Romaric Godin
25/12/2023
A pesar de una profunda crisis económica, los tres partidos en el poder en Berlín -Liberales, Verdes y Socialdemócratas- se han puesto de acuerdo en una política de recortes agresivos del gasto. Una estrategia arriesgada, tanto económica como ecológicamente.
La coalición tripartita alemana, conocida como la coalición tricolor, ha alcanzado un compromiso para salir de la crisis presupuestaria... de abajo arriba. En noviembre, la alianza formada por los socialdemócratas (SPD) del canciller Olaf Scholz, los Verdes y el Partido Liberal (FDP) del ministro de Finanzas Christian Lindner, se había visto obligada a revisar completamente sus planes presupuestarios tras una sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe.
El Tribunal había prohibido el uso de 60.000 millones de euros de un fondo excepcional vinculado a la gestión de la crisis sanitaria para financiar otro fondo extrapresupuestario, el KTF (Klima- und Transformationsfund, Fondo para el Clima y la Transformación), destinado a financiar inversiones en sectores punteros como los semiconductores y en la lucha contra el cambio climático. La financiación de este gasto correspondía, por tanto, al presupuesto actual del Gobierno federal.
Para 2023, el Gobierno no tuvo más remedio que suspender una vez más la norma constitucional del "freno de la deuda", que limita el déficit del Gobierno federal al 0,35% del PIB, para poder financiar los gastos comprometidos y, en particular, los mecanismos de cobertura de los precios de la gasolina y la calefacción.
Pero la decisión fue una humillación para Christian Lindner, que se ve a sí mismo como el campeón de la ortodoxia presupuestaria. Su principal rival en este frente, el líder del partido conservador CDU, Friedrich Merz, había sido capaz de atacar la presupuestación amateur de la coalición. Así que el Ministro de Finanzas advirtió que, para el presupuesto de 2024 que se debate actualmente en el Bundestag, estaría fuera de lugar volver a suspender el freno de la deuda. Lo dijo alto y claro el 1 de diciembre.
Por su parte, Olaf Scholz no podía anular el veto de su ministro de Finanzas, so pena de ver cómo se rompía la coalición. También podía temer que la CDU impugnara esta nueva suspensión del freno de la deuda ante el Tribunal Constitucional. Friedrich Merz había amenazado claramente con hacerlo, y las sentencias del tribunal de Karlsruhe son a la vez imprevisibles y, cuando censuran las decisiones del gobierno, humillantes.
Pero como el presupuesto de 2024 tenía que reintegrar algunos de los gastos cuya financiación extrapresupuestaria había censurado el Tribunal Constitucional, hubo que reescribirlo con ahorros adicionales a todos los niveles. De hecho, el presupuesto federal para 2024 se quedó 17.000 millones de euros por debajo del objetivo. A esto se añadía la posible necesidad de encontrar 13.000 millones de euros para financiar los gastos del KTF en 2024, que ya no estaban cubiertos tras la decisión de Karlsruhe.
Habría sido posible compensar estas dificultades introduciendo una contribución de los más ricos, pero también en este caso el FDP, centrado en su ideología antifiscal, se negó a hacerlo. Así que hubo que ahorrar y llegar a un compromiso entre los tres partidos de la coalición. La dificultad residía en que ninguno de los tres partidos quería aparecer como perdedor a consecuencia de estos compromisos, aunque los sondeos de opinión eran desastrosos para la "luz tricolor".
Un equilibrio principalmente político
El acuerdo anunciado el miércoles 13 de diciembre parece "equilibrado", como declaró oficialmente el SPD. Todos los ministerios han sido llamados a contribuir, y los tres partidos han tenido que hacer concesiones y aceptar compromisos. Pero este equilibrio es ante todo político: permite salvar una coalición cuya existencia es frágil, pero en materia de política ecológica y económica, este presupuesto rectificado cambia el juego.
El SPD ha intentado salvaguardar en la medida de lo posible los gastos sociales. Sobre el papel, se reducirán los recortes en las prestaciones de desempleo (en 250 millones de euros), pero los presupuestos sociales tendrán que seguir realizando un ahorro global de 1.500 millones de euros.
