Chile: soberanía alimentaria y debate constituyente desde las organizaciones campesinas (y II)

Este trabajo es la continuación de la primera parte ya publicada en Sin Permiso.

Continuamos la conversación con Nicolás Arraño en un segundo momento, tras la finalización de la escritura de la propuesta de Nueva Constitución por la Convención, en medio de la vorágine de las campañas por el Apruebo en las que estábamos inmersos, y luego de nuevos anuncios del Ministerio de Agricultura del Gobierno Boric.

- ¿Cómo siguió vuestra labor en el proceso constituyente?

Lo primero que hay que decir es que el proceso constituyente fue un catalizador de todo este trabajo de coordinación colaborativa entre las organizaciones campesinas. Fortaleció todo ese tejido, se incorporó más gente, y además se logró articular para la constituyente con otros actores como la ASOF, la CONAPACH, con la Confederación de Cooperativas Campesinas (todas ellas se coordinan en la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario CODEMA). Lo que pretenden justamente es articular toda la cadena agroalimentaria y pesquera tradicional, como le llaman, que abastecen al país más del 50% del suministro de frutas, verduras, pescados y mariscos.

Es así, el proceso constituyente sirvió para fortalecer la articulación, al punto que a día de hoy las proyecciones de estas organizaciones es de un movimiento en conjunto. Se lanzó desde la C28J un Comando Alimentario por el Apruebo, hace poco más de un mes, en conjunto con CODEMA, hemos estado haciendo mucha campaña en los campos, tuvimos un Apruebazo de cierre de la campaña en San Clemente.

- Es notable, y deja planteado un horizonte de luchas en común, no solo en defensa del Apruebo y la Nueva Constitución, sino de un programa que se visualiza en el trabajo de esta coordinación, ¿no?

Seguro. Uno de los logros del proceso son todas estas redes que se fueron tejiendo, que lograron justamente articular a movimientos de todo el país, y más allá del ámbito campesino y agrícola; creo que se están sentando las bases para una plataforma común muy interesante de movimientos sociales y organizaciones populares que lograron trabajar mancomunadamente de manera inédita, a raíz y al alero del proceso constituyente, en el marco de unas últimas décadas en las que precisamente, todo el mundo organizacional y político sufría una atomización impresionante.

Incluso, saliéndonos un poco de lo rural y campesino, en el mundo laboral: para la redacción de las propuestas relativas a los derechos laborales y de seguridad social en general, se dio una articulación  intersindical inédita en la historia del neoliberalismo en Chile, donde como sabemos aún rige un Plan Laboral que es modelo mundial de pérdida de derechos del mundo del trabajo. En esa articulación se vio un sobrepaso de todo el mundo político vigente y de la CUT, que sabemos permanece en un fuerte nivel de burocratización.

De hecho con la Ranquil, con ANAMURI, con CONAGRO y otros sindicatos del campo y el mar nos integramos en esta coordinación intersindical de más de 50 organizaciones sindicales del país, entre ellas las centrales sindicales como la Central Autónoma de Trabajadores CAT, y con otras federaciones importantes que están afiliadas a la CUT. Incluso hubo diálogo con la CUT, para ver si se sumaban a esta articulación, pero la pillamos en un momento muy problemático, porque fue el período en que renunció la anterior Presidenta, y la CUT no supo dar respuesta a ese llamado.

A partir de esta alianza, nosotros trabajamos también para impulsar todo lo relativo a los derechos del trabajo rural. Así que fue un paso importante, que habría que ver cómo puede sustentarse en el tiempo, porque como decíamos ha sido algo inédito en el mundo del trabajo. Ha ido madurando un nuevo sindicalismo, todavía sin gran capacidad movilizadora, pero presente y fuera de la CUT, que tiene más claro cómo enfrentar la neoliberalización del trabajo y que tiene la voluntad de hacerlo, con posiciones políticas más claras en ese sentido, de confrontación con el modelo.

Queda un piso de confluencia y articulación muy interesante. Como te decía, volviendo a lo rural, nosotrxs quedamos trabajando constantemente a la par con las organizaciones de pescadores, de las ferias libres, es decir, una activación conjunta del canal agro-pesquero alimentario tradicional, que ha tomado una gran fuerza y difícil que se suelte este tejido, se están pensando nuevas acciones conjuntas hacia adelante. Para estos sectores es un logro grande. Si gana el Apruebo, es un nuevo entramado fuerte desde el cual defender la NC y proyectar las transformaciones, y si nos derrotan en el Plebiscito, será un piso desde el cual resistir y repensar lo que venga.

