del 35% de las multas se imponen a ciudadanos no alemanes. Los datos también demuestran que las personas sin nacionalidad alemana son castigadas más severamente en comparación con las que tienen la nacionalidad alemana.
Esto no es ni una coincidencia ni es culpa de determinados funcionarios judiciales. Más bien, es un efecto del racismo estructural arraigado en nuestra sociedad: las personas no blancas también son mayoría en el banquillo de los acusados por delitos de pobreza porque las personas de origen migrante son mayoría en las estadísticas de pobreza. Según los datos del microcenso de la Oficina Federal de Estadística, el riesgo de caer en la pobreza de las personas con antecedentes migratorios es del 27,8%, más del doble que el de las personas sin antecedentes migratorios (11,7%). Alemania no es en absoluto un caso atípico: en todo el mundo, el capitalismo y el racismo se entrelazan a la perfección en la producción de relaciones socioeconómicas de opresión.
Quien hoy espere que nuestros tribunales mitiguen estas injusticias surgidas de la práctica policial se verá decepcionado. Por el contrario, las más de cincuenta entrevistas que realicé con jueces y fiscales de toda Alemania mostraron que esta dinámica se refuerza en los tribunales. Se supone que el sistema de un importe diario en las multas debe ayudar a ajustarlas a las correspondientes circunstancias económicas, de modo que afecten a los pobres y a los ricos por igual. En la práctica, sin embargo, las multas suelen ser demasiado elevadas para las personas con bajos ingresos.
Las juezas y los jueces suelen fijar los importes de las multas basándose en sus propias estimaciones. Un juez, por ejemplo, nos dijo que suele suponer que los acusados disponen de unos 600 a 900 euros al mes. Por otra parte, una juez admitió posteriormente que se calcula que el 80% de los condenados viven de las prestaciones sociales, lo que a su vez significa que los fondos reales disponibles podrían ser efectivamente mucho más bajos.
Las penas impuestas por delitos relacionados con la pobreza suelen ser especialmente draconianas. Una persona que reciba Hartz IV puede ser multada con entre 150 y 400 euros por una acusación de conducción sin carné. Esto equivale a entre el 30% y el 100% de su efectivo disponible de 340 euros al mes. Por lo tanto, los importes de las multas son inasequibles para muchos. Esto lleva al endeudamiento e incluso, en el peor de los casos, a la pérdida de la libertad.
Pero incluso cuando los jueces y las juezas tienen en consideración la correspondiente capacidad de pago de las personas, las diferencias socioeconómicas entre ellas y los procesados hacen que, en no pocas ocasiones, las multas sean demasiado elevadas. Un juez con el que hablamos, por ejemplo, estaba firmemente convencido: "A nadie en Alemania le queda tan poco dinero como para verse obligado [a viajar sin billete]". Un error de apreciación que tiene graves consecuencias para muchas personas sancionadas.
Los directivos de una empresa como Wirecard, sin embargo, han tenido experiencias completamente diferentes con la justicia: estaban tan cerca del estado de Derecho que el antiguo jefe de la policía bávara incluso presionó en su favor. Cuando la acusación de fraude masivo ya estaba en el aire, Karl-Theodor zu Guttenberg, como lobbysta de Wirecard, promovió una adquisición planificada con Angela Merkel, tras lo cual la canciller abogó en China personalmente por los estafadores de Múnich.
Tímidas propuestas de reforma
Es bueno que la coalición del semáforo quiera poner en tela de juicio la sobre-criminalización. Sin embargo, el gobierno ha demostrado ser muy poco ambicioso en este sentido. Incluso con la supresión de la pena de prisión sustitutiva, el acuerdo de coalición solo promete una "revisión". Los Verdes son el único socio de la coalición que reclama en su programa la correspondiente modificación de la ley. También se desaprovechó la oportunidad de introducir una prestación social sin sanciones.
Ni los planes por la reforma de la supervisión del mercado financiero ni por los delitos de pobreza son suficientes para cambiar realmente el statu quo. La justicia seguirá orientada a castigar la pobreza y proteger los beneficios.
Existen alternativas, pero requieren una nueva manera de pensar. Aquí podemos aprender mucho de los planteamientos del abolicionismo, en cuya visión de una sociedad sin clases, la abolición de la justicia penal representa un elemento central. Pero incluso hoy en día podríamos simplemente legalizar un gran número de los delitos actualmente castigados. En el caso de otros delitos -como conducir bajo los efectos del alcohol- podríamos encontrar formas que permitieran la reparación, por ejemplo, mediante los llamados enfoques de justicia restaurativa (Restorative Justice). La supresión total del sistema penal para los delitos menores sería un gran paso en esta dirección. Reformas como la supresión de la pena privativa de libertad son pequeños pasos hacia este objetivo ambicioso pero alcanzable.