Por otra parte, los Verdes han tenido que aceptar una reducción de las ayudas a las energías renovables, en particular al desarrollo de la energía solar, así como una reducción de las ayudas a la compra de coches eléctricos. Aún no se han dado los detalles de estos recortes, pero Olaf Scholz ha confirmado que se llevará a cabo una "reorganización de prioridades" por parte de la KTF. La reducción de las subvenciones a la energía solar se justificaría por el hecho de que los objetivos están muy avanzados.
En teoría, el partido ecologista puede estimar que estas concesiones se han compensado con un recorte de 3.000 millones de euros en las subvenciones a los sectores contaminantes, sobre todo en lo relativo al gasóleo agrícola, y con la introducción de un impuesto de 1.400 millones de euros sobre los plásticos. Por último, el impuesto sobre el CO2 aumentará considerablemente, elevando el precio por tonelada de carbono emitida de 30 a 45 euros.
Estas subidas de impuestos fueron una notable concesión del FDP. Pero, en realidad, fue una victoria pírrica para los Verdes. La coalición alemana, al reducir la inversión en transformación y optar por el apalancamiento fiscal para aplicar su política ecológica, ha elegido el difícil camino de hacer pagar a los hogares la crisis ecológica y dejar que el mercado decida qué inversiones son rentables.
Para los hogares menos favorecidos, la factura será probablemente elevada. Los precios de la gasolina y la calefacción se dispararán, y los sindicatos agrarios ya han advertido de que el fin de la subvención al gasóleo agrícola se repercutirá en los precios. Por otra parte, los consumidores modestos tendrán pocas alternativas "ecológicas": los coches eléctricos serán más caros y se frenará el desarrollo de las energías renovables.
El riesgo de inflación ecológica
Detrás de la apariencia de un compromiso político se esconde una política ecológica debilitada, centrada en los incentivos fiscales y los efectos sobre los precios. Los Verdes corren un riesgo considerable al presentarse como partidarios de una ecología "inflacionista", lo que podría beneficiar a la extrema derecha, que tiene el viento a favor, sobre todo en el este del país, donde la situación social sigue siendo delicada.
Las próximas semanas ofrecerán sin duda una visión más clara de los detalles de las decisiones, pero parece claro que, a pesar de la puesta en escena de un acuerdo equilibrado, la financiación de un ahorro tan considerable no puede ser indolora para una economía alemana que se encuentra en una profunda fase de estancamiento.
La decisión de volver al freno de la deuda tiene dos consecuencias importantes.
En primer lugar, debilitará aún más el crecimiento, penalizado sobre todo por la debilidad del consumo de los hogares. Sólo en el tercer trimestre de 2023, el consumo de los hogares cayó un 0,3% en tres meses y un 2% en un año, mientras que el PIB retrocedió un 0,1% y un 0,8% en el mismo periodo.
En un contexto en el que todos los componentes del PIB a lo largo de un año están cayendo, estas decisiones presupuestarias equivalen a que Alemania se pegue un tiro en el pie. Existe un gran riesgo de que el débil crecimiento, para el que el país no busca alternativa, debilite aún más las cuentas públicas, obligando a nuevos y aún más masivos recortes presupuestarios.
En segundo lugar, la vuelta al freno de la deuda y las decisiones de Karlsruhe, consecuencias de esta regla, obligan a hacer piruetas presupuestarias que reforzarán la lógica de la mercantilización. Por ejemplo, como señala Der Spiegel, los 12.500 millones de euros de inversión necesarios para el mantenimiento de los equipos de Deutsche Bahn (DB), que se encuentran en un estado desastroso, se financiarán mediante la venta de las participaciones del Gobierno federal en Deutsche Telekom y Correos, así como mediante la venta al sector privado de la filial logística de DB, Schenker.
Según Handelsblatt, un inversor emiratí está a punto de comprar Schenker. Pero esta filial es una de las más rentables de DB. En otras palabras, uno de los pilares de la rentabilidad del grupo ferroviario se vendería para financiar una mínima mejora de su infraestructura. Esto debilitaría estructuralmente a Deutsche Bahn, lo que presagia inevitablemente o bien una privatización o bien una concentración de la actividad en las líneas más rentables.
La coalición tricolor puede haber salvado su precario equilibrio interno. Pero las consecuencias de sus opciones, en particular su sumisión a las obsesiones y estrategias del FDP, podrían ser extremadamente perjudiciales para la primera economía del Viejo Continente, que vuelve a presentarse como el enfermo de Europa.