Alberto Garzón
Javier Pérez Royo
24/08/2014
Pucherazo electoral del Partido Popular
Todo parece indicar, según revela la prensa, que el Partido Popular está dispuesto a modificar en solitario la ley electoral municipal. El objetivo inmediato parece obvio: tratar de garantizar el mantenimiento de los gobiernos municipales. Probablemente hayan hecho números, a partir de las encuestas públicas o de otras de su propia cosecha, y hayan llegado a la conclusión de que dado el actual panorama electoral es probable que aunque el PP no obtenga mayoría absoluta sí pueda lograr ser la lista más votada. Fácil concluir que un pucherazo electoral, cambiando las reglas a mitad de partido, puede proporcionarles esa garantía.
En primer lugar, hay un asunto económico de fondo: el mantenimiento del poder municipal como medio de garantizar la aplicación de los planes de ajuste, esto es, del desmantelamiento del Estado del Bienestar o Estado Social.
El Fondo Monetario Internacional ya advirtió en 2013 que el programa de reformas estructurales en España enfrenta una serie de riesgos. El primero, los disturbios sociales derivados de la frustración ciudadana. El segundo, la pérdida de popularidad del bipartidismo. De ahí se deduce la necesidad -su necesidad- de leyes de represión ciudadana, como la Ley de Seguridad Ciudadana, y la necesidad de leyes que compensen esa pérdida de popularidad, como la anunciada Ley de Reforma Electoral Municipal. Así las cosas, el mantenimiento en el poder municipal no es un fin en sí mismo sino un medio para mantener el programa de reformas estructurales en todos los ámbitos posibles de la administración pública.
Hay un antecedente interesante para la reflexión: el recurso al Tribunal Constitucional por parte del Defensor del Pueblo y a instancias de Izquierda Unida. El 29 de noviembre de 2013 el Gobierno aprobó una reforma del sistema financiero que incluía una disposición adicional para permitir a los gobiernos municipales en minoría aprobar planes de ajuste incluso a pesar de que el pleno municipal estuviera en contra. La filosofía es clara: la minoría se impone a la mayoría en aras de aplicar planes de ajuste. El propio Gobierno lo justificó en su memoria como una medida extraordinaria para eliminar obstáculos que afectaran a la estabilidad. Donde obstáculo quiere decir democracia procedimental. En contra de aquella barbaridad sólo votó el Grupo Mixto e Izquierda Unida. Luego nosotros pedimos amparo al Defensor del Pueblo y éste acepto. El recurso sigue pendiente, pero está claro que el Gobierno quiere adelantarse legalizando, en cierta manera, que las minorías puedan imponerse a las mayorías.
En segundo lugar, el problema procedimental. La democracia entendida como procedimiento está basada en la idea de que la voluntad popular asciende por una pirámide de representación en cuyo vértice se sitúa el poder ejecutivo. Si la democracia representativa fuera de tipo ideal, entonces los representantes serían un mero espejo de los representados -como pretendía Rousseau- y el parlamento sería a su vez el reflejo en miniatura de la sociedad misma. Sin embargo, en la práctica hay un enorme conjunto de elementos mediadores que hacen que eso no funcione así. Uno de ellos es la ley electoral.
La ley electoral siempre media entre la voluntad ciudadana y su traducción en representantes que la pongan en marcha. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Pues hay innumerables formas de diseñar las leyes electorales, y sin duda el diseño condiciona el resultado.
El tipo ideal democrático es sin duda alguna el sistema electoral proporcional, donde cada persona es un voto y donde la pluralidad del conjunto de los representantes será idéntica a la pluralidad del conjunto de los representados. Es decir, el parlamento estará constituido por representantes que reflejan adecuadamente a los representados -al menos teóricamente. Cualquier desviación de este diseño es un intento de desvirtuar el principio democrático. Y eso es lo que hace la ley electoral inscrita en la Constitución del 78 -que permite que el 44% de los votos se conviertan en mayoría absoluta, penalizando además a los partidos pequeños de ámbito estatal- y también la anunciada ley electoral municipal, que se convertiría en un sistema mayoritario de facto, donde el 40% podría tener mayoría absoluta.