- Bueno, y cuáles son los principales logros en el texto de la propuesta de NC para ustedes, pensando desde las ruralidades, lo campesino, la soberanía alimentaria, la agroecología, el derecho a la alimentación…

Desde el punto de vista de la historia constitucional del país, los logros son muy sustantivos. Hay unos 15 Artículos que hacen referencia al mundo rural, al campesinado, a lxs distintos actores que están involucrados en la producción de alimentos. Incluso a nivel mundial es algo casi inédito. Como primer punto, está el reconocimiento a la ruralidad. Tanto en Chile como en el mundo es algo difícil de definir, porque en general se define en oposición a lo urbano.

- Claro, cuando en realidad es un entramado de modos de vida, de modos de producción y de culturas sumamente rico y definido en sí mismo.

Justamente. Entonces ahí ya tienes un primer gran avance en el Artículo 241 y subsiguientes, en que se reconoce y se define lo que vamos a entender como ruralidad, se define como una expresión territorial, precisamente con sus formas de vida, de producción, de las comunidades y las personas, que se dan en relación directa con el agua, la tierra y el mar. Hasta hoy día tienes una definición muy pobre de lo rural, en términos solo de la población que no vive en las ciudades, puramente poblacional, y entonces por ejemplo en materia de políticas públicas con respecto a la ruralidad no tienes dónde aferrarte, qué actividades se realizan en los territorios rurales, qué caracteriza a los sujetos rurales, cuáles son sus culturas.

Con la propuesta constitucional, al quedar así definida, incluso el Estado queda comprometido a desarrollar políticas para que esa relación directa y esos modos de vida no desaparezcan, que es lo que hemos visto con mucha intensidad en los últimos 30 o 40 años. La relación con la tierra queda comprometida por el acaparamiento de tierras por parte del gran agronegocio y las forestales, la relación con el agua lo mismo, y el mar para qué decir, con una Ley de Pesca absolutamente corrupta. Además, se establece un compromiso del Estado de establecer mecanismos para que las comunidades, para que las personas que viven y trabajan en los territorios rurales, tengan un rol participativo y protagónico en lo que es la generación de políticas y programas respecto de las materias que les afectan.

Luego viene todo lo dice relación con el rol de la ruralidad en la alimentación. Acá lo que si hay que destacar es que todos los avances y logros en materia de alimentación en la NC son mérito de las organizaciones campesinas, de pescadores y feriantes, que hicieron suya esta tarea al asumir que la labor de alimentar al país es en gran medida de ellxs, y que la responsabilidad de posicionar todo esto en la NC era de ellxs. ANAMURI, con el apoyo de las otras organizaciones de la C28J, fueron quienes presentaron la Iniciativa Popular de Norma Constitucional sobre el Derecho a la Alimentación (en ese inolvidable tramo de la CC abierto a la participación democrática de los pueblos), que logró los más de 15 mil patrocinios populares que eran necesarios para su consideración obligatoria en la CC, que se vio plasmada en el propuesta de NC, y que marca una diferencia sustantiva con respecto a la actual Constitución del 80, donde el derecho a la alimentación ni siquiera existe. Además, permite ponernos al día con distintos instrumentos internacionales en la materia.

Se hace absolutamente necesario, porque en el país tú ves que hay  este escenario tan desalentador en materia de alimentación y de inflación de los alimentos, donde la obesidad y el sobrepeso afectan a ¾ partes de la población, la reaparición del hambre y la malnutrición. Son estos hechos los que hacen necesario plasmar el tema en la NC, hacerse cargo, y entonces se lo consagra, con una serie de características y definiciones, que lo conceptualizan de una manera profunda y eficaz, a tono con lo mejor de la jurisprudencia internacional. Es realmente de vanguardia a nivel mundial porque además vincula directamente el derecho a la alimentación con la soberanía alimentaria, en el Artículo 54 de soberanía y seguridad alimentaria alimentaria, el 55 sobre las semillas y el 56 sobre derecho a la alimentación.

Es un logro de la lucha campesina, porque el concepto de soberanía alimentaria, que nace en el año 1996 por definición de la Vía Campesina, surge como respuesta a la cuestión abstracta de la seguridad alimentaria, que era un concepto que venía a promover que haya acceso a los alimentos para todos, pero que pone el énfasis en el acceso económico a esos alimentos, a simplemente poder comprarlos, lo cual va de la mano con el paulatino control por parte de las corporaciones transnacionales del agrobusiness y la alimentación sobre los mercados alimentarios, pero también sobre la producción de alimentos, desplazando gradualmente a las producciones campesinas en todo el mundo.

- ¿Y te parece suficiente el rango y el estatuto que se le da a la soberanía alimentaria y por tanto a la agroecología en el texto de la NC?

