Madrid defiende su salud pública

Sanidad pública: una lucha a vida o muerte en Madrid

Gladys Martínez López

La Comunidad de Madrid anuncia la privatización total o parcial de todos los hospitales y del 10% de los centros de salud. Más de 100 centros sanitarios mantienen encierros de protesta y se han organizado marchas multitudinarias y convocado varias huelgas.

Se llama Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, pero su aplicación en 2013 supondrá el desmantelamiento de un plumazo de lo que hasta ahora era el sistema madrileño de sanidad pública, ya de por sí lastrado por la entrada de capital privado en los centros hospitalarios inaugurados en los últimos cinco años.

Presentado el 31 de octubre, el plan, que se acompaña de un recorte del 7% en un presupuesto sanitario más bajo que la media del resto de comunidades, prevé privatizar totalmente los seis hospitales semipúblicos construidos en los últimos años, privatizar parcialmente el resto de hospitales mediante la externalización de los servicios no sanitarios, reconvertir los hospitales Carlos III y La Princesa en un centro de media y larga estancia y en un centro “altamente especializado” para personas mayores de 75 años, respectivamente, privatizar de entrada el 10% de los centros de salud, cerrar el Instituto de Cardiología y reestructurar y centralizar servicios, como, por ejemplo, los laboratorios, que se concentrarán en tan sólo cuatro hospitales. Asimismo, se privatizarán la Lavandería Central Hospitalaria y la Unidad Central de Radiodiagnóstico.

Quince días después se descubría que en el lote de la privatización de algunos hospitales se incluirán también centros dependientes de los mismos, como es el caso de los dos ambulatorios de especialidades de Vallecas, asociados al Hospital Infanta Leonor, por lo que no se descarta que otros ambulatorios puedan correr la misma suerte.

El plan incluye también el pago de un euro por receta, una medida de repago farmacéutico ya aplicada en Cataluña desde julio. Y a pesar de que el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, dictaminó el 15 de noviembre que la instauración de la tasa “vulnera el orden constitucional”, porque las autonomías no tienen competencias en esta materia y se provoca discriminación entre sus habitantes, Madrid se ha reafirmado en su decisión de implantarlo a partir del 1 de enero y Cataluña ha decidido mantenerlo. El caso se presentará previsiblemente ante el Tribunal Constitucional, pero algunos movimientos en defensa de la sanidad universal y pacientes han decidido declararse insumisos desde el primer momento. En Cataluña son más de 6.000, según datos de la Generalitat.

La rebelión de los hospitales

En Madrid, el anuncio de la privatización y reconversión de centros ha puesto en pie de guerra a los hospitales de la región. Empezaba La Princesa el día 2 de noviembre con un encierro indefinido, la colocación de mesas informativas y de recogida de firmas y la realización de dos concentraciones diarias.

La reconversión de este hospital universitario puntero en especialidades como la neurocirugía o la hematología, y la del Carlos III, referencia en enfermedades como el VIH o la hepatitis C, provocará el cierre de los servicios y especialidades hasta ahora desarrollados y la eliminación de la investigación, obligará a un cambio de centro de referencia a cientos de miles de habitantes y provocará el despido de cientos de profesionales, denuncian sus trabajadores.

“La política que está siguiendo el Gobierno de la Comunidad es privatizar, y las empresas quieren que la sanidad sea rentable”, dice Juan Domingo García, portavoz de los trabajadores movilizados del Carlos III, que tiene una visión clara del porqué de la reconversión de estos dos centros: “Las empresas que van a quedarse con los seis hospitales semiprivados prefieren tratar a los enfermos agudos, que son más rentables, y que los públicos traten las enfermedades con mayor gasto. Por eso quieren convertir La Princesa y el Carlos III en hospitales de crónicos”.

Aunque en el caso del Hospital La Princesa las movilizaciones han conseguido que la Consejería de Sanidad negocie y hable de alcanzar una “visión compartida”, nada está ganado. Veinte días después del anuncio del plan, eran 25 los hospitales en lucha, con encierros permanentes, organizados en asambleas y coordinados en su mayoría a través de la Coordinadora de Hospitales y Centros de Salud. A partir del 19 comenzaron las movilizaciones en centros de atención primaria, cuando el del barrio de Carabanchel se unía a los encierros. El 26 de junio, primer día de la huelga, había personal y usuarios pasando la noche en más de 100 centros sanitarios.

