Votar o manifestarse no puede costar un ojo de la cara

Nueve años después de los hechos, el caso de Roger Español llega a juicio: se trata de hacer justicia para él, pero también de establecer los límites de las actuaciones policiales en una sociedad democrática.

Para quienes estaban en Cataluña, el 1 de octubre de 2017 permanecerá para siempre en la memoria. Desde la perspectiva de los derechos y las libertades, el referéndum fue un acto de profunda significación democrática. De manera pacífica, festiva y reivindicativa, millones de personas salieron a las calles y se concentraron en los centros de votación, ocupados ya desde la noche anterior, para hacer posible un gesto tan sencillo como esencial: depositar un voto en una urna. Un ejercicio masivo del derecho a la participación política, de la libertad de expresión y de reunión y, sí, también del derecho a la autodeterminación.

La respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin embargo, fue la violencia y la represión. Las imágenes de las cargas policiales contra personas que alzaban los brazos y coreaban “somos gente de paz” recorrieron el mundo entero. Desde primera hora de la mañana, el dispositivo de Som Defensores comenzó a recibir llamadas e información de las observadoras desplegadas en los diferentes centros de votación de Barcelona. La red se había creado pocas semanas antes ante el temor, bien fundamentado, de que el despliegue de 10.000 policías nacionales y guardias civiles comportara un uso desproporcionado de la fuerza. No nos equivocamos. Entre aquel día y los cuatro siguientes, 1.066 personas fueron atendidas por los servicios de salud en Cataluña como consecuencia de la actuación policial.

Una de ellas fue Roger Español, que recibió un disparo de bala de goma en el ojo derecho. La brutalidad policial de aquel día es, para él, mucho más que un recuerdo: la lleva grabada en su rostro.

Nueve años después, su mutilación llegará a juicio. De todos los procedimientos abiertos en Catalunya por los hechos del 1 de octubre, será el único que llegue hasta este punto. El resto han sido archivados. Algunos, fruto de la inactividad judicial que ni siquiera los llegó a investigar. Otros, por una interpretación de la Ley de amnistía contraria a los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíben amnistiar los tratos inhumanos o degradantes.

Conseguir que los cuatro policías responsables de la mutilación de Roger se enfrenten a un tribunal no ha sido nada fácil. Desde Irídia destinamos 1.800 horas a analizar las imágenes de la carga. La cantidad de periodistas que caminaban a su lado o se encontraban en la otra acera de la calle de Sardenya nos daba la clave: el momento del disparo y el agente que lo disparó habían quedado registrados. Pero necesitábamos identificarlo. Su número profesional solo constaba en la espalda del uniforme. La búsqueda fue ingente. Revisamos vídeos y fotografías una y otra vez, del derecho y del revés, hasta que conseguimos individualizar al escopetero e identificar sus mandos. También pudimos acreditar que había disparado dos veces antes. Tres disparos. El tercero, a 14,12 metros y con un resultado fatal.

El argumento del juez instructor de que se trataba de una imprudencia no se sostenía, y así se lo hizo saber la Audiencia Provincial. De hecho, si este procedimiento no se ha archivado, es porque la Ley de amnistía excluye los actos dolosos que hayan provocado la pérdida o la inutilidad de un órgano principal. Este será el núcleo del juicio: determinar si el disparo fue intencionado, tal como sostenemos las acusaciones; si fue imprudente, o si, como defiende el Ministerio Fiscal, estuvo justificado por el cumplimiento de un deber.

Disparar un proyectil potencialmente letal contra una persona que se está manifestando, a una distancia claramente antirreglamentaria, justificado por el cumplimiento de un deber. Esta es la postura de quien representa el interés general y debería velar por la reparación de las víctimas.

Aquí radica la importancia de este caso. Se trata de hacer justicia para Roger, pero también de establecer los límites de las actuaciones policiales en una sociedad democrática. Se trata de reconocer a todas aquellas personas que fueron agredidas por el hecho de ejercer derechos fundamentales. Se trata de dejar claro que votar o manifestarse no puede costar un ojo de la cara.

La recogida de firmas del manifiesto “10.000 policías, 1.066 personas heridas, 1 juicio: 1 de octubre, ni olvido ni impunidad” nace con este objetivo: acompañar a Roger y lograr que la demanda de justicia y reparación sea abrumadora.
Como también lo es la convicción de que la movilización social masiva en defensa de los derechos humanos que supuso el Primero de Octubre es hoy más necesaria que nunca, en un contexto en el que los discursos de odio, el autoritarismo y la violencia ganan espacio en todo el mundo.