Mira, nosotros queríamos una profundización mayor, y de hecho estuvimos a solo 2 votos (maravillas de los 2/3 de quorum impuestos) de plasmar la soberanía alimentaria de otra manera mejor, reconociéndola explícitamente como un derecho colectivo de los pueblos para poder determinar libremente las formas en que se van a producir, distribuir y consumir los alimentos. Sin embargo, la mención, que fue lo que logramos en ese Artículo, es de todas maneras algo que nos permite abrirnos a que el día de mañana podamos plasmar la soberanía alimentaria como se entiende así, más profundamente, y estrechamente vinculada con la agroecología, que no es mencionada como tal con este rasgo constitucional, pero sí logramos que se plasmara el impulso de una “producción agroalimentaria ecológicamente responsable y sostenible, enraizada localmente y con cadenas de producción y comercialización cortas”, todas definiciones provenientes de la agroecología.

Los acontecimientos de los últimos años en el mundo ha dejado en evidencia la fragilidad del modelo hegemónico de producción y consumo; tambalea el abastecimiento de alimentos esenciales como cereales y legumbres, ante coyunturas mundiales geopolíticas crecientemente inciertas e impredecibles, ante la gran especulación financiera con los alimentos. De hecho, el lema de la Vía Campesina es “juntos podemos enfriar el planeta”, y al día de hoy hay estudios científicos de instituciones vinculadas a los movimientos campesinos que muestran a ciencia cierta que en base a la soberanía alimentaria, la agroecología y la producción sustentada en la pequeña y mediana finca agrícola, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global.

Nos costó sensibilizar a muchos convencionales con respecto a estos temas en profundidad, pero se obtuvieron esos logros. Y sí quedó explícitamente definido el apoyo e impulso a la AFC y la pesca y recolección artesanal como pilares de la producción de alimentos. Se reconoce así que hay un actor social que tiene esa función social, y también lo que hablábamos, el reconocimiento de la ruralidad como ese entramado de formas de vida, producción y culturas con derechos colectivos.

Queda plasmado con rasgo constitucional cual es la orientación que deben tomar las políticas agrícolas y alimentarias en el país en los próximos años y décadas para poder garantizar el derecho a la alimentación. Entonces, con este marco institucional se allana el camino para poder garantizar al país una alimentación sana y adecuada que permita a todos y todas desarrollarnos de manera óptima tanto física como mentalmente, como derecho humano fundamental. Queda claro que la hoja de ruta debe ir para allá. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer la agroexportación. Significa que se pueda avanzar a un escenario donde puedan coexistir los dos modelos, que no es lo que sucede hoy, cuando al contrario, el modelo del gran agronegocio exportador es excluyente.

- Y va copando más y más tierras y aguas, obtiene financiamiento barato del mercado de capitales, especialmente de las AFP (de los ahorros previsionales de toda la población), y ha obtenido y obtiene grandes subsidios del Estado, mientras concentra más y más la renta de la tierra.

- Claro, es paradójico con la lógica del “libre mercado”: particularmente en Chile ha sido un sector que ha surgido gracias al subsidio financiero y el apoyo que le ha entregado el Estado, porque el agua se la han entregado a ellos (los derechos de agua fijos y a perpetuidad); está el tema de las tierras, que en gran medida desde la contrarreforma agraria de la dictadura fueron pasando desde el Estado y lxs campesinos hacia estos nuevos capitales agroexportadores, y así también su acceso a la fuerza de trabajo se da en el marco de la imposición de un Plan Laboral que hasta el día de hoy les garantiza fuerza de trabajo a bajo costo, y para qué decir en materia de normativa ambiental, donde también han contado con  las facilidades para incurrir en todo tipo de prácticas sin sujetarse a límites ecológicos, sin la acción real de una institucionalidad fiscalizadora en lo ambiental. Esta propuesta constitucional sienta bases para corregir, que esta actividad agroexportadora, para seguirse desenvolviéndose, tenga que sujetarse a regulaciones y estándares en estos aspectos.

- Por ciertas votaciones se iba a perder lo de Semillas Libres y Soberanía Alimentaria, recordamos que no se alcanzaban en la Comisión 4 de Derechos Fundamentales y se pasó a la Comisión 5 de Medio Ambiente, Modelo Económico y Derechos de la Naturaleza, donde finalmente se incorporaron y desde ahí se lograron aprobar en el Pleno.

Si, lo que logramos fue el reconocimiento a la Semilla Tradicional, eso fue fundamental, y a partir de ello tendremos un argumento para luego proteger más profundamente todas las semillas, incluidas las agroecológicas. Porque nosotros habríamos querido incluso lograr la constitucionalización de la prohibición del uso de transgénicos, pero no hubo la correlación de fuerzas para ello.

- ¿Se notó en la CC la presión del lobby de las corporaciones del agrobusiness en general, y del transgenismo en particular? Sabemos que en Chile rige prohibición de siembra de transgénicos, pero eso excluye los cultivos para producir semillas transgénicas para la exportación y para “experimentación”, estando en Chile la mayor planta productora de semillas transgénicas de exportación de la tristemente célebre Monsanto, y contando con una corporación como ChileBio para hacer lobby por sus intereses y romper esta prohibición.