“Es todo un plan de rediseño global de la sanidad pública madrileña, y el objetivo es ir hacia el modelo privatizador. Aquí la presa gorda, donde las empresas van a hacer el negocio, es la privatización de los seis hospitales más los centros de salud, por eso no me extrañaría que la Comunidad estuviera dispuesta a retroceder en algunas cuestiones en relación a La Princesa, que es un caso muy grave, pero lo de los seis hospitales va a ser difícil”, explica uno de los portavoces de los trabajadores del 12 de Octubre. “Es una jugada muy compleja. Ellos hacen una ofensiva y están dispuestos a retroceder un poco y a que les comas el peón que han puesto delante, mientras las piezas gordas las están reservando por detrás”, añade.

Seis hospitales a subasta

Los seis hospitales que se privatizarán totalmente –Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo– abrieron sus puertas en 2008 y fueron construidos por constructoras, inmobiliarias y otras empresas, según el modelo PFI (iniciativa de financiación privada). Es decir, ellas gestionan la parte no sanitaria con concesiones a 30 años, mientras que la Administración, que paga un canon anual a las empresas, se encarga de la sanitaria. Ahora se regirán por el modelo PPP (partenariado público-privado), serán enteramente gestionados por empresas y la Comunidad les pagará un canon por habitante, igual que se hace ya en los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón, gestionados por las empresas Capio y, hasta ahora, Ribera Salud, siguiendo el modelo implantado en Alzira (Comunidad Valenciana).

La privatización y el cierre de algunos centros y servicios o su remodelación y concentración provocará, denuncian los trabajadores, una reacción en cadena de despidos, desplazamientos de plantilla y más despidos. Sanidad ya ha anunciado que prescindirá del personal eventual e interino sanitario contratado en los seis hospitales privatizados, según el sindicato CSIT, y eso es sólo un primer paso. Si a todo esto se añade que en todos los hospitales públicos de Madrid se externalizarán los servicios no sanitarios que todavía no lo estén, entre 7.000 y 8.000 trabajadores podrían perder su empleo según las cifras barajadas por la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios, creada en julio, cuando la Comunidad anunció su decisión de “extinguir” las 26 categorías de personal no sanitario (mantenimiento, lavandería, cocina…), es decir, su progresiva privatización.

Empezaron entonces los primeros paros, cortes de carretera y asambleas, ahora generalizados tras el nuevo envite privatizador. Luis López, de la Coordinadora de Hospitales, explica que “esto es una reivindicación que va más allá de lo laboral, es una reivindicación de salud pública y es importante que los usuarios estén con nosotros”, y añade que las asambleas del 15M y las asociaciones de vecinos se han implicado en las movilizaciones. “La gente está muy concienciada de que esto va a poner en peligro la salud de todo el mundo. Si un tratamiento de quimioterapia de un día son más de 7.000 euros, se lo pagará el que sea más rico porque esto va encaminado a que tengamos una sanidad como en EE UU y no lo podemos consentir”, afirma L., una administrativa también portavoz en el 12 de Octubre.

Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), pone como ejemplo el hospital de Alzira, donde los médicos de urgencias cobran incentivos si el paciente no es ingresado, o el de Torrevieja Salud, la empresa que gestiona un hospital de esa ciudad y varios centros de salud valencianos, que incentiva a los médicos de atención primaria con hasta 24.000 euros anuales si no derivan a los pacientes a los especialistas. “Los incentivos en el ámbito de la salud chocan con el código hipocrático. Va a haber una selección de riesgos: pacientes caros van a ser derivados a lo que quede de la pública y se van a imponer los incentivos económicos para reducir el gasto. Si se consuma, habrá un deterioro importante de la calidad de la asistencia”, explica.

Pero también insisten en que la privatización del personal no sanitario puede afectar, no sólo a los puestos de trabajo, sino también a la calidad asistencial. Un ejemplo práctico es el de Reino Unido, donde la externalización de los servicios de limpieza de los hospitales llevó a la reducción del número de limpiadoras de 67.000 a 36.000, lo que coincidió con un aumento en los hospitales del número de infecciones que se convirtió en récord en la UE.

