Renta Básica y democratización de los mercados de trabajo

En el año 2003, la socióloga Devah Pager publicó el artículo The Mark of a Criminal Record en el American Journal of Sociology, donde exponía dos realidades incómodas tanto del mercado de trabajo como de la sociedad estadounidense en general. La metodología empleada era simple: que parejas de jóvenes ficticios de Milwaukee se presentaran a las mismas ofertas laborales de la ciudad. Los participantes compartían todas sus características (edad, físico, nivel educativo, etc.). Solo se distinguían por el color de la piel (blanco o negro) y por si en su currículum vitae constaban o no antecedentes penales por delitos relacionados con la tenencia de estupefacientes. Los resultados fueron devastadores: entre todos los jóvenes sin antecedentes, las solicitudes de empleo de los blancos recibieron un 34% de respuestas frente al 14% de las de los negros. Y aún más: entre los negros que sí tenían antecedentes penales, la tasa de respuesta fue de un exiguo 5%. A la hora de encontrar trabajo, el color de la piel representaba un obstáculo incluso mayor que tener antecedentes penales.

El experimento de Pager adquirió mucha notoriedad y por ello, casi veinte años más tarde, tres economistas de la universidad de Berkeley lo han replicado a nivel federal enviando 83.000 solicitudes de empleo ficticias a más de un centenar de las empresas más grandes del país. Los resultados revelan el mismo sesgo: las solicitudes de personas con nombres de ascendencia afroamericana reciben 2,1 puntos porcentuales menos de respuestas que las que tienen nombres de origen caucásico.

Estos estudios no solo son relevantes porque capturan el comportamiento real del empresariado —en lugar de únicamente sus opiniones expresadas en una encuesta—, sino sobre todo porque demuestran que la discriminación no es solo una cuestión de percepción social o de simple comportamiento individual, sino un fenómeno estructural tangible y fácilmente cuantificable —al menos en el terreno económico y laboral.

La existencia de este y de otros sesgos por razón de género, procedencia, renta, educación o zona de residencia, por ejemplo, revela que todo mercado laboral —también el nuestro— constituye un espacio sólidamente asentado sobre una desigual distribución de los atributos (sexo, etnia, edad, etc.), las condiciones (género, formación, tener dependientes a cargo, etc.) y los recursos (ingresos familiares, herencias, redes de contactos, etc.) que todos y todas tenemos. Esta distribución no solo determina ex ante quién está mejor situado o situada para entrar en el mercado laboral (por ejemplo, los blancos más que los negros o quien no tiene antecedentes antes que quien sí los tiene) y en qué condiciones ex post desarrolla sus tareas (la tipología de contrato, el nivel retributivo, la jornada laboral que realiza, etc.). Además, también contribuye a fijar nuestra posición dentro de la estructura socioeconómica y productiva general del país (expresada, por ejemplo, en el quintil de la distribución de la renta en el que nos situamos o en la clase social a la que pertenecemos).

En resumen: nuestros atributos, condiciones y recursos determinan tres situaciones o hechos fundamentales a lo largo de nuestras vidas. Primero: cuándo, dónde y en qué tipo de mercado laboral entramos —si es que entramos alguna vez en alguno, claro. Segundo: las condiciones en las que efectivamente producimos y nos relacionamos una vez estamos dentro —y durante cuánto tiempo estamos, cuántas veces entramos o salimos de él, etc. Y tercero: la posición que, en consecuencia, acabamos ocupando dentro de la estructura económica y de clases general del país.

¿Podría una Renta Básica Universal o RBU —una asignación monetaria otorgada al conjunto de la población, desligada de toda condición o requisito de acceso— desempeñar algún papel en democratizar estas tres situaciones? ¿Podría eliminar, o al menos atenuar, las relaciones de desigualdad, poder y dominación que nutren los mercados laborales y por extensión las sociedades de mercado actuales? Probablemente sería ilusorio pensar que se puede ofrecer una respuesta unívoca a estos interrogantes. Por tanto, me limitaré a señalar solo tres de los posibles efectos democratizadores que podría tener una RBU en la actividad productiva y la vida socioeconómica en general.

1. En primer lugar, y tal como sugiere el estudio de Devah Pager, las capacidades y posibilidades de entrar en los mercados laborales —tanto los de EE. UU. como los nuestros— están supeditadas a una multitud entrecruzada de factores. Algunos dependen del azar (el sexo o el color de la piel, las capacidades cognitivas y físicas, el país, el barrio o la familia en que nacemos, etc.). Otros de decisiones políticas (las leyes y las regulaciones en materia laboral, las políticas educativas, etc.). Y otros, en mucha menor medida, del esfuerzo o mérito individual (la tenacidad, la constancia, la persistencia, etc.). La interrelación entre estos tres factores establece nuestra situación de entrada en los mercados laborales. Es decir, define ex ante la mayor o menor capacidad de la que individualmente disponemos a la hora de decidir en qué mercado laboral entramos, si es que efectivamente necesitamos o queremos entrar en alguno.