En definitiva, estamos ante una vuelta de tuerca que el Gobierno del PP pone en marcha con objeto de intentar asegurarse el poder municipal que le permita mantener su programa de reformas regresivas. Es obvio que temen los posibles resultados electorales. Pero no sólo el PP, sino también la troika y las élites económicas. Su problema es que está en juego el desmontaje de las redes clientelares que se han instalado en el régimen político-económico desde hace décadas. Esa alineación de intereses entre la élite política y la élite económica, y a la que denunciamos desde hace años, está en riesgo precisamente porque se espera -a golpe de encuesta- que la voluntad popular la desmonte. De ahí que el enemigo del PP sea, precisamente, la desnuda voluntad popular. Sin embargo, encontrará el PP muchos obstáculos, puesto que ni tiene garantizado el éxito ni en un escenario de descomposición electoral será fácil que fructifiquen sus ideas. Más bien puede acelerar la propia descomposición electoral.
Un alternativo escenario de candidaturas alternativas y rupturistas con el bipartidismo puede desbordar al propio régimen político-económico, convirtiendo de ese modo las elecciones en un momento constituyente. Y en eso estamos trabajando quienes creemos que hay alternativa económico-política al drama actual.
Alberto Garzón es economista y portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados del grupo parlamentario Izquierda Plural.
http://www.agarzon.net/pucherazo-electoral-del-partido-popular/
Basta ya
Está en juego la expresión del principio de legitimación democrática del poder.
Formalmente, la reforma de la elección de los alcaldes se va a tramitar como una reforma de una ley orgánica, pero materialmente es un decreto ley aprobado por el Gobierno. El contenido de la norma está decidido en su núcleo esencial, así como la fecha de su entrada en vigor. En mayo de 2015 los alcaldes serán designados con la fórmula que el Gobierno tiene decidida. Nadie puede llamarse a engaño.
Se trata de la segunda vez en estos últimos meses que el PP decide aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos. La primera fue la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, mediante la cual se introdujo en nuestro ordenamiento por primera vez en la historia constitucional española el aforamiento del rey tras su abdicación. De contrabando, a través de una chapuza, como se le escapó al presidente del Congreso, el PP resolvió este asunto, que habría exigido la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución.
Con la pretensión de reformar el sistema de elección de alcaldes, el PP está a las puertas de repetir la operación. Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 la fórmula para la designación del órgano de gobierno ha sido la misma en los tres niveles en que se articula nuestro sistema político. Los ciudadanos eligen directamente a los diputados en el Congreso o en el Parlamento de la comunidad autónoma y a los concejales en los municipios, y estos eligen al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde. Esta es nuestra Constitución representativa, que no se ha visto excepcionada en su vigencia en ningún momento.
Estatuto jurídico del rey tras su abdicación. Fórmula de expresión del principio de legitimación democrática en la renovación del poder municipal. Son dos materias de relevancia constitucional indiscutible, que, por su propia naturaleza, no pueden quedar fuera de lo que se entiende como consenso constitucional. La primera quedó fuera el 11 de julio. La segunda está a punto de quedar fuera en los próximos meses. Piezas importantes de nuestro ordenamiento constitucional van a ser el resultado de la decisión de un único partido.
En mi opinión, el asunto tiene tal gravedad que exigiría que los partidos de la oposición se negaran a participar en el simulacro de negociación que está ofertando el Gobierno. Los partidos deberían anunciar que renuncian a participar en la tramitación parlamentaria de la reforma. Rechazo frontal al proyecto o proposición de ley en el momento en que se deposite en el Registro del Congreso. Y nada más. Ni presentación de enmiendas, ni participación en el debate en comisión y en pleno, así como en la votación. Los partidos de la oposición no deben dar cobertura parlamentaria a lo que es una quiebra del consenso constitucional.
Lo que está en juego es la expresión del principio de legitimación democrática del poder, que se pretende alterar por primera vez desde la recuperación de la democracia tras la muerte del general Franco. Es un momento para decir BASTA YA.
Javier Pérez Royo es catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla.
http://politica.elpais.com/politica/2014/08/21/actualidad/1408636114_374589.html