Los profesionales también denuncian como falso el principal argumento de la Consejería para privatizar: “La privada sale más barata”. Un estudio realizado en 2010 por UGT a partir de datos oficiales demuestra que una cama de hospital en la privada cuesta el doble que en la pública. Según este estudio, los hospitales gestionados por Capio en la Comunidad de Madrid reciben una media de 200.000 euros más por cama y año de dinero público que un hospital completamente público como el Clínico, además de ofrecer una asistencia de “peor calidad” y “menor actividad clínica en procesos de alta complejidad”, que suelen ser derivados a la pública.

El mismo modelo privatizador acecha a los centros de salud. De momento serán un 10%, “aproximadamente 27”, según el plan. Los centros, que serán financiados con dinero público, pasarán a depender de sociedades constituidas por personal sanitario que se encarga de la gestión y contratación, como las Entidades de Base Asociativa (EBA) que gestionan algunos centros de Cataluña desde 1996, donde uno de los resultados ha sido la reducción de plantilla: en las EBA una enfermera se encarga de 2.903 habitantes, frente a 1.549 en los centros públicos, según un informe de CAS. Una segunda opción contemplada sería la gestión de los centros por mutuas o empresas sanitarias.

El origen: Ley 15/97

El objetivo de los movilizados es la retirada total del plan presentado por la Comunidad de Madrid, pero van más allá. “La raíz de todo es la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. A partir de aquí se empezó a desarrollar la privatización de la sanidad en posteriores reales decretos y leyes”, explica L., del 12 de Octubre. Lo mismo opinan desde la Coordinadora de Hospitales y desde CAS. La ley fue aprobada en 1997 con los votos de PP, PSOE, PNV, CIU y CC. Hoy, muchos movilizados piden también su derogación.

En los últimos días, las reacciones se multiplican. La Princesa ha reunido 368.108 firmas contra su transformación, todos los colegios de médicos del Estado español han rechazado el plan privatizador de la Comunidad de Madrid y la marcha de cuatro columnas convocada por la Coordinadora de Hospitales el día 18 se convirtió en un “tsunami blanco” que inundó el centro de la capital. Entre tanto, la AFEM, una asociación de facultativos especialistas, decidía en una gran asamblea convocar una huelga indefinida para el 26 de noviembre. Diez días después, los sindicatos de la Mesa Sectorial, acusados de “mucho tiempo de inacción” por varios de los profesionales entrevistados y eclipsados en muchos hospitales por las asambleas de trabajadores, han decidido convocar finalmente cuatro jornadas de huelga (26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre).

“Lo que nos está pasando en Madrid se va a extender a otras comunidades”, afirma Juan Domingo García, del Carlos III. “Deberíamos empezar una protesta masiva porque nos costó mucho conseguir la sanidad pública, universal y gratuita y vamos camino de que no sea ni universal ni gratuita ni pública”.

Nota: ¿Dónde enterarse de todo?

-        Lista de acciones y hospitales en lucha: sanidadenlucha.wordpress.com
- Mapa de encierros en centros sanitarios: 26N Noche blanca.

-        Informe de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) sobre la contrarreforma sanitaria de la Comunidad de Madrid: http://www.asociacionfacultativos.com/images/comunicados/informeafem.pdf

En Twitter:
- @CHYCS_MD. Cuenta de la Coordinadora de Hospitales y Centros de Salud.
- @SANIDADENLUCHA. Plataforma de trabajadores y usuarios contra la privatización.
- @CAS_MADRID. Cuenta de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad.
- @SALUDNONEGOCIO. Profesionales y usuarios contra la privatización.

Gladys Martínez López  es periodista de Diagonal

http://www.diagonalperiodico.net/Sanidad-publica-una-lucha-a-vida-o.html

Ocupamos Capio por nuestros derechos

Grupo de pacientes

En el proceso de desmantelamiento de la sanidad iniciado a finales de los 90 con la ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad, aprobada por el PSOE y avalada con los votos de PP, PNV, CiU y CC, es cada vez más agresivo. El Plan de Medidas de Garantía de La Sostenibilidad Del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, incluido en los Presupuestos para 2013 contempla medidas como:


- Extensión de la privatización de servicios no sanitarios de los hospitales.


- Transformación del Hospital de La Princesa en un hospital de alta especialización para las patologías de las personas mayores.

- Transformación del Hospital Carlos III en un hospital de estancia media.


- Reducción del gasto medio por receta farmacéutica y aparición del repago de 1 € por receta.


- Despidos y traslados forzosos de los profesionales en los hospitales.


- Cierre definitivo del Hospital “Instituto cardiológico de Madrid”.