Si, fue un campo de disputas bastante abierto, porque incluso nos encontramos con que muchos convencionales que hubiéramos creído sensibles tenían bastante desconocimiento de la problemática rural y campesina, fue algo con lo que tuvimos que lidiar, informar y sensibilizar a muchos convencionales sobre estas materias de las cuales entendían muy poco, incluidos aquellxs elegidos por los pueblos y los movimientos sociales. De hecho sobre transgénicos tuvimos una controversia con una convencional en particular que ya te cuento mejor. Pero la SNA, la Asociación Nacional de Productores de Semillas que son los que exportan transgénicas, y FEDEFRUTA (que agrupa a los grandes exportadores), desde el minuto 1 estuvieron haciendo lobby, campaña mediática, haciendo campaña del terror sobre campesinxs conque les iban a quitar las tierras, el riego y cosas así.

Obviamente , el sector que representaba sus intereses en la CC era la derecha, pero sus 30 y tantos convencionales no tenían tanta capacidad de maniobra (gracias a la elección de mayo de 2021), se hicieron notar, pero pudimos sobrepasar ese lobby, gracias a la actividad de las organizaciones campesinas que yo diría que fue uno de los sectores populares que más presente se hizo en la Convención.

- Se puede pensar entonces que la labor de pedagogía sobre lxs convencionales fue existosa, y que al revés, la capacidad de sensibilización que mostraron ellxs fue importante.

Si, desplegamos una estrategia interesante, con el aporte de lxs asesores (todo a pulmón), que éramos quienes más manejábamos los temas y podíamos debatirlos mejor, más algunos convencionales como Francisco Caamaño y César Uribe, Alejandra Flores que es parte de ANAMURI, Alvin Saldaña, Carolina Vilches, Ivanna Olivares, Gloria Alvarado, que estaban bien imbuidxs también. Se articuló una bancada rural para coordinar el trabajo de lxs convencionales con las organizaciones y los asesores. Cuando veíamos que las conversaciones se estancaban y no se podía avanzar más, acudíamos a las organizaciones campesinas, que entonces sacaban declaraciones y presionaban. No solo los dirigentes, también los activistas de base de las organizaciones estuvieron presentes constantemente, incidiendo. Eso fue fundamental para concientizar y sensibilizar.

Lo de Semillas nos costó mucho, por eso fue de las últimas batallas, porque la gente no entendía, no sabe lo que pasa hoy día en Chile (y en el mundo) con las semillas, así que constitucionalizar la libre guarda, uso e intercambio de las semillas tradicionales fue muy difícil. La controversia la tuvimos con Elisa Giustinianovich, a quien considerábamos una aliada, en la Comisión 4. Estábamos trabajando para que pasara una definición de Soberanía Alimentaria que considerábamos nosotros era la más profunda, tenía un inciso que prohibía el uso de plaguicidas altamente peligrosos, y además contenía la prohibición del cultivo de transgénicos. Cuestión que no se logró porque una maniobra compleja de Elisa cambió el inciso, a otro que planteaba regular el uso de transgénicos, lo cual hubiera implicado ni más ni menos que la constitucionalización de su uso. Pasó esa versión al Pleno, y tuvimos que llamar a rechazarlo.

- Claro, como pasó con las concesiones mineras (la vía por la que se han ido privatizando de facto los yacimientos en estos 40 años), que por iniciativa del bloque Frente Amplio-Colectivo Socialista-INN se quisieron constitucionalizar también ahí en la CC, cuestión que ni existe en la actual Constitución.

Así es, muy similar. Después supimos que esta compañera no veía con malos ojos los transgénicos, es biotecnóloga. Ahí perdimos una gran oportunidad con el artículo de Soberanía Alimentaria. Cuestión crítica por cierto, porque la contaminación genética por la circulación del polen transgénico, como sabemos, está extendida, en la práctica es incontrolable y contribuye al proceso ya dramático de pérdida de la biodiversidad. Vas a las localidades rurales donde están instalados los semilleros transgénicos, de maíz por ejemplo, y ves que ha desaparecido todo el maíz tradicional.

De todas maneras, con el artículo de Semillas Libres tenemos una salvaguarda, bajo la que podremos apelar a que no haya cultivos transgénicos en sus territorios que hagan que se pierdan. Tienes distintos recursos que quedaron en el texto que permiten el día de mañana luchar por profundizaciones en dependencia de las correlaciones de fuerza, dar luchas para disputar estas cuestiones eco-políticas.

- Además de lxs convencionales que mencionaste, ¿cuáles fueron los colectivos de convencionales con los que pudieron establecer alianzas más fructíferas? Y, descontando que los convencionales de derecha fueron el principal antagonista, en tanto representantes directos de las grandes corporaciones del agronegocio ¿cómo fue la relación con ese bloque que conformaron el FA, el Colectivo Socialista y los INN?

