Reino de España: La larga sombra reaccionaria de las togas

Miguel Salas

18/12/2022

En lo que llevamos de siglo hemos vivido acontecimientos que marcan una época, como la gran recesión de 2008, la pandemia de 2019 o la invasión de Ucrania en 2022.  Además, en el Reino de España llevamos arrastrando una particular crisis política: la confirmación de que el emérito es un corrupto y por eso hubo que cambiarlo; el movimiento del 15-M que dio la estocada al bipartidismo y la rebelión catalana de 2017. Esa acumulación de sucesivas crisis se ha concentrado ahora en el más grave enfrentamiento institucional en las alturas del régimen.

La situación es grave. Las derechas parecen dispuestas a todo para no perder el control del aparato judicial o, mejor dicho, para seguir haciendo del aparato judicial un instrumento de parte, favorable a sus intereses. Lo ha dicho el presidente del PP, Núñez Feijoo, no acepta renovar el Consejo General del Poder Judicial, “para protegerlo del Gobierno de Sánchez”. Aquella frase de un diputado del PP - “controlaremos la Sala Segunda del Supremo desde detrás”- ya es historia. Ahora, sin sonrojo alguno, la controlan y la quieren seguir controlando a cara descubierta, de una manera antidemocrática y saltándose todas las normas de la Constitución que dicen defender. Es un choque largo tiempo anunciado. Las derechas consideran que solo ellas tienen derecho a gobernar. Desde que perdieron las elecciones llamaron al gobierno “ilegítimo”, las decisiones legislativas que no les gustan son casi ilegales porque son apoyadas por soberanistas e independentistas que quieren “romper España”, lanzaron un ataque despiadado contra toda lo que oliera a ampliar derechos para las mujeres y se han opuesto a las medidas sociales, por limitadas que fueran, para combatir la pandemia… pero, sobre todo, han defendido con uñas y dientes su mayoría en los órganos más importantes del poder judicial, el Tribunal Constitucional y el CGPJ.   

A pesar de que quieran enmascararlo en complicado lenguaje jurídico -está hecho a conciencia para que los vulgares mortales lo entendamos poco y los magistrados aparezcan como endiosados-, en la práctica es más sencillo de lo que parece. Intentaremos explicarlo. Un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional tienen su mandato caducado desde el mes de junio. Pero ni quieren dimitir ni aceptan las reglas que se quieren aprobar para que, sencillamente, cumplir la ley de la que se supone deberían ser los más exigentes cumplidores. Hace 4 años, ¡4 años!, que el Consejo General del Poder Judicial tiene su mandato caducado y tampoco acepta su renovación. A todas luces es una situación alegal y antidemocrática. Porque durante todo este tiempo han seguido dictando sentencias, realizando nombramientos, aparcando decisiones si les parecía, o acelerándolas si les convenía. ¿No es delito de prevaricación hacer algo sabiendo que es arbitrario, que no te corresponde?

Cuando alguien deja de pagar el alquiler o la hipoteca le desahucian y los jueces le echan a la calle. En el TC y en CGPJ hay okupas que no quieren abandonar su cargo. ¿Qué pasaría si algún diputado no quisiera abandonar su escaño después de no ser elegido? Pues eso es lo que hacen los magistrados y no los sacan de sus butacas.  

Esa abierta alianza entre las derechas y el poder judicial se expresa sin ningún pudor cuando el Partido Popular pide al Tribunal Constitucional que decida medidas “cautelarísimas” (es decir, sin escuchar a las partes) para que suspenda un debate en el Congreso. Ni más ni menos. Se pide que un tribunal decida previamente sobre un debate político. ¿Y la democracia y la soberanía popular, dónde queda? Doce personas, un tercio de ellas con mandato caducado, que pueden impedir que los representantes del pueblo debatan y decidan. Varias veces lo habían hecho respecto al Parlament de Catalunya, cuando parecía que todo valía contra la rebelión catalana. Y, aunque dos situaciones nunca son iguales, tiene las mismas características: los jueces impidiendo un debate político antes de que se realice. Eso es lo que pretendía el PP.