- Extensión del “modelo Alzira” al menos a 6 hospitales públicos: Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo.


El modelo Alzira fue creado por el que es Director General de Hospitales de Madrid desde 2008, Antonio Burgueño Carbonell, quien fue director médico de Adeslas (1990-2001). Su hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa que casualmente ha recibido la adjudicación del hospital de Torrejón. Actualmente, Capio España, que está en vías de comprar Ribera Salud y tiene dos hospitales públicos madrileños adjudicados siendo Director de Hospitales Burgueño Carbonell, posee un capital que procede en un 50% de CVC Partnes Capital, un fondo de capital riesgo de Suecia. Capio gestiona ya una treintena de centros sanitarios privados y públicos en Extremadura, Castilla-La Mancha, Barcelona y Madrid (Fundacion Jimenez Díaz, H. Rey Juan Carlos de Móstoles, y el de Collado Villalba, que aún está por abrir por falta de dinero). Como es natural, Capio desmiente su relación con los poderes políticos, enviando incluso una comunicación interna a sus trabajadores negando que personas como Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, María Dolores de Cospedal o su esposo, Ignacio López del Hierro, estén relacionados con la empresa.


Nosotras señalamos a los responsables de Capio, que pretenden hacer negocio con nuestra salud, para decirles que la salud pública no les pertenece, que no vamos a aceptar que una empresa que se financia a través de fondos de capital de riesgo se dedique a gestionar la salud en la Comunidad de Madrid.


Porque la privatización supone que tanto los nuevos hospitales como al menos un 10% de los centros de salud adscritos pasen a manos de constructoras y multinacionales: Acciona, Sacyr, Dragados, Begar, Ploder, Hispánica, Capio-Apax Partners y FCC. Porque esos fondos son los mismos que han especulado con ahorros e inversiones y que han creado la estafa que hoy llaman crisis. Porque, como ya ocurre en el hospital de Alzira, se prefiere tan solo a los pacientes de las áreas más rentables. Porque muchas no tendremos acceso a la sanidad pública, que ya no lo será.


Porque no es cierto que sea necesario privatizar la sanidad para garantizar su supervivencia: se ha demostrado que la sanidad española y madrileña son más baratas que las europeas, teniendo en cuenta su calidad y prestaciones; como también que la construcción de hospitales mediante cesión resulta más cara, sumando las cuotas que cada año paga la CAM a las empresas concesionarias, que si hubiera sido llevada a cabo por la administración pública.


Porque lo que el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; el consejero de sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño llaman “externalización de la gestión” no es más que un expolio que va de los impuestos a la sanidad privada, del dinero recaudado para defender intereses comunes a dinero que se inyecta para favorecer intereses privados. Por eso: ocupamos Capio por nuestros derechos.


Una salud para el 99%


Una democracia para el 99%.

Esto es solo el principio.


Somos Cualquiera.


Volveremos.

http://madrid.tomalaplaza.net/2012/12/03/ocupamos-capio-por-nuestros-derechos/

Protesta multitudinaria ante la Asamblea mientras se debaten los presupuestos

Pilar Álvarez y F. Javier Barroso

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha quedado en suspenso durante unos minutos por la protesta multitudinaria que esta tarde ha tenido lugar a las puertas de la cámara. Unas 3.000 personas, según fuentes policiales, se han reunido frente al hemiciclo de Vallecas convocadas por el colectivo sanitario en huelga y trabajadores de Telemadrid afectados por un ERE del 80% de la plantilla.

El presidente del parlamento, José Ignacio Echevarría, ha tomado la decisión tras desalojar la tribuna de visitantes, desde la que varias personas han desplegado una pancarta y han gritado proclamas en defensa de la sanidad pública. Poco después, se ha reanudado la sesión. La Cámara autonómica estudia desde las cuatro de esta tarde las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales para 2013 presentadas por la oposición (PSM, IU y UPyD), que se votarán sobre las nueve de la noche.

Miles de personas han rodeado desde las cinco de la tarde la fachada principal y un lateral de la Asamblea en un intento de abrazarla. Un importante cordón policial ha protegido el edificio y no se han registrado incidentes, aunque sí una detención. Varias personas han asegurado que el detenido es un peón de mantenimiento del instituto psiquiátrico José Germán de Leganés de unos 40 años. Se le acusa de atentado contra la autoridad y desobediencia.