Bueno, nuestros claros aliados fueron los colectivos constituyentes conformados por los elegidos desde los movimientos y pueblos en lucha, Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), Coordinadora Plurinacional y Popular, y Movimientos Sociales Constituyentes, incluyendo dentro de ellos a los elegidos por los pueblos originarios. Contaban con unos saberes desde las luchas por abajo que no son los de la política institucionalizada. Los de pueblos originarios, a pesar incluso de que varios eran más bien de centro y algunos conservadores, fueron un apoyo irrestricto, esta agenda si la impulsaron a pleno y se advierte que están familiarizados con ella, porque proviene de la propia vida de sus comunidades, más allá de las ideologías; proviene de sus formas de vida y producción, ligadas directamente a la relación con la tierra, el agua y el mar, con las semillas y la producción de alimentos.

En los colectivos aliados igualmente tuvimos que lidiar con el paradigma urbano de muchos de los convencionales, incluso nos fue difícil establecer una confianza con quienes levantaban las cuestiones del animalismo y el veganismo, que veían un poco lo rural como tradiciones conservadoras, o porque tienen fuertes resguardos con respecto a la cría, pesca y consumo de animales. Nos costó mucho concientizarles, e incluso con los votos en contra de algunos de ellxs fue que logramos constitucionalizar en la propuesta el fomento de la agricultura familiar y campesina y la pesca artesanal.

Entonces, contando con la base de apoyo de este Bloque Popular (como se terminó llamando en la CC la coordinación entre estos colectivos), nuestro trabajo se abocó luego a tratar de sensibilizar a ese bloque del FA-PS-INN, que sabemos funcionó como bisagra y llave en las votaciones, una especie de centrismo que pretendió hegemonizar la CC en base a los 2/3 de quorum para las aprobaciones de normas, que ellos mismos habían impuesto desde el Acuerdo de Noviembre de 2019 entre los partidos parlamentarios. Tenían un poco el sartén por el mango de qué pasaba y qué no.

Logramos cierta evolución en sus posiciones en base a las conversaciones, porque pasaron de una oposición a un apoyo no total pero suficiente para poder plasmar las propuestas, al menos varias de ellas. Particularmente en el FA contábamos con algunos apoyos, Yarela Gómez, Jeniffer Mella, que son gente de regiones y que entraron como independientes en cupo FA; en el CS teníamos el apoyo de Ramona Reyes Painequeo, que fue alcaldesa de Paillaco, de origen mapuche y que tenía relación ya con ANAMURI, toda gente más sensibilizada con las ruralidades.

Pero hubo gente que tuvimos en contra, en el FA gente como Fernando Atria, Christian Viera, muchos abogados constitucionalistas, en el CS Max Hurtado, Andrés Cruz, Tomás Laibe, Ricardo Montero, Pedro Muñoz, aferrados a la concepción de una “Constitución Mínima” con pocas definiciones, de que una Constitución es un texto más “jurídico” que político-histórico. Varios de ellos no pusieron los votos para lograr estas materias, y tenían una actitud desagradable con respecto a las organizaciones y sus dirigentes cuando los abordaban. Los 2/3 muchas veces se lograron raspando de manera casi milagrosa. No eran partidarios para nada de un catálogo amplio de derechos, con un rechazo a que este era un proceso constituyente que debía ser protagonizado por los movimientos y las luchas populares, por el que tanto empujaron, y a qué costos.

- Si, saliéndonos un momento del tema, en realidad para los movimientos esta “Constitución Mínima”, situándola aquí y ahora, tiene que ver con una concepción y una imagen de la democracia y de la lucha política que es liberal (y no hay liberalismo hoy que no sea neoliberalismo). Con toda la restricción que significa el liberalismo para la participación y los derechos populares. Si fuera por ellos todo debería seguir decidiéndose en estos Parlamentos aristocrático-oligárquicos que hemos tenido hasta ahora (y que vamos a seguir teniendo si no logramos desbordarlos). Así votaron en la CC en contra también de la mayoría de las nuevas instituciones de democracia participativa y directa propuestas por el Bloque Popular.

Absolutamente. Y quienes somos conscientes de las derivas de las luchas populares, teníamos y tenemos fuertes resquemores de que si no logramos plasmar con claridad las cuestiones en el texto, corremos el peligro de que incluso se interpreten en leyes posteriores de manera contraria.  Con el derecho a la alimentación, en la primera votación en la Comisión 3, tuvimos que llamar a rechazar, porque a pesar de que la norma base era la impulsada por nosotros, tuvimos la situación de que este bloque FA-PS maniobró para presentar una indicación a último momento (por el convencional PS Patricio Fernández Chadwick), que desnaturalizaba el texto de consenso cuya base era la Iniciativa Popular de Norma presentada por las organizaciones campesinas, con algunos retoques.