El Congreso en su sesión del 15 de diciembre aprobó con mayoría absoluta de 184 votos la modificación de los delitos de sedición y malversación, trasladando al Senado la continuación del proceso legislativo. El TC no se atrevió a prohibir el debate. Entre otras razones por el informe del letrado principal del órgano: “la reiterada doctrina es no conceder la suspensión cautelar”. Y porque el sector de los cinco jueces del sector progresista amenazó con no participar en la reunión e impedir el quorum. Finalmente, el presidente del TC, el conservador González-Trevijano decidió retrasar la reunión hasta el lunes 19 de diciembre, que tendrá que decidir si paraliza el debate en el Senado, previsto para el próximo jueves 22 de diciembre.

Mientras tanto, en el segundo frente judicial, el presidente del CGPJ, ha convocado este órgano el martes 20 de diciembre en pleno extraordinario para nombrar a los dos candidatos caducados con las normas previas a las reformadas por el Congreso de los Diputados el pasado 15 de diciembre. Lo que supondría en términos prácticos, que el sector conservador impondría los dos candidatos que ha propuesto o se mantendría el actual bloqueo, pero haciendo recaer sobre el sector progresista la responsabilidad del mismo. Si hubiera alguna duda, ocho vocales conservadores del CGPJ han firmado un manifiesto acusando al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al PSOE de “irresponsables” por las “groseras descalificaciones” contra miembros del Poder Judicial que habrían expresado en el debate parlamentario del jueves 15 de diciembre.

Por lo tanto, la estrategia del PP y del sector conservador judicial es doble: si consiguen que el lunes el TC bloquee la reforma legislativa en curso del gobierno, las derechas ganan tiempo para acosar al día siguiente al sector progresista en la reunión del CGPJ y someterlo al chantaje de someterse a sus dictados o aparecer como responsables de un bloqueo en la renovación del órgano del Poder Judicial cuya única responsabilidad corresponde al PP.

La larga sombra de las togas

Es una situación que viene de lejos. Muchos de los acontecimientos políticos de este país han sido determinados por decisiones de la judicatura, y siempre, siempre, a favor de las derechas. Para no remontarnos más atrás en el tiempo, citemos que en el 2010 el Tribunal Constitucional cambió sustancialmente el Estatut de Catalunya que había sido aprobado por el Parlament y refrendado por un referéndum. Una sentencia que rompió los equilibrios sobre los que se aguantaba la relación entre Cataluña y el Estado y que abrió el proceso soberanista e independentista que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Han impedido que el Parlament de Cataluña pudiera debatir sobre aspectos políticos, como la autodeterminación o la monarquía. Llevan doce años sin resolver un recurso sobre la ley del aborto, es decir, hacen lo que les parece y al ritmo que consideran en función de la situación política. No es de extrañar que estos días el golpe de estado haya aparecido con traje togado. Siempre se pueden encontrar excusas para salvar la patria o incluso para salvar la Constitución. Cuando el general Pavía entró en el Congreso de Diputados para disolverlo y enterrar la Primera República lo llamó “mi patriótica misión” y lo hacía “conservando el orden a todo trance”, lo que él denominó “el acto del 3 de enero” de 1874. ¿Cómo lo llamarán ahora si siguen adelante?

Sedición y malversación

Mucha tinta ha corrido sobre la modificación penal de los delitos sobre sedición y malversación. Aclaremos que la petición del PP al TC no tiene que ver con estas modificaciones sino con lo que realmente les importa, seguir manteniendo el bloqueo del CGPJ y del TC. La excusa del escándalo son las supuestas cesiones al independentismo catalán. Cualquier especialista en derecho reconoce que tal como estaba el delito de sedición en el Código Penal era un anacronismo, se remonta a 1822, y no tiene parangón con la legislación europea, por eso fracasaron los intentos del juez Llarena de detener a los independentistas en el exilio. Lo lógico hubiera sido sencillamente derogarlo. Las derechas lo usan para su agitación, pero la realidad desde el punto de vista del derecho y la democracia es esta.

