Juan J. Paz y Miño Cepeda
13/01/2013
Constitución y candidatos presidenciales
En 2007, el 82% de ciudadanos convocados al referéndum votó por la reunión de una Asamblea Nacional Constituyente, que preparó la nueva Constitución, que, sometida a otro referéndum (28/Sep/2008), fue aprobada por el 64% de los ecuatorianos.
Ese proceso constitucional es inédito en la historia del Ecuador. Y despertó la oposición de los sectores sociales, políticos y empresariales que edificaron el modelo empresarial de desarrollo que rigió entre 1982-2006, y que tan nefastas consecuencias trajo a la vida económica, social e institucional del país.
La Constitución de 2008 ha incomodado siempre a esos grupos otrora dominantes, que desde 2007 fueron desplazados del control del poder político. Apenas unas semanas atrás, uno de los más altos directivos de la Asociación de Bancos Privados, al opinar sobre el próximo proceso electoral, no tuvo empacho en recomendar que lo primero por hacer en Ecuador es: tirar abajo esa Constitución.
Las elecciones presidenciales que se realizarán el 17 de febrero de 2013, son ahora otra ocasión para descubrir a quienes persisten en acabar con la Constitución de 2008. Cinco de los ocho candidatos presidenciales, coinciden en materia económica, aunque con distintos discursos, en una serie de propuestas medulares: revertir el papel regulador del Estado, restringir el gasto público, disminuir o eliminar impuestos, promover la inversión privada, alentar la apertura comercial, suscribir tratados comerciales, incentivar la inversión externa y cambiar el modelo económico existente.
Esas propuestas atentan contra la Constitución, porque ella obliga a un sistema de economía social y solidario, con un Estado regulador e inversionista en obras y amplios servicios sociales, sujeto a la planificación, con un régimen tributario encaminado a la redistribución de la riqueza, busca la equidad, ordena la democratización de los factores de producción, universaliza la seguridad social, garantiza amplios derechos laborales, colectivos y comunitarios, etc. No se entiende cómo esos candidatos pretenden mejorar las condiciones de vida y trabajo en Ecuador ahogando las inversiones estatales y suprimiendo impuestos.
El peligro es evidente: se trata de retornar al viejo modelo empresarial, y lo que diga la actual Constitución no importa.
De esta manera, en lugar de plantear avances sobre la base de la Constitución, las derechas se proponen revertir el actual proceso histórico que vive Ecuador.
Elecciones 2013
El año 2013 se inicia, para Ecuador, con un proceso electoral en marcha, que culminará el 17 de febrero con las elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo.
Son 8 los binomios legalmente inscritos para la presidencia y vicepresidencia de la república. Quienes los encabezan son: Guillermo Lasso, por CREO; Lucio Gutiérrez, por Sociedad Patriótica; Álvaro Noboa, por PRIAN; Nelson Zabala, por PRE; Norman Wray, por Ruptura-25; Mauricio Rodas, por SUMA; Alberto Acosta, por Unidad-Plurinacional de las Izquierdas; y el actual presidente, Rafael Correa, candidato de Alianza País.
La Constitución vigente, aprobada por referéndum en 2008, prevé la segunda vuelta entre quienes ocupen el primero y segundo lugar en las votaciones, que se realizaría el 7 de abril, si es que el candidato triunfante no obtiene una mayoría consolidada frente a su inmediato seguidor.
Desde la perspectiva histórica, el proceso electoral ecuatoriano afirma la democracia representativa, iniciada en 1979 con el retorno al orden constitucional después de una década de dictaduras militares. Pero con un contraste evidente frente a ese pasado, porque entre 1996 y 2006 hubo siete gobiernos, una dictadura nocturna y efímera y los únicos tres presidentes electos por votación popular (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) fueron derrocados por el estallido de impresionantes movilizaciones ciudadanas en su contra.
En cambio, entre 2007 y 2012 el gobierno de Rafael Correa consolidó la institucionalidad del Ejecutivo, incluso superando el intento de golpe de Estado que se produjo el 30 de septiembre de 2010. De triunfar nuevamente la candidatura de AP, Rafael Correa deberá ejercer la presidencia hasta el 2017.
Sin duda, las expectativas nacionales giran en torno a los candidatos presidenciales. Y las encuestas políticas privilegian ese fenómeno. Pero son igual de importantes las elecciones para asambleístas, ya que el futuro mandatario tendrá que contar con un Legislativo que favorezca sus acciones de gobierno y no que las entorpezca, como fue usual en la pugna de poderes que nació al mismo tiempo que se iniciaba la fase de democracia constitucional más larga en la historia ecuatoriana.
Contar con un Ejecutivo que, además, tenga una mayoría efectiva en el Legislativo, será no solo un asunto de gobernabilidad democrática, sino necesario para avanzar en una serie de obligatorias transformaciones que impone la Constitución de 2008 y que todavía están pendientes.
Juan J. Paz y Miño Cepeda pertenece a la Asociación de Historiadores de Ecuador