Se pasaba de un derecho a la alimentación sana y adecuada ligada a la soberanía alimentaria y a la AFC, a un texto que lo vinculaba a la seguridad alimentaria, que hablaba de “inocuidad”, de “trazabilidad”, que son conceptos que en general ha impuesto la industria agroalimentaria, y estándares que han servido en otros países para imponérselos a la AFC que terminan perjudicándola. Si tú tienes una producción de tomates obtenida en 2 hs que va a ser llevada a una feria local, no es necesario aplicarles estándares de trazabilidad. Además, “inocuidad” o “trazabilidad” son conceptos que debe seguir la industria agroalimentaria para hacerse cargo de los efectos negativos que provocan por su uso creciente de agrotóxicos, agroquímicos y aditivos. Entonces, constitucionalizar esto y dejar abierta esa puerta era grave. 

- Como pasó también con el tema del derecho a salud, donde el articulado original era muy bueno, consagrando un Sistema Nacional de Salud público y gratuito suficientemente financiado por el Estado, y a última hora el FA-PS logró introducirle y aprobar en el Pleno una indicación que abre la puerta para que “prestadores privados” puedan participar en ese SNS (pensando muy probablemente en la “industria de la salud”).

Claro, fue una práctica sistemática de estos sectores en la Convención. Saben muñequear y en qué momento hacer las jugadas, tienen ese arte de pasar la máquina en el momento preciso. Tuvimos votos en contra de ellos en muchas ocasiones, y algunas materias las logramos a última hora, y pasándolas  de unas Comisiones a otras, donde la correlación fuera más favorable. Las cuestiones que logramos plasmar tuvieron votos en contra de estos sectores hasta los momentos finales. Fue muy desgastante para las organizaciones tener que estar convenciendo, sin lograrlo del todo, a sectores que podríamos haber pensado como aliados. Incluso, en la cuestión de las semillas tuvimos algunos votos favorables de la derecha, Luis Mayol, Ossandón, que vienen de sectores rurales (oligárquicos, pero con alguna sensibilidad en estas cuestiones).

- Bueno, más o menos vamos concluyendo lo relativo a la Convención. Volviendo a lo que vendrá luego del Plebiscito, nos relatabas que con respecto al Plan Siembra por Chile presentado por el Gobierno, no habían sido llamadas las organizaciones a participar en su concepción, diseño y puesta en práctica, y que ya ahí había una mirada crítica ¿Ha cambiado algo al respecto? Además, luego el Gobierno lanzó esta Comisión Nacional por la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, en el marco de la inflación constante del precio de los alimentos, la pronunciada alza de la canasta básica alimentaria, la reaparición del hambre ya mencionada. Ustedes, como organizaciones campesinas, ¿fueron llamadas a participar en la Comisión? Y en general, de nuevo, ¿qué valoración hacen de la viabilidad de estos programas?

Si, no habíamos sido llamadas a participar y en ese sentido la situación sigue igual y por lo tanto nuestra visión crítica permanece. De hecho, está habiendo ya cierto desencanto por parte de las organizaciones. Además, ha sido fuertemente recortado el presupuesto del INDAP. Entonces, el Programa Siembra por Chile está andando, se están entregando recursos, sobre todo crediticios, pero sin que lleguen tan claramente a la AFC y sus organizaciones.

De todas formas, existe otra instancia, el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, al que fue convocada por el Gobierno a presidirlo Francisca Rodriguez, una dirigente de ANAMURI. Ese fue valorado como un buen gesto, aunque no quita que hubieran esperado tener un rol protagónico en la Comisión, porque a soberanía y seguridad alimentaria es a lo que han dedicado los últimos 20 años o más. Siempre es un desafío para las organizaciones de base entrar a las instituciones estatales, para explorar si es un espacio desde el que se puede avanzar o no. Lo cual no sería un problema si un Gobierno está profundamente comprometido con los cambios estructurales que se exigen, cosa que está por verse y en entredicho.

En todas partes, y aquí tenemos la gran experiencia de los últimos 30 años con la Concertación, se corre el peligro de ser cooptadas por las burocracias estatales sin al final obtener mayores avances (y muchas veces más bien todo lo contrario, con la dilución de las luchas), es un riesgo. Es un proceso delicado donde tendremos que ver que no suceda lo mismo incluso con parte de los sectores que actuaron como Bloque Popular en la Convención. Con respecto a las organizaciones campesinas, hay que observar que no se transforme en que se pierda la brújula de todo ese rico proceso de articulación que se dio en torno al proceso constituyente.