Algo parecido ocurre con la malversación. Las derechas agitan, pero quien despenalizó la malversación fue el gobierno Rajoy en 2015. De hecho, con la modificación aumentan las penas y se diferencia a quien obtiene beneficio privado de la malversación y a quien no. No hay que arredrarse frente al vocerío e insultos de la derecha sino explicar. Esto no significa que no se pudiera haber hecho mejor, ni tampoco que no se haya colado una modificación sobre desórdenes públicos que la mayoría de los movimientos sociales rechazan por fundado temor de que pueda ser utilizado. 

Es una de las características de este gobierno de coalición. Toma medidas que suelen quedarse a mitad del camino de lo que realmente la situación exigiría, tanto desde el punto de vista social como democrático, por ejemplo, todavía no se ha derogado la Ley Mordaza. La necesidad de la lucha contra las derechas, sostener la actual mayoría parlamentaria que aguanta la legislatura no debería entenderse como un trágala de las timoratas políticas del gobierno Sánchez. Al contrario, se podrá derrotar a las derechas si se dan pasos efectivos en medidas sociales y democráticas.

No quieren ningún acuerdo

“La derecha española no descansa nunca -escribe Javier Pérez Royo- Acepta la democracia a beneficio de inventario”. Es decir, solo cuando le interesa. La gravedad de la crisis estriba en que no se vislumbra un acuerdo posible. La polarización ha llegado a un punto que el pulso entre la mayoría que apoya al gobierno y las derechas respaldadas por su mayoría caduca en el CGPJ supone el fin del bipartidismo y la deslegitimación de parte inevitable del régimen del 78. Desde que hace unos meses Núñez Feijoo se echara para atrás del acuerdo con el PSOE para desbloquear la situación, en buena medida por la presión mediática que influye en el PP, no parece que tenga otro plan que aguantar hasta las elecciones de diciembre de 2023. Ahora, bajo la presión de la propuesta de moción de censura de Vox, pretende ya un adelantamiento electoral, para dirimir la crisis constitucional abierta en las urnas.

Y eso significa meses de una crisis continua que puede hacer saltar todo por los aires. Como explicábamos en Sin Permiso la semana pasada “Una vez más, no hay más remedio que constatar que son los límites agobiantes del Régimen del 78 los que hipotecan y condicionan la acción del GCP”.

Por eso, hay que rearmarse política e ideológicamente para una batalla que será dura. No es suficiente gestionar la situación ni menos seguir manteniendo la política del mal menor. Hay que responder con enérgicas medidas sociales frente a la inflación y la crisis económica (que es la manera de segar la hierba bajo los pies de la derecha). Una política valiente en el terreno democrático, tanto en lo que respecta a la justicia como en el diálogo y la negociación con Cataluña, incluyendo un referéndum pactado. De la misma manera que las derechas siguen agitando con ETA lo harán con Cataluña, por eso es mejor afrontar el problema desde un punto de vista democrático. Es imprescindible cuidar y cultivar la actual mayoría parlamentaria de izquierdas y soberanistas e independentistas. Y, sobre todo, hay que poner los medios y condiciones para movilizar a las izquierdas, salir a la calle y cortar los intentos de las derechas de que ellas la ocupen, como ha pretendido sin éxito Vox en los últimos meses.

La gravedad de la crisis es una expresión de que este régimen da ya muy poco de sí. Hay que buscar una alternativa, una salida social y democrática republicana y no quedarse atados a una monarquía que apenas garantiza derechos sociales y democráticos. En la historia las crisis políticas suelen ser la expresión de protestas de movimientos de masas. A veces, la incapacidad de un régimen para evolucionar facilita cambios y rupturas que abren nuevos horizontes.

 

Sindicalista, es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 18 de diciembre 2022

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