En este sentido, una RBU universal, incondicional y suficiente podría reforzar las capacidades de agencia y movilización política de la población que se ve abocada a acudir a los mercados laborales para subsistir, y en particular de los colectivos y clases que más sufren las relaciones de poder y de dominación estructurales a la hora de entrar en ellos. La RBU podría actuar como una “caja de resistencia” para que no solo la población trabajadora, sino también sus organizaciones sindicales y las fuerzas políticas en general pudieran ejercer presión para conseguir nivelar el peso que tienen el azar, las decisiones políticas y el esfuerzo individual a la hora de determinar las capacidades con que cada cual cuenta para entrar en el espacio productivo. En otras palabras: en un mercado laboral ideal más o menos democrático, el hecho de ser blanco o negro, tener un carácter más o menos tenaz o haber estudiado en una escuela con recursos o, por el contrario, en una de barracones debido a la falta de inversión pública, no debería suponer una diferencia sustancial en las capacidades que tienen los trabajadores y trabajadoras para vender su fuerza de trabajo, ni mucho menos debería erosionar las capacidades de los colectivos sociales más vulnerables (mujeres, madres solteras, inmigrantes, jóvenes, etc.) a la hora de hacerlo.

2. En segundo lugar, con las características mencionadas y acompañada de una red de protección social lo suficientemente nutrida y robusta, una RBU podría contribuir también a erosionar las relaciones de dominación que ex post se dan dentro del espacio productivo y que rigen el día a día de las relaciones laborales y productivas. De ello no habla la investigación de Pager, pero estas relaciones de dominación particulares son el fruto último de las condiciones productivas, retributivas y laborales que, en mayor o menor medida, se ve obligado a aceptar quien necesita vender su fuerza de trabajo para vivir. Estas condiciones incluyen las que explícita y formalmente recogen los contratos de trabajo que firmamos (salario, horario, tareas, etc.), pero también y sobre todo las que realmente experimenta quien, debido a sus atributos, condiciones y recursos particulares, se ve sometido o sometida a un trato más desigual y a relaciones de subordinación y dominación más asimétricas en el día a día de su puesto de trabajo. La individualidad y la incondicionalidad de la RBU podrían incrementar sensiblemente el poder de negociación de estas personas, capacitándolas, por ejemplo, a interponer reclamaciones sobre sus condiciones de trabajo particulares o a realizar acciones de protesta dentro de su empresa.

Se me podría argumentar que tanto el sentido último como la probabilidad de éxito de la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo y de la defensa de los intereses de la clase trabajadora en general solo cobran sentido cuando adquieren su dimensión colectiva. Estoy de acuerdo. Pero la organización y la movilización política no aparecen de la nada. Primero requieren que individualmente dispongamos de las posibilidades (tiempo, capacidad de reflexión, interés, etc.) y de las capacidades (recursos materiales, educativos, culturales, etc.) para poder implicarnos y participar. Desgraciadamente, los sesgos y las relaciones de dominación por razón de clase, género o procedencia también operan dentro de los propios espacios críticos, de los movimientos sociales y de las organizaciones sindicales y de izquierdas en general. Como decíamos, y en lugar de contribuir a una supuesta atomización social e individualización de la lucha obrera, la individualidad y la incondicionalidad de la RBU podrían contribuir a reducir las nefastas consecuencias que tienen estos sesgos para la vida de muchas mujeres, madres solas, minorías étnicas, inmigrantes o gente joven, posibilitando o fomentando (en otras palabras: democratizando) el ejercicio de su compromiso social, de sus militancias políticas y de su participación política y comunitaria.

3. Por último, la RBU podría también contribuir a democratizar la vida socioeconómica en general nivelando la actual estructura socioeconómica y de clases del país. Y podría hacerlo en dos sentidos diferentes aunque interrelacionados. 3.1. Primero, de manera directa, a través de su modelo de financiación. Con un modelo realmente progresivo basado en la gravación de los salarios, una RBU de cuantía suficiente podría resultar en una distribución de la renta más equitativa al distribur a una inmensa mayoría social una transferencia monetaria neta. Si ese modelo de financiación incluyera además los rendimientos del capital y los beneficios empresariales en la base imponible, tendría también la capacidad de nivelar la distribución funcional de la renta —la proporción que en una economía determinada tienen las rentas salariales, las empresariales y las financieras. Al incrementar el peso de las primeras (mediante el efecto fiscal pre-distributivo del modelo de financiación de la RBU, así como el efecto re-distributivo de transferencias monetarias para la mayoría de la población), la contribución de los beneficios empresariales y del capital en la contabilidad nacional necesariamente tendría que reducirse. 3.2. Una RBU podría así diseñada contribuir a democratizar la estructura socioeconómica y de clases del país de una segunda manera más indirecta: la combinación de los efectos predistributivos y redistributivos de la RBU no solo favorecería un mayor peso del trabajo en la renta nacional, sino que —precisamente debido a ello— podría fomentar la influencia de las clases populares y trabajadoras y eventualmente de sus organizaciones de representación sociopolítica a la hora de determinar la agenda política y laboral del país.

Dicho de otro modo: la RBU no solo contribuiría a erosionar las relaciones de dominación que se dan en la entrada de los mercados de trabajo y que condicionan nuestras capacidades para hacerlo en función de nuestros atributos, condiciones y recursos. Tampoco se limitaría únicamente a erosionar las relaciones de dominación específicas que se dan dentro del lugar de trabajo y que muchas veces van más allá de las condiciones que se formalizan contractualmente. Si la RBU acabara favoreciendo la aportación del trabajo a la renta nacional y, en consecuencia, la influencia sociopolítica de las clases populares y trabajadoras, estas tendrían mayores capacidades para disputar sus intereses y eventualmente acabar imponiendo sus demandas —incluyendo, por supuesto, las relativas a  quién  y cómo entra, en qué mercados de trabajo se hace, y qué condiciones tanto formales como fácticas rigen la actividad productiva y las relaciones sociales que en su interior se experimentan.