Ahora, como dices, a aquella Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria fueron citados todos los sectores involucrados en la cadena agroalimentaria. Las organizaciones de la Coordinadora 28J cuentan con dos representantes. Nosotros como Corporación Mundo Rural no fuimos convocados, pese a que efectivamente tuvimos reuniones con los asesores del MinAgri y la Subsecretaría de Agricultura, y nos plantearon que nos convocarían. No es que nos arroguemos con soberbia un papel, sino que además de nuestra labor de articulación con las organizaciones campesinas, hemos cubierto un vacío en cuanto a estudios e investigación de las ruralidades que las instituciones públicas tienen bastante abandonado. El tema en fin es la representatividad y la pertinencia de esta Comisión. La participación de las organizaciones campesinas y de pescadores artesanales, siendo los responsables estos sectores de más del 50% de la producción y el abastecimiento alimentario del país, es minoritaria. Están los grandes agroexportadores, los grandes supermercados, La Vega Central (cuyos dirigentes han hecho campaña por el Rechazo), del matadero de Lo Valledor. La correlación de fuerzas en esa Comisión es desfavorable.

- Está bien, pero el Gobierno podría decir que no se trata de generarle correlaciones de fuerza favorables a ustedes, sino de garantizar la seguridad alimentaria en una coyuntura crítica.

Sí, pero quien se encarga de más de la mitad de esa seguridad alimentaria es la AFC, porque son quienes producen y distribuyen los alimentos que se consumen, incluyendo a las ferias libres de la ASOF. En lo atingente a soberanía y seguridad alimentaria, estos actores deben tener el mayor espacio y representatividad. Los grandes exportadores no necesariamente cumplen con el rol de abastecer al país, sobre todo en estos cultivos, cereales, legumbres, hortalizas y verduras. La pequeña y mediana producción agrícola es el actor estratégico con respecto a esas metas.

El fin de la Comisión es formular más bien planes de mediano y largo plazo. Tanto para eso como para lo inmediato, los apoyos y créditos deben ser redirigidos a la AFC primordialmente. Hasta ahora no ha habido mucho más que reuniones y anuncios generales. Y habiendo esa correlación al interior de la Comisión, desde el punto de vista de las organizaciones campesinas, no es claro el panorama.

- Cuando ustedes dicen que quisieran que el diálogo fuera fructífero, ¿cómo se traduciría, qué sería eso concretamente?

Justamente que se le diera más protagonismo a la AFC y a sus organizaciones (aún reconociendo que el grado de representación de las organizaciones no es total, si bien representan a decenas de miles de agricultorxs campesinxs). Lo que planteamos es que la AFC y sus organizaciones deben ser protagónicas, entendiendo que es una disputa también política entre modelos de agricultura y formas de concebir la producción y distribución de alimentos. Apoyo institucional integral para el sector. Y de involucramiento institucional en el fortalecimiento de la organización y coordinación de la AFC, eso es fundamental. Ahí no existe énfasis, y debe ser lo primero.

Nos parece que las limitaciones de este Gobierno se van a manifestar también este plano, por su apuesta más “moderada”, de no confrontación con los grupos de poder del agro que son poderosos. A nivel de declaraciones e intenciones, del propio Ministro, parecen ser alentadoras, aunque incluso ha ido moderando el discurso del principio hasta ahora. La columna sobre los Cinco Desafíos  que sacó el Ministro en El Mostrador va moderando, va acomodando el discurso por ejemplo dándole más énfasis a la seguridad que a la soberanía alimentaria. De todas maneras hay que ver, y nos parece que el resultado del Plebiscito va a tener gran influencia, porque si ganara el Rechazo, toda esta “moderación” probablemente se verá fortalecida. Y al revés, si gana el Apruebo, nuestro piso político para disputar en el futuro será más alto.

- Finalmente, te pregunto si no les parece que hay una tensión entre, por un lado,  un discurso que apunta a una coexistencia de los paradigmas del gran agronegocio exportador y de la AFC, de una transición “suave” hacia la agroecología; y por otro lado la realidad de la feroz oposición del gran agronegocio a las transformaciones que implicaría la NC (incluido el tema de las aguas), la realidad histórica de la pérdida de áreas sembradas con cultivos orientados al consumo interno, la continuidad de la depredación extractivista y la explotación laboral rural hasta ahora, etc. El Gobierno también lanzó la iniciativa de los “Supermercados Populares”, que en realidad parece insuficiente frente a la realidad alimentaria.

Bueno, esto de acercar las verduras y vegetales de descarte pero aún comestibles, de las ferias a los sectores de escasos recursos y comedores populares, CODEMA ya lo hace. Y la cuestión de posibilitar que la población vulnerable acceda a los productos a punto de vencer de los supermercados, se ve difícil que contribuya de modo importante a paliar la gran dificultad de acceso a los alimentos. Además, por último deberían involucrarse los actores que tienen capacidades a nivel local y territorial, como las mismas organizaciones campesinas y populares, las municipalidades, etc.