La calle ha permanecido cortada hasta cerca de las 20.00 con la presencia de unas 50 furgonetas policiales que durante el momento de mayor afluencia se han interpuesto entre el edificio y los manifestantes. En unos minutos, el cordón ha pasado de ser de policías a furgonetas. Al igual que ocurrió con las manifestaciones del 25-S Rodea el Congreso, las concentraciones ante la Asamblea están prohibidas cuando hay actividad parlamentaria. El Código Penal las tipifica si alteran “su normal funcionamiento”.

Los manifestantes, que no han parado de corear lemas en defensa de la sanidad y del canal autonómico, han portado carteles en los que se podía leer Sanidad 100% pública y de calidad y No a la privatización y Entre salud y dinero salud primero. En otro de ellos estaba escrito Muchos éramos del PP y en otra pancarta hay una radiografía de una mano haciendo la peineta. Los manifestantes, muchos de ellos de asociaciones de vecinos, cantan "queremos salir en Telemadrid", "que bote que bote sanidad" y "hoy no cobro defiendo tu salud".

El grito de guerra es "Lasquetty dimisión", en referencia al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que a su llegada al pleno ha anunciado que iniciará contactos con los responsables de los hospitales públicos para que estos formulen propuestas de ahorro, pero ha señalado que piensa mantener la externalización de servicios, ya que es "necesaria". "Detente, agente, vas a ser paciente", espetan a las fuerzas de seguridad. Un par de ambulancias han pasado junto a la protesta, lo que ha provocado un sonoro aplauso. M Gandhi: cuando una ley es injusta, es correcto desobedecer, dice otra pancarta. Tres horas después del inicio de la protesta, ante la Asamblea quedaba un centenar de personas.

Diputados se suman

Un grupo de diputados del PSM y de IU, entre ellos sus líderes, Tomás Gómez y Gregorio Gordo, ha salido de la cámara sobre las 18.30 para apoyar a los manifestantes, aunque poco después han regresado. Gómez ha pedido "la retirada inmediata" del proyecto de presupuestos y ha criticado que "se deje en manos de una sola empresa la sanidad de un millón de madrileños", los que corresponde a los seis hospitales cuya gestión se va a privatizar. "¿Qué ocurre si quiebra esta empresa?", se ha preguntado.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter la "coacción" y el intento de "amedrentar" que supone la manifestación ante el Parlamento y ha denunciado la actitud de los parlamentarios socialistas y de IU como "un acto contrario a la democracia". "Hoy es un día negro para la Democracia y un día lamentable", ha añadido.

Sobre las 18.45, un grupo de manifestantes ha tratado de romper el cordón por la calle Romeo y Julieta, la parte trasera de la Cámara, pero unos 40 agentes los han contenido y los están reconduciendo a las puertas de la Asamblea. A las 18.50, algunos manifestantes han empezado a lanzar huevos a la policía, que trata de empezarlos hacia atrás y agruparlos.

Mientras tanto, en la Cámara madrileña se debaten los presupuestos, aunque la protesta ha centrado el inicio de la sesión. El secretario general del PSM ha pedido al presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, que "llame a Delegación de Gobierno" porque "hay miles de personas manifestándose" y temen "que hayan dado órdenes de cargar contra ellas". Además, le ha dicho que "han cortado las comunicaciones de Internet". "Existen inhibidores que no permiten la libertad de expresión", ha añadido. Mientras, Echeverría ha dicho a la Cámara que va a seguir adelante con el pleno "por mucha presión que haya en la calle".

Las cuentas contemplan un gasto de 17.048 millones, un 7,7% menos respecto que este año, que se traduce en la caída de todas las partidas excepto la destinada al pago de créditos y deuda pública. Se trata de los presupuestos más restrictivos de la última década, con un tijeretazo de 2.700 millones que se suma al recorte de 1.045 millones que ya se aplicó este verano a base de subir las tasas universitarias o quitar las ayudas para comedor escolar o libros de texto. De cara a 2013, es la sanidad pública la que está en el centro de mira. El pleno monográfico llega marcado por el rechazo en bloque de toda la oposición, que considera que las cuentas “traspasan líneas rojas” al instaurar el euro por receta, y que la intención de los populares es no dejar ni un solo hospital de gestión enteramente pública en la región.

Pilar Álvarez y F. Javier Barroso son periodistas de El País

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/05/madrid/1354701324_672224.html