Por otra parte, en realidad quienes han tenido que moderar el discurso y hablar de coexistencia entre el gran agronegocio exportador y la AFC, han sido las organizaciones campesinas y los sectores que las acompañan (también hay que pensar que estamos en un período de campaña, y que ha existido toda esta campaña del terror de la oligarquía del agro hacia lxs pequeños campesinos buscando el Rechazo a la NC). La voluntad de este diálogo es de las organizaciones, y desde su ángulo del Gobierno, que se da en un marco constitucional positivo (de aprobarse), pero que ni siquiera apunta a desmontar el agronegocio extractivista sino a humanizarlo, y sí apunta a fortalecer la AFC, los derechos de las ruralidades, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. La voluntad de diálogo del gran empresariado del agro es muy relativa.

Ahora, en realidad, el discurso del Ministerio parece estar deslizándose a una cierta conciliación entre ambos paradigmas, cuando en la práctica sabemos que son paradigmas antagónicos que no pueden tener una convivencia de equilibrio, a no ser como transición de uno hacia otro.

- Pensando un símil, así como no pueden convivir tendencialmente las energías fósiles con las energías renovables ecológicas (si hablamos de restauración ecológica y combate a la crisis climática). 

Tal cual, porque el modelo del gran agronegocio lo que hace es empujar a la desaparición de la AFC, a la concentración creciente de las tierras, las aguas y las rentas, por no hablar de su incompatibilidad con la restauración ecológica. Es algo tangible. Del año 2007 que existían 250 mil pequeños productores, pasamos a 150 mil el año 2020. O en esas cifras de disminución de la superficie cultivada por cultivos orientados a la alimentación del pueblo, y de concentración de las tierras.

Uno entiende que en la posición de Gobierno deban hacer un cierto equilibrio. De hecho, como decía, fue algo presente también en la Convención, porque estos sectores del FA-Colectivo Socialista-INN abogaron por esa convivencia. Pero las organizaciones campesinas tienen muy claro que los modelos de producción y distribución agrícola que se han desenvuelto al alero de la seguridad alimentaria, son los que van en detrimento de la soberanía alimentaria, que han perjudicado a la producción y las formas de vida campesina en Chile y el mundo, que han contaminado y degradado los suelos y las aguas, que han conducido en una medida muy grande a la crisis climática-ecológica, y que en realidad generan inseguridad alimentaria.

El articulado que quedó nos deja mejor parados para luchar por la soberanía alimentaria, pero a condición de un fortalecimiento eventual en el marco de una coexistencia contradictoria, y que sin una transición futura más profunda es insuficiente. Y creo que las políticas del Gobierno van a ir en el sentido de hacer amigables modelos que en realidad son antagónicos. Lo que hace la propuesta constitucional por su lado (y a lo que apuntan esas políticas anunciadas por el actual Gobierno si se cumplieran sus mejores intenciones), es frenar la desaparición de la AFC, que es el producto de la hegemonía del gran agronegocio.

Ahora, luego hay otro paso que dar que es fortalecer muy seriamente la AFC y volverla el actor protagónico de la producción de alimentos en el país, lo reiteramos. Es el paso número 1 de toda transición, porque son quienes en la práctica pueden sostener una alimentación suficiente, accesible, sana y adecuada, con estándares mínimos de respeto por los ecosistemas y los derechos fundamentales de las personas, que hasta hoy día el agronegocio vulnera sistemáticamente. No sólo con sus trabajadores, sino también con las comunidades de sus entornos. Medio millón de personas tienen que abastecerse de agua con camiones aljibe, número que sólo crecerá si no cambia la situación de depredación de las aguas por la gran agricultura agroexportadora. Estos argumentos son fuertes como para dudar de la coexistencia. En una coalición de gobierno como ésta, tan limitada en sus posibilidades y voluntades, con tanto temor a la confrontación con los sectores de poder, se entiende que el Ministro deba apelar a esa moderación, más allá de cual sea su real posición personal.

Poniéndolo al revés: solo si lxs productorxs de la AFC y sus organizaciones vieran que son convocadas realmente a participar en el diseño, la gestión y la puesta en práctica de estos programas; sólo si hubiera un re-direccionamiento de los recursos técnicos y financieros a fortalecer la AFC; solo si palparan una práctica real de colaboración en el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos campesinos, en tanto sujetos fundamentales de esa necesaria transición, solo entonces podrían sentir que estos programas y anuncios son más que declaraciones de buenas intenciones. Porque además el gran agronegocio ha recibido enormes cantidades de recursos públicos por más de 40 años (y los sigue recibiendo). La realidad de declaraciones que al final no se materializan en transformaciones, concretas y profundas, las organizaciones campesinas ya las han vivido